El día que los generales pidieron un millón de dólares para “hacer su chamba” quedó como la escena borrada de una narcopelícula: militares, empresarios y narcos peleándose no por la patria, sino por una mina de oro de mil millones de dólares en manos de Los Chapitos, mientras el Estado de derecho hacía de extra silencioso en el fondo. Ese millón no era soborno, era “cobro por disponibilidad”, una especie de cover VIP para que unos generales aceptaran sentarse a hablar de cómo recuperar una mina sin despeinar demasiado a los muchachos del cártel, como cita el diario español,El Pais.
El día del millón de dólares y la mina secuestrada
En esa trama, un asesor mexicano que creyó que bastaban llamadas y trámites normales descubrió que su mina estaba plantada justo en una ruta clave del narco hacia Estados Unidos, es decir, no era un proyecto minero, era el cajero automático del cártel.
Mientras él hablaba de inversión y Estado de derecho, Los Chapitos ya tenían hasta horno para fundir el oro en lingotes y un sistema de espionaje a base de sexoservidoras para mapear a los mandos del grupo criminal, porque si algo sobra en esta historia es creatividad para delinquir, no para gobernar. En un momento, alguien le suelta la tarifa: si quieres que “los generales” te reciban, son un millón de dólares; ni auditoría, ni orden de cateo: puro “págueme tantito y vemos”.
Mientras eso pasaba en Sonora, del otro lado del país —y del calendario— la minería en México sique convirtiéndose en la nueva plaza rentable del crimen organizado: no solo controlan rutas, ahora perforan el país como si fuera un queso gruyere de concesiones, ductos y socavones, como citó informe de 2024 de la Consultora de Riesgos «STRATOP RISK CONSULTING».
De la mina de oro a los mineros secuestrados
Ahora avancemos a enero de 2026: diez trabajadores de la canadiense Vizsla Silver son levantados en Pánuco, Concordia, Sinaloa, sacados de su campamento como si fueran parte del inventario de la mina, no seres humanos. Días después, al menos cinco aparecen en fosas clandestinas cerca de El Verde, mientras la empresa confirma la tragedia en un comunicado lleno de palabras como “prioridad”, “manejo de riesgos” y “cero tolerancia al soborno”, pero sin explicar cómo carajos era la seguridad en el campamento donde se los llevaron.
El Gobierno mexicano sale con la línea oficial: que Los Chapitos “los confundieron” con un grupo rival, como si secuestrar a diez trabajadores dentro de un campamento minero fuera un malentendido de Uber Eats.
La fiesta del narco-minero
La explosión de los precios de la plata (más de 120% en seis meses) y del oro (alrededor de 50%) convirtió a la minería en el nuevo buffet del crimen organizado: cuando el metal se dispara, los narcos se vuelven mineros de ocasión, y cualquier sierra con veta se transforma en “plaza”. Empresas formales e informales quedan atrapadas en el mismo dilema: pagar derecho de piso, aceptar proveedores impuestos por el cártel o cerrar y largarse antes de terminar en una fosa.
Los consultores de riesgo lo dicen en lenguaje de PowerPoint: las extorsiones en el sector minero subieron cerca de 16.8% entre 2021 y 2022 y han obligado a aumentar el gasto en seguridad entre 5% y 10%, mientras la inversión minera cae más de 30% en doce años por la percepción de inseguridad. Traducido al barrio: el narco cobra impuesto criminal, el Estado cobra impuesto oficial, y el trabajador pone el cuerpo.
Trump, el “narcoterrorismo” y el impuesto criminal
Desde Washington, la Administración de Donald Trump decidió llamarle a los cárteles por su nuevo nombre de catálogo: “organizaciones terroristas globales”, incluyendo a Sinaloa y al CJNG, lo que convierte a cualquier empresa que pague extorsión en sospechosa de financiar terrorismo. Resultado: no solo te pueden matar si no pagas en México, también te pueden investigar por lavado y narcofinanciamiento en Estados Unidos si sí pagas, con congelamiento de cuentas y bancos mexicanos bajo la lupa por casos de narcolavado.
¿Solución corporativa? Camuflar el pago: comprar o subcontratar empresas que “casualmente” son las mismas que controlan los criminales —transportistas de personal, proveedores de comida, logística del mineral— para maquillar la extorsión como servicio. Es la versión empresarial del “yo no trato con el narco, yo solo le contrato el catering”.
Cuando el que manda es el fusil
Organizaciones como México Evalúa lo ponen sin adornos: en varias regiones del país, el que marca las reglas del juego no es el Gobierno, es el crimen organizado, y a muchas empresas les sale más “barato” pactar directo con el grupo armado que meterse a la rueda rusa de la extorsión permanente. No es un fenómeno exclusivo de la minería, pero en ese sector el daño es quirúrgico: desplazamiento forzado de comunidades que se oponen a proyectos, minas cerradas por amenazas, ejecutivos que presumen “buena relación” con los cárteles como si fuera ventaja competitiva.stratoprisk+1
Mientras tanto, la Cámara Minera presume que 97% de las empresas del sector ha sufrido algún delito, principalmente robo hormiga y extorsión, y estados como Durango, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa y Guerrero se consolidan como mapa del terror extractivo. En Guerrero, por ejemplo, una minera canadiense suspendió operaciones por las extorsiones de la Familia Michoacana, mientras documentos filtrados de la Sedena señalaban desde 2015 al capo “El Pez” como responsable de secuestros y cobros a mineras en la región.
México, S.A. de C.V., giro: país minado
Así se cierra el círculo: un día generales exigen un millón de dólares para reunirse a hablar de una mina arrebatada por Los Chapitos; otro día, diez mineros desaparecen en Sinaloa y aparecen en fosas porque alguien decidió que la sierra es territorio en disputa y la vida humana simple daño colateral. En medio, consultores, bancos, gobiernos y empresas inventan eufemismos para describir lo que el narco ya entendió hace años: México no solo se trafica por arriba de la tierra, también se explota por debajo, y la nueva “minita de oro” no está en los metales, sino en la certeza de que nadie manda más que el fusil.
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