El Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmó ya la boleta de salida de un juez federal que, en vez de guardar la ley, la usó como paraguas para blindar a un prófugo: inhabilitó al juez Juan Fernando Alvarado López, por haberse convertido en pieza clave de una red de complicidades en favor del ex-gobernador panista de Tamaulipas (2016-2022) Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La resolución, publicada esta semana, suspende al juez Alvarado López para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, y le prohíbe además participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, como si lo hubieran descolgado de la lista de invitados a la rifa de la corrupción.
El Tribunal de Disciplina lo cuadró a la ley: sus suspensiones a favor de Cabeza de Vaca no fueron “innovaciones jurídicas”, sino actuaciones parciales e ilegales que vulneraron los artículos 99 y 107 constitucionales, porque el juzgador se metió donde no le tocaba: en derechos político‑electorales y en asuntos electorales ajenos a su competencia.
Suspensiones que sabían a prófugo
Durante cuatro años, las medidas cautelares otorgadas por Alvarado López sirvieron como cortina de humo para entorpecer investigaciones y procesos en contra del exgobernador de Tamaulipas, quien enfrenta dos órdenes de aprehensión por delitos graves como delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el proceso electoral de 2024, cuando Cabeza de Vaca intentó colarse como diputado plurinominal por el PAN, el juez desestimó una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral y le concedió una suspensión para que lo inscribieran, ignorando que el propio exmandatario ya se había largado del país desde septiembre de 2022 y huía de la justicia.
La red judicial que lo protegía
La resolución no se queda en el caso aislado: señala que las decisiones del juez formaron parte de una estructura de complicidad que permitió a Cabeza de Vaca blindarse y evadir la acción de la justicia, como si el Poder Judicial fuera un taller de tunear expedientes.
Entre las faltas graves, el Tribunal destaca que incluso otorgó una suspensión para frustrar la remoción del entonces fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, pese a que no cumplía con los exámenes de control y confianza, lo que convirtió al juzgador en una especie de “superfiscal” improvisado por fuera de la Constitución.
Ramirez Castañeda buscaba ser reemplazado por Jesus Eduardo Govea Orozco,ahora Fiscal General,pese a su curricula manchada y su estadía por 7 meses como recluso de penal federal por haber servido al Cartel el Golfo.
Lo que implica la inhabilitación
La inhabilitación de Alvarado López no es solo un castigo simbólico: es un acto de depuración disciplinaria que confirma que durante años operó una red judicial destinada a proteger al exgobernador tamaulipeco, y que ahora, al menos en este caso, la SCJN puso la primera tacha de tachón. Jurídicamente, la decisión refuerza que los jueces de distrito no pueden usurpar competencias electorales ni usar la suspensión como herramienta para reconfigurar el estatus jurídico de un imputado, como si los amparos fueran pases VIP para eludir responsabilidades.
En resumen: el juez que pensó que podía convertir el amparo en agente de escape de un exgobernador ha sido retirado de la pista, como una advertencia implícita a quienes se equivoquen de bando(… o de partido): el Poder Judicial ahora bajo control de MORENA busca decirnos que no es una legión de guardaespaldas judiciales (…de rivales), sino el lugar donde, al menos en teoría, se rinde cuentas.
Con informacion: NotaTamaulipas/
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