Parece que hasta los helicópteros en México saben volar gracias al sobreprecio. El General José Antonio Ramos Arévalo, ex director de Servicios Aéreos de la extinta PGR, fue finalmente condenado a cinco años de prisión por hacer lo que muchos burócratas de uniforme practican como deporte nacional: inflar facturas y falsificar documentos para justificar el atraco. Su hazaña aérea consistió en registrar información falsa para comprar un Eurocopter EC-145 de 7.6 millones de dólares cuando el precio real era casi dos millones menos.
La jueza federal Patricia Sánchez Nava, con toga, temple y paciencia, determinó que la FGR acreditó su culpabilidad por falsificación de documento agravado. Lo sentenció sin compasión: ni beneficios, ni condena condicional, ni retiros dorados. En términos simples, si la apelación no le rescata las alas, el General deberá hacer uso del honor,la lealtad y el sacrificio para presentarse por su propio pie en prisión o será perseguido —una ironía militar que suena más a guion de serie que a justicia mexicana.
Y mientras tanto, el helicóptero sobrevalorado servía para transportar al entonces Procurador Jesús Murillo Karam —sí, el mismo del “ya me cansé”. El aparato terminó siendo símbolo perfecto de aquel sexenio: caro, inútil y cargado de mentiras oficiales.
Por este fraude, la víctima fue la propia PGR, que pagó 1.97 millones de dólares de más. Aun así, la jueza decidió que la reparación del daño no será por ese monto, sino algo “a definir” según el bolsillo del militar. Es decir: si declara que está en la ruina, podría saldar el daño con 250 jornadas de trabajo comunitario. Limpieza de parques a cambio de un fraude millonario: el modelo mexicano de justicia restaurativa.
Según el fallo, Ramos no solo falseó precios, también citó fuentes inexistentes. En su anexo técnico, se justificó con una guía aeronáutica llamada Aircraft Bluebook, asegurando que ahí se sugería un precio de 7.6 millones por la aeronave nueva. Solo había un detalle: esa guía no tenía ningún precio registrado. Lo que sí decía era que un helicóptero similar usado costaba 6.6 millones, y uno nuevo iniciaba en 5.85. Todo un arte de la invención documental con membrete militar.
Y mientras el fraude del helicóptero aterrizaba en tribunales, Ramos ya había librado otra tormenta judicial: la compra sospechosamente “inteligente” de drones y aviones no tripulados por 41.4 millones de dólares, adjudicados a Balam Seguridad Privada, la misma empresa que vendía el software espía Pegasus al Gobierno mexicano.
En julio de 2024, otra jueza, Alejandra Domínguez Santos, lo absolvió de todo cargo. La absolución fue tan escandalosa que el Gobierno Federal prometió denunciar a la propia jueza por delitos contra la administración de justicia. Ironía suprema: en México, cuando alguien absuelve a un general corrupto, el escándalo no es el delito, sino que alguien se atreva a señalarlo.
Ramos Arévalo, curtido en burocracia castrense, ha sobrevivido más procesos que misiones aéreas. Su uniforme sigue limpio, su historial condecorado, y su condena —aunque firme en papel— aún depende de una apelación que podría, como tantas otras veces, evaporarse en el limbo judicial.
Cuando se trata de corrupción con grado militar, los helicópteros pueden costar lo que el funcionario diga… siempre que el documento falso tenga el sello correcto.
Con informacion: ELNORTE/
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