La escena de ayer en la mañanera fue la coronación de la impunidad con bata de laboratorio: la “científica” que prometieron nunca llegó; en su lugar tenemos a una presidenta que se escurre como jabón cada vez que le ponen enfrente la palabra corrupción vinculada a su propia banda,aunque muchos operan con lógica de distinto bando. Ante la pregunta clarísima de si no debería investigarse lo que revela Julio Scherer Ibarra en “Ni venganza ni perdón”, Sheinbaum respondió con el cliché de siempre: “¿por qué mejor no investigan a García Luna?”, como si el país fuera un talk show de rencores viejos y no una República que exige cuentas aquí y ahora.
Lo que vimos no fue una simple evasiva, fue una declaración de principios: el principio rector de este gobierno es no tocar ni con el pétalo de una carpeta de investigación a los suyos, aunque los señale quien fue la mano derecha de López Obrador, el segundo hombre más poderoso del sexenio anterior, que habla de lavado de dinero, colusión con el crimen organizado, tráfico de influencias, desvío de recursos y abuso de poder dentro del corazón mismo del “movimiento”. Y a eso, la presidenta que se admira a sí misma como producto de la razón y la ciencia contesta que no le ve “ninguna necesidad” de que la Fiscalía indague. No es un meme: es la confesión involuntaria de un régimen que ya ni siquiera finge tener pudor.
El contraste es brutal: Scherer acusa que el dinero del crimen organizado entró a Morena, que se desviaron miles de millones del erario, que hubo el contubernio de Jesus Ramírez con personajes del huachicol como el extinto Sergio Carmona y este con Americo Villarreal entre muchos otros.
No estamos frente a un panfleto de la oposición: son dos de los hombres más cercanos al anterior presidente, hoy lanzándose lodo penal, describiendo un pantano que huele a crimen y desfalco que huele a Morena. Y la respuesta de la jefa del Estado mexicano es: “no lo he leído ni lo voy a leer” y “no hay necesidad de investigar”.
La científica que se niega a revisar la evidencia; la mandataria que le cierra los ojos a la prueba; la presidenta que prefiere vivir en la comodidad de la ignorancia voluntaria mientras presume un supuesto “movimiento de transformación”.
De ahí el recurso gastado, casi patológico, de sacar a pasear a García Luna cada vez que asoma la palabra corrupción en el obradorismo. Es el truco del mago de segunda: cuando el público empieza a notar que la mesa está llena de trampa, te grita “¡miren allá!” y señala al villano de hace 20 años.
Morena en el poder se explica perfecto en esta escena: no miren nuestras cochinadas, miren las de antes; no vean las manos que hoy reparten contratos, favores, plazas y protección al narco, vean el expediente del pasado que ya está juzgado y sentenciado. No es un gobierno que quiera resolver problemas, es una maquinaria obsesionada con que la gente no se entere de cómo se fabrica la podredumbre que hoy los sostiene en Palacio.
Y cuando el bochorno ya era insoportable, la presidenta decidió rematar con un argumento que raya en la caricatura: la prueba de que en su gobierno no hay impunidad –dijo– es que detuvieron al alcalde de Tequila, Jalisco. Esa es la escala moral de la autoproclamada Cuarta Transformación: frente a acusaciones cruzadas de dos ex hombres clave del presidente –uno, acusado de meter dinero del crimen a Morena; el otro, señalado de extorsionar y lucrar con el poder–, la bandera de ejemplo es un alcaldito de municipio que no llena ni media Azteca.
Es como presumir que el sistema de justicia funciona porque detuvieron al ratero de la esquina, mientras se sientan a desayunar en el gabinete con quienes, según un libro escrito desde el propio régimen, operaron esquemas de financiamiento ilícito y desvío multimillonario.
Sheinbaum, la política que se vendió como la encarnación de la racionalidad, del dato duro, del proyecto técnico y limpio, se presenta hoy ante el país como la guardiana solemne de la ignorancia útil: no leer, no preguntar, no investigar, no incomodar a los suyos. La que iba a llegar con espíritu de investigadora se ha quedado en operadora de cortinas de humo, repitiendo dogmas de culto al líder y mandando a la papelera cualquier posibilidad de autocrítica real. Esta respuesta no es una anécdota: es la firma autógrafa de una presidenta que ha elegido conscientemente ser cómplice política de los suyos, antes que garante de la ley para todos.
Porque cuando dice “no hay necesidad” de investigar a Julio Scherer, lo que realmente enuncia es la doctrina Sheinbaum de la impunidad selectiva: la justicia sólo corre cuando el acusado lleva el sello del enemigo; cuando las pistas apuntan hacia adentro, se declara irrelevante, exagerado, chisme de redes, intriga del “círculo rojo”.
Así, la jefa de Estado se mimetiza con el peor rostro del obradorismo: una mezcla de cinismo, desmemoria interesada y desprecio por el derecho a saber de los gobernados. La científica prometida se evaporó en el aire; la que sí llegó –la que vimos ayer, en cadena nacional– es una presidenta que, frente a denuncias gravísimas provenientes de su propio círculo, prefiere esconder la cabeza en la arena y convertir al país entero en espectador cautivo de una farsa cuidadosamente administrada.
No es opciónal dejar de investigar
Desde una óptica estrictamente jurídica, el gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) no tienen la opción política de “no ver” los señalamientos de posible delito: están constitucional y legalmente obligados a indagar.
Fundamento constitucional
- Artículo 21 Constitucional
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, bajo conducción del Ministerio Público.
En el momento en que existan hechos públicos que “revistan características de delito” (lavado de dinero, desvío de recursos, delincuencia organizada, etc.), la autoridad ministerial está obligada a iniciar actos de investigación; no es una facultad discrecional sino una competencia asignada directamente por la Constitución. - Artículo 102, Apartado A, Constitucional
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, para lo cual debe buscar y presentar pruebas, solicitar medidas cautelares y procurar que los juicios se sigan con regularidad.
Si las acusaciones describen conductas que encajan en delitos federales (operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, uso indebido de atribuciones y facultades con recursos federales), la FGR tiene el deber jurídico de intervenir y esclarecer los hechos.
Normativa procesal y orgánica
- Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), artículos 221 y 224
- La investigación de hechos con apariencia de delito puede iniciarse por denuncia, querella o su equivalente, y el Ministerio Público y la policía “están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia”.Cuando se presenta una denuncia, el Ministerio Público “iniciará la investigación” conforme a las reglas del Código.
- Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
La Ley orgánica establece que la FGR tiene como fines la investigación de los delitos, el esclarecimiento de los hechos y la persecución de los delitos del orden federal, dirigiendo funcionalmente a las policías y solicitando y realizando actos de investigación.
Esto implica un deber de actuar frente a señalamientos serios y detallados sobre posibles delitos federales, especialmente cuando involucran servidores públicos o exservidores públicos federales.
Deber especial de las autoridades
- Obligación de denunciar de los servidores públicos (CNPP)
El CNPP establece que quien ejerza funciones públicas y tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, y la omisión acarrea responsabilidad.
Si altos funcionarios conocen, por documentos o declaraciones públicas, hechos con apariencia de delito dentro de su propio entorno, no sólo la FGR debe investigar: el Ejecutivo tiene la carga jurídica de poner a disposición de la autoridad cualquier información de que disponga.
En síntesis de despacho: la combinación de los artículos 21 y 102 de la Constitución, de los artículos 221 y 224 del CNPP, y de la Ley Orgánica de la FGR configura un deber jurídico de investigar cualquier hecho públicamente conocido que pueda constituir delito federal, más aún cuando involucra a ex altos funcionarios federales y recursos públicos; negarse siquiera a abrir investigación contradice directamente ese marco normativo.
Con informacion: MEXICO.JUSTIA/ LEY ORGANICA FGR/CONSTITUCION POLITICA/
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