Atención, ciudadanos contribuyentes, pagadores de impuestos, víctimas del sistema y demás especímenes de buena fe que aún creen en la justicia mexicana: el mecanismo está completo. Perfectamente engrasado. Blindado con triple cerradura y sellado con lacre presidencial. Porque si todavía les quedaba duda de cómo opera la fábrica de impunidad más exitosa del continente, la presidenta Sheinbaum y su secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, lo dejaron clarito como agua de manantial corrupto.
El triple descaro, desglosado para los incrédulos
Primer descaro: «que presenten su denuncia». Así, tal cual, con el cinismo de quien te pide que llenes un formulario en una oficina que ya cerró. Le preguntaron a Buenrostro si no debería investigar las acusaciones de Julio Scherer Ibarra —el mismísimo exconsejero jurídico de López Obrador, no un anónimo tuitero— sobre lavado de dinero, narcopolítica, extorsión y corrupción en la 4T. ¿Y qué respondió la encargada de «combatir la corrupción»? Que la narrativa no es suficiente, que sin denuncia formal no hay investigación.
Y de remate, Sheinbaum le sopla la respuesta como maestra de primaria: «Que presenten su denuncia». Soberbio. Porque en México, los delitos como lavado de dinero, narcotráfico y extorsión se persiguen de oficio, es decir, la autoridad tiene la obligación constitucional de investigarlos tan pronto tiene conocimiento de los hechos, sin necesidad de que nadie presente denuncia.
Pero aparentemente el libro Ni venganza ni perdón, que ya va en varias reediciones y que acusa directamente a operadores clave del obradorismo de huachicol fiscal y financiamiento ilícito, no es «conocimiento suficiente».
Segundo descaro: la secretaria anticorrupción es parte del chiste. Resulta que en ese mismo libro, Scherer revela que la funcionaria que quiso investigar al hijo de Bartlett durante el sexenio de López Obrador fue corrida del cargo. Mensaje cristalino: no te metas o te va mal. ¿Y Buenrostro qué hace? En lugar de investigar, anuncia reformas para legalizar «agentes encubiertos» y proteger a denunciantes. Magnífico teatro: primero te dicen que sin denuncia no hay caso, y luego te prometen que algún día vas a poder denunciar con seguridad. Es como el bombero que prende el fuego y después te vende el extintor.
Tercer descaro: el circuito cerrado de la impunidad. Supongamos que eres valiente, temerario o simplemente ingenuo y decides denunciar. Aquí viene el laberinto kafkiano del morenismo:
- ¿Quién investiga? La Fiscalía General de la República, encabezada por alguien afín a Morena.
- ¿Quién juzga? Los jueces electos por voto popular en una reforma diseñada por Morena, donde el oficialismo arrasó con candidatos a modo.
- ¿Quién revisa? Los magistrados, que son de Morena.
- ¿Quién tiene la última palabra? La Suprema Corte, ahora presidida por Hugo Aguilar, exfuncionario del gobierno de López Obrador, en una corte que cerró la etapa de «confrontación» con el Ejecutivo para inaugurar la de «colaboración institucional».
- ¿Y si hay juicio político? El Congreso también es de Morena, con mayoría calificada suficiente para modificar la Constitución de manera unilateral.
El caso Manso: cuando sí denuncias y no pasa absolutamente nada
Para los que todavía crean que «presentar la denuncia» sirve de algo, ahí está el ejemplo del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan y líder del Movimiento del Sombrero, acribillado a ocho balazos el 1 de noviembre de 2025 mientras se tomaba fotos con niños en la Plaza Morelos. Su viuda, Grecia Quiroz —ahora alcaldesa—, hizo exactamente lo que el gobierno pide: denunció formalmente ante la Fiscalía de Michoacán al senador Raúl Morón, al exalcalde Ignacio Campos y al exgobernador Leonel Godoy, los tres de Morena. El propio Manso los señaló decenas de veces en vida: «Si me pasa algo, son estos tres».
Resultado después de 109 días: ninguno de los tres ha sido siquiera citado a declarar. Ni para guardar las apariencias. Y la cereza del pastel presidencial: Sheinbaum tiró línea desde la Mañanera diciendo que «todo indica que fue delincuencia organizada», exonerando de facto a los morenistas señalados antes de que la fiscalía concluya la investigación.
El negocio redondo
Lo que tenemos, entonces, no es un sistema de justicia. Es una franquicia. Morena controla al que investiga, al que acusa, al que juzga, al que revisa y al que absuelve. Es el círculo perfecto de la simulación: te piden que denuncies sabiendo que la denuncia va a caer en manos del mismo partido del denunciado. Es como quejarte del servicio al cliente con el dueño del changarro que te robó.
Así que ya saben, morenistas de todas las cepas: si robaron, si se involucraron con el narco como Americo Villarreal o Ruben Rocha Moya y resto de animales politicos, si se hicieron huachicoleros, si desviaron recursos o si mandaron matar a alguien, pueden dormir tranquilos. El sistema está diseñado, afinado y perfeccionado para que no les pase absolutamente nada. La impunidad ya no es un defecto del sistema; es la función principal.
Con información: LATINUS/
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