En junio de 2024 el secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió a un elemento de alto rango que decidió denunciar la red de corrupción y el trafico de huachicol con uniforme de la Marina.
En el audio de la reunión, obtenido por Aristegui Noticias, se distingue la voz de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien hizo preguntas y exigió un reporte escrito sobre todos los elementos involucrados.
Ojeda se vende como “me vale madre quién caiga”, pero en cada frase deja claro que lo único que quiere es controlar el daño, no limpiar la casa, y eso no solo choca de frente con los valores navales,tambien con la ley
1. “O destapamos todo esto… o lo cerramos aquí con cambios de personal”
Cuando el secretario de Marina plantea como “opciones” o ir al fondo o solo mover a “toda esta bola de cabrones” a otros puertos, está describiendo, en cristiano, encubrimiento administrativo de presuntos delitos.
– Valores navales: honor, lealtad, deber; el oficial que encubre o reubica a corruptos traiciona el espíritu de cuerpo y la confianza de subordinados y ciudadanía.
– Ley: ante información concreta de sobornos, huachicol fiscal y redes de complicidad, la única respuesta legal es denunciar penalmente y activar órganos de control, no “cambios de adscripción”. El encubrimiento de delitos de servidores públicos es delito por sí mismo (encubrimiento, omisión de denuncia, abuso de autoridad).
La supuesta disyuntiva que plantea (“o destapamos o lo cerramos”) no es una decisión política: la ruta de “cerrarlo” es jurídicamente inválida. Un secretario no puede poner a votación interna el cumplimiento de la ley.
2. “Me vale madre quién caiga, porque yo no estoy metido en eso”
Esa frase es puro blindaje personal: convierte una denuncia grave en un ejercicio de autoexculpación preventiva.
– Valores: un jefe naval se pone al frente del problema con “me vale cumplir la ley, aunque me salpique”, no con “me vale mientras no me alcance a mí”. Lo que exhibe es cultura de mando orientada a proteger la propia placa, no la institución.
– Ley: el énfasis en “yo no estoy metido” mientras escucha la descripción de una red de huachicol fiscal con dinero en efectivo, agencias aduanales y reacomodos de personal, revela una posible omisión deliberada de su deber de garante. Tiene facultades y obligación de iniciar investigaciones internas y penales; si no lo hace, se convierte en corresponsable por omisión.
En un ejército serio, esa línea de defensa (“yo no estoy metido”) sería materia para un consejo de honor; en un Estado de derecho, para una carpeta por ejercicio indebido del servicio público.
3. Convertir una denuncia penal en trámite: “lo que sí quiero es que me lo haga por escrito”
La exigencia de que Guerrero ponga “toda la red de vínculos” por escrito parece, en apariencia, un paso correcto.
El problema es el contexto:
– Ya sabe que hay sobornos, nombres, montos, rutas y mandos involucrados en una red que saquea al fisco mediante contrabando de combustibles.
– En vez de girar de inmediato partes a SFP, FGR y órganos internos, lo baja a “informe para el jefe”, sin garantías de protección al denunciante ni protocolos de integridad.
Legalmente, desde el momento en que el secretario tiene noticia fundada de posibles delitos fiscales, contrabando y delincuencia organizada, está obligado a denunciar ante el Ministerio Público y activar los sistemas anticorrupción. Si reduce la denuncia a un expediente interno sin canalizarla, promueve un sistema de justicia de fuero castrense informal, sin controles ni transparencia.
4. El sesgo de conducta: minimizar la gravedad del huachicol fiscal
En la conversación se habla de:
– Explotar “comercialmente la aduana”, usando una agencia aduanal propia o “clientes” para generar ingresos.[
– Introducción de combustible como “aditivos y aceites” para evadir impuestos, obteniendo ganancias multimillonarias.
– Entregas en efectivo, 500 mil pesos semanales a un capitán (Clímaco) para “explicar los caprichos del almirante Manuel”.
Eso no es “mala conducta administrativa”; son posibles delitos de contrabando, defraudación fiscal, cohecho, delincuencia organizada y lavado de dinero. El sesgo del secretario es tratarlo como desorden interno que se arregla con cambios de plazas, no como ataque directo al erario y a la seguridad nacional. Ese sesgo se opone a:
– El honor militar, que exige tolerancia cero a la corrupción.
– El principio de legalidad, que obliga a calificar los hechos como lo que son: delitos federales graves.
5. El doble estándar con los mandos amigos
Guerrero refiere que Fernando Farías le dijo que el “almirante secretario ya les había llamado cuatro veces la atención por este asunto de corrupción”.
Si el secretario sabía desde antes, y solo “llamaba la atención”, estamos ante un patrón: regaños en privado a mandos cercanos, mientras se protege la estructura y se castiga, en los hechos, al denunciante.
– Valores: el código no escrito en la Marina dice que se protege al subordinado que se atreve a denunciar al sistema; aquí pasa lo contrario: el aparato conoce la red, la tolera y termina con el oficial que la destapa.
– Ley: reiterada tolerancia frente a una red ya conocida configura una posible responsabilidad por permitir la permanencia de una asociación delictuosa dentro de una institución armada. Eso se acerca peligrosamente a la connivencia.
6. El uso político del poder: “cambios” como moneda de control
En el relato salen una y otra vez los cambios de adscripción: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Puerto Chiapas.
– Las propuestas, según Guerrero, se filtraban por el capitán Clímaco y el almirante Manuel, con veto y visto bueno de la cúpula; los movimientos eran rapidísimos cuando convenía al esquema.
– Se usa el poder discrecional de nombrar y remover no como herramienta de servicio, sino como palanca dentro del negocio del huachicol fiscal.
Desde el punto de vista jurídico, esos cambios pueden ser:
– Abuso de autoridad, si se usan para favorecer un esquema criminal o castigar a quien denuncia.
– Responsabilidad administrativa grave, por violar principios de imparcialidad y honradez en el servicio.
Desde el ethos militar, utilizar la vulnerabilidad familiar de un subordinado (hija autista, cambios bruscos de plaza) como presión, mientras se protegen a mandos corruptos, es una traición a la cadena de mando.
7. La línea final: un denunciante desprotegido y ejecutado
Guerrero hace lo que se supone que un marino ejemplar debe hacer: reporta anomalías, se presenta ante inteligencia naval, entrega una carta manuscrita detallando la red, se reúne con el secretario saliente y luego con el entrante.
Resultado:
– No hay rastro de un proceso transparente ni de medidas de protección.
– Hay rastro de que sus movimientos, licencias y ubicaciones eran perfectamente conocidos por la cadena de mando.
– El 8 de noviembre de 2024, su último día de licencia, lo ejecutan dos sicarios en moto en Manzanillo, con un modus operandi que la FGR vincula directamente a sus denuncias sobre la red de huachicol fiscal.
Desde la ley, esto exige investigar:
– Si hubo filtración de información reservada sobre su paradero.
– Si la omisión de medidas de protección constituye responsabilidad penal y administrativa de superiores.
Desde la ética militar, el mensaje es devastador: en esta Marina, quien cumple el deber de denunciar la corrupción termina solo, desarmado y en la mira.
Con información: ARISTEGUI/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: