La agencia antidrogas de Estados Unidos tiene en la mira al candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, quien fue el primer secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora quiere ser gobernador de Sonora.
EMEEQUIS habló con agentes de la DEA que trabajan en México para confirmar o descartar los rumores sobre un supuesto expediente abierto en el país vecino contra el exsecretario de Estado por sus posibles nexos con el crimen organizado.
Dos investigadores, quienes realizan trabajo de inteligencia en el Pacífico mexicano para el gobierno estadounidense, aseguraron que, aunque no hay un caso judicializado contra Alfonso Durazo, sí hay un seguimiento a sus actividades para descartar su eventual colaboración con líderes de cárteles de las drogas.
“Si me preguntas si Alfonso Durazo tiene un proceso judicial oculto al público, como sucedió con el general (Salvador) Cienfuegos, te puedo decir que no… hasta donde sabemos. Lo que sí existe es una mirada atenta a una trayectoria que nos produce preocupación, más ahora que podría obtener fuero si gana la elección a gobernador”.
En lugar de un “caso judicializado” contra el morenista, la DEA tiene un “documento en constante actualización” que detalla los comportamientos más problemáticos de Alfonso Durazo, según el testimonio de los dos agentes consultados, quienes participan en las investigaciones contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
DURAZO, EL SOSPECHOSO
Ese documento comenzó a redactarse en el 2001, cuando Alfonso Durazo ya era secretario particular del entonces presidente Vicente Fox, cuya administración fue acusada en varios reportajes de beneficiar al también llamado Cártel del Pacífico a cambio de que su fundador, Joaquín “El Chapo” Guzmán, negociara una pax narca con otros cárteles mexicanos.
Como mano derecha del primer presidente panista, la DEA ha sospechado que Alfonso Durazo tenía comunicación con los principales capos del país, conocía sus agendas y sus movimientos, además de que mantenía con ellos negociaciones constantes para evitar que los enfrentamientos entre grupos criminales afectaran a la población.
Casi al final de la administración foxista, la DEA sumó más renglones a ese documento contra Alfonso Durazo: el gobierno de Estados Unidos lo ubicó en un mapa de riesgos como un hombre cercano a Nahúm Acosta Lugo, exdirector de Giras de la Presidencia de la República, quien fue encarcelado –y exonerado– por proteger al clan de los Beltrán Leyva, en ese entonces aliados del “Chapo” Guzmán, a cambio de sobornos en miles de dólares.
Pero con el arribo de Felipe Calderón al gobierno, y la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico, el “documento Durazo” fue colocado en el archivero.
Los ojos de la DEA se enfocaron en otros políticos mexicanos de alto nivel, como el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien también se le comenzó a investigar por sus arreglos con el Cártel de Sinaloa en detrimento de otros cárteles, como Los Zetas o La Familia Michoacana.
Pero apenas volvió Alfonso Durazo a los altos vuelos de la vida pública del país, de la mano del presidente López Obrador, la DEA desempolvó el papeleo contra el sonorense.
Y, rápidamente, los renglones sobre él comenzaron a llenar esas hojas con alertas rojas.
OVIDIO, NARCOMANTAS Y VIDEOS OSCUROS
El episodio más detallado es el llamado “Culiacanazo”, el fallido operativo del 17 de octubre de 2019 en la capital de Sinaloa, donde un operativo a cargo de las fuerzas federales llevó al arresto de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien tuvo que ser liberado tras las amenazas del Cártel de Sinaloa de atentar contra civiles y militares rodeados por sicarios en unidades habitacionales castrenses.
“No estamos convencidos de que el (entonces) secretario de Seguridad (Alfonso Durazo) haya tomado una decisión de ese tamaño sin haber entablado comunicación con alguien del cártel. En nuestra experiencia, debió haber un pacto. Y eso, por supuesto, nos pone en alerta sobre quién es esta persona”, dijo uno de los agentes estadounidenses.
Más renglones en el “documento Durazo” abonan a la desconfianza de la DEA sobre el candidato a gobernador: desde la supuesta ayuda que le dio al exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, para que entablara conversaciones con grupos armados, como la Columna Armada Pedro J. Mendez de Tamaulipas, vinculada al Cártel del Golfo, hasta su eventual rol en la protección al general en retiro Salvador Cienfuegos, acusado de beneficiar al clan de los Beltrán Leyva.
A esos episodios se suman las nueve “narcomantas” colgadas en los municipios sonorenses de Guaymas, Hermosillo, Cajeme, Empalme y Navojoa, dirigidas a Alfonso Durazo, así como dos “narcovideos” en el que criminales embozados alertaron al presidente López Obrador que su colaborador estaba protegiendo al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual fue rechazado desde Palacio Nacional.
LA VERSIÓN DE MORENA
A pesar del extenso seguimiento que se le ha hecho a Alfonso Durazo desde Estados Unidos, el equipo de campaña del candidato de Morena a la gubernatura en Sonora ha negado que exista una “carpeta de investigación” abierta en su contra.
Édgar Hiram, coordinador de Comunicación de la campaña del morenista, ha insistido en que el patrimonio personal y familiar de Alfonso Durazo siempre ha estado abierto al escrutinio de la ciudadanía y de las autoridades nacionales e internacionales.
“Tiene razón: no hay ‘carpeta de investigación’, porque esa es una figura mexicana que no existe en Estados Unidos. Insisto: hay seguimiento, hay atención, porque este personaje tiene un largo historial que nos mantiene alertas, especialmente porque Sonora es un estado clave para las organizaciones criminales”.
En las elecciones del próximo 6 de junio, Sonora estará en disputa, principalmente, por el morenista Alfonso Durazo y el aliancista opositor Ernesto Gándara. Su importancia radica en que es una entidad clave para el trasiego de drogas, armas y migrantes indocumentados por su límite geográfico con Arizona, Estados Unidos.
Durante años, Sonora fue considerado un bastión del Cártel de Sinaloa, pero desde el 2015 los municipios fronterizos han sufrido el asalto del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal que actualmente tiene el mayor poder de fuego y dinero en territorio mexicano y cuyo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, es considerado el enemigo público número uno por el gobierno de Joe Biden.
“Quien sea el próximo gobernador tendrá que entenderse con el gobierno de Estados Unidos en el combate al crimen organizado. Y desde la DEA queremos saber si ese gobernador está del lado del combate a las drogas… o del lado de los criminales”.
