No eran policías, ni ministerios públicos, ni peritos: eran militares mecánicos. Y no porque arreglaran coches, sino porque “desarmaban” personas para armar expedientes en la “guerra contra el narco” en Chihuahua.
Entre 2008 y 2010, en pleno Operativo Conjunto Chihuahua, mientras el gobierno presumía coordinación ejemplar,(…como ahora),entre Ejército, federales y demás siglas, un grupo de élite militar operaba como brigada de tortura tercerizada: levantaban, interrogaban a golpes, asfixias y choques, y entregaban cuerpos rotos —o de plano cadáveres— como producto terminado de “investigación”.
A ese escuadrón le decían “Los Mecánicos” y su chamba era sencilla y brutal: sacar confesiones a cualquier costo, fabricar testimonios y acomodar las piezas para que la narrativa oficial cerrara bonito, aunque la realidad quedara hecha trizas.
No era un grupito descontrolado, era un grupo de élite militar dentro del andamiaje del Estado: actuaban bajo el paraguas del Operativo Conjunto Chihuahua, con acceso a instalaciones, vehículos, armas, listas de objetivos y, sobre todo, la certeza de que la impunidad era parte del uniforme (…como ahora).
La lógica era perversa pero muy eficiente para las cifras (…como ahora): detenidos a la fuerza, torturados hasta “cantar” lo que hiciera falta, firmando declaraciones bajo tormento que después se bendecían en papel membretado como si fueran verdad procesal, mientras los altos mandos presumían golpes al crimen organizado en conferencias y partes militares.
En los expedientes donde aparecen, “Los Mecánicos” son la pieza que explica por qué tantas historias de “operativos exitosos” huelen a ejecución extrajudicial, tortura sistemática y desapariciones maquilladas; son la parte sucia de una política de seguridad que prefería números que cuadran a derechos que se respetan.
(14 de noviembre de 2008)
Desde el mediodía en que los hermanos Guzmán Zúñiga fueron entregados por el teniente Ancheytia al Puesto de Mando se les trasladó al “Taller” con “Los Mecánicos” para aplicar un interrogatorio.
Quienes estuvieron a cargo de ese interrogatorio fueron el sargento Vicente Hernández Alvarado así como el sargento López Chávez. Quienes estuvieron aplicando tortura entre lo que destaca el “darles agua”, que es asfixiarlos con agua.
Por la tarde los sargentos a cargo de torturar a los hermanos Guzmán Zúñiga se presentaron ante el capitán Jorge Antonio Moreno Bustos a quien le notificaron que uno de los hermanos había dejado de respirar.
El capitán fue al taller y verificó que en efecto, uno de los hermanos no presentaba signos vitales por lo que avisó al capitán Sánchez Aíza lo sucedido. El capitán Sánchez Aíza avisó entonces al mayor José Ornelas Salas y es este último, quien respondía a órdenes directas del general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien da la orden de “desaparecer toda la evidencia”.
Entonces los militares se preparan para salir de la ciudad, sitiada por militares para atravesarla con un cadáver y un hombre vendado y esposado hacia Villa Ahumada.
Desde entonces no se ha dado con los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga. Ningún militar fue sentenciado y a pesar de que algunos fueron llevados a juicio fueron absueltos.
El resultado: civiles desaparecidos, acusados armados con confesiones arrancadas a palos, familias buscando justicia en un sistema donde los torturadores no son la excepción, sino el mecanismo; y un grupo de élite que no cazaba capos, sino que trituraba vidas para sostener el cuento de una guerra que, en el papel, siempre se iba ganando (…como ahora).
Con información: LA SILLA ROTA/
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