¿Y quién indemniza al pueblo cuando el Estado decide jugar a la guerra?
Porque eso fue lo que ocurrió en Jalisco y el resto del pais tras el operativo contra Nemesio Oseguera. No fue un “éxito táctico”, fue una estampida de fuego: camiones incendiados, comercios saqueados, rutas bloqueadas y una economía local que hoy arde más que los cientos de vehículos incendiados en las arterias del pais.
El gobierno presume “resultados” —aunque no haya ni foto del capo—, pero los que pagan la cuenta son los pequeños empresarios, transportistas y trabajadores que no verán un peso de las aseguradoras.
¿Por qué?
Porque la mayoría de las pólizas en México excluye expresamente actos vandálicos, sabotajes, motines o daños derivados de intervención militar o policial. Así, textual, lo puedes leer en las cláusulas de GNP, AXA o Qualitas: si el incendio viene del crimen o del gobierno, el cliente se queda mirando las cenizas.
Los transportistas, por ejemplo, perdieron millones en unidades, mercancía perecedera y rutas interrumpidas durante días. Un tráiler detenido cuesta, en promedio, 40 mil pesos diarios entre flete, chofer y penalidades. Súmale la mercancía perdida y el sabotaje a una cadena logística que mueve desde alimentos hasta medicamentos. ¿Quién repone eso? Nadie, por ahora.
Comercios cerrados a la fuerza —unos destruidos, otros por puro miedo— contabilizan pérdidas por cientos de millones de pesos. ¿El gobierno? Feliz con sus comunicados y su narrativa épica. Pero la ley, los principios de responsabilidad patrimonial del Estado y el más mínimo sentido de ética pública obligan a que Hacienda y Gobernación abran una bolsa de emergencia para reparar los daños.
Y no se trata de “caridad” ni de “solidaridad nacional”. Se trata de Estado de derecho. Si el operativo fue planeado, autorizado y ejecutado por agentes públicos, entonces los efectos colaterales también son responsabilidad del erario. Porque no puede ser que el discurso oficial hable de “autoridad firme frente al crimen” mientras los ciudadanos pagan la factura del fuego cruzado.
El país necesita saber cuánto costó realmente este operativo, no solo en recursos públicos sino en vidas, empleos y oportunidades quemadas. Y si el gobierno puede destinar miles de millones a rescatar trenes artificiales o AIFAS poco rentables, puede rascarse la bolsa para auxiliar a las víctimas reales de su propia estrategia.
El operativo y el caos
El operativo contra “El Mencho” no solo dejó un capo muerto: dejó al país convertido en sala de urgencias económica, y al gobierno haciéndose el que no ve la cuenta que le están poniendo enfrente.
El propio gabinete de seguridad reconoció 252 bloqueos en 20 entidades en cuestión de horas, con carreteras tomadas y rutas estratégicas paralizadas.
No fue “un incidente focalizado”, fue una parálisis nacional: carreteras tomadas, vehículos incendiados, negocios cerrados a la fuerza y una economía que se detuvo porque al gobierno se le ocurrió hacer un megaoperativo… sin plan B para la gente que quedaría en medio.
El golpe a transporte y logística
En México, más del 80% de las mercancías viaja por carretera; si bloqueas carreteras, bloqueas al país.
Experiencias recientes de bloqueos similares dejaron pérdidas por miles de millones: solo en protestas y cierres de 2025, cámaras industriales estimaron afectaciones por alrededor de 2,300 millones de pesos por interrupciones de rutas y líneas de producción paradas.
CANACAR y otras cámaras han calculado en otros episodios que cada camión detenido por un bloqueo genera pérdidas diarias de miles de pesos por combustible, tiempos muertos, penalizaciones y mercancía en riesgo
Ahora multiplica eso por centenares de puntos bloqueados y una jornada con 252 cortes en 20 estados: estás hablando fácilmente de pérdidas en el rango de cientos de millones de pesos solo por transporte varado y cadenas logísticas reventadas, especialmente en sectores donde todo debe llegar a tiempo, entre ellos los productos perecederos.
Comercios entre el fuego y el miedo
Los bloqueos y ataques incluyeron quema de vehículos y daños a establecimientos comerciales, desde gasolineras hasta tiendas y grandes supermercados como COSTCO en Puerto Vallarta, Jalisco.
A los comercios que sí fueron atacados se les destruyeron instalaciones, inventarios y equipamiento; a los que no, se les obligó a bajar cortinas por miedo, perdiendo el ingreso del día y, en muchos casos, rompiendo cadenas de pagos que ya venían frágiles.
Cuando se han medido bloqueos de menor escala, las cámaras empresariales hablan de pérdidas millonarias en cuestión de horas; en eventos de varios días se han calculado daños por cientos o miles de millones de pesos por cierres de comercios y servicios.
Tras un operativo de este tamaño, con violencia extendida en 20 entidades, no hay forma honesta de negar que el costo agregado en negocios destruidos, días de venta perdidos y empleos en riesgo se cuenta en cientos de millones de pesos, si no más.
La trampa de las aseguradoras
Aquí viene el segundo atraco, el “legal”: la letra chiquita de las pólizas.
En seguros de auto y daños en México, la cobertura de vandalismo, disturbios, motines y actos de autoridad no viene por default; depende de si contrataste daños materiales y si tu póliza incluye expresamente esos riesgos.
Ejemplo: Zurich, GNP, Mapfre o Atlas solo cubren actos de vandalismo, disturbios o medidas de represión de la autoridad si la cobertura de daños materiales está contratada y visible en la carátula; si no, estás fuera, como cita «Revista Siniestro».
Incluso cuando lo cubren, aplican deducibles más altos o exclusiones: GNP, por ejemplo, cobra un deducible más caro cuando el siniestro deriva de vandalismo, y en Mapfre quedan excluidos daños menores a cierto porcentaje del límite asegurado.
Traducido:
- Si eres transportista sin cobertura amplia, el tráiler incendiado en un bloqueo es pérdida casi total para ti.
- Si eres pequeño comerciante sin un seguro robusto de daños, el local saqueado o quemado no lo paga nadie.
Y eso sin contar que muchas pólizas excluyen daños derivados de “actos malintencionados”, “alborotos populares” o “medidas de autoridad”, dejando un enorme agujero justo donde estás hoy: en la frontera entre crimen y operativo oficial.
Responsabilidad del Estado: que pague el que ordenó el juego de guerra
La operación en Tapalpa fue una acción de alto impacto del Ejército y fuerzas federales, autorizada por el Estado mexicano y anunciada con orgullo como golpe histórico contra el CJNG.
Si el Estado asume el mérito político del abatimiento de “El Mencho”, también debe asumir la factura económica de los daños colaterales que se generaron directa y previsiblemente por su decisión operativa en un entorno donde se sabe, por experiencia, que estos grupos responden con bloqueos, incendios y ataques.
La lógica jurídica de la responsabilidad patrimonial del Estado es simple: cuando una actividad legítima del gobierno causa daños anormales y especiales a particulares, el Estado tiene que compensar.
Aquí, la anormalidad es evidente: 252 bloqueos en 20 entidades, incendios masivos de vehículos, comercios dañados y una interrupción nacional del transporte de carga derivada de un operativo federal específico, no de una lluvia o un accidente fortuito.
No basta con decir “fue el CJNG”.
El gobierno sabía —porque ya ha pasado antes— que cada vez que se toca a un objetivo de alto valor del CJNG, vienen bloqueos, quema de vehículos y ataques coordinados; aun así, lanzó el operativo sin un esquema público de compensación a las víctimas civiles ni un fondo automático para transportistas y comercios afectados.
Si el Estado puede destinar miles de millones a obras emblemáticas o a rescatar proyectos ineficientes, puede armar de inmediato un fondo especial para:
- Indemnizar a transportistas por unidades y carga destruidas o retenidas.
- Resarcir daños materiales a comercios afectados directa o indirectamente.
- Cubrir ingresos perdidos de negocios obligados a cerrar por la situación de riesgo.
Porque cuando el gobierno decide subirle el volumen a la guerra, no puede dejar que el único que pague la bocina sea el ciudadano.
Ese operativo tiene nombre y apellido institucional, y sus daños también deberían traer factura dirigida: al gobierno federal, no a la gente que hoy ve sus camiones, sus negocios y su futuro convertidos en humo.
Con información: Redes/Revista Siniestro/medioss
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