La ecuación es brutal: cuando las fuerzas del Estado se vuelven eslabón de la cadena de valor del narco, el Estado deja de ser antídoto y se convierte en multiplicador del veneno.
Del “combate al crimen” al outsourcing delictivo
El caso de la narconómina del CJNG exhibe el modelo de negocios real: el cartel no solo paga a sicarios y halcones, también destina partidas específicas a policías municipales, Guardia Nacional y Fiscalía. En los registros aparecen rubros como “650.000 pago GN Mich Picten”, “75.000 GN Autlán”, “15.000 PGR” y sobornos a policías municipales de Tapalpa, Atemajac y Chiquilistlán que, en algunos casos, equivalen a una fracción significativa de sus presupuestos de seguridad.
Es decir, el crimen organizado no evade al Estado: lo contrata, lo integra y lo presupuestaliza como cualquier proveedor indispensable.
Cuando la policía municipal recibe 138.000 pesos en un mes —cerca del 20% de su propia nómina— desde la caja chica de un cartel, deja de ser barrera y se vuelve blindaje criminal. La Guardia Nacional y la FGR, mencionadas en la contabilidad, no aparecen como adversarios en guerra, sino como renglones de gasto operativo: lubricantes del sistema, no obstáculos.
El abrazo al cobrador: Tamaulipas como síntoma
En Tamaulipas, el problema no es solo la presencia del Cartel del Golfo, sino la foto incómoda de un gobernador abrazando a un “cobrador” que resulta al mismo tiempo que extorsionas aliado politico , mientras el discurso oficial presume leyes más duras contra la extorsión.
Todo mientras en la Cámara de Diputados se celebra una Ley General de Extorsión que promete hasta 42 años de prisión, en Reynosa la imagen pública nunca negada, es la de Américo Villarreal cobijando a Mario Guitian Rosas,alias La Chispa, un importante operador del Cartel del Golfo señalado de cobros al amparo del gobierno. Ahí no hay “fallas” del sistema: hay alineación de incentivos.
Cuando el gobernador de Morena es defendido desde la mañanera como “autoridad” y no “cómplice”, al mismo tiempo que se minimiza la magnitud de la violencia en Tamaulipas, el mensaje no va para las víctimas, va para el mercado criminal: no se preocupen, la plaza está políticamente asegurada.
Por qué el Estado corrupto es más peligroso que el narco
Un cartel sin Estado es una organización violenta con capacidades limitadas de control social y legitimación; un cartel con policías, militares, guardias nacionales y fiscales en nómina se vuelve gobierno de facto.
La narconómina del Mencho es un organigrama de co-gobernanza: ahí están listados halcones, “muchachos de choque”, operadores financieros y, en la misma página contable, Guardia Nacional, policías municipales y FGR, todos integrados en el mismo flujo de caja
Cuando el ciudadano ve la misma patrulla que debería protegerlo actuar como escolta oficiosa de los intereses del cartel, la percepción no es solo de indefensión, sino de captura total: no hay a quién acudir. El crimen organizado mata; el Estado capturado mata, encubre, archiva investigaciones y fabrica narrativas para legitimar cada una de esas muertes como “daños colaterales” o “ajustes de cuentas”.jornada.com+1
El negocio de demorar la “victoria”
Si el CJNG asigna de manera puntual millones de pesos mensuales a salarios, sobornos y logística, no lo hace para perder, lo hace porque sabe que cada peso invertido en Guardia Nacional, policías y ministerios públicos compra tiempo, impunidad y continuidad operativa. La llamada narconómina registra ingresos de 8,7 millones de pesos en un solo mes y gastos de 1,38 millones para mantener aceitada la maquinaria criminal y su red de protección institucional.
Cada operativo fallido, cada captura sin investigación patrimonial, cada “golpe histórico” que no toca las finanzas ni la estructura de corrupción es, en realidad, un subsidio indirecto a este modelo.
Los gobernadores que posan como jefes de una “estrategia de seguridad” mientras normalizan la proximidad con presuntos operadores, como en el caso de Américo Villarreal con el “cobrador” señalado, no están combatiendo el delito: están administrando la convivencia funcional entre presupuesto público, clientelas políticas y economías ilícitas. Y cada vez que desde el púlpito federal se niega la profundidad del problema en estados como Tamaulipas, se envía una señal de mercado: el riesgo político de esa alianza es manejable.
Conclusión incómoda
El narco, por sí mismo, no dicta leyes, no controla ministerios públicos, no administra presupuestos de seguridad ni define qué homicidios se investigan y cuáles se archivan: eso lo hacen gobernadores, fiscales, mandos militares y jefes policiales.
Cuando esas autoridades,gobernadores,alcaldes,militares o policías se integran como eslabones de la cadena de valor criminal —como proveedores de protección, impunidad y legitimidad— dejan de ser “menos malos” que el narco y se convierten en el corazón de su modelo de negocio. Ahí es donde la amenaza deja de ser “el crimen organizado” y pasa a ser un ecosistema nacional de poder que vive de mantener la guerra eterna, porque la paz real —sin narco y sin narco-Estado— sería, para muchos de ellos, el peor de los negocios.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/MEDIOS/
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