Los ponchallantas ya son el souvenir oficial del México roto: los usan los criminales, los decomisa el Ejército, se venden en línea como si fueran accesorios de coche… y el único que paga la cuenta es el ciudadano.
El negocio del terror en línea
En México ya no solo te venden celulares y licuadoras en internet: también puedes llenar tu carrito con abrojos de acero de 2.5 centímetros, cuatro puntas bien afiladas, en paquetes de cinco por 229 pesos, o subir de nivel y comprar picos “de uso rudo” desde 11 mil hasta más de 42 mil pesos, todo legalito en la pantalla y mortal en el asfalto. Estos pinchos hechizos son la versión low cost del control territorial: sirven para frenar patrullas, impedir persecuciones o abrir la puerta a asaltos y levantones, mientras el Estado sigue fingiendo sorpresa cada vez que “descubre” uno en carretera.
Cifras de guerra… en las llantas
Entre el 1 de enero de 2019 y el 8 de enero de 2026, Ejército y Guardia Nacional han asegurado 36 mil 899 ponchallantas en el país, como si fueran flores metálicas que brotan del pavimento. El año 2025 se lleva la medalla del desastre con 16 mil 875 incautaciones, frente a las 305 de 2019, 1,848 de 2020, 2,958 en 2021, 2,048 en 2022, 5,779 en 2023, 6,690 en 2024 y 396 solo en los primeros ocho días de 2026.
La mayoría son artefactos artesanales: varilla de construcción, acero y soldadura barata convertidos en herramienta táctica, porque al crimen organizado no le falta creatividad, le sobra impunidad.
El experto habla, el Estado bosteza
Para Víctor Alvarado Ángeles, especialista en política pública y seguridad vial, esto ya no es un “truco” criminal, es la normalización de una herramienta de guerra contra el espacio público: bloquean vías rápidas, desactivan persecuciones, generan siniestros secundarios y colapsan flujos estratégicos. El detalle fino: se venden libremente en plataformas digitales, sin regulación, mientras el Estado mantiene un elegante vacío legal y mira hacia otro lado.
Alvarado plantea lo obvio que nadie quiere tocar: tipificar fabricación, comercialización y posesión con fines de obstrucción, obligar a plataformas a bajar anuncios, rastrear vendedores y medir el impacto vial de estos juguetes letales. Pero aquí legislar duele más que una llanta reventada.
Del siniestro vial al siniestro político
Miguel Guzmán Negrete, director de Pisvi Mobility y perito en accidentes, aterriza el problema: un ponchallantas no solo “poncha”, puede provocar pérdida de control, choques, lesionados y muertes, dependiendo de cómo y dónde se pisa. En el mejor escenario, el coche se detiene unos metros adelante; en el peor, terminas en volcadura porque alguien decidió sembrar metal en la autopista para “hacer un trabajito”.
Su recomendación suena a manual de supervivencia en país fallido: ir alerta, guardar distancia, agarrar el volante con las dos manos y, si los pisas, pelearle al coche para orillarte a la derecha y no quedar de carnada en el carril rápido.
Tecnología hechiza, efecto profesional
Rafael Cortés Medellín, instructor de tácticas operativas, describe el diseño: dos o tres trozos de varilla de unos 20 centímetros, entrelazados y soldados de forma que siempre quede una punta hacia arriba; cuando la llanta pasa, la ley de la gravedad y la impunidad hacen el resto. Juan Carlos Montero Bagatella, doctor en política pública, remata: se hacen con varilla de media pulgada, en cualquier taller de herrería, son baratos y están al nivel de armas como gas pimienta o táser, ilegales pero fáciles de conseguir.
En resumen: el Estado no controla ni lo que pasa en la esquina de la herrería, pero pretende controlar “la seguridad nacional”.
Congresos: legislar a cuentagotas
Mientras los ponchallantas inundan carreteras, los congresos se toman su tiempo para despertar. Baja California apenas en junio de 2025 los clasificó como armas prohibidas y tipificó dañar neumáticos con fines de cometer otros delitos. Sinaloa reformó su Código Penal también en 2025 para castigar con tres a diez años de cárcel su uso y posesión, justo en el estado donde se están despedazando Los Chapitos y La Mayiza.
Puebla discute sanciones de hasta ocho años por su uso en carreteras; San Luis Potosí ya los tipificó desde 2023 como delitos contra la seguridad vial para quien arroje abrojos, cuchillas, erizos o estrellas ponchallantas a la vía pública; Tamaulipas apenas analiza desde diciembre pasado si se anima a considerarlos ilegales.[
Mientras tanto, miles de ciudadanos ruedan sobre asfalto minado, compran llantas nuevas, pagan grúas, arriesgan la vida, y ni la autoridad ni el crimen pagan un solo peso del desastre. En el país donde el narco innova y el Congreso duerme, los ponchallantas son el recordatorio metálico de siempre: la única constante es que el costo final lo paga el ciudadano.
Con información: ELUNIVERSAL/
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