«VERDUGOS TRAIAN UNIFORME MILITAR»: LA «FGR PARIENTA de PGR ATRAE 20 AÑOS despues la VIOLACION,TORTURA y ASESINATO de MUJER INDIGENA»…el poder le teme a la verdad y le teme al uniforme, sabe que al mirarlo fijo, el Estado se ve a sí mismo.

Casi veinte años tuvieron que pasar para que la justicia mexicana recordara que tiene pendientes con una mujer indígena violada, torturada y asesinada a manos de soldados. Dos décadas de silencio burocrático, de carpetas empolvadas bajo el archivo castrense, de comunicados que hablaban de “muerte natural” como si el cuerpo de una anciana pudiera inventarse su propia agonía.

Hoy, la Fiscalía General de la República anuncia, con gesto solemne, que reabre el caso. No por convicción, sino porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos los jaló de las orejas. Si fuera por iniciativa nacional, el expediente seguiría sepultado en el mismo cementerio de justicia donde reposan los nombres de Tlatlaya, Ayotzinapa y miles de víctimas sin apellido ni rango.

La FEVIMTRA —esa fiscalía con nombre largo y dientes cortos— dice que hará una “investigación exhaustiva con apego a los estándares internacionales”. Lindo eufemismo para disfrazar lo que en realidad ocurre: el Estado mexicano finge reparación, pero no reconoce que el culpable lleva charreteras y goza de fuero invisible. Aquí, cuando el abuso lo comete un soldado, el crimen se convierte en “malentendido operativo”.

Ernestina Ascencio Rosario, mujer náhuatl, 73 años, violada en su comunidad de Tetlatzinga en 2007. El Ejército lo negó, el entonces presidente Calderón se apresuró a exonerar “a sus muchachos” sin prueba ni autopsia, y el expediente estatal de Veracruz maquilló la tortura como “gastroenteritis”. Esa fue la justicia mexicana: un diagnóstico clínico para esconder el delito más vil.

Dos décadas después, las instituciones anuncian que por fin cumplirán con los estándares de derechos humanos. Celebran la obediencia internacional como si fuera heroísmo soberano. Pero nadie habla de los militares que siguen en las calles, ni de los civiles que siguen cayendo bajo su sombra.

Mientras tanto, el Estado maquilla su vergüenza con comunicados en lenguaje técnico. A Ernestina la siguen llamando “agraviada”, no víctima. Porque admitir la tortura sería aceptar que el uniforme no purifica el crimen.

Y sí, hoy vuelven a investigar. Pero las heridas del país no se cierran con discursos de reparación. Se cierran cuando el poder deja de blindar a sus verdugos.

Con información: ELNORTE/