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domingo, 29 de junio de 2025

“CDS 40,HARFUCH,POLICIAS y SOLDADOS CERO”: CARTEL de SINALOA se FUMA OTRO MUNICIPAL y EJECUTORES se ESFUMAN SIN RESISTENCIA”…la inteligencia Harfuch-Policias-Militares no ha esclarecido ninguno y eso invita a seguir matandolos.


Otra ejecución sacude a Sinaloa: Julián Alejandro, agente de la Unidad de Robo de Vehículo de la Policía Municipal de Culiacán, fue acribillado a plena luz del día, en un ataque directo y sin miramientos en el fraccionamiento Los Ángeles. 

El operativo de respuesta fue tan inmediato como inútil: patrullas de todos los niveles de gobierno inundaron la zona, pero solo para acordonar el cadáver y esperar a los peritos, mientras los responsables se esfumaban sin resistencia.

Este crimen no es un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia brutal: con este asesinato, ya suman 40 policías ejecutados y 19 desaparecidos en lo que va del año en la entidad. El saldo es tan escandaloso como indignante: ni un solo detenido por estas masacres, ni siquiera uno. La impunidad no es solo la norma, es la única constante.

El marcador es tan claro como demoledor: Cártel de Sinaloa 40, autoridades civiles y militares 0. Sí, cero. Y para quienes aún presumen de estrategias y “inteligencia”, cabe subrayar que la tan cacareada inteligencia de Omar García Harfuch ya está incluida en ese resultado. La realidad es irrefutable: la delincuencia organizada no solo le va ganando,los va goleando una y otra vez,despachandose policias en una entidad donde no hay nadie que despache en el gobierno.

Por que es una invitación a seguir matandolos

No detener a ningún ejecutor de policías es, en los hechos, una invitación abierta a seguir matándolos. La impunidad opera como un mensaje contundente y perverso: quien asesina a un agente de la ley no solo puede escapar, sino que lo hará sin consecuencias. Es la ley del silencio y la inacción institucional, donde el miedo y la corrupción pesan más que la justicia.

Cuando no hay detenidos, no hay justicia, y sin justicia, el riesgo para los policías aumenta exponencialmente. Los criminales entienden que pueden actuar con total libertad, que el Estado no protege a sus propios elementos y que la respuesta oficial será, en el mejor de los casos, una declaración de condena y un funeral. Así, cada ejecución se convierte en una invitación tácita para la siguiente, perpetuando el ciclo de violencia y debilitando aún más a las instituciones encargadas de la seguridad.

En resumen: la impunidad no solo permite la violencia, la alimenta. Y mientras el marcador siga en cero para las autoridades, el mensaje será claro para todos: matar policías en México no tiene castigo.

Vamos ganando ?

Bajo el escenario actual, afirmar que el gobierno y la estrategia federal militarizada de Omar García Harfuch “van ganando” resulta insostenible desde la óptica de la seguridad policial en Sinaloa. 

El saldo actualizado de 40 policías ejecutados y 19 desaparecidos sin responsables detenidos es un marcador oficial que desmiente cualquier narrativa de victoria o avance real en la protección de quienes deberían garantizar la seguridad.

La estrategia puede mostrar logros maquillando cifras de detenidos,pero mientras la impunidad por el asesinato de ciudadanos y policías se mantenga intacta, el mensaje para los criminales es claro: el costo de matar a un agente es nulo. En este rubro, el marcador sigue siendo contundente: crimen organizado 40, autoridades 0. La inclusión de la inteligencia de Harfuch en este resultado solo subraya la gravedad del rezago y la urgencia de resultados tangibles en la protección de los propios policías.

Con informacion: NOROESTE/

“CASUALIDAD o CAUSALIDAD ?”: “EJECUTAN en ZAPOPAN MEDICO NEFRÓLOGO ESPECIALISTA en TRANSPLANTES de RIÑON la MISMA ENFERMEDAD que AQUEJA al ENFERMO que ENFERMA al PAIS”…y lo hicieron frente a su esposa.


La reciente ejecución de Librado de la Torre Campos, un médico nefrólogo de excelencia y referente nacional en trasplantes de riñón, afuera de una vinatería en Zapopan y en presencia de su esposa, representa mucho más que un número más en la estadística de homicidios.

Es una tragedia que ha estremecido a la comunidad médica y a la sociedad jalisciense, pues hablamos de la pérdida de una vida dedicada a salvar otras, de un profesional que fundó instituciones, lideró programas de trasplante y dejó huella en cientos de pacientes y colegas.

Ante este crimen, la pregunta es obligada y debe ser severa: ¿Qué dicen Omar García Harfuch y el Ejército Mexicano sobre este enésimo asesinato se suma a los casi 20 mil (…de la cuenta de Sheinbaum,ya iban 200 mil de AMLO) y que nos arrebata a otro ciudadano ejemplar? ¿Van a reducir este hecho a una cifra más en el reporte mensual de homicidios en las mañaneras mediocres del pueblo y presumiendo que “ya se redujeron”, o asumirán la responsabilidad que exige la sociedad para esclarecer el caso y garantizar justicia, aunque no han esclarecido el resto?.

Acaso van a indagar si otra vez fueron los “hombres de la noche’ de Nemesio Oseguera y el Cartel de Jalisco,pues no se debe de perder de vista que la especialidad que ejercía el medico esta vinculada a la enfermedad del lider del C.J.N.G que padece de los riñones.

Hasta el momento, no se han encontrado declaraciones directas ni de Omar García Harfuch ni del Ejército respecto al asesinato de De la Torre Campos. La ausencia de posicionamiento oficial solo incrementa la indignación y la exigencia pública de una respuesta contundente, no solo en discursos sino en acciones concretas para frenar la violencia que sigue cobrando vidas valiosas como la de este médico.

La comunidad médica y la ciudadanía no aceptan que la muerte de un hombre que transformó la vida de cientos de personas, que fundó instituciones y que fue ejemplo de entrega y humanidad, quede sepultada en la frialdad de las estadísticas. La exigencia es clara: justicia, verdad y garantías para que ningún otro profesional de la salud, ni ningún ciudadano, tenga que vivir bajo la sombra de la impunidad.

Con informacion: ELNORTE/

sábado, 28 de junio de 2025

LE “TOCABAN la PUERTA al DIABLO y les ABRIO …TRUMP ?”: “MORENA y el GOBIERNO PADECEN los EFECTOS de un PODER PODRIDO hasta la MEDULA”…el modelo estrella va ser estrellado.


Desde la llegada del obradorato al poder, el discurso oficial insistió en una narrativa maniquea: los buenos estaban en Palacio Nacional y los malos en los sexenios pasados. Pero la realidad —incómoda, cruda e inevitable— ha comenzado a filtrarse por las grietas de un gobierno que juró ser distinto. Hoy, los tentáculos del narcotráfico no solo alcanzan municipios o gobernaturas aisladas: hoy, la sombra del crimen organizado apunta directamente al corazón del poder presidencial.

La estrategia del gobierno de Estados Unidos para enfrentar la crisis del fentanilo ha dejado de ser diplomática para volverse quirúrgica. A través de capturas, entregas y extradiciones, los capos del narcotráfico están colaborando con las autoridades norteamericanas. No lo hacen por patriotismo, sino a cambio de beneficios procesales. Pero lo que importa es lo que están revelando: nombres, cargos, rutas financieras, complicidades políticas. Y esos nombres no son menores.

Washington ya ha comenzado a golpear a funcionarios mexicanos que, a su juicio, han facilitado la operación del crimen organizado. La cancelación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; al alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro; y al presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, son apenas los primeros pasos de una ofensiva mayor. Queda aún la duda de si otros mandatarios estatales, como Rubén Rocha Moya (Sinaloa) o Américo Villarreal (Tamaulipas), se encuentran ya en la misma condición. El mensaje es claro: la tolerancia al narco ya no se negocia.

Pero el verdadero terremoto llegó con los más recientes señalamientos. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo —exjefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador—, facilitó operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Entre 2019 y 2023, Vector habría lavado millones de dólares para redes criminales. Parte de ese dinero se utilizó para adquirir precursores químicos en China con los que se fabrica fentanilo. El mismo fentanilo que ha causado cientos de miles de muertes en Estados Unidos. El mismo veneno que la administración Trump juró erradicar de raíz.

No se trata de rumores ni de filtraciones periodísticas: es una acusación formal del gobierno estadounidense. Y la acusación es demoledora.

Retumba el nombre de Romo: brazo financiero, operador político, enlace con el sector privado y voz de confianza de López Obrador  incluso después de dejar el gabinete. “Lo importante no es el cargo, sino el encargo”, decía el expresidente. Hoy, ese encargo huele a crimen organizado.

Llama poderosamente la atención que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como Edgar Amador, secretario de Hacienda, defiendan con tanta vehemencia a las instituciones financieras señaladas por el gobierno de Estados Unidos, como si su vida dependiera de ello.

Sheinbaum, desesperada por proteger la imagen de su antecesor, exige pruebas de los señalamientos… pero las pruebas están en su propio gobierno. En 2024, la Unidad de Inteligencia Financierainvestigó 35 transferencias sospechosas por un total de 47 millones de dólares, vinculadas a los Weinberg —socios de la familia Bartlett y prestanombres de García Luna—, realizadas a través de Vector. Es decir: el gobierno ya tenía las pruebas que hoy finge no conocer.

Más aún, Amador trabajó durante años en Vector, la misma casa de bolsa hoy acusada de lavar dinero para el narcotráfico. Resulta francamente incomprensible ver a un gobierno que se dice “del pueblo” salir a proteger banqueros y casas de bolsa como si fueran víctimas de una injusticia, mientras la evidencia apunta a que fueron cómplices del envenenamiento masivo de personas y de la financiación del crimen organizado. ¿Cuándo habíamos visto un gobierno más preocupado por los banqueros que por los ciudadanos?

Lo que antes fue arma política contra los enemigos del régimen, hoy se revierte como bumerán contra los protagonistas del sexenio. Cuando se trataba de Genaro García Luna, bastaban los dichos de criminales para condenarlo desde la mañanera. Hoy, cuando los señalamientos alcanzan a los amigos, a los socios, a los jefes de oficina del Presidente, el discurso cambia: ahora se exigen pruebas, se niegan vínculos y se habla de conspiraciones. Pero los hechos ya están sobre la mesa.

Una empresa del círculo íntimo de López Obrador es señalada por colaborar con el crimen organizado. La evidencia incluye flujos financierostransferencias transnacionalesoperaciones encubiertas y estructuras de lavado. Y el periodo investigado coincide plenamente con el sexenio del expresidente. No hay manera de evadir la gravedad de estas revelaciones.

Este no es un caso aislado ni una persecución política. Es el desenlace inevitable de un modelo de poder que confundió lealtad con impunidad, y que toleró —o incluso promovió— la penetración del crimen en las más altas esferas del gobierno. Mientras desde Palacio se ofrecían abrazos, afuera se tejían pactos inconfesables con los criminales.

Lo que estamos viendo no es una coincidencia ni una exageración: es la revelación de un sistema de poder podrido hasta la médula. Un régimen que no solo toleró al crimen organizado, sino que lo incorporó a sus redes de influencia, a sus finanzas y a su toma de decisiones.

El narcotráfico no solo tocó la puerta de Palacio. Entró, se sentó a la mesa y dictó agenda.

Con informacion: Jorge Triana/Diputado federal/ELUNIVERSAL

“NUNCA HAY EJECUTORES DETENIDOS”: “ASESINARON a ARELY y su CRIMEN QUEDARA IMPUNE como casi 1,600 EJECUTADOS MAS en SINALOA”…incluidos 39 policias que cuidan a los que matan.


Dulce Arely, de 33 años y vecina de Navolato, fue asesinada la mañana de este sábado 28 de junio en el fraccionamiento privado Vistas del Lago, al sur de Culiacán. 

Mientras esperaba en su automóvil Volkswagen Virtus rojo, fue interceptada y atacada a balazos por un grupo armado. Los agresores huyeron del lugar, y aunque paramédicos acudieron rápidamente, confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Vacío de autoridad y percepción ciudadana

A pesar de la rápida movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva para acordonar la zona, no se reportaron detenciones ni información sobre los responsables. 

La reacción social y empresarial ha sido de creciente frustración. Empresarios hoteleros y comerciantes han denunciado la saturación y limitada capacidad de respuesta de las autoridades, señalando que la violencia, robos y homicidios continúan sin resultados concretos en las investigaciones. La falta de avances y la impunidad han deteriorado la confianza en las instituciones y generado un ambiente de temor e incertidumbre en Culiacán.

“Nuestra exigencia es clara: necesitamos resultados concretos en tres frentes clave: homicidios, robos a comercio y robo de autos. Sin avances, no hay confianza, ni inversión ni empleo”, declaró el presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán.

Contexto de violencia en Culiacán y Sinaloa

El asesinato de Dulce Arely no es un hecho aislado. Culiacán y Sinaloa atraviesan una ola de violencia agravada desde septiembre de 2024, tras la detención de líderes criminales y la disputa entre facciones del crimen organizado. En el primer semestre de 2025, Sinaloa ha registrado más de mil homicidios, con Culiacán como epicentro de enfrentamientos, asesinatos y desapariciones.

A pesar del despliegue de 1,600 elementos federales adicionales a los mas de 11,000 mil existente y el reforzamiento de la estrategia estatal de seguridad, los delitos de alto impacto persisten. Los operativos y presencia militar han sido insuficientes para contener la violencia, y la percepción de vacío de autoridad se acentúa con la falta de resultados visibles y la renuncia reciente del Secretario de Seguridad Pública municipal.

Impunidad y exigencia de justicia

El caso de Dulce Arely evidencia la crisis de seguridad y la impunidad en la región. Hasta el momento, no hay indicios de que las autoridades hayan identificado o detenido a los responsables. La investigación permanece abierta, pero sin avances públicos, lo que refuerza la percepción de que los crímenes, especialmente los feminicidios, quedan sin castigo y sin justicia para las víctimas y sus familias.

La sociedad civil, colectivos y empresarios exigen una respuesta efectiva y resultados tangibles de las autoridades, mientras la violencia sigue cobrando víctimas y deteriorando el tejido social y económico de Culiacán.

En síntesis: El asesinato de Dulce Arely es reflejo de la grave crisis de seguridad en Culiacán y Sinaloa. Aunque hubo presencia de autoridades tras el ataque, no hay detenidos ni avances en la investigación, lo que alimenta la percepción de vacío de autoridad e impunidad ante una ola de violencia que no cede y cuando no te mata el crimen, lo hace la autoridad militar.

Con informacion: NOROESTE/

“RUMBO al FRACASO”: “GARCIA HARFUCH y el EJERCITO se HACEN TARUGO SOLOS con NUEVA LEY pues CRIMEN ORGANIZADO NO esta en BASES de DATOS pero TODO MUNDO SABE donde ESTAN”….mera farsa para construir estado policiaco-militar.


La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) e incluso a la Guardia Nacional del Ejercito acceso directo, incluso sin orden judicial en ciertos casos, a una amplia variedad de bases de datos públicas y privadas que no impactan el modus operandi del crimen organizado en Mexico.. A continuación se enlistan las principales categorías y ejemplos de estas bases de datos:

  • Datos bancarios y financieros: cuentas, transacciones, movimientos financieros, registros de servicios financieros y bancarios.(…No tienen cuentas bancarias a su nombre)
  • Registros telefónicos y de telecomunicaciones: llamadas, mensajes, datos de conexión, datos de usuarios y registros de servicios de telecomunicaciones.(No usan tarjetas SIM a su nombre)
  • Datos biométricos: huellas dactilares, reconocimiento facial, ADN, y otras características biológicas únicas.(No se registran el INE)
  • Información vehicular y de placas: registros administrativos de vehículos, placas, propiedad y registro de vehículo.(No usan vehículos registrados a su nómbreles gustan los robados)
  • Registros públicos de la propiedad y del comercio: información sobre bienes inmuebles, titularidad, registros de personas morales y registros de comercio.(Usan testaferros y no registran nada a su nombre)
  • Datos fiscales y catastrales: historiales fiscales, registros catastrales y fiscales.(No tienen actividad fiscal registrada)
  • Registros de armas de fuego: tanto armas registradas como las aseguradas o decomisadas.(No registran armas y pueden portar la que quieran,con la imaginación como unico limite)
  • Padrones de personas detenidas y sentenciadas: antecedentes penales, registros de personas privadas de la libertad.
  • Registros de servicios de transporte: información sobre servicios y concesiones de transporte.(Salvo la Chispa del CDG en Tamaulipas,nadie registra nada a su nombre) 
  • Registros de salud: información sobre servicios y expedientes médicos.(No es probable que lo hagan)
  • Registros empresariales y comerciales: datos de empresas, actividades comerciales, registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada.
  • Registros en materia marítima: información de actividades y servicios en el ámbito marítimo.(No registran empresas, mucho menos las que despojan)
  • Registros de desaparecidos y búsqueda de personas: datos de la Plataforma Única de Identidad, registros de población y personas desaparecidas.(…ellos desparecen y a veces los desparecen a ellos)
  • Otros registros administrativos: cualquier base de datos pública o privada de la que se puedan extraer indicios, datos o información relevante para la generación de productos de inteligencia o para la investigación y persecución de delitos.(…los responsables de las bases de datos, suelen actuar a su favor, como ocurre con obligado solidarios en Ley antilavado y que deciden no reportarlos).

Estas bases de datos deberán estar organizadas, digitalizadas y disponibles para consulta por parte de la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quienes coordinarán la Plataforma Central de Inteligencia que integrará toda esta información.

Resumen en tabla:

Tipo de base de datosEjemplos principales
Bancarios y financierosCuentas, transacciones, servicios financieros
Telefónicos y telecomunicacionesLlamadas, mensajes, datos de conexión
BiométricosHuellas, rostro, ADN
Vehiculares y de placasRegistro y propiedad de vehículos
Propiedad y comercioBienes inmuebles, registros de comercio, personas morales
Fiscales y catastralesHistorial fiscal, catastro
Armas de fuegoRegistro, decomiso de armas
Personas detenidas y sentenciadasPadrones, antecedentes penales
TransporteServicios y concesiones de transporte
SaludExpedientes médicos, registros de salud
Empresariales y comercialesEmpresas, servicios privados, seguridad privada
MarítimaServicios y actividades en el ámbito marítimo
Desaparecidos y búsqueda de personasRegistros de población, desaparecidos, Plataforma Única de Identidad
Otros registros administrativosCualquier base de datos relevante para inteligencia o investigación criminal

Esta integración masiva de datos es otro pretexto, mera farsa para construir a “Garcia Lunita” su estado policiaco que se encamina rumbo al fracaso”.

Con informacion: MEDIOS/REDES/

“CRONICA de VIEJAS y NUEVAS MENTIRAS ?”: “DIARIO ESPAÑOL le TUNDE a MILITARES en MEXICO e INFIERE CALIDAD de MENTIROSA y TRAICIONERA de SHEINBAUM”…han sido mas parte de la enfermedad que del remedio.


En oposición a la visión de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en la llamada “guerra contra las drogas”, Andrés Manuel López Obrador decía que había que regresar el Ejército a los cuarteles, lo cual le trajo muchas simpatías con quienes nos oponíamos a tener seguridad pública militar.

Cuando llegó a la Presidencia impulsó una reforma que proponía dejar a los militares en las calles por cinco años únicamente. En su toma de protesta dijo que se dio cuenta de que las policías eran insuficientes para pacificar el país y que necesitaría de las fuerzas armadas. Con la legitimidad social que tenía logró que pasara su reforma porque además prometió que fortalecería a las policías y antes de terminar su sexenio regresarían los militares a los cuarteles.

Formó así, en 2019, la Guardia Nacional, que originalmente era un cuerpo de seguridad de mando civil con el que reemplazaría gradualmente a las fuerzas militares. Lo que sucedió fue justo lo contrario.

En los primeros años de su gobierno fortaleció su legitimidad con programas sociales que ayudaron a muchas personas a salir de la pobreza extrema, pero la pacificación no llegaba y tampoco el fortalecimiento policial. Usó entonces esa legitimidad para una nueva reforma: los militares no regresarían a sus cuarteles antes de terminar su sexenio. En 2022 rompió su promesa y extendió el plazo hasta 2028 para que los militares siguieran a cargo de la seguridad pública.

Durante los años de su Gobierno, López Obrador les dio además atribuciones para toda clase de tareas civiles, desde construcción de infraestructura hasta promoción de la salud, aumentando con ello de manera histórica el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Antes de terminar su mandato en 2024 mandó al Congreso otra reforma constitucional en la que confesaba su mentira: la Guardia Nacional seguiría en las calles de manera permanente, integrada definitivamente a la Sedena, con mando militar y con la facultad de investigar delitos. 

El martes, bajo el argumento de que eran necesarios “cambios técnicos” se aprobó, en sesión extraordinaria del Congreso, la nueva Ley de la Guardia Nacional y una serie de reformas a otras leyes relativas. La palabra “civil” quedó enterrada en los anales de la historia y la atribución de investigar delitos se amplió. Ahora, con cibervigilancia masiva, usuarios simulados y agentes encubiertos, los militares pueden “prevenir delitos” sin denuncia alguna, sin transparencia y sin control judicial. Además de permitir que los militares puedan acceder a cargos de elección popular y otros cargos públicos dirigidos actualmente por civiles, como secretarías de Estado y embajadas si la presidenta los designa.

Estos cambios no son técnicos, son ideológicos: ya no se trata de militarizar la seguridad, sino la vida pública de México. Los militares tienen ya no solo las armas y el dinero, sino también acceso al control político. 

Con el pretexto de “prevenir delitos” pueden meterse sin límite a la vida privada de los ciudadanos. No es necesaria la ley mordaza, basta la amenaza de que los militares pueden estar infiltrados en cualquier protesta civil para desincentivarla, basta el miedo para instaurar el pensamiento en bloque o frenar investigaciones periodísticas, basta la sospecha para no confiar en otro ciudadano o expresarse libremente con cualquier nuevo conocido en nuestras vidas.

Los militares ya no serán el pueblo uniformado, serán militares vestidos de civiles. Ellos tienen incentivos para cumplir a cabalidad con esta nueva tarea, pueden incluso llegar a la Presidencia en el próximo sexenio.

Sorprende que la presidenta Claudia Sheinbaum diga que jamás le mentirían al pueblo: porque sí, sí han mentido y sí traicionaron.

Fuente.-DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PAOLA ZAVALA