El periodista Salvadora García Soto,en El Universal,hizo una interesante reseña del escandalo de VECTOR CASA de BOLSA y su propietario Alfonso Romo,hombre ligado al ex-presidente Andres Manuel Lopez Obrador y de quien fue su promotor, pero ademas operador financiero y del que presume podria meter en serio brete a Morena,que a la luz de las acusaciones y las evidencias,podria acabar como colaboradora del terrorismo si se atiende lo dispuesto por el Acta Patriotica en EE.UU.
“Si se llega a probar o a encontrar que Alfonso Romo, a través de alguna de sus empresas o él mismo desde sus cuentas personales realizó algún tipo de aportación, depósito o transferencia de recursos al partido Morena, durante la campaña presidencial de 2018 o en cualquier otro momento, eso bastaría para que el partido gobernante en México… pudiera ser señalado también por el gobierno de los Estados Unidos como ‘colaborador del narcoterrorismo”….Salvador García Soto
Probabilidad y fundamentos legales para vincular a Morena con terrorismo a la luz de la editorial y el Acta Patriótica
Contexto de la acusación y su gravedad
Las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas —incluida Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia y operador clave de la campaña de Morena en 2018— han elevado la presión política y legal sobre el entorno del partido gobernante en México. El señalamiento más grave es que, bajo la Ley Patriota (Patriot Act), Romo y su empresa habrían facilitado operaciones de lavado de dinero para cárteles mexicanos que ya han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) por el gobierno estadounidense.
¿Qué dice la Ley Patriota y cómo se aplica?
La Ley Patriota de Estados Unidos, promulgada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, otorga amplias facultades a las autoridades estadounidenses para investigar y sancionar a individuos, empresas e instituciones financieras que sean sospechosos de colaborar, financiar o facilitar actividades terroristas, incluyendo el lavado de dinero para organizaciones designadas como terroristas. Bajo este marco legal, la sola sospecha documentada por el Departamento del Tesoro basta para iniciar investigaciones y aplicar sanciones, invirtiendo la carga de la prueba: corresponde al acusado demostrar su inocencia y no a la autoridad probar su culpabilidad.
Además, en 2025, el gobierno de Trump firmó una orden ejecutiva que permite designar a ciertos cárteles mexicanos como FTO y/o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), ampliando la extraterritorialidad de la ley estadounidense y permitiendo perseguir a quienes colaboren económica, financiera o políticamente con ellos.
¿Qué tan probable es vincular efectivamente a Morena con terrorismo?
Probabilidad jurídica y política:
- Base legal estadounidense: Si se demuestra como es publico,que Alfonso Romo, a través de Vector o de sus cuentas personales, realizó transferencias, aportaciones o financiamiento a Morena, y esos recursos provienen de fondos relacionados con cárteles designados como terroristas, Morena podría ser señalado formalmente como colaborador o beneficiario del narcoterrorismo bajo la legislación estadounidense.
- Evidencia y estándar de prueba: La Ley Patriota permite proceder con base en sospechas razonables y registros financieros, sin necesidad de pruebas fehacientes iniciales. El informe de FinCEN y las sanciones ya aplicadas se basan en información no pública y patrones de transacciones, no en sentencias judiciales.
- Precedentes y contexto: Ya existe una denuncia formal en una fiscalía federal de Nueva York contra AMLO y gobernadores de Morena, con testimonios y pruebas documentales que acusan financiamiento de campañas del partido por parte de cárteles, ahora considerados terroristas por el gobierno estadounidense. Si una corte federal encontrara culpabilidad, las sanciones serían severas, incluyendo prisión de hasta cadena perpetua.
Elementos que aumentan la probabilidad:
- El vínculo directo de Romo con Morena y su papel como operador financiero de la campaña presidencial de 2018.
- La existencia de transferencias millonarias a Vector vinculadas a personajes como Genaro García Luna y a cárteles designados como terroristas.
- El endurecimiento de la política exterior antidrogas de Estados Unidos y la presión política para sancionar no solo a los cárteles, sino también a quienes los financian o reciben fondos de ellos, incluidos actores políticos.
- El uso de la Ley Patriota y la Ley FEND Off Fentanyl, que permiten sanciones y bloqueos inmediatos sin necesidad de pruebas públicas ni colaboración con el gobierno mexicano.
Conclusión: Riesgo Real y creciente
La probabilidad de que Morena sea vinculado formal y legalmente con el terrorismo bajo la Ley Patriota de Estados Unidos ha aumentado considerablemente debido a:
- La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
- La existencia de flujos financieros documentados entre operadores clave de Morena y empresas señaladas por lavado de dinero para esos cárteles.
- El bajo umbral probatorio que exige la legislación estadounidense para iniciar investigaciones y aplicar sanciones.
Sin embargo, la efectividad de esa vinculación dependerá de que se logre demostrar —al menos en cortes estadounidenses— que hubo transferencias directas, aportaciones o financiamiento de origen ilícito desde esas estructuras financieras hacia Morena o sus campañas. La presión política y mediática ya existe, y el riesgo legal para el partido gobernante es real y creciente, aunque en México aún no se han judicializado penalmente estos hechos, ni lo haran.
Asi lo dice García Soto:
“….De las tres acusaciones del “lavado de dinero de los cárteles” que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones financieras mexicanas, la más grave y delicada es sin duda la que recae sobre la Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo. Porque el empresario regiomontano está en la mira de la administración Trump, no por sus negocios o su fortuna, sino por el vínculo directo que lo vincula al expresidente López Obrador y al partido Morena, del cual Romo fue promotor, operador y financiero de la campaña presidencial de 2018.
Porque al hacer públicas sus investigaciones sobre las operaciones “sospechosas” de la Casa de Bolsa de quien fuera el jefe de la Oficina de la Presidencia de México entre 2018 y 2023, bajo la figura del Acta Patriótica, lo que está invocando la administración Trump es que los grupos terroristas mexicanos, denominados Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo y Cártel de los Beltrán Leyva, recibieron apoyo, a través del lavado de dinero, de Romo, que se convierte así en “colaborador” de un grupo terrorista al que le aplica la extraterritorialidad de la ley estadounidense y cualquier actividad, financiamiento o colaboración que haya realizado el empresario con otras organizaciones sociales, económicas o políticas, quedaría también bajo sospecha de “colaboración con el terrorismo”.
De inicio, el gobierno mexicano rechazó los señalamientos y observaciones del Tesoro estadounidense, pero al mismo tiempo decidió intervenir los dos bancos y la Casa de Bolsa señalados por Washington, al mismo tiempo que afloraba un depósito de 42 millones de dólares que habría sido realizado por Genaro García Luna a Vector, que tienen documentado en Estados Unidos desde el juicio por narcotráfico en el que se condenó al exsecretario de Seguridad mexicano, y del cual, hoy se sabe, también tuvo conocimiento y lo investigó la UIF mexicana en el 2024.
Y ahí es donde el tema del Acta Patriótica vuelve a cobrar relevancia, porque si no existiera esa ley, Alfonso Romo podría alegar que él no estaba enterado de la procedencia del dinero de García Luna o de otras operaciones que le estén siendo observadas, y eso bastaría para que, por presunción de inocencia, las acusaciones pudieran ser desestimadas. Pero con el Acta que se aprobó después de los atentados terroristas de 2011 y el estado de excepción que conlleva su aplicación, la sola “sospecha” basta para que se pueda acusar e investigar a Romo y a su empresa financiera de “colaboración con el terrorismo”, y la carga de la prueba recae sobre él y no sobre el Departamento del Tesoro.
Eso es lo que no están entendiendo en Palacio Nacional ni la Presidenta ni su secretario de Hacienda y mucho menos sus operadores políticos o diplomáticos. Bajo los preceptos del Acta Patriótica, el Tesoro y el gobierno estadounidense no están obligados a mostrar prueba alguna y mucho menos al gobierno mexicano, y les basta la “sospecha” que ya documentaron en el informe del FinCen, para considerar al empresario mexicano como “colaborador de terrorismo” e investigar todos sus movimientos financieros y actividades para descubrirle vínculos con otras organizaciones.
Y ahí es donde viene el peligro para Morena, López Obrador y para la 4T en su conjunto: si se llega a probar o a encontrar que Alfonso Romo, a través de alguna de sus empresas o él mismo desde sus cuentas personales realizó algún tipo de aportación, depósito o transferencia de recursos al partido Morena, durante la campaña presidencial de 2018 o en cualquier otro momento, eso bastaría para que el partido gobernante en México, hoy todo poderoso, pudiera ser señalado también por el gobierno de los Estados Unidos como “colaborador del narcoterrorismo” con el que ya se vincula al empresario, amigo y exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel.
Hacia allá es a donde apunta todo el entramado financiero que están tejiendo e hilando fino en Washington, y eso es lo que nadie, ni la Presidenta ni sus asesores y colaboradores parecen estar entendiendo o al menos eso aparentan en público. Porque salir a exigir que “nos entreguen pruebas” o “nos den más información” no es una respuesta ni inteligente ni adecuada para el tamaño de las intenciones que esconde el fuerte golpe que le asestó Washington a las empresas financieras mexicanas.
Mucho menos es muy brillante repetir, como lo hacía el expresidente, eso de que “no somos piñata de nadie”, cuando cada vez es más claro que la administración Trump, por más que mantenga la formalidad del “diálogo y la cooperación”, tiene una estrategia abierta y deliberada para proceder en contra de los cárteles de la droga mexicanos y contra todos aquellos que protejan, defiendan o mantengan cualquier tipo de vínculo, ya sea político, económico o financiero, con esas “organizaciones terroristas”, consideradas enemigas o adversarias de los Estados Unidos y sus ciudadanos.
Por eso no fue ni casual ni menor la declaración que hizo la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, quien incluyó a México, junto con China y Rusia, como “adversario” o enemigo de su país y lo hizo justo el mismo día en el que se dio a conocer el informe del FinCen contra la empresa de Alfonso Romo y otros dos bancos mexicanos (Intercam y CIBanco), a los que se acusó de “lavar dinero de los cárteles mexicanos y facilitar el tráfico de fentanilo”, un día antes de que se conmemorara el Día Internacional contra el Tráfico ilícito de drogas instituido por la ONU.
Y otra vez, la respuesta de la Presidenta en su conferencia mañanera, acusando a la fiscal Bondi de “estar desinformada”, no sólo fue inadecuada y casi infantil, sino que exhibió que la gobernante de México no está entendiendo nada, ni ella ni sus asesores, sobre lo que está armando la Casa Blanca en contra de su gobierno y su partido. Y lo que es peor, las respuestas tan básicas de la doctora Sheinbaum también desnudan que su administración no tiene información porque nadie, ningún operador efectivo, está cabildeando en Washington para defender las posiciones mexicanas y mucho menos están recabando información de primera mano para que la Presidenta sepa lo que está haciendo y tramando el gobierno de Trump.
Porque mientras acá se sigue respondiendo con frases hechas y se sigue presumiendo la “cabeza fría”, en el gabinete de Trump, más allá del discurso oficial, claramente están pasando de los adjetivos y las amenazas retóricas a las acciones concretas en contra de México. Porque si en febrero de este año el gobierno estadounidense acusó al gobierno mexicano de tener una “alianza intolerable con los cárteles del narcotráfico” y lo usó como pretexto para anunciar aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas, ahora, cuatro meses después, el pasado 25 de junio, ya acusaron a un empresario que operó como financiero en la campaña presidencial de Morena en 2018 y luego fue Jefe de la Oficina de la Presidencia, de “lavar dinero” de los grupos narcoterroristas mexicanos. ¿Qué sigue? ¿conectar a Romo con Morena y de ahí acusar al partido de la Presidenta como “colaborador” del narcoterrorismo?
Eso no se ve tan lejano y confirma que la acusación a Romo no es contra un empresario o sólo contra su Casa de Bolsa, y que eso parece ser sólo el inicio de un hilo financiero que busca llegar hasta el corazón mismo del oficialismo mexicano. Y ¿qué responde la Presidenta ante la ya inocultable estrategia de Washington y del presidente Trump para cercar a su partido y a su gobierno? Que “México no es piñata de nadie”, y en eso tiene razón la doctora. Dejamos de ser la piñata de Trump para convertirnos en su alfombra o el tapete sobre el que pretende marchar el presidente estadunidense para “acabar” con los cárteles del ahora llamado “narcoterrorismo” mexicano.
Con informacion: SALVADOR GARCIA SOTO/ELUNIVERSAL
