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miércoles, 9 de septiembre de 2020

EL "CARTEL de los TALIBANES": UN GRUPO de "MAÑOSOS del TALIBANCITO" que CONTROLAN OTRO PEDAZO de PAIS...el gobierno hace mutis,mientras ellos hacen ruido.

A la mitad de una calle larga y oscura, un hombre está arrodillado sobre el asfalto. A su lado pasa un automóvil y lo ignora. Atrás de él circula una camioneta con las luces encendidas y pretende no verlo. Hay gente cerca, pero él está solo y abandonado a su suerte: tiene las manos atadas a la espalda y los tobillos amarrados.
Sus últimos minutos están plasmados en un video corto grabado en Loreto, Zacatecas. A los cinco segundos aparece el cañón de un rifle de asalto automático, como si se tratara de un videojuego. El sicario graba en primera persona para que quien observe el video sienta como si cargara el arma que apunta a ese hombre con la mirada en el piso. 
 Una ejecución grabada en Zacatecas. 
Dos destellos iluminan la calle. Bajo el alumbrado público, ese hombre se desploma por los balazos recibidos. Pero dos tiros no son suficientes: el asesino le suelta una ráfaga y huye en un automóvil que maneja otra persona. El video, sin sonido, acaba en 22 segundos. 
Es la madrugada del 3 de septiembre de 2020 y aquella víctima es el primer asesinado del jueves. Minutos después aparecerá otro cadáver a solo unas calles, el de un joven descuartizado de 22 años. Y antes de que amanezca habrá otro más: un hombre que con los huesos quebrados fue metido en una mochila tirada en un parque de ese municipio que presume cultivar las mejores lechugas del país.
Todos los restos aparecerán junto a narcomantas firmadas por un grupo criminal que es casi invisible en el discurso de las autoridades, pero aterradoramente real en la vida de los mexicanos que viven en el centronorte del país.
Les llaman el Cártel de los Talibanes y en su nombre llevan su violenta reputación.
EL ORIGEN DEL GRUPO
Hace medio siglo, un hombre que parece haber salido de una película de horror nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 10 de febrero de 1970 sus padres le llamaron Iván Velázquez Caballero, pero el ejército de sicarios que le acompañaba le decía el “Talibán”.
El músico de narcocorridos Larry Hernández canta así las razones de su apodo y de su fama: “Con R-15 en la mano / El ‘Talibán’ los atiende / Su escuela a diario fue guerra / Su certificado es la muerte / Su lápiz fue una bazooka / Ya sabrán a qué se atienen”.
Su camino criminal empezó de la mano de su vecino y mejor amigo de la infancia, Miguel Ángel Treviño Morales, fundador de Los Zetas con clave “Z-40”, quien en 2007 le dio el numerario “Z-50” y lo nombró representante de la organización criminal en Zacatecas, donde acuñó su apodo por su afición a decapitar enemigos usando machetes y explosivos, al igual que los extremistas islámicos. 
El “Talibán” infundía terror por donde caminara. Su violencia extrema era temida hasta por los policías federales del estado y la transmitía a sus subalternos, quienes para impresionarlo inventaban los más crueles métodos de asesinar a enemigos y a campesinos que no pagaban la cuota de extorsión. 
Iván Velázquez Caballero, "El Talibán", o "Z50", cuando fue capturado en 2012.

LA CAÍDA Y SU HEREDERO
Fue un soberano cruel, pero breve. En 2011 asesinó a hombres de su propia organización en venganza porque su mejor amigo le imponía “jefes de plaza” en Zacatecas. Incluso, amagó con separarse de Los Zetas y aliarse con sus acérrimos enemigos, el Cártel del Golfo, para destronar a Miguel Ángel Treviño Morales, a quien llamó “loco” en varias narcomantas que colgó por el estado.
Su rebelión caló hondo y el “Talibán” –sin la astucia militar que sí tenían sus demás compañeros– fue traicionado por sus viejos amigos. En septiembre de 2012, Los Zetas le pidieron recoger un cargamento en San Luis Potosí, donde ya lo esperaban marinos asesorados por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA. El hombre que soñó liderar a “los de la última letra” fue arrestado en un operativo sin disparos y cayó con drogas, granadas, armas largas y 20 mil pesos en efectivo.
Un año más tarde fue extraditado hacia Estados Unidos por enviar droga al otro lado de la frontera. Y en 2017 un juez en Laredo, Texas, lo sentenció a 30 años en prisión. Tendrá 77 años cuando termine su sentencia y luego será enviado a México donde le esperan cargos para permanecer en una celda hasta 200 años más.
A pesar de eso,  el “Talibán” está presente en México. Para que nadie lo olvidara, antes de caer dejó un heredero al frente del Cártel de los Talibanes, una fuerza de la que pocos hablan, pero que sigue viva.
LOS QUE QUISIERON MATAR AL "MIJIS"
El Cártel de los Talibanes, o simplemente Los Talibanes, cometen todos los delitos que un cártel en México puede hacer: venden droga, extorsionan, secuestran, manejan giros negros donde hay trata de personas, cobran por asesinar y roban desde vehículos hasta ganado. En esencia, siguen los pasos de su fundador. 
A pesar de eso, su existencia fue negada durante años por las administraciones estatales. Los gobernadores de Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Quintana Roo –donde su presencia fue identificada en un estudio elaborado en 2017 por la entonces Procuraduría General de la República– los rechazaban o los reducían a meras pandillas.
Pero Los Talibanes cuentan con todas las características para llamarse un cártel: son una organización dedicada a cometer delitos en un territorio determinado, donde controlan servicios básicos y donde han sustituido labores del gobierno, como la seguridad pública.
Ellos son los que habrían decapitado, al menos, a 30 personas en el centronorte del país y las abandonan frente a palacios municipales. Ellos planearían el asesinato de la estudiante Nayeli Noemí Delgado, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien denunció por maltrato a su exnovio, un miembro del grupo criminal. Ellos estarían detrás del atentado que sufrió el diputado potosino Pedro Carrizales, el “Mijis”, el año pasado, según autoridades locales.
Ellos son los que han hecho de la decapitación su marca y los explosivos su firma. 
EL RECONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA
Fue hasta el 6 de marzo pasado cuando se les reconoció públicamente como una amenaza. Ocurrió en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, donde estuvieron el gobernador Juan Manuel Carreras; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; y el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.
Pero incluso ese reconocimiento fue tímido, como si apenas se quisiera hablar de ellos.
Aquella mañana de viernes, en la rueda de prensa diaria se habló de la incidencia delictiva en San Luis Potosí y por apenas 40 segundos el secretario de Marina mostró una lámina con los cárteles que dominan la zona. No la leyó, pero ahí estaban Los Talibanes: en el penúltimo renglón y con un recuadro gris que se perdía en el fondo. 
El 6 de marzo, en una conferencia mañanera, se mostró brevemente la influencia de este grupo en San Luis Potosí.
El secretario de Marina tampoco leyó un recuadro en el que aparecía el nombre, apellidos y alias del nuevo líder de ese grupo hiperviolento. Ese innombrable es Raúl Velázquez Caballero, el “Talibancito”, hijo del “Talibán”, heredero de su reino de sangre.
ELLOS CONTROLAN UN PEDAZO DEL PAÍS
“Son un grupo extremadamente violento que, para mí, es sorprendente que no estén más en las noticias. O que el gobierno no esté hablando de ellos, como si no existieran, como si lo que hicieran no fuera muy grave para la sociedad”, cuenta Patricio N., mando de la Guardia Nacional en la frontera de San Luis Potosí y Zacatecas, donde Los Talibanes imponen su ley.
Patricio N. acepta hablar con EMEEQUIS bajo la condición del anonimato. No le tiene miedo al despido por conversar con un reportero sin la autorización de sus jefes, sino a las armas automáticas y de alto poder que cargan Los Talibanes a cualquier hora del día, incluso por la mañana.
“Acá tienen ojos por todos lados. Métete a pueblos como Loreto, Villa de Ramos, Salinas y vas a ver cómo te ‘saltan’ rapidísimo. Si no eres de acá, aunque estés limpio, no seas malandro, te van a confundir como contrario y te van a matar sin preguntar”.
ARRODILLAR AL PODER
Quienes llevan la peor parte, dice Patricio N., son los alcaldes y los policías locales. Todos, presidentes municipales y jefes de policía de esa región, están amenazados. Sus dichos confirman lo que reveló el pasado 19 de febrero el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, al término de la ceremonia oficial del Día del Ejército Mexicano en su estado.
“Créanme, y no es una exageración, que más de la mitad de los alcaldes de Zacatecas están amenazados. Yo lo conozco en el día a día, y quizá son muchos más los alcaldes que tienen amenazas por hacer su trabajo”, admitió el gobernador ante los reporteros.
“Él no lo dice, porque seguro también está amenazado”, sigue Patricio N. “Los Talibanes son esos que andan aventando cabezas a los palacios municipales y que traen hasta con parálisis facial a los alcaldes”.
Los otros afectados son los habitantes de esas zonas. Viven en un Estado de sitio y un estado de silencio, asegura el militar. Después del anochecer nadie sale de sus casas; nadie habla con extraños; nadie se detiene a ayudar a un herido abandonado a su suerte; nadie escribe sobre la violencia que sufren. A Los Talibanes les llaman “los señores” y jamás se menciona su nombre.
“Nadie lo dice, pero son los amos y señores de esta parte del país. ¿Te contaron lo que pasó la madrugada que mataron a los tres hombres, ese del famoso video a la mitad de la calle?”, pregunta Patricio N. del otro lado de la línea de WhatsApp.
Al amanecer del 3 de septiembre, la frecuencia de radio de la policía de Loreto, Zacatecas, fue tomada por asalto por Los Talibanes. Mientras los uniformados resguardaban los cuerpos de los ciudadanos que no pudieron o no quisieron proteger, alguien puso un narco rap en la frecuencia, un género musical moderno que exalta criminales.
Por los radio de las patrullas se escuchaba “Yo siempre ando al 100 / Mato a mis enemigos / No se pongan enfrente / O los elimino / Puro sicarios finos / Soy talibán, somos divinos”.
Luego, hubo un largo silencio. Y todos fingieron no escuchar al Cártel de los Talibanes. Hicieron lo que hacen las autoridades: pretender que no existen. 
Fuente.-@oscarbalmen/


"...y NADIEN es NADIE ?": CUAUHTEMOC BLANCO "GOBER de MORELOS" SACA CUENTAS y ha DETENIDO a 7 de 10 PELIGROSOS y YA SOLO le FALTAN 4"...asi vuelan las águilas que se comportán como guajolotes.

A Cuauhtémoc Blanco, exjugador del América y hoy gobernador del Estado de Morelos, no le salieron las cuentas y acabó por regalar una bochornosa declaración con la que se ha convertido en la comidilla en las redes sociales.

Al ser cuestionado sobre la violencia que se vive en la entidad debido a diversos grupos criminales que operan ahí, se enredó en sus palabras al momento de defender que se les ha combatido con fuerza durante su administración.

'Nadie en administraciones pasadas había detenido a siete personajes peligrosos. Nos faltan cuatro de diez. Esta situación, como siempre lo he dicho, hemos agarrado de diez objetivos hemos agarrado a siete y nos faltan cuatro objetivos. Esperemos que en algún momento vayan a caer estos personajes, estamos luchando, pero no es fácil". 

​Blanco rechazó que la violencia e inseguridad que se vive en Morelos sea de alarma, que es algo que se vive en todo el territorio nacional y señaló que son los criminales quienes "se matan entre ellos".

Se viralizó en redes error de Cuahtémoc Blanco

Debido al error, de inmediado aparecieron los señalamientos en redes sociales, donde no se perdonó que una figura de su envergadura se equivocara de tal manera. 

fuente.-

"SOCIEDAD y/o CRIMEN,POLICIAS o CRIMINALES": GOPES de CABEZA de VACA RESPONDE con BALAZOS de METRALLETA a PROTESTAS en MATAMOROS...criminales combaten al crimen con mas crímenes.

Para nadie es desconocido, que las acciones y tacticas del GRUPO de OPERACIONES ESPECIALES (GOPES) refundado con el CAIET al mando de FELIX ARTURO RODRIGUEZ una "FICHA ROJA" de la INTERPOL, chocan con la ley, que combaten el delito en Tamaulipas cometiendo mas delitos, que su estructura mas que formada, ha sido deformada, con la inclusión de "perfiles criminales",que como vulgares "pone dedos" ganaron una charola que todo indica ha sido irregular e ilícitamente expedida,a decir del mas reciente análisis que advierte en Tamaulipas la Policia Estatal opera "SIN CERTIFICACIONES de CONFIANZA y solo el 31.6% es CONFIABLE",de tal manera que no debe sorprender que la respuesta de la sociedad y/o el crimen organizado azuzando a la sociedad este respondiendo al "crimen uniformado" con protestas y bloqueos desde la noche y madrugada en matamoros.


Con información: medios/redes/

"LE PETIT PRINCE": SECRETARIO de HACIENDA PRESENTO PAQUETE ECONOMICO AUSTERO con "RELOJ de PRINCIPITO de CASI 400 MIL PESOS"...si eso trae en la muñeca,que no traerá en la conciencia.

La Secretaría de Hacienda, entregó un Paquete Económico para el 2021 austero e incluso con algunos recortes en el gasto como en la Oficina de la Presidencia o en ramos administrativos, pero el titular de esta dependencia, Arturo Herrera utilizó esta tarde un reloj de la marca suiza, IWC Schaffhausen,ofertado en la pagina del fabricante en 13,400 euros, un valor nada despreciable.
Si tomamos en consideración que esta moneda está valuada en casi 26 pesos (25.62), ese modelo cuesta más de 343,308 mil pesos mexicanos.
De acuerdo con la misma página en internet de IWC Schaffhausen,ese modelo es el IWC Aviador Mark XVIII Edición Le Petit Prince, o "el Principito".
En la descripción de la página el CEO de la compañía relojera, Christoph Grainger-Herr describe: 
“Estamos firmemente comprometidos con nuestra tradición de excelencia desde hace más de 150 años. Nuestros relojes mecánicos se elaboran a mano en nuestros talleres con una meticulosa atención al detalle. Nuestras seis familias de relojes combinan la ingeniería de precisión con un extraordinario diseño atemporal y materiales de origen ético, un adorno de la tecnología más avanzada y de una elegancia incomparable para la muñeca”.

OTRO RICO HIPOCRITA NIVEL 4T:

Presentación del presupuesto 2021
El secretario de Hacienda entregó simbólicamente el Paquete Económico para el 2021, que contiene la Ley de Ingresos de la Federación, la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación que, pese a las crisis económicas y de salud, prevé un crecimiento de nuestro país del 4.6%.

HA DE ESTAR BUENO EL SUELDO:

En un mensaje en la entrega, Arturo Herrera dijo que estas tres iniciativas se tienen que adaptar a la nueva realidad que afecta la pandemia por el Covid-19 y reiteró que es la crisis sanitaria más severa desde la pandemia de la Gripe Española en 1918 y que es la crisis económica más aguda desde la Gran Depresión.
Dijo que hasta que no se encuentren una solución para la pandemia, mediante la aplicación de una vacuna, la economía operará en condiciones especiales.
Considera una inflación del 3.0%, el tipo de cambio peso-dólar estará en 21.9, la tasa de interés rondara el 4%, el precio del barril del petróleo está en 42.1.
Continuará la política de austeridad, pero dijo que no es el momento para cambiar o aumentar impuestos, “no cuando amplios sectores de la economía han visto sus ingresos mermados, tenemos que empezar con tranquilidad y responsabilidad, pensar la estructura tributaria que nos permita avanzar hacia una sociedad más equitativa”.
Adelantó que no encontrarán grandes cambios en la miscelánea fiscal, ni en la Ley de Ingresos; destacó que las atribuciones con las que los dotaron en los últimos dos años: el combate contra la facturación falsa y la evasión y simulación fiscal, ayudarán que aún en condiciones difíciles el Estado tendrá recursos suficientes para atender los temas más urgentes.
La pandemia y la crisis económica dejarán afectaciones en nuestro país y estima una caída del PIB del 8%.
“Déjenme ser muy claros, no hay disyuntiva entre economía y salud, la economía solo podrá crecer de manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia”, dijo Herrera.
Con información de:

"FEDERACION y ESTADO SI SE COORDINAN": DIRECTOR de "SEGOB" COBRABA 100 MIL SEMANALES por NO CERRAR CASINOS y CABEZA de VACA MILLON y MEDIO por ABRIRLOS...si hay dinero, no hay quejas.

El 1 de septiembre, un día después de que Ricardo Peralta Saucedo fue destituido de su cargo en la subsecretaría de Gobierno, su director General de Juegos y Sorteos, Luis Calvo Reyes, otorgó cuatro nuevos permisos para operar casinos, todos ellos ligados al grupo de empresarios que se vieron involucrados en la tragedia del Casino Royale.

VIVEN ENTRE MOCHES Y SOBORNOS:

Calvo Reyes fue destituido también este lunes de la Segob, escoltado hasta la salida de su edificio por policías y con advertencias de que será investigado. Pero en medio de una purga en la dependencia para extirpar los tentáculos de Peralta Saucedo, el directivo tuvo tiempo de firmar cuatro oficios que ampararán el funcionamiento de 50 nuevos centros de apuestas en el país. 
La autorización para abrir nuevas casas de apuesta, el cobro de cuotas para no clausurar establecimientos y la expedición de nuevos permisos para administrar juegos y sorteos se convirtieron, según diversos testigos de la Segob, en un negocio millonario para Ricardo Peralta y para un grupo de funcionarios que él designó en puestos clave de la dependencia.

aL YERNO DEL CAPO LO QUE PIDA:

La oficina de la Dirección de Juegos y Sorteos, ubicada en Versalles 49, se convirtió en una fachada. Las fuentes aseguran que al autonombrado “apóstol de la 4T” y su equipo de trabajo establecieron su centro de operaciones en un inmueble ubicado el número 910 de la Avenida Palmas, oficina a la que debían dirigirse todos los empresarios interesados en participar en la industria de los casinos, o bien los que ya dentro del sector luchaban por evitar la clausura de sus negocios.
En este último caso, por ejemplo, existen también denuncias en el Órgano de Control Interno de la secretaría que narran diversos viajes de funcionarios al interior de la República para cobrar derecho de piso a los operadores de casinos.
Por ejemplo, se lee en los documentos que José Elibier Perea Juárez, quien se ostentaba como subdirector de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Juegos y Sorteos, pedía hasta 100 mil pesos semanales para no clausurar establecimientos.
Por si fuera poco, se expidieron los permisos DGJS/DCRCA/P-04/2020 de Grupo Blue Bet México; DGJS/DCRCA/P-02/2020 de Latam Operations; DGJS/DCRCA/P-03/2020 de True Win Group de México; y DGJS/DCRCA/P-01/2020 de Waddcore, todos negociados, según testigos del hecho, en la “sede alterna” y justificados como parte de una escisión del permiso extinguido 4117, otorgado en 1991 al permisionario Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V.
De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, “los permisos son intransferibles y no podrán ser objeto de gravamen, cesión, enajenación o comercialización alguna”, por lo que escindir un permiso de Gobernación para extender sus derechos a otra personas físicas y morales, como se hizo en este caso bajo las órdenes de Peralta Saucedo, recae también dentro de la ilegalidad.
Respecto a los permisionarios de la extinta Atracciones y Emociones Vallarta, basta con recordar que estos empresarios, encabezados en su momento por Rodrigo Aguirre Vizzuett, fueron los operadores del regiomontano Casino Royale, en el que más de 50 personas perdieron la vida en un atentado del crimen organizado en 2011.
Bajo ese permiso, el 4117, también se involucraron en el mundo de los casinos personajes ligados a la política, como Juan Iván Peña Neder, funcionario de la Segob en el sexenio de Felipe Calderón y recientemente involucrado en las Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo, quien aspira a ser partido político. En la actualidad esta escisión impulsaba en tribunales el empresario Sergio Saide de Logrand Entertainment Group.
A pesar de que la 4T y su Segob habían autorizado nuevos establecimientos de apuestas y hasta otorgado una vigencia ilimitada a antiguos permisionarios ligados al peñismo y hasta el salinismo, Andrés Manuel López Obrador había cumplido la promesa de no otorgar en su administración nuevos permisos para casinos.

La promesa finalmente se rompió.

Fuente.-Mario Maldonado/

"MANDATO$ JUDICIALE$ FEDERALE$ ORDENAN APERTURA de NUEVOS CASINOS en el PAIS"...si dejan y por eso los dejan.

La Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación dio el pasado 1 de septiembre dos nuevas licencias para operar casinos.

Los permisos, que avalan la operación de hasta 21 establecimientos, fueron concedidos por mandato judicial.

En ambos casos, las licencias fueron ordenadas por la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con documentos oficiales, uno de los permisos se concedió a Waddcor, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable.

El permiso DGJS/DCRCA/P-01/2020 le permite a esta empresa abrir hasta 11 casinos y vence hasta el 1 de junio de 2032.

ESQUILMAN CON AYUDA OFICIAL:

"La ubicación de los establecimientos que pretenda 'aperturar', deberán solicitarse a esta Dirección General de Juegos y Sorteos, por lo menos con 15 días de anticipación a dicha apertura", se lee en la licencia.

La otra licencia, DGJS/DCRCA/P-03/2020, fue otorgada a True Win Group de México, sociedad anónima de capital variable, que tiene autorización para abrir hasta 10 establecimientos.

"Se determina que la vigencia de este permiso correrá del 25 de agosto de 2020 al día 1 de junio de 2032, misma fecha en la cual terminaba la vigencia del permiso de la empresa escindente", señala el permiso.

En los casinos que abran ambas empresas podrá haber cruce de apuestas a través de centro de apuestas remotas, sala de sorteo de números o símbolos, y vía telefónica o internet.

También podrá haber juego de dados, máquinas "barajadoras continuas", ruletas, Blackjack, Texas Hold´em, Pócker y Baccarat, entre otras modalidades de juego.

"Asimismo, se autoriza a la permisionaria la instalación de terminales punto de venta remotas, en todas aquellas zonas turísticas que así designe convenientes dentro de la República Mexicana", se lee en ambos permisos.

"Sin embargo, el permisionario se encuentra obligado a acreditar que las máquinas correspondientes han sido fabricadas en territorio nacional o legalmente importadas".

Los dos nuevos permisos están firmados por Luis Calvo Reyes, quien dejará el cargo el próximo 15 de septiembre.


La lista oficial de permisionarios para operar casinos legalmente en el País pasó de 43 a 45 con estas licencias.

Un informe de la desaparecida subsecretaría de Gobierno, que encabezaba Ricardo Peralta, presume que entre junio de 2019 y agosto de 2020 no se concedieron nuevos permisos.

"De acuerdo con la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el periodo no se concedieron permisos para la apertura de nuevos casinos", señala.

"Se clausuraron 25 casinos, un incremento de 2400 por ciento en relación con el ejercicio 2018, en el que únicamente se clausuró uno de ellos".

Fuente.-


martes, 8 de septiembre de 2020

LA "DOBLE TRAVESIA de la FAMILIA PONCE": MAS de 300 MIL DESPLAZADOS de sus CASAS por AVANCE del CRIMEN ORGANIZADO...y la inacción del gobierno desorganizado.

En los últimos 15 años, más de 300.000 mexicanos ha tenido que huir de sus casas por el avance del crimen organizado. La historia de los Ponce, que escaparon del pueblo que habían fundado para salvar sus vidas, es también la historia de la transformación de un país, donde la violencia se volvió una herramienta para solucionar problemas y conquistar el territorio.


Horas después del entierro de Sigifredo Ponce, más de 70 familiares del difunto huían del pueblo en el que vivían en una caravana de camionetas. A la salida del funeral, los militares los habían parado para aconsejarles que se fueran. Hacía semanas que algunos vecinos les advertían que Sigifredo no sería el último Ponce asesinado. Hasta el cura del pueblo les rogó que se marcharan de allí. Cada vez que la familia había denunciado a los narcotraficantes, la consecuencia había sido un homicidio o un secuestro.

Para salvar la vida, los Ponce la empacaron a toda velocidad. Lo primero que hizo Alejandra, una de las hijas de Sigifredo, fue una maleta con la ropa de su padre. Una de sus tías llenó el equipaje de bikinis porque quería creer que el destierro no sería más que unas vacaciones forzadas. Los jefes de familia agarraron las actas de nacimiento, los papeles de sus propiedades y malvendieron las mercancías de sus tiendas. A Gretel, la nieta de Sigifredo, la bautizaron de urgencia. “Yo no quiero que este angelito se muera sin los sacramentos, por el amor de Dios”, le rogó su madre al sacerdote.

Aquel 13 de marzo de 2013, el crimen organizado terminó de destruir el legado que la familia había construido durante décadas en el desierto.

La huida puso fin a la primera travesía de la familia Ponce, la que cuatro generaciones atrás los había llevado a fundar, junto con otros colonos, Estación Conchos, un pequeño pueblo en el estado de Chihuahua, en el norte de México, que llegó a tener más de 1.600 habitantes. Aquellos ‘vencedores del desierto’, como los llama la mítica regional, quienes se establecieron en esa región a comienzos de la década de 1930, se convertirían en prósperos rancheros y comerciantes.

Cuando la riqueza era apenas promesa de futuro, el padre del difunto miraba todos los días un almanaque de un rancho estadounidense que tenía algunas de las cabezas de ganado más cotizadas. El rancho se llamaba ’El Sueño’ y, con el paso del tiempo, él poseería su propio ‘El Sueño’. A la cría y exportación de ganado hacia Estados Unidos le siguieron otros negocios: abrieron hasta nueve tiendas en la zona y algunos miembros de la familia habían plantado enormes extensiones de nogales, su seguro de jubilación. Pero hacía tiempo que en Estación Conchos las familias de colonos, forjadas en el trabajo del campo, estaban siendo fagocitadas por las nuevas familias, que habían encontrado en la violencia y el tráfico de drogas una manera de prosperar.Las huellas del abandono y la violencia que anuncian al visitante la llegada a Conchos. Las tumbas de la familia Ponce y el rancho 'El Sueño' abandonado.

A principios de los ochenta, las fronteras entre narcotraficantes y autoridades comenzaron a borrarse en el pueblo: unas familias emparentaron con otras, los compañeros de escuela saludaban años después como capos o sicarios y el dinero ilegal surtía el comercio legal. Estación Conchos forma parte de una de las rutas para que la droga producida en México llegue a Estados Unidos y en la sierra vecina siempre hubo plantaciones de marihuana. Pero no fue hasta principios de esta década que las consecuencias de aquel negocio que se repartían varias familias se convirtió en el día a día del pueblo. Aquella comunidad en la que los niños rompían el tedio en un pequeño arroyo o esperando la llegada de La Bestia —el tren de mercancías al que se suben los migrantes para cruzar el Río Bravo—, y los adultos apostaban en las peleas de gallos y las carreras de caballos, ya no existía: empezaron a aparecer colgadas narcomantas, se impuso el toque de queda y los asesinatos, secuestros y extorsiones se convirtieron en la norma. Los cuatreros y las pistolas habían dado paso a hombres armados con fusiles AK-47.

La historia de los Ponce es la historia de la transformación de un país. Los relatos de los desplazados por la violencia siempre empiezan con un hombre armado, pero detrás de las balas y las amenazas no está solo el tráfico de drogas. En Chiapas, en los últimos 25 años, comunidades enteras se han desplazado por el paramilitarismo que nació para combatir al zapatismo y desde entonces ha oprimido a la población indígena; en Guerrero, por la minería de oro; en Oaxaca, por la disputa de tierras entre pueblos vecinos de escasos recursos o por conflictos políticos de caciques locales. Mientras la violencia en México se convertía en una herramienta para resolver problemas y conquistar territorio y riquezas, para cientos de miles de mexicanos como los Ponce, sus hogares se volvieron el lugar del que tenían que huir.

El asesinato de Sigifredo Ponce era el tercero que la familia sufría en tres años. Antes habían muerto dos de sus sobrinos, los hermanos Gerardo y Jonathan. Ana Luisa, la viuda de Sigifredo, nunca ha podido ver hasta el final el vídeo de las cámaras de seguridad de uno de los minisupermercados de la familia que muestra cómo, dos días antes del sepelio de su esposo, un cliente habitual llega al establecimiento acompañado de dos sicarios.

Aquella madrugada de marzo de 2013, la caravana de camionetas de los Ponce emprendió la huída por caminos secundarios. Cuando hizo su primera parada, los más jóvenes de la familia googlearon “lugares más seguros para vivir en México”, una búsqueda que hoy arroja más de 76 millones de resultados en un país donde, en menos de quince años, 300.000 personas han muerto asesinadas y más de 60.000 están desaparecidas. Los Ponce se dirigieron a cualquier lugar lejos de casa. Los descendientes de aquellos ‘vencedores del desierto’ se convirtieron en desplazados por la violencia. La familia comenzaba su segunda travesía.

‘Olvídate de los demás’

‘El Sueño’ es hoy un rancho con un portón oxidado. Sobre el pasto, en lugar de vacas, están los restos de dos coches calcinados. En la cocina de Dora Ponce, la mujer que se encargaba de las facturas del teléfono y la luz en Estación Conchos, cuelgan, raídos, los almanaques de las tiendas hasta 2012. La fachada blanca del supermercado de Víctor Ponce todavía está manchada por el hollín de un incendio y agujereada de balas de alto calibre. El rancho de Víctor, como el de su padre, está abandonado. El día que mataron a su hermano Sigifredo, los sicarios llegaron hasta allá y asesinaron a cuatro trabajadores. Mientras en su pueblo natal el apellido Ponce se convertía en ruina, cada uno de los 75 familiares exiliados empezó a vivir en un limbo legal y emocional. El duelo por la muerte de Sigifredo quedó eclipsado por la supervivencia y la impunidad.

“Lo que se perdió ya no se puede recuperar, pero lo material es lo de menos. Ya no hay paz mental. Y no te pueden hacer una transfusión de paz”, dice Jacob Ponce, que perdió a dos hijos.

Siete años después de que se refugiara en un hotel de carretera, la familia que huyó unida se ha desperdigado por el centro y el norte del país. Hay quien cruzó por un tiempo a Estados Unidos para limpiar casas, otros vendieron chorizos de puerta en puerta, alguno intentó restablecerse en la ciudad y volvió al campo para trabajar en una tierra ajena. Los que tenían ahorros para un futuro tranquilo los gastaron en las urgencias del presente: abrir una pequeña tienda de ropa o de abarrotes, alquilar un techo bajo el que sobrevivir.Noemí Chacón Ponce, Magdalena Ponce, Ana Luisa Villota y Jacob Ponce en sus viviendas.

La violencia arrancó a los Ponce de su lugar en el mundo como lo ha hecho con decenas de miles de mexicanos, pero ni siquiera son una estadística. Aunque el Gobierno ha reconocido el desplazamiento interno forzado en México en abril del año pasado, todavía no existe una cifra oficial. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización no gubernamental que acompaña jurídicamente el caso de la familia Ponce, calcula, a través de un recuento de desplazamientos masivos, que desde 2006 se han desplazado al menos 338,405 personas. Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública son muchos peores: entre 2011 y 2018, en promedio, más de un millón 300 mil personas al año han cambiado de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia.

Las autoridades federales les ofrecieron a los Ponce cambiar de identidad y, aunque se negaron a borrar su apellido, inventaron una vida. En un país marcado por el relato del narcotráfico, unos rancheros del norte que se mueven en camionetas son sospechosos: Ana Luisa les aconsejó a sus tres hijos que, si les preguntaban por su padre, dijeran que era divorciada. Porque si sabían que su padre había sido asesinado, las habladurías de que eran familia del Chapo Guzmán no pararían. Jacob Ponce solicitó una audiencia con Javier Corral, entonces senador por el Estado de Chihuahua, pero nunca fue recibido. Años después, cuando Corral se convirtió en Gobernador de Chihuahua, los Ponce le preguntaron: “¿Por qué no nos atendiste?”. Jacob recuerda que les respondió: “Porque pensaba que sí estaban involucrados”. A los Ponce los investigaron minuciosamente. Después de sufrir tres asesinatos, un secuestro, amenazas y el exilio forzado, sólo una persona que cometió delitos en contra de la familia cumple condena.

Con el paso de los años, el miedo se convirtió en trauma. La familia no solo se alejó geográficamente. Aunque exigen justicia unidos, aquellas carnes asadas que reunían a más de cien personas en el pueblo se convirtieron en llamadas de teléfono esporádicas. “Tu familia ahora son tus padres y tus hermanos. Olvídate de los demás”, le dijo una prima a la hija de Víctor Ponce, el hermano que vive más aislado. Una noche en su exilio en un pequeño pueblo fronterizo entre dos estados, Víctor culpaba a los narcotraficantes y al Estado. Pero en un momento de la conversación se levantó de la mesa llorando, preguntándose si quizá, si él hubiera hecho algo diferente, los Ponce todavía vivirían en su pueblo.

’Ellos todo lo saben’

Cuando era niño, Víctor Ponce dormía con Sigifredo en la misma cama. “Éramos como gemelos”, recuerda. Pero no pudo acudir al funeral de su hermano. El día que la familia huyó en caravana, él ya se encontraba lejos.

La historia de violencia de los Ponce comenzó en 2010 con el secuestro de su hijo, que lleva el mismo nombre que él, pero al que todos llaman “el Gordo”. Un domingo, sus padres le pidieron que tirara la basura de la tienda porque habían observado que algunos empleados ponían mercancía en las bolsas para robarlas camino al basurero. Antes de que pudiera cumplir con el encargo, unos hombres lo subieron a una camioneta. Horas después, Víctor Ponce recibió una llamada en la que le pedían un rescate de 10 millones de pesos (casi medio millón de dólares).
Víctor Ponce en su rancho. 

Los días siguientes, cuando Víctor Ponce estaba en casa, se encerraba en un cuarto con una negociadora de la policía. Cuando salía, iba a preguntar a sus conocidos en el narcotráfico. “Ellos todo lo saben”, dice. En aquel año de secuestros y balaceras, si alguien necesitaba información, la mejor fuente era el propio crimen. Aunque Víctor Ponce estaba convencido de que alguno a los que les pedía ayuda tenía a su hijo. En las llamadas, los secuestradores daban detalles de la zona que solo un lugareño conocería. Víctor y la negociadora consiguieron negociar un rescate menor y al Gordo lo liberaron al tercer día, descalzo, a seis kilómetros de la casa familiar.

No sería la última vez que una camioneta de hombres armados se cruzaría en su camino. El pueblo criminal ya había colonizado al pueblo ranchero. En 2010 se cumplía el cuarto año de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Mientras el entonces presidente militarizaba el país y hablaba de carteles, la violencia en Estación Conchos tenía apellidos: Pichones, Arreola, Gandarilla. El pueblo, como muchas partes de México, vivía a merced de las disputas y pactos entre criminales y autoridades, bajo unos códigos muy alejados del discurso de buenos y malos de Calderón.

Víctor Ponce es uno de los muchos mexicanos provenientes de zonas violentas que, en comparación con la situación actual, tiene cierta nostalgia de los ‘viejos narcos’. Él fue compañero de escuela de los Arreola y admite que su relación era “fuerte, fuerte” antes de que se convirtieran en los “meros meros”. Recuerda que fue en una celebración de un 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, auspiciada por los Arreola, cuando empezó a sentir miedo. En medio de la fiesta se enteró de que habían matado a un hombre del pueblo por tener la misma camioneta que un enemigo. Los sicarios, que disparan antes de preguntar, confundieron el objetivo.

La relación de los Ponce con los Gandarilla, en cambio, era poco amistosa. Unos representaban los viejos valores de los colonos del desierto; los otros, el ascenso rápido de los nuevos tiempos. Los Gandarilla llegaron a la región en los años 70 y desde entonces empezaron las tensiones. Los problemas arrancaron con pequeñas peleas de bar y acabaron con los Ponce expulsados del pueblo. De lo que más se arrepiente Víctor Ponce es de haber hecho un negocio con Félix Gandarilla. Un día, cuenta, un sicario se le acercó para decirle que Félix Gandarilla lo esperaba en su rancho. Allí, este le ofreció un negocio: le pidió que le prestara unos 50,000 dólares y le dijo que se los pagaría con unas 200 cabezas de ganado. Pero pasado el tiempo, lo único que recibió a cambio Víctor Ponce fue una jaula de ganado robado. Cuando protestó, un sicario le amenazó con una pistola para que se callara. El siguiente año y medio, los Ponce hicieron su vida siempre mirando por los espejos retrovisores de su camionetas. Hasta que llegó el 2013.

El 8 de febrero de ese año, el Gordo consiguió escapar de un segundo intento de secuestro cuando viajaba en su camioneta. Su primo Jonathan, que estaba en el asiento del copiloto, murió en ese incidente. Víctor Ponce todavía conserva la camioneta de su hijo con los impactos de bala. Jonathan acabó tan desfigurado que lo enterraron en un ataúd cerrado. Víctor comenzó a hablar con las autoridades: señaló los puntos que, como todo el mundo sabía en el pueblo, eran de almacenamiento y venta de droga. Pero un sábado, el 16 de febrero, recibió una llamada de un amigo: “Los Gandarilla van por ti, te van a matar”. Su familia hizo las maletas inmediatamente. Antes de marcharse, Víctor Ponce llamó a Sigifredo: “¿Sabes qué? Pienso que este pedo es conmigo. A lo mejor retirándome yo se va a calmar toda esta cosa”.

Tres semanas después mataron a Sigifredo.

‘¿Por qué todo me quitan, mamá?’

Un mediodía de noviembre de 2018, Jaime Ponce apuraba una lata de cerveza en el cementerio de Estación Conchos. Su rostro fibroso parecía inexpresivo: se quedó un momento en silencio, pensativo, mirando la tumba de su hermano Sigifredo. “Nos faltó malicia”, murmuró unos segundos después, en su primera visita en cinco años al lugar, “nos faltó malicia”. Al lado está enterrado su padre. Uno de los pocos consuelos de los Ponce en los últimos tiempos es que el patriarca de la familia murió antes de que tuvieran que huir del pueblo. La matriarca sí se desplazó y, antes de morir, pidió que la sepultaran lejos porque no quería descansar en una tierra que ya no sentía suya. “Lo peor es que después de toda una vida de trabajo, de que la gente sepa quién eres, de ayudar, la palabra de un malandro (delincuente) vale más que la tuya”, se lamentaba Jaime.

Unas horas antes, sentado en la cocina de su casa entre fotos familiares, decía que desde el asesinato de su hermano ha vivido con el piloto automático. Primero fue a El Paso, Texas, para pedir asilo político. Después fue al centro del país y de ahí al sureste para acompañar a uno de sus hijos, pero se volvió a mudar cuando se enteró de que ahí, en el centro neurálgico del turismo de masas, muchos negocios también estaban extorsionados. Hace un tiempo regresó a Chihuahua, donde pasa los días sentado delante de la tienda de su hija haciendo guardia. “Yo no me recupero, ya perdimos. Pero ellos (los hijos) tienen que aprender a vivir en la derrota”.
Jaime Ponce en El Sueño, el rancho abandonado de sus padres en Estación Conchos. 

A los Ponce, como a muchos de los desplazados por la violencia en México, les traumatiza la comparación entre el pasado y el presente, entre lo que pudo ser y lo que es. Pero esto no les afecta a todos de la misma manera.

Los más viejos, como Jaime, conviven con la sensación de derrota, de un esfuerzo de toda una vida sin recompensa final. Les queda la fe en la vida eterna, la resignación y una vaga esperanza de justicia. (En marzo de 2019, a partir de un amparo presentado en el caso de la familia Ponce, un tribunal se pronunció sobre la facultad que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para reconocer y registrar a la familia como víctimas de violaciones a derechos humanos debido a su situación de desplazamiento).

Los del medio han rebobinado su vida para construirla nuevamente desde donde habían empezado siendo jóvenes. Ana Luisa, por ejemplo, ha abierto una pequeña tienda de abarrotes en una ciudad en el centro del país, donde lo único que le recuerda a la de Estación Conchos son los frijoles norteños que vende en el mostrador.

Los veinteañeros han tenido que dejar la despreocupación de una vida cómoda y la ambición de crecer el legado de las generaciones anteriores: una de las hijas de Sigifredo ahora es maestra de escuela y su hijo trabaja en la construcción. Los niños preguntan por qué y sus padres no saben cómo explicarles por qué abandonaron su casa, ni por qué mataron a su abuelo y a sus primos. “¿Por qué todo me quitan, mamá?¿Por qué?”, recuerda Claudia Ponce que le preguntó su hija un día en el que uno de sus hermanos le había quitado un carrito de juguete. “Nunca había hecho un berrinche así. Yo pensaba ‘¿Qué le está pasando a mi hija? Esta no es mi hija’”.

Lo que sí saben los adultos es que, cuando el crimen organizado se apodera de una comunidad en México, para salvar la vida solo hay tres opciones: huir, unirse a ellos o armarse. La denuncia, muchas veces, acaba en tragedia, como ocurrió el 4 de noviembre del año pasado cuando nueve miembros de la familia Lebarón, tres mujeres y seis niños, fueron asesinados en la frontera entre el estado de Chihuahua y Sonora. “En un principio yo quería matarlos a todos con mis manos, pero reflexioné y dije: ‘No puedo hacerlo, porque ellos están bien protegidos y nosotros no somos así’. Y entonces dije: ‘Tengo todavía tres hijas, nietos y un hijo’”, recordó Jacob 

Ponce en su exilio.

El día que lo entrevistamos, una parte de la familia se había reunido para visitarlo en el pequeño pueblo donde ha conseguido un trabajo de funcionario. Vive solo en una casa modesta, sin apenas decoración, donde se refugia cada noche porque, igual que en su pueblo de origen, al atardecer es terreno de sicarios. En la cocina Jacob ayudaba a Noemí, una de sus sobrinas, a preparar la comida. Había ido al mercado y preparado con esmero la reunión familiar, que no se producía hacía demasiado tiempo. Cuando estaba con su familia Jacob bromeaba y sonreía, pero en su cuarto, en soledad, languidecía al hablar del pasado:

“Ahorita acaban de escuchar a Noemí decir que podemos celebrar aquí Navidad y eso le calienta un poquito el corazón a uno. Pero yo no soy de festejar nada. A Gerardo lo mataron a garrotazos como a un perro, luego a Jonathan. Gerardo nació el 24 de diciembre, Jonathan el 23. ¿Y Sigi? También el 23. Yo lo que quisiera es borrar diciembre del calendario”.Álbum familiar donde aparecen Victor Ponce, Jacob Ponce, Jaime Ponce, Sigifredo Ponce y Armando Ponce.


Fuente.-Diario Español/

BUSCAN FEDERALES "GRINGOS" a MOZALBETE que AGREDIO SEXUALMENTE a BEBE de 6 MESES,GRABO el ATAQUE y lo COMPARTIO en REDES...


Alguaciles federales y autoridades locales en Oklahoma buscan un hombre de 22 años por el presunto abuso sexual de un bebé de seis meses.

De acuerdo con la Policía de Enid, Brice Gage Watkins es sospechoso de abusar sexualmente del bebé. El sujeto grabó el ataque y lo compartió en redes sociales.

Se cree que el hombre se encuentra en Oklahoma City, pero tiene lazos con las ciudades de Enid y Norman.

Las autoridades han solicitado ayuda a la comunidad para resolver el caso. Se ha ofrecido un recompensa de hasta $1,000 por información que lleve a la captura del sospechoso.

Si una persona tiene información puede comunicarse de manera anónima al 405-235-7300.

Fuente.-