En Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como en Causa en Común, hemos hecho un recuento de las ilegalidades en las que ha incurrido el actual gobierno desde 2019. Las clasificamos en tres categorías: violaciones a derechos fundamentales, orden democrático y economía. Hasta el cierre de 2022, habíamos contabilizado 182 ilegalidades.
Durante 2023, el gobierno federal ha mantenido una política de actuación por encima de la ley. Hasta el final de mayo de 2023, contamos 48 ilegalidades. De estas, once son en contra de los derechos humanos; es decir, violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía como el derecho a la educación o el derecho a la salud. En contra de la democracia contamos veintisiete ilegalidades. Estas son acciones que van en contra del orden democrático y las reglas de la división de poderes y limitación del poder. Finalmente, diez ilegalidades son en contra de la economía. En esta categoría consideramos decisiones que atentan en contra del uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos. Lo anterior demuestra que para este gobierno ya es costumbre actuar encima de la ley y de la Constitución.
Han transcurrido más de cuatro años desde el inicio de la actual administración. La autodenominada Cuarta Transformación llegó con un discurso de cambio, según el cual las cosas se dejarían de hacer como antes. Sin embargo, la evidencia muestra que el gobierno actual ha actuado igual que los anteriores: por encima de la ley y burlando la Constitución. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado en sus conferencias matutinas: “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Al parecer, el presidente cree que su proyecto transformador está por encima de la ley y de la Constitución.
Afortunadamente, en todo Estado de Derecho existen pesos y contrapesos políticos. Así, a pesar de que este gobierno persiste en cometer ilegalidades, estos actos pueden ser revisados por el Poder Judicial. Por ejemplo, durante mayo la Suprema Corte invalidó la primera parte del Plan B por violaciones al procedimiento legislativo de su aprobación. También invalidó el Acuerdo por el que el Ejecutivo Federal señaló que diversos proyectos y obras debían ser considerados de seguridad nacional e interés público. Sin duda alguna, con estas resoluciones la Corte ha estado a la altura de la situación y ha sostenido su papel como guardián de la Constitución. Hoy, la actuación de la Suprema Corte es la evidencia de que aún existen contrapesos.
No obstante, este papel ha ocasionado que los ataques al Poder Judicial se intensifiquen. Después de que la Suprema Corte decidió invalidar la primera parte del Plan B, el senador Ricardo Monreal expuso que el Senado cuenta con la posibilidad de citar a comparecer a los ministros de la SCJN y de hacerles juicio político, en caso de que se vulneren principios de la Constitución. El presidente López Obrador no se quedó atrás y anunció que enviaría una iniciativa de reforma constitucional para modificar al poder judicial, con el objetivo de que los ministros sean elegidos mediante voto popular. Además, hizo un llamado para que la ciudadanía vote a favor de la 4T en las elecciones legislativas para que en 2024, su coalición cuente con mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución. Sin lugar a dudas, la Corte es vista por el grupo político gobernante como un obstáculo para limitar que el gobierno siga violando la ley y la Constitución. De ahí que el gobierno busque capturar al poder judicial.
Analicemos un segundo ejemplo. Diez días después de que la Corte invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral, también declaró la inconstitucionalidad del Acuerdo del Ejecutivo federal donde declaraba de interés público y seguridad nacional numerosos proyectos de infraestructura. Horas después de que las y los ministros votaron por la inconstitucionalidad del Acuerdo, el Ejecutivo Federal emitió un nuevo decreto, donde declaró que cinco de sus proyectos prioritarios —Tren Maya, Corredor del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum— serían considerados de interés público y de seguridad nacional. Si bien el Decreto es un acto distinto al primero que fue invalidado por la Suprema Corte, éste es claramente un mensaje del gobierno a la Suprema Corte. A pesar de la división de poderes, esta administración busca que nada esté por encima de la voluntad del presidente.
Desafortunadamente, como lo hemos documentado en el recuento de ilegalidades del gobierno, la Suprema Corte tendrá que seguir actuando como un contrapeso, ya que las ilegalidades y ataques a la Constitución no han cesado. Por ejemplo, la madrugada del 29 de abril, en la casona de Xicoténcatl —antigua sede del Senado— y con la presencia únicamente de las y los senadores de Morena, el PT y el Verde, se aprobaron veinte reformas, entre ellas dos reformas constitucionales. Ante este atropello legislativo, el viernes 2 de junio, varios legisladores opositores, interpusieron cuatro acciones de inconstitucionalidad. Además, las minorías parlamentarias interpusieron otras acciones de inconstitucionalidad en contra de las demás reformas aprobadas durante los primeros días de junio. Si la Corte considera que en la aprobación de estas reformas hubo vicios graves en el procedimiento legislativo, entonces es muy probable que las reformas sean invalidadas.
Se aproximan momentos complicados para la Suprema Corte. Todo parece indicar que los ataques en contra de este tribunal no cesarán. Sin embargo, también es una oportunidad histórica para que la SCJN refuerce su papel como guardián de la Constitución y con ello proteja la democracia constitucional en el país. La Corte debe mantenerse firme y no ceder sus facultades constitucionales. Es tarea del poder judicial seguir examinando las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos con el fin de resguardar la Constitución y, particularmente, los derechos de las y los mexicanos en contra de las violaciones que los actores políticos pretendan cometer. Mientras permanezca la independencia judicial, habrá la esperanza para frenar los abusos del gobierno. Mientras tanto, desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común seguiremos analizando y haciendo el recuento de las múltiples ilegalidades que siga cometiendo el gobierno en turno.
***Diana García Ángeles
Licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e investigadora en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
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