Y es que tras el homicidio, la Semar canceló el acuerdo que había pactado con la ANAM apenas 16 días antes –el 12 de mayo– para que seis civiles que habían sido cesados de sus cargos y sustituidos por personal de la Marina –entre ellos Martínez Covarrubias– regresaran a administrar las aduanas portuarias de Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Manzanillo (Colima).
Luego de la cancelación , entre el 29 y el 30 de mayo, personal de la propia Secretaría de Marina desalojó a los cinco civiles restantes (entre ellos: Héctor Piña Loera, Juan José Cerón Aguilar, Luis Javier Cebada Treviño, Rafael Azul Echeverría García) sin dar lugar a una negociación con Marín Mollinedo. Previamente a su desalojo, los civiles se habían quejado que en los 12 días que estuvieron en las dos aduanas los marinos no los dejaron operar los sistemas, ni siquiera les fueron entregadas las claves.
Tras revelarse que el subadministrador había sido ejecutado, el semanario "Contralinea" solicitó conocer el estatus del acuerdo entre ambas instituciones y de los funcionarios civiles restituidos en la administración de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Al respecto, se nos informó lo siguiente: “la Secretaría de Marina hace de su conocimiento que el convenio para que personal civil retorne a las Aduanas ha sido cancelado. Dada esta situación, serán oficiales de esta institución los que tomen los cargos correspondientes”.
En los días subsiguientes, la relación entre la ANAM y la Semar continuó deteriorándose hasta que, este 21 de junio, el presidente López Obrador anunció que tomó la decisión de nombrar a Marín Mollinedo como embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio y al general de división retirado, André Foullon como nuevo titular, quien dijo se encargaría de evitar el contrabando y la evasión fiscal, que ahora practica el gobernador de Morena Americo Villarreal Anaya,como lo hacia Cabeza de Vaca,publico Grupo Reforma en Marzo de 2021.
El acuerdo de la discordia se firmó el 12 de mayo pasado. La Secretaría de Marina y la ANAM acordaron que seis exfuncionarios civiles (provenientes de las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas) en las aduanas de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, consideradas estratégicas no sólo por el número de importaciones y exportaciones –con sus respectivos ingresos por impuestos–, sino también por los riesgos de las entradas de contrabando del crimen organizado (desde narcóticos e hidrocarburos ilícitos, hasta mercancías de piratería).
Con informacion de:Contralinea/
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