Producto de la mal llamada guerra contra el crimen organizado, vivimos desde hace quince años un periodo de violencia organizada en la que participan actores estatales como privados que han provocado una crisis humanitaria de grandes proporciones. El país registra cotidianamente hechos que sólo ocurren en contextos de guerra: matanzas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, fosas clandestinas, descuartizamientos, descabezados, cuerpos colgados de puentes, o disueltos en ácidos.
Los mexicanos vivimos en medio de una guerra cuya explicación y lógica debe buscarse en las distintas dinámicas de acumulación de capital que necesitan de la violencia para su realización.
En este contexto de guerra y violencia organizada que vive el país, una de sus caras más trágicas y dolorosas es la crisis por desaparición de personas. Ningún país del mundo que no vive una guerra civil o interestatal abiertamente declarada, tiene tantas personas desaparecidas como México. Hasta el sábado 10 de junio de este año, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) registraba 110 mil 966 personas desaparecidas y no localizadas, superando con mucho a países que contabilizaron miles de víctimas de desaparición pero ocurridas en contexto de guerras civiles como Colombia y Guatemala o con dictaduras militares donde desde el Estado se desaparecían a disidentes políticos y civiles inocentes.
Solo para comparar, los 10 años de la dictadura militar argentina dejó una estela de 30 mil desaparecidos. En México, donde aparentemente no tenemos una guerra civil o una dictadura abiertamente declarad suma tres veces más desaparecidos que Argentina bajo dictadura. Con más de 16 mil desaparecidos, el estado de Jalisco tiene cinco veces más ausentes que los que dejó la férrea dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile impuesta a partir del 11 de septiembre de 1973.
Como se sabe, la práctica de las desapariciones en México fueron inicialmente un dispositivo de disposición y de generar terror entre poblaciones y organizaciones disidentes del Estado mexicano posrevolucionario. Aunque se registran desapariciones estatales desde la primera parte del siglo XX, se convirtieron en una práctica represiva ordinaria en las décadas de 1960 a 1980. El fin del siglo pasado registra una disminución de las desapariciones pero todas las evidencias indican que una práctica iniciada por cuerpos de seguridad y represivas del Estado mexicano, se trasladaron a los ejércitos privados de las organizaciones que se dedican a los grandes negocios del capitalismo ilegal en México, con los cárteles de la droga en primer lugar.
Desde que empezó la mal llamada guerra contra el crimen organizado en el Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, la desaparición de personas se convirtió en una práctica habitual en la guerra informal que se nos impuso desde diciembre de 2006. Pero el panista Felipe Calderón ocultó el problema, no había un registro público, pero sí un registro oculto que hacia el final de su sexenio se filtró a medios de Estados Unidos, entre ellos Los Ángeles Times. Entonces se hablaba de 26 mil desaparecidos en todo el país.
Al comienzo del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, el Gobierno reconoció esa cifra y entonces se dispuso de un primer registro nacional de desaparecidos. Pero aunque se reconoció el problema con un registro nacional, comenzaron con la manipulación de las cifras. Hacia 2014 el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rasuró el número de víctimas de 26 mil a 13 mil personas desaparecidas sin explicar creíblemente cómo se llegaba a esa cifra, según recordó en el portal A dónde van los desaparecidos César Martínez (https://cutt.ly/0weKESPB). Hacia el final del Gobierno de Peña Nieto se reconocían cerca de 33 mil desaparecidos.
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El actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó un nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y por la Secretaría de Gobernación. Al arranque del nuevo registro se actualizaron cifras pero desde entonces las cifras no dejan de crecer y en mayo del año pasado se rebasó la cifra de 100 mil desaparecidos en el Rnpdno.
Todo indica que el aumento continuo y significativo del número de desaparecidos comenzó a verse como un problema político para distintos gobiernos estatales, en lugar de reconocerlo como una crisis humanitaria. Todo indica que así han respondido gobiernos como el de Jalisco que encabeza el Gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez quien desde marzo de 2022 dejó de alimentar los casos ocurridos cotidianamente en Jalisco al Rnpdno. En marzo del año pasado había 16 mil 300 desaparecidos y el sábado 10 de junio apenas se reconocían 14 mil 985 casos ante el registro nacional.
Algo semejante se ha denunciado en los gobiernos morenistas de Baja California, según conté en mi columna “Desaparecidos: Gobiernos desaparecen cifras”, publicada en noviembre pasado en este mismo espacio (https://www.sinembargo.mx/13-11-2022/4283549). Ahí recogí declaraciones de Renata Demichelis Ávila de la organización civil Elementa DDHH que reveló que de acuerdo a solicitudes de información vía transparencia, encontraron que en Baja California hay más de 14 mil carpetas de investigación por desaparición de personas, mientras que el registro nacional apenas se reportan mil 935 casos, en esa fecha.
Traigo estos casos a colación porque el viernes 9 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una revisión al “censo” (así lo presentó) de personas desaparecidas de todo el país. A pregunta expresa de la colega periodista Rubí Bobadilla del diario tapatío El Informador, el Presidente anunció que “se está haciendo ahora un censo nuevo para tener plena certeza de cuantos desaparecidos hay realmente. Nos están ayudando los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados y está participando la Subsecretaría de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana para tener todos los elementos y un censo confiable, porque sí falta actualización, hay casos en donde se reporta una desaparición y se encuentra a la persona, pero no se actualiza el padrón”. Y anunció que en un mes se podría dar a conocer los resultados de ese nuevo “padrón”.
Ojalá que este anunció se ciña a una revisión exhaustiva, profesional y cuidadosa de las cifras para tener un registro lo más apegado a la verdad y no se trate de un ejercicio de revisión política de las cifras que termine “desapareciendo a los desaparecidos” como ocurre en entidades como Jalisco y Baja California.
Así lo temen familiares de desaparecidos como Grace Fernández, que busca a su hermano Dan Jeremel desaparecido en Torreón en diciembre de 2008. Grace Fernández dijo al portal A dónde van los desaparecidos: “La pregunta es: ¿nos han mentido desde siempre [con el registro actual], o ahora nos están mintiendo porque para fines electorales no les conviene que los números sigan creciendo?. Cuando tú ves en redes sociales, todos los días, nuevas fichas de búsqueda, es imposible pensar que los números van disminuyendo” (https://cutt.ly/dweKYlak).
Las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos, colectivos de victimas, organizaciones y toda la sociedad civil debe vigilar y exigir que la revisión del registro nacional de desaparecidos se haga con el acompañamiento de las familias y por razones técnicas y profesionales y no por razones políticas, es decir, acomodar las cifras a conveniencia en esta temporada de elecciones y búsqueda de votos.
Fuente.-Rubén Martín (imagen/web)
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