El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de la Defensa Nacional abrió un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un coronel y un capitán que presuntamente favorecieron a una empresa con un contrato de 299 millones de pesos.
El contrato, otorgado en abril de 2021, era para la transferencia de tecnología con la que Sedena fabricaría cascos para elementos de la Guardia Nacional.
#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#slp,#tijuana,#guadalajara,#cdjuarez "DENLE OTRA MEDALLA por CORRUPTO": "GENERAL SECRETARIO de la DEFENSA le COMPRO DEPARTAMENTO AUSTERO de 30 MILLONES de PESOS a SOCIA de PROVEEDOR de la SEDENA...aleguenle,esta armado. https://t.co/omqP09Zec5 pic.twitter.com/qzg0vX2RfC
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) May 15, 2023
De acuerdo con el expediente del OIC, el Coronel Ingeniero Industrial, Fredy Ramírez Ruiz, y el Capitán Primero Ingeniero Industrial, José Luis Hernández Chávez, cometieron irregularidades dentro del proceso de licitación para beneficiar a la empresa PQ Servicios e Infraestructura.
Ramírez Ruiz, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, aprobó la evaluación técnica pese a que los licitantes no cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria.
"Asimismo, el Cap. 1/o I.I. José Luis Hernández Chávez, al desempeñar el cargo de Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Protección Civil de la Dirección de Ingeniería en la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, elaboró la evaluación técnica del 11 de abril de 2021 y asignó puntos de forma arbitraria a las empresas licitantes, ya que los mismas no cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, lo que constituye posibles faltas administrativas graves", señaló el OIC.
Los dos militares fueron citados la semana pasada para que comparecieran ante el Área de Responsabilidades del OIC y presentaran las pruebas que consideraran pertinentes en su defensa.
El Órgano de Control consideró que, al favorecer a una de las empresas participantes, los militares incurrieron en abuso de funciones y no se desempeñaron con la objetividad a la que estaban obligados.
"(Los servidores públicos deben) dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva", refirió.
La investigación se inició luego de una denuncia presentada por Gerardo Eduardo Portugal González, representante legal de la empresa Corporativo Selitex, que fue una de las afectadas por el mal actuar de los militares.
El 21 de noviembre del año pasado, Grupo REFORMA dio a conocer que un juez federal había suspendido por tiempo indefinido una licitación de la Sedena para adquirir 33 mil 540 cascos balísticos debido a que presuntamente se pretendía favorecer de nueva cuenta a PQ Servicios e Infraestructura, que ya había sido denunciada y cuyo expediente estaba en investigación.
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