La mayoría de las entidades se estancaron en el Índice de Estado de Derecho en México del World Justice Project (WJP), o tuvieron avances o retrocesos marginales que arrojaron un promedio nacional de 0.42 de calificación.
En la presentación de la quinta edición de este indicador, que evalúa de manera individual a cada una de las 32 entidades, Lilián Chapa Koloffon, investigadora en WJP México, afirmó que los retos por conseguir un mayor apego a la legalidad persisten en el país.
"¿A qué nos referimos con estancamiento? A que los progresos, o bien retrocesos, son marginales o inexistentes. En la mayoría de las entidades los puntajes no cambiaron entre años y, en los que sí cambiaron, ninguno mejoró o empeoró su puntaje por más de tres por ciento. Ese cambio en la calificación es marginal, de poco impacto y, por lo tanto, lo consideramos como estancamiento", explicó.
En la edición del año pasado, el promedio general para las entidades fue de .41, en 2021 de .40, y en 2020 de .39, es decir, en cuatro años solo ha variado tres puntos.
El índice otorga una calificación que va de 0 a 1, en el que el cero significa ausencia total de Estado de Derecho y uno máxima adhesión al ordenamiento institucional.
En la edición de este año, las entidades peor evaluadas son Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Morelos, con una calificación de .36, colocándose en el fondo de la tabla.
En el listado siguen Puebla, Tabasco, Jalisco y Chiapas, que sumaron .38, en tanto que Veracruz, con 0.39, entró dentro de las 10 entidades con más baja calificación.
En contraste, las entidades con mejores puntajes fueron Querétaro, con .49; Guanajuato, con .48; Aguascalientes y Yucatán, con .47; Sinaloa y Baja California Sur, con .46; así como Coahuila y Durango, con .45, respectivamente.
Las que se ubicaron en la mitad de la tabla son Hidalgo, Campeche, Nuevo León,Tamaulipas y Chihuahua, con .44; le siguen Nayarit y Zacatecas, con .43; después Colima, Oaxaca y Tlaxcala, con .41; así como Baja California, Sonora, San Luis Potosí y Michoacán, con .40, cada una.
El índice es un instrumento que mide el Estado de Derecho a partir de la evaluación de ocho factores: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal.
Alejandro González, director de la oficina de WJP en México, informó que para construir este indicador se realizaron encuestas a 12 mil 800 ciudadanos y a más de 2 mil especialistas, además de utilizar fuentes terciarias.
Durante la presentación, el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, cuya entidad es la mejor evaluada por segundo año consecutivo, afirmó que uno de los pilares de su administración es el combate a la corrupción.
"El combate a la corrupción es un combate que se tiene que hacer todos los días, es decir, no se hace con una sola acción, no se hace solamente teniendo buenos perfiles, se hace en la medida que podamos tener los diferentes métodos para que sea muy complicado que te roben", aseguró.
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