Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación, emulando las pugnas internas propias del crimen organizado, entraron ayer en conflicto y lanzaron un reproche público —casi una narcomanta— contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de nexos con su majestad el Cartel de Sinaloa, por su decisión de regresar al cargo tras haber solicitado licencia.
La carta de las y los gobernadores de la Cuarta Transformación no es ningun manifiesto por México: es un parte de guerra interno, el preludio de guerra interna entre bandos de la misma banda.
Un documento de control de daños firmado por 23 mandatarios que, ante el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, decidieron hablar de “madurez”, “disciplina”, “cohesión” y “proyecto colectivo”. Es decir: el vocabulario exacto de una estructura política que teme haber perdido el mando sobre uno de sus jefes de plaza.
No dicen “Sinaloa merece explicaciones”. No exigen transparencia plena sobre las acusaciones formuladas en Estados Unidos. No piden que Rocha se separe del poder para que la investigación no quede bajo sospecha. Tampoco hablan de las víctimas, de la violencia, de la infiltración criminal que acusa EE.UU, ni de la obligación elemental de un gobernante: rendir cuentas ante la ciudadanía.
Hablan de algo más urgente para ellos: la obediencia.
Rocha volvió al cargo después de 112 días de licencia, mientras enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses por vínculos con el Cártel de Sinaloa; él los niega y sostiene que la FGR no encontró elementos para imputarle un delito.
Pero el hecho político central es otro: regresó sin la venia pública del partido, sin que Morena fuera informado —según su propia dirigencia— y bajo la explicación de Gobernación de que fue una “decisión personal”.
El lenguaje del regaño mafioso
La misiva tiene la delicadeza de una advertencia entre socios que ya no se reconocen como tales.
Cuando los gobernadores, entre ellos muchos otros acusados también por EE.UU,entre ellos Americo Villarreal,Marina del Pilar o Alfonso Durazo, escriben que “las decisiones individuales jamás estarán por encima del proyecto colectivo”, no están defendiendo la democracia: están recordando quién manda.
Cuando descalifican las “decisiones de facción”, los “proyectos personales” y las “determinaciones unilaterales”, no describen una preocupación institucional; describen una disputa por el control de la franquicia política.
Es la lógica de una organización vertical: mientras el subordinado siga alineado, se le llama compañero; cuando actúa por cuenta propia, se convierte en un problema de “disciplina”. La palabra “México” aparece como escenografía. La presidenta aparece como destinataria real.
El documento no construye un alegato de legalidad contra Rocha. Le construye una cerca política a Claudia Sheinbaum. La frase más reveladora no es el supuesto compromiso con la democracia ni la evocación juarista de que “por encima de la ley, nadie”. Es el “respaldo absoluto y categórico” a la Presidenta. Ahí está el corazón de la carta: no la República, no Sinaloa, no el ciudadano; el cierre de filas alrededor del mando central.
De la ley como lema
La ironía es brutal. Los firmantes terminan invocando a Juárez: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Pero no plantean una sola exigencia concreta para que esa máxima se cumpla.
Si de verdad creyeran en esa frase, habrían pedido, al menos:
- Que Rocha transparentara el expediente, los alcances de la indagatoria mexicana y su situación frente a la acusación estadounidense.
- Que evitara volver al control político y administrativo de Sinaloa mientras persisten cuestionamientos tan graves.
- Que la FGR explicara públicamente qué investigó, bajo qué criterios y por qué concluyó que no había elementos suficientes.
- Que el Gobierno federal aclarara si su retorno fue legalmente procedente, políticamente tolerado o simplemente inevitable.
En cambio, el desplegado ofrece una cosa muy distinta: disciplina sin rendición de cuentas; unidad sin explicación; legalidad declamada, pero no exigida.
El problema no es Rocha solamente
Rocha Moya es el síntoma visible de un problema mayor. Su retorno exhibe que la 4T no opera como una comunidad de principios, sino como una red de poderes territoriales que se mantiene unida mientras las instrucciones fluyen de arriba hacia abajo y los intereses locales no desafían al centro.
La carta confirma que la cohesión ya no se da por convicción, sino por necesidad. El lenguaje de “división”, “personalismo” y “facción” revela una grieta: alguien se movió sin permiso y obligó al resto a fijar posición. No es una rebelión democrática; es una disputa de mando dentro de una maquinaria política que, cuando se siente amenazada, confunde la unidad nacional con la obediencia a su jefatura.
Y ahí reside el fondo del asunto: los gobernadores no salieron a defender a México de la opacidad, de la sospecha criminal o del uso faccioso del poder. Salieron a defender el orden interno de su organización.
Porque para esta clase política, el mayor escándalo no parece ser que un gobernador señalado por autoridades de Estados Unidos vuelva al cargo. El mayor escándalo es que haya vuelto sin pedir permiso.
Con información: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: