Los Farías Laguna no habrían usado el uniforme para servir a la patria, sino —según la investigación de la FGR— como una especie de tarjeta VIP para convertir puertos, aduanas y jerarquías militares en una franquicia privada de combustible disfrazado. Uno terminó capturado en Argentina con identidad falsa; el otro, en el Altiplano. La travesía naval acabó, irónicamente, sin mar y con expediente.
Los apellidos Farías Laguna pasaron de sonar a linaje naval a parecer marca registrada de una aduana en liquidación: una estructura donde el uniforme no imponía disciplina, sino que abría la puerta a un negocio de millones.
Fernando Farías Laguna, contraalmirante y antiguo integrante de la Unidad de Inteligencia Naval, habría entendido la inteligencia con un sentido bastante creativo: no para detectar el delito, sino —de acuerdo con las indagatorias— para navegarlo con discreción administrativa. Cuando la FGR emitió una orden de aprehensión en agosto de 2025, el marino habría cambiado de bandera, identidad y hasta nacionalidad documental: pasaporte guatemalteco, ruta desde Colombia y escondite en Argentina. Una operación internacional, sí, aunque no precisamente de cooperación naval.
El problema, como suele ocurrir cuando el dinero deja de caber en la declaración patrimonial, fue que las cuentas empezaron a hablar. Entre 2020 y 2024, Fernando reportó ingresos navales por 6.95 millones de pesos; los CFDI, sin embargo, registraron pagos por más de 11.7 millones. La diferencia no era una propina ni un error de captura: superaba los 4.8 millones de pesos.
Y luego vino el catálogo patrimonial: depósitos bancarios por más de 40 millones de pesos, retiros por casi la misma cantidad, una residencia en Mixcoac pagada con cheques de caja, más de 11 millones aportados a un seguro de vida de su madre y un inmueble en Nogales valuado en más de 2.2 millones de dólares. Todo muy normal para un servidor público, si uno vive en un país donde el salario naval se multiplica por ósmosis financiera.
Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, no necesitó un pasaporte ajeno para convertirse en pieza clave de la historia. Desde posiciones cercanas al alto mando de la Marina, habría acumulado influencia suficiente para que, según las investigaciones, ascensos, comisiones y relevos en las aduanas marítimas dejaran de parecer decisiones institucionales y empezaran a operar como controles de acceso a una caja registradora.
Bajo el alias de “Los Primos”, consentidos de la esposa del ex-secretario de Marina,Rafael Ojeda,aun en libertad ,los hermanos habrían aprovechado la militarización aduanera para construir una red de huachicol fiscal con logística de empresa transnacional y escrúpulos de bodega clandestina.
Millones de litros de combustible entraban por puertos de Tamaulipas declarados como “aditivos para aceite”, porque aparentemente en México el petróleo puede convertirse en lubricante con sólo llenar correctamente una factura.
El modelo era sencillo: un buque llegaba, la carga cambiaba de nombre, los controles desaparecían y los sobornos circulaban. La tarifa, según el testimonio incorporado por la FGR, ascendía a 1 millón 750 mil pesos por cada embarcación autorizada para descargar. Se estima que al menos 31 buques habrían operado bajo ese esquema en Tampico y Altamira durante diez meses. No era contrabando: era, presuntamente, una política de incentivos con aroma a diésel.
La trama comenzó a romperse cuando el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, decidió colaborar como testigo protegido. Su declaración incluyó detalles de la red y la entrega de cerca de 30 millones de pesos en efectivo provenientes de sobornos. Porque nada dice “institución blindada” como un testigo que guarda decenas de millones mientras teme que lo asesinen por hablar.
La parte más oscura del caso es que las investigaciones también han relacionado a la red con asesinatos de marinos y civiles vinculados a las aduanas, entre ellos el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien había denunciado irregularidades antes de ser ejecutado en Manzanillo. Ahí se termina la sátira: cuando denunciar la corrupción se vuelve sentencia de muerte, el uniforme deja de representar Estado y se convierte en el disfraz de una impunidad armada.
Los Farías Laguna no sólo habrían traicionado la confianza pública; habrían exhibido algo todavía más grave: que una institución diseñada para proteger mares, puertos y soberanía puede ser capturada desde dentro cuando los mandos confunden el servicio público con una concesión familiar.
Con información: ELNORTE/
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