Una condicion que en breve se repetirá en Tamaulipas,donde hay infinidad de denuncias "escondidas en el cajón" contra policias estatales de la gestión del gobernador acusado por delincuencia organizada Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,que solo esperan la "caída del mandatario" para convertirse en "ordenes de captura" que llevaran a la carcel a mandos y policias por delitos que van del levanton,la extorsion,el secuestro y hasta el asesinato.
No han podido avisar a sus familias cuál es si situación y se enfrentan a un juicio por consigna en el que el juez federal que lleva el caso les rechazó todas las pruebas, datos y recursos para defenderse en el inicio del proceso en su contra.
Es más, ya les dijo que tiene todos los elementos para sentenciarlos de una vez, pero no lo hizo porque les pusieron defensores de oficio y éstos solicitaron seis meses de prórroga para aportar pruebas y tratar de demostrar su inocencia o, en algunos casos, que solo estuvieron en el sitio y en el momento equivocados.
“Aquí el asunto es que no hay nada contra ningún jefe, nada en contra de ninguno de los mandos que sabía de esto y que lo ordenaron; contra ellos no hay órdenes de aprehensión y no se les ha detenido, solo a la tropa, a los marinos, como siempre”.
“Juana” es hermana de uno de los marinos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), quien forma parte de uno de los comandos detenidos en la prisión militar del Campo Militar Número 1. Desde el 9 de abril solo ha visto una vez a su familiar. Pudo entrar a la prisión y estar con él y con otros marinos acusados.
Están desconcertados y enojados. Se sienten traicionados por la Marina (SEMAR), porque saben que los entregaron. Solo detuvieron a los de tropa. No hay ningún jefe o mando detenido, no los tocan, dice.
Los marinos se cuidan entre ellos, hacen solidaridad y reciben solidaridad de otros presos que se han enterado de por qué están allí, dice. “Juana” explica que hay una desilusión y decepción total hacia la Marina por la forma de actuar, por la traición a sus elementos, por convertirlos en chivos expiatorios.
Recuerda que, en las primeras horas del 9 de abril, el día de la detención de los 30 marinos, los fueron citando casi de uno en uno, concentrándolos primero en cuarteles, luego en la sede la UNOPES en la Ciudad de México en donde les dijeron que los estaban reuniendo porque en las próximas horas iban a desplegarlos en una misión delicada.
Venían de varias unidades dispersas en los seis batallones que integran a la UNOPES. Otros estaban en misiones o comisionados en lugares y escenarios específicos. A otros les dijeron que se iban a unos cursos especiales a los Estados Unidos y los fueron reuniendo en la capital del país o en Reynosa.
Una vez que llegaron allá los fueron pasando por grupos y les dijeron que estaban detenidos, les informaron que se les acusaba de desapariciones forzadas, de haber ejecutado y desaparecido civiles, de haber actuado fuera de la ley y por su cuenta. Los marinos negaron los cargos, trataron de mostrar pruebas, de alegar circunstancias, pero el juez de Control de Procesos Federales no les admitió nada.
Una abogada, defensora de oficio, de nombre Miriam se hizo cargo de casi todos los casos de los marinos acusados. Promovió una investigación complementaria que permitirá aportar pruebas de descargo en los próximos seis meses para demostrar la inocencia de los marinos o bien que si algunos de ellos actuaron como se les ha señalado, lo habrían hecho por orden sus superiores.
Lo que tiene en vilo a los familiares es la postura inicial del juez de la causa y su advertencia de que tiene todo, de que todo está sólido para dictarles sentencia a los 30 y enviarlos a prisión con distintos grados de responsabilidad (comisión del delito, coparticipación, complicidad) para purgar sentencias de 40 a 60 años de prisión.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas publicada en noviembre de 2017 establece en su artículo 30 que “Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28.
El texto señala también disposiciones específicas de reducción se sentencias si los involucrados colaboran revelando datos para ubicar a las personas desaparecidas.
El Artículo 33 de la misma ley indica lo siguiente:
Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser disminuidas, conforme lo siguiente:
I. Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, disminuirán hasta en una mitad;
II. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización con vida de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una tercera parte;
III. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una cuarta parte, y IV. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirán hasta en una quinta parte.
Esto es lo que más preocupa a los familiares los marinos detenidos, que se trate de un juicio por consigna en el que no se les permitirá defenderse, en el que ninguna de las pruebas que se recaben sirva para algo porque la orden es enviarlos a la cárcel, es mostrarle a la gente que se está haciendo algo, que está trabajando, pero no es asi, recapitula “Juana”.
“Muchos de ellos estaban ahí de manera circunstancial o no estaban en ese lugar y ni fueron los que actuaron y mucho menos los que tomaron las decisiones”, reitera en la conversación.
La hermana del marino dice que por fortuna pudieron comunicarse con él, pero fue de manera circunstancial; la Marina nunca les avisó cuál era la situación jurídica de ellos ni les respetó sus derechos, simplemente procedieron en su contra y ellos, como han podido, han avisado a otros familiares y amigos lo que les ocurre, agrega.
Las consecuencias inmediatas de esto se ven reflejadas en las deserciones entre elementos de los integrantes de la UNOPES y de otras unidades. Se están desertando por temor a que los citaran igual que a los 30, diciéndoles que iban a cursos, a un operativo.
Así los juntaron a todos. Les dijeron que antes habría una junta y en la junta, desarmados, les dijeron que iban a Reynosa. Varios se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y a ellos les advirtieron que se quedaran callados, que no dijeran nada. Así le hicieron, pero solo con la tropa.
A “Juana”, su hermano alcanzó a decirle que algo estaba mal, que los estaban acuartelando, pero desarmados y que eso era irregular, que se los iban a llevar a otra parte, que no había ningún operativo. Ella y sus familiares se presentaron en la UNOPES, pero les negaron cualquier dato.
En la prisión militar, los marinos les dijeron que no había mucho por hacer, porque el juez de control les había dicho una y otra vez que él ya tenía todos los elementos para dictar sentencia, para enviarlos a la cárcel y que no había necesidad de plazos, sin embargo, los abogados de oficio consiguieron el plazo de seis meses.
Ahora, todo queda en aguardar a que en el plazo citado los defensores reúnan pruebas documentales, testimoniales, las que puedan recabar para demostrar su inocencia o, en el peor de los casos, que recibieron órdenes superiores y las cumplieron.
