Los miembros de la 4T tienen una visión muy especial de la ley y la justicia. Aplauden las decisiones de los jueces cuando los favorecen, pero las desacatan cuando no. Quizá sea humano, pero no es congruente.
Esta bipolaridad se manifiesta en las declaraciones del Presidente quien con frecuencia cita un viejo principio liberal: "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie".
Sin embargo, también ofrece comentarios opuestos, como el del 5 de octubre de 2020: "Por encima de la ley está el pueblo, está la democracia". Claro que si él es el representante del pueblo, entonces puede decidir cuándo obedecer o no la ley.
López Obrador ha mostrado varias veces que actúa conforme a esta visión de la ley.
El 18 de mayo, cuando se estaba tomando una decisión de la Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad del acuerdo de 2021 que definió las obras de infraestructura de su Gobierno como asuntos de seguridad nacional, emitió un decreto que clasificaba nuevamente como temas "de seguridad nacional y de interés público" varios proyectos específicos: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
Supongo que la Corte declarará la inconstitucionalidad del decreto, ya que es fundamentalmente igual al acuerdo de 2021, pero se le ha cambiado lo suficiente para obligar a una nueva acción de inconstitucionalidad y que el Presidente pueda seguir construyendo mientras llega el nuevo fallo. A esto los abogados lo llaman "chicanada".
Ahora un juez le ha concedido a la senadora del PAN Xóchitl Gálvez un amparo que obliga al Presidente a otorgarle "derecho de réplica" en la mañanera, pero él de inmediato descalificó la petición.
"Pues nos reservamos el derecho de admisión", dijo. "Tenemos que mantener el nivel".
Los abogados de la ministra Yasmín Esquivel, aliada de la 4T, afirmaron ayer que la juez noveno de lo civil le otorgó una resolución definitiva señalando que es "la autora única" de su tesis de licenciatura, por la cual se le ha señalado por plagio.
"Se trata de una sentencia inapelable", declaró su abogado, Alejandro Romano. "Ella es la legítima titular de los derechos de autor de la citada obra intelectual, por lo que nadie, nadie más, puede ostentarse como autor".
El reconocimiento de esta calidad en el campo del derecho de autor, sin embargo, no hace que desaparezcan los indicios de plagio ni las acciones que ha preparado la UNAM en consecuencia.
Si el fallo es cierto, habrá que considerar que ella es legalmente la autora de la tesis, pero la UNAM dice que no ha sido notificada y que el expediente ha sido clasificado como secreto.
Cuitláhuac García, el Gobernador cuatroteísta de Veracruz, no responde con boletines a los fallos judiciales que no le gustan: juega mucho más duro. La Fiscalía de Veracruz detuvo el 5 de junio a la juez penal Angélica Sánchez Hernández, quien había ordenado la liberación de Itiel Palacios García, acusado del asesinato del ex Diputado del PRI Juan Carlos Molina Palacios en 2019.
El Gobernador García ha mostrado gran interés en este caso y se ha inconformado con el fallo de la juez. Su fiscalía trató de acusarla de delitos como portación ilegal de arma, posesión de drogas o ataques a una autoridad (Notitia Criminis), pero tuvo que liberarla sin presentar cargos 48 horas después. La jueza afirmó que fue torturada.
Muchos gobernantes han violado la ley en nuestro País. El que sea común, sin embargo, no lo hace correcto. La ley no puede tener orientación política: no puede ser buena cuando favorezca al régimen y mala cuando vaya en contra.
Fuente.-@SergioSarmiento/
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