Los abusos cometidos por militares le están saliendo caros a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El año pasado, la dependencia rompió récord en el pago por indemnizaciones a familiares de fallecidos o personas lesionadas por los soldados. En total pagó 40.7 millones de pesos por un total de 29 agravios, 15 de los cuales pasaron por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), establece un informe de la Sedena fechado en abril de 2023.
La cifra representa un aumento del 74 por ciento con respecto a 2019, cuando el Ejército pagó 23.3 millones de pesos.
En lo que va de la 4T, la dependencia militar ha erogado 92.8 millones de pesos por distintos delitos cometidos por los soldados contra civiles, ya sea en actos cometidos en esta gestión o por casos que la Sedena arrastra de años anteriores.
De 2015 a 2018 -datos hasta donde hay registro-, la dependencia pagó 31.9 millones de pesos.
Las principales quejas contra los militares son abusode autoridad, homicidio, lesiones, tortura, violación y detenciones arbitrarias.
Apenas en marzo pasado, un tribunal federal ordenó a la Sedena a indemnizar con 18.1 millones de pesos a tres familiares de Jorge "N", un joven ejecutado por militares en Monterrey, Nuevo León, en 2011. Por el atraso de esa indeminización, la compensación se elevó a 25.7 millones.
En 2022, un Tribunal Colegiado confirmó otra indemnización de 19.5 millones de pesos para la familia de una señora que viajaba en un vehículo en 2016, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que fue alcanzada por una bala militar que le causó la muerte.
Otro caso, que está en manos de la Corte, es el de un matrimonio asesinado en 2010, en Anáhuac, Nuevo León. Ambos murieron en medio de un tiroteo de soldados y criminales. Los familiares pidieron a Sedena una indemnización de 90.2 millones de pesos por el daño moral ocasionado tras haber asegurado que las víctimas eran miembros de la delincuencia organizada.
En 2016, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena dijo a los abogados de la familia que no era posible llegar a un convenio.
El instituto armado apostó a la prescripción, no obstante, un tribunal revocó esa acción, la Sedena impugnó y ahora el asunto lo tiene la Corte. De dar razón a la familia, que exige la indeminización para la educación de los hijos del matrimonio, la compensación podría elevarse en un 500 por ciento, adelantaron fuentes cercanas a este caso.
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