Desde que el crimen organizado le echó la mano para enfundarse la banda de gobernador de Morena el 1 de octubre de 2022, Américo Villarreal recien fichado por narcopolitico y recien denunciado penalmente ante la FGR,parece que vive en su propio episodio de “El día de la marmota”… pero versión Tamaulipeca. Como esos discos rayados que no se saltan ni por accidente, el Doctor—sí, porque así le apodan con reverencia de salón de primaria—nos deleita cada mes con la novedad de sus rankings: a fuerza de creatividad siempre esta en los últimos lugares ,pero para no variar ya logró instalarse en el mas reciente de “Ranking de Gobernadores” en el codiciado lugar 29… el sótano donde siempre ha estado como gobernador,coincidente con el #30 de “Populus”,aunque no importa que casa encuestadora y en que mes sea sondeado, siempre va a la cola.
Ranking y guacamole político
Villarreal no solo “destaca” por su visión de transformación: también la transforma en una olimpíada del descenso, pues en septiembre 2025 lo catalogan oficialmente como el gobernador menos aclamado del país.
No hay encuesta ni pitonisa que lo saque del fondo del barril: sus paisanos le dan vuelta y vuelta y el aprecio sigue en modo avión. Si acaso le gana Javier May en Tabasco, pero la competencia está reñida por ver quién convence menos.
En redes, hasta los memes ya lo ponen como “El último en la fila para la torta”, con una constancia digna de récord Guinness.
De doctor a doctorado en supervivencia
Antes de la gobernatura, Villarreal ya traía su pedigree: hijo de exgobernador, médico, senador y aficionado a no perderse ni una comisión. Pero al llegar al Palacio de Gobierno, parece que optó por la “homeopatía política”: mínimo impacto, grandes expectativas.
Sus informes rayan entre el monólogo y el “club de fans”, siempre fieles a la gran consigna de “¡Hoy es hoy, y mañana, también es hoy!”
Tamaulipas: La tierra prometida… de narcos,pero de los rankings a la inversa
¿Inversión internacional en el estado? Sí hay, aunque la gente se pregunta si llega al ritmo que los rankings lo bajan de la tabla.
El Congreso local le aplaude como buen compa, pero ni los aliados han logrado que el Doctor suba más allá del eterno, y ahora legendario, lugar 29 y 30,un claro AVAnce,pues siempre es el 31 o 32 porque no hay 33.
Así, Américo Villarreal sigue firme, como estatua de sal—o de mármol barato—en el museo de los gobernadores que no salen del hoy. ¿Sí habrá premio para la constancia en la irrelevancia? ¡Quédense atentos, que el show político sigue y en Tamaulipas el tiempo, sencillamente, no pasa!
Una denuncia formal presentada por el diputado federal Federico Döring Casar ante la Fiscalia General de la Republica,acusa a varios altos funcionarios y figuras públicas mexicanas—incluyendo a Andrés Manuel López Beltrán (hijo de AMLO), el gobernador de Morena Américo Villarreal y la proxima presidenta del Supremo Tribunal de Justicia,Tania Contreras,entre otros exfuncionarios de probadas curricular manchadas ,en una megacolección de delitos: conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, operaciones con recursos ilícitos, asociación delictuosa, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito,como cita INFOBAE y replicado por muchos otros medios.
¿Por qué debería importarle a todo el mundo?
Que estos entes, algunos aun servidores públicos, sean sujetos de sospecha de delitos tan graves como estos no es sólo un chisme de pasillo: es el recordatorio descarnado de que en México los intereses mafiosos pueden colarse hasta los asientos privilegiados del poder.
Cuando quienes deberían ser los guardianes de la ley y el dinero público son los sospechosos, los ciudadanos terminan pagando el precio: impunidad, alianzas con el crimen organizado, trafico de combustibles,operaciones con recursos ilícitos, asociación delictuosa, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito, y una lista de “no pasa nada” que nunca se acaba.
Si las denuncias como esta se archivan o se resuelven con “inejercicio de la acción penal” (o sea, no se investiga ni se judicializa), el mensaje es claro: el poder se blinda y el pueblo que se aguante.
¿Qué exige un autentico estado de derecho con gente derecha?
Si la FGR quiere dejar de ser la “fábrica de carpetas archivadas y sinsabores jurídicos” y dejar de vendernos inejercicios penales como especialidad de la casa, aquí les va el menú, en el hipotético caso de que la FGR haga a un lado el calculo politico y se vaya por el unico calculo,el juridico:
Integración seria de carpeta: No basta con recibir la denuncia y avisarle a los señalados. La FGR debe investigar realmente: cateos, aseguramientos de cuentas, análisis forense de bienes y comunicaciones, rastreo internacional de movimientos de dinero, y testimonios a fondo.
Transparencia total: Cada paso de la investigación debe ser público y documentado. Nada de archivar, nada de que “la información es reservada” mientras los implicados siguen gobernando y paseando su impunidad por aeropuertos VIP.
Medidas cautelares reales: Si existe evidencia suficiente, la FGR debe solicitar arraigo, suspensión temporal del cargo y congelamiento de activos, no solo esperar a que los acusados “cooperan” mientras desde el poder se operan las salidas legales con calculo politico.
Judicialización sin miedo: Nada de carpetas que duermen el sueño de los justos. Si hay delitos, toca ponerle nombre y expediente, y que todo el país vea el proceso y, si corresponde, la condena—sin importar el apellido o el puesto dentro de Morena y/o el gobierno de Morena.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Exigir que la FGR rinda cuentas, pedir acceso a las etapas procesales, y denunciar si ven que la investigación se simula.
Seguir el proceso en medios independientes y no dejar que el escándalo se “enfríe” por la saturación informativa y el “ya pasó”.
Usar mecanismos ciudadanos (transparencia, solicitudes, protestas) para que la institución no le siga cargando la impunidad a la gente mientras los de siempre siguen decidiendo el futuro del país.
En resumen
Cuando los más altos servidores públicos son señalados por delitos de corrupción y crimen organizado, no es solo una “nota política”—es el síntoma de una democracia secuestrada.
Y la FGR está obligada a investigar y judicializar sin pretextos, sin trampas ni impunidades de escritorio. Que no salgan con sus clásicos inejercicios penales baratos que luego nos venden como absoluciónes los denunciados, porque lo barato siempre sale caro.
Es un hecho: el teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús, quien fungía como coordinador general operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Baja California, presentó su renuncia obligada tras ser señalado como autor intelectual detrás del intento para “tumbar” las redes sociales de los periodistas Jorge Heras y Eduardo Villa Lugo y del medio Ciudad Capital.
La versión oficial del secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, reconoce que todo parte de audios filtrados donde Medina instruye —a lo militar y a gritos— a subalternos a reportar y denunciar las páginas para desactivarlas. Un fracaso autoritario revestido de mando verde olivo,tambien usada como estrategia por narcos y las esposas de narcos,como la pareja de Alfredo Cardenas,alias El Contador del Cartel del Golfo en Matamoros.
Tras el audio, la caída
El escándalo estalló cuando se hizo público un audio en que Medina reprendía violentamente a policías por desconocer grados militares, mientras los conminaba a actuar como soldados y no como civiles.
Yo he estado en operaciones de la Ciudad Pública, yo soy teniente. (¿Y por qué no saben de grados? Porque también no les interesan los grados. A ver, dímelo, grados militares. Lo escucho, dímelo. Dímelo, grados militares. Dímelo. Ordené que se lo aprendieran. Dímelo tú, jefe de grupo. No, no, no, no. Dímelo, grados militares. Lo que yo estoy preguntando. Desprestigen a la institución que les va a hacer comer, señores.Una orden tan sencilla. Te dije que cuando lleguemos, aprendan los grados militares.Porque yo soy militar. Y sepan, coordinar esfuerzos.Estamos trabajando con SEDENA de manera coordinada. Apréndanse lo que tanto es diez minutos.Tropas, oficiales, jefes y generales. Estamos aquí, no por nuestra voluntad. Es una orden presidencial.¿Por qué? Porque no sé qué pasó aquí.”….Teniente Coronel Medina
La grabación, filtrada por inconformes dentro de la misma corporación, fue exhibida en entrevista con Azucena Uresti por periodista jorge Heras ,victima tambien una agresión a golpes.
El audio también exhibe la cultura militarista y sua poca capacidad para el mando civil en una institución que debería garantizar derechos, no reproducir la obediencia castrense ni el desprecio por el Estado de derecho.
Censura digital como estrategia de guerra
Las pruebas contra Medina no lo vinculan directamente con la agresión física al periodista Heras, pero sí lo exhiben ordenando una operación digital digna de montaña embarazada: “tumbar” portales y redes sociales incómodas para el régimen interno, usando la estructura de WhatsApp institucional y pidiendo evidencia de cumplimiento, como si la censura cibernética se pudiera maquillar de operativo de seguridad pública.
El secretario Carrillo reconoció que el único indicio firme son los audios y las instrucciones internas, lo que justifica la solicitud de renuncia por un “mal proceder” y no por un delito probado, confirmando la opacidad y desaseo institucional.
Represalias, militarismo y desdén por la prensa
El propio periodista Jorge Heras —víctima de agresión y blanco directo de estos operativos de silenciar— documenta una campaña de hostigamiento desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por mandos militares que han respondido a sus investigaciones (que exponen cateos ilegales, tortura y malas prácticas) intentando cancelar su voz y la de otros periodistas. La crítica en torno al desastre de poner militares al frente de la seguridad civil cobra sentido con cada episodio de abuso, censura y desprecio por los mecanismos constitucionales de libre expresión y rendición de cuentas.
Nueva cabeza, mismas inercias
Tras la salida de Medina, fue designado Omar Jonatan Rosiles Hidalgo como nuevo encargado de la coordinación operativa de la Fuerza Estatal, sin que ello garantice un cambio sustantivo en la cultura interna ni en el trato a la prensa. El relevo llega mientras continúan investigaciones internas para esclarecer la participación de más agentes en la operación de sabotaje digital y un ambiente de franca hostilidad hacia el periodismo crítico en Baja California.
Esta renuncia no expía la culpa de una falla estructural: el modelo militar en la seguridad civil no solo es torpe, resulta tóxico y letal para la democracia; cuando un coronel cae por censura, lo hace porque su fracaso es tan evidente que ni la institución lo puede tapar.
Payasada tecnológica con disfraz de política de seguridad
Ahí lo tienen: David Monreal, de los “Monreales” que se turnan para gobernar Zacatecas,los de las sospechosas 14 toneladas de mota que no eran chiles frescos, inaugurando a bombo y platillo el nuevo C5i, un bunker carísimo que costó mil millones de pesos(como si en Zacatecas sobraran hospitales, escuelas decentes o drenajes dignos). Y para coronar la función, paseó frente a militares y prensa nada menos que a un “perro robot” con un AR-15 montado en el lomo.
Claro, porque en Zacatecas el problema jamás fue la corrupción política, las policías infiltradas, la impunidad intocable o los pactos entre autoridades y narcos. No, aquí el gobernador nos quiere vender la idea de que la inseguridad se arregla con fierros caros y robots armados, como si de Netflix hubiera salido la receta.
Y ojo con el detalle: hablan de “un cambio de paradigma basado en la inteligencia” mientras le encasquetan un fusil a un perro mecánico. Sí, mucha inteligencia la de gastar mil millones en fierros futuristas, cuando las comunidades siguen aterradas porque levantan gente en plena carretera o porque la disputa territorial deja pueblos enteros desplazados.
La narrativa oficial es tan absurda que raya en cruel:“los robots vigilarán para proteger a las familias zacatecanas”. Esa gente no necesita un roboperro de acero inoxidable, necesita un Estado que no se arrodille frente a los cárteles. No es cuestión de drones, ni de pantallas con mapitas en tiempo real, ni de inteligencia a la “Harfuch” que tiene ardiendo Sinaloa ya casi sinalivio,sino de voluntad política para combatir el crimen sin sumarse al crimen(el verdadero agujero negro).
En resumen: la puesta en escena de Monreal es un performance de poder vacío. Entre humo de drones, pantallas de LEDs y caninos metálicos con fusil, nos quiere distraer de la rutina sangrienta: cuerpos tirados entre límites estatales, carreteras que son campos de caza, desapariciones que ya ni en titulares hacen ruido que nos hacen recordar a Virginia cuando a gritos se hizo escuchar en Congreso de Zacatecas para decirles sus verdades al gobierno.
Y el cargador cuando se agote ?
La gran duda de la ingeniería policial futurista: cuando al “lomito metálico” se le agoten los 30 cartuchos de su fusil cosmético, ¿va a levantar la patita para pedir refil? Imaginen la escena: el robot con cara de labrador robótico caminando solemne, deteniéndose frente a sus amos tecnocráticos para que le cambien el cargador —¿le darán una croqueta digital de premio cada vez que traiga la caja vacía?
En serio, el despliegue parece más una parodia que una solución táctica. ¿Habrá entrenamiento especial para el “perro-cargador”, con su propio manual: “cómo reponer municiones sin enredarse en las patas”? Si de por sí apenas acaban de aprender a manejar patrullas, ahora tendrán que adaptar el servicio de intendencia al lomito de silicio; igual terminan contratando a un becario especializado en “reabastecimiento canino-subfusil”. Todo muy práctico, muy eficiente —sobre todo para la foto y el tuit gubernamental.
Nuestro perro robot armado seguro busca a sus operadores humanos para reponer su arsenal, y si le meten inteligencia artificial capaz, tal vez hasta se inventa la propia excusa para ir a “tomarse cinco” mientras le cambian el cargador. Porque si la seguridad depende de que no se le acabe la munición al robot, mejor que vayan guardando las croquetas.
Que dicen las leyes que les valen “Wilson”
Un robot armado, bajo las leyes mexicanas actuales, se mueve en terreno jurídico pantanoso y cargado de incertidumbre: no existe una regulación específica para robots armados en seguridad pública, ni en el marco legal federal ni estatal.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su articulado no menciona ningun párrafo para armar robots mecanicos con Rifles AR-15, como el que porta el perro futurista.
Además, la ley nacional sobre el uso de la fuerza establece que las armas permitidas para policías deben apegarse a criterios humanos y regulados, y no contempla sistemas autónomos ni robots armados.
Interpretación jurídica y vacíos legales
En México, los drones armados ya han generado polémica: cualquier sistema armado operado fuera del ámbito militar podría constituir una violación expresa según la NOM-107-SCT3-2019, que prohíbe drones con armas o explosivos salvo bajo control castrense.
No existen normas que permitan a la policía estatal o municipal desplegar robots armados, lo que significa que su uso está “en el limbo jurídico”, es decir, carece de certeza legal.
Las posibles sanciones por portar y operar sistemas armados sin autorización incluyen penas federales graves, ya que el manejo de fusiles de asalto corresponde exclusivamente al Ejército y a las policías bajo normatividad expresa vigente
Principios internacionales y éticos
Más de 30 países han llamado a controles legales estrictos sobre los “robots asesinos”, advirtiendo riesgos para derechos humanos y el principio de dignidad.
La tendencia internacional es prohibir o regular severamente el uso de sistemas armados autónomos en operaciones civiles y policiacas debido a los peligros que implican, suelen salirse de control.
Conclusión jurídica
Desde la perspectiva de un abogado, un robot armado manejado por policías estatales —fuera del control directo del Ejército— puede estar infringiendo la ley federal en México y exponiendo al Estado a posibles sanciones federales, además de vulnerar derechos fundamentales. No sólo es jurídicamente polémico, sino que se encuentra en una zona de vacío legal que debería preocupar y ocupar a los legisladores.
Si de verdad quieren “pacificación”, que empiecen por limpiar sus propias filas, romper las complicidades y dejar de usar recursos públicos como si fueran presupuesto para un episodio de Black Mirror.
👉 En tono brutalmente honesto: el C5i de Zacatecas es un showroom disfrazado de política pública. El crimen lo que ve no es un perro robot, sino un gobierno que sigue sin ladrar donde más duele.
Un niño de 7 años murió luego que este y sus padres fueron heridos de bala en un enfrentamiento entre policias ministerial del gobierno de Americo Villarreal y presuntos sicarios del Cartel del Golfo al sur de la ciudad fronteriza de Reynosa, por la carretera que conduce a Fernando.
De acuerdo con las fuentes, ayer jueves a las 17:30 horas locales (16:30 horas, tiempo de Monterrey) se dio una persecución por parte de los Policias ministeriales de presuntos sicarios,aunque a decir del trascendido en redes, la muerte del menor se derivo del letal ataque de policías al auto de la familia en calles de las colonias Valle Soleado y Pirámides, cerca del Hospital Regional 270 del IMSS.
Despues de la tragedia que esta muy lejos de ser un acto de autoridad honesto, pues ambas facciones de criminales,”sicarios y gobierno” son socio: la Vocería de Seguridad de Tamaulipas con todo el animo de ocultar los hechos, dolo y la mala fe, los tergiverso desde sus redes con un texto que ofende la inteligencia colectiva:
“Mientras realizaban recorridos de seguridad sobre la carretera Reynosa – San Fernando, a la altura de la Avenida Santa Fe en Reynosa, elementos de seguridad localizaron a un masculino y una femenina con lesiones por arma de fuego. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se solicitó el apoyo de unidades médicas para su atención. Autoridades mantienen recorridos de seguridad en la zona.
Sin embargo y por si quedaba alguna duda sobre la vocación dolosa del gobierno de Americo Villarreal,mas preocupado en verse bien que en hacer el bien, Fiscalía se sumo a la estrategia de minimizar una tragedia cuya gravedad resulta inocultable: un niño muerto por balas criminales de policias actuando como criminales , padres heridos y autoridades más interesadas en lavar su imagen que en asumir responsabilidades reales.
#FGJT_Informa Personal de la @FGJ_Tam investiga los hechos en los que una persona menor de edad perdió la vida y dos personas más resultaron heridas, no de gravedad, en la carretera #SanFernando–#Reynosa, #Tamaulipas.
Ambos comunicados oficiales “informan sin informar para deformar“: la Fiscalía de Tamaulipas apenas admite la muerte de un menor y sugiere que las lesiones de los padres “no son de gravedad”, matizando la brutalidad del hecho y cayendo en un lenguaje frío que busca restar impacto social. Por otro lado, la Vocería de Seguridad que “retuiteo” a la Fiscalia, lo menciona inicialmente herido y después ya no menciona el fallecimiento de niño: dejando ver que solo le importaba minimizar al hablar de “lesiones por arma de fuego”, ni género, ni edades, ni contexto, salvando el pellejo institucional pero traicionando la obligación moral de informar sin sesgo ni maquillaje, como también lo hicieron en reciente tirotéo de Matamoros.
Estrategias de Minimización y Sesgo
Estas instancias están más preocupadas por las apariencias que por la verdad. El uso de frases impersonales y eufemísticas (“no de gravedad”, “lesiones por arma de fuego”) demuestra una línea editorial orientada a diluir la tragedia. Se privilegia la narrativa oficial de “recorridos de seguridad” y activación de “protocolos” como si el cumplimiento administrativo pudiera ocultar la sangre inocente. En ningún momento se reconoce una falla operativa ni se asume el costo humano derivado de sus acciones y omisiones,propio de un gobierno criminal de criminales.
Contexto sobre la Responsabilidad Real
Fuentes independientes y testimonios periodísticos a el periódico El Norte,esclarecen lo que el Estado oculta: hubo enfrentamiento, persecución y balaceras donde una familia civil fue alcanzada—el niño de siete años murió por dos disparos,la madre recibió impactos en el brazo y el padre heridas por esquirlas. Mientras tanto, las autoridades, lejos de priorizar la integridad física de las víctimas, parecen más interesadas en comunicar capturas y recorridos que en proteger la vida de los ciudadanos, no quitárselas,como también lo hacen militares.
Dolo, Mala Fe de Socios del crimen
El verdadero responsable es la criminalidad que opera impunemente en Tamaulipas bajo el gobierno estatal encabezado por Américo Villarreal—y su partido Morena—que, en vez de confrontar el problema, optan por el discurso suave con los delincuentes a los que abraza y les sonríe el gobernador.
Todo esto mientras despliega la opacidad informativa oficial y la evasión constante de sus responsabilidades concretas. El niño muerto, las balas asesinas y las declaraciones tibias son el sello de un doble crimen: el del narco y el del Estado omiso.
Conclusión Irreverente y Contundente
Mientras el gobierno de Tamaulipas maquilla cifras y matiza tragedias, la realidad le cobra factura en vidas inocentes. Las balas matan; el silencio oficial también. Aquí, los criminales y policias actuando como criminales disparan y luego se lavan las manos… y en el camino, un niño de siete años deja de existir, víctima de ambos. Porque cuando el Estado elige la simulación, la víctima siempre es la verdad—y, sobre todo, la gente.
