El campo de exterminio ubicado en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha revivido una deuda histórica que el Estado mexicano tiene con miles de desaparecidos y sus familias. El problema se ha ido recrudeciendo desde hace al menos dos décadas, cuando el Gobierno de Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra el crimen organizado.
Los intentos por crear un sistema de registro y búsqueda eficientes, como busca hoy el Gobierno de Claudia Sheinbaum, no son nuevos.
Las presiones por el aumento en las cifras de personas desaparecidas llevó a la emisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda, de la que se desprende el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Nacieron en 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la promesa de agilizar los mecanismos y priorizar la búsqueda de personas desaparecidas. Hoy, el escándalo ocasionado por el hallazgo del rancho en Jalisco ha llevado a Sheinbaum a prometer un puñado de medidas muy parecidas a las ya implementadas que buscan dar respuestas y soluciones para eficientar la búsqueda, actualizar los números y la localización de los miles de desaparecidos.
La legislación significó un enorme paso en la materia, aunque durante su discusión los colectivos expusieron que la redacción no reflejaba sus exigencias. La ley general, se suponía, serviría para unificar los criterios y establecer responsabilidades en materia de búsqueda, investigación e identificación.
La coordinación entre las diferentes autoridades para implementar eficientemente las medidas y proveer de los recursos necesarios ha sido el talón de Aquiles del Estado mexicano. A las lagunas o inconvenientes que impiden que se ejecuten correctamente las políticas públicas se suman la competencia de la federación y de los Estados en la investigación, así como la coordinación para la búsqueda y, no menos importante, la procedencia de los recursos presupuestales, humanos y técnicos necesarios para poner en marcha las herramientas que sostienen los registros, las bases de datos y los sistemas homologados de información de las personas desaparecidas.
Entre las acciones que se establecen en la legislación destacan algunas bien orientadas: crear un Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, acciones de búsqueda de forma inmediata si hay indicios de que una persona ha sido desaparecida, la aplicación de la perspectiva de género en la atención a las personas que buscan a los desaparecidos. En los hechos, estas medidas no se han aplicado y las inconsistencias han sido expuestas por colectivos y organizaciones expertos en la materia.
En paralelo, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo como objetivo recopilar y organizar la información de los registros de desaparecidos. El objetivo, en la teoría, fue que esta información sirviera para coadyuvar en las investigaciones para ubicar indicios, visualizar fosas clandestinas y obtener datos numéricos sobre estas en Estados y municipios. Adicionalmente, el Protocolo Homologado de Búsqueda fue creado para obligar a los tres órdenes de gobierno a la búsqueda de las personas no localizadas.
Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas que apuntan a ser un brazo complementario de las leyes fallidas que ya aplican en la teoría y que no han logrado establecer un sistema eficiente. Busca, por ejemplo, fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda para ampliar su capacidad de atención con la promesa de aumentar los recursos para análisis de contexto y la adquisición de equipo tecnológico avanzado para realizar búsquedas basadas en evidencias científicas.
Más propuestas lanzadas por la presidenta: una reforma a la Ley General de Población, con el objetivo de consolidar el Certificado Único de Registro de Población (CURP) como la cédula única de identidad para cruzar registros administrativos y generar alertas que faciliten la ubicación de personas desaparecidas. Una enmienda a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada con la finalidad de crear una Base Nacional Única de Información Forense que compile datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) y servicios forenses, así como la implementación de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que integre y actualice registros administrativos y forenses, incluyendo datos del Instituto Nacional Electoral (INE) para cotejar huellas dactilares y detectar indicios de vida o identificar fallecidos.
La mandataria ha hecho un planteamiento ambicioso. En paralelo, busca fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, encargado de la gestión de la plataforma y con recursos técnicos como identificación de ADN, en colaboración con diversas instituciones forenses, académicas y de justicia. Protocolos de búsqueda inmediata para generar alertas de búsqueda en todas las corporaciones y Estados del país, así como instruir la apertura inmediata de carpetas de investigación por desaparición, eliminando la espera de 72 horas, que aunque en la ley no debiera aplicar, en la práctica se sigue haciendo en algunos Estados. La presidenta ha ofrecido transparencia en las cifras a partir de la publicación mensual de las carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la FGR mediante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El paquete de acciones no dista de lo que ya se ha intentado antes y no ha rendido los frutos esperados por las miles de familias que buscan encontrar a sus desaparecidos.
Con informacion.-DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO JIMENEZ/
