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jueves, 20 de marzo de 2025

LA “GALLETA y la PALETIA”:”ZETAS de CDN USAN al PERIODIZMO para EXHIBIR SICARIOS del PRIMITO AUTORES de ATAQUE a BORDER PATROL y ACUSAN NARCOGENERAL de SOLAPARLOS”…no salimos del circulo de viciosos.


A la luz de la evidencia,no debemos dudarlo ni tantito, pues en el ejercito mientras muchos soldados mueren empujando la carreta, una “bola de peligrosos en uniforme verde y con mando la jalan, como coincide el capitán” y aqui subyace otro ángulo del fracaso de combate al crimen, por esas resistencias policiacas y militares que transexenalmente han venido demorando el exito contra esa turba desafiante y retadora del crimen organizado y no solo en Tamaulipas donde su gobernador Americo Villarreal y MORENA, estan “enmarranados” hasta el cuello.

Pero la informacion exhibe imagenes y texto que podrian arrojar luz en reciente suceso que acuso el ataque a la patrulla fronteriza en las inmediaciones de la Isla fronton en Miguel Aleman.

Aunque no se debe de perder de vista que trasciende casi como “boletín” y desde algunos medios de confusion reconocidos por servir al “imperio zeta” que los estaria usando como lo han hecho en toda sus existencia, muy y gracias a la poca pulcra actuación de muchos soldados y mandos que ya hemos exhibido.

Que dice el “dedo bien puesto”:

“….Dos altos mandos del Ejército Mexicano en la frontera de Tamaulipas han sido señalados por sus propios subordinados de recibir sobornos del Cártel del Golfo a cambio de brindarles protección y apoyo en la lucha contra grupos rivales.

Se trata del coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, comandante interino de la Guarnición Militar de la Plaza en Nuevo Laredo y su subordinado directo, el coronel Julio César Telles López, perteneciente al 25 Regimiento de Caballería Motorizado, con base en Ciudad Mier, Tamaulipas.

De acuerdo con testimonios de elementos bajo su mando, ambos oficiales trabajan en conjunto para favorecer al Cártel del Golfo, brindándoles información sobre operativos y acciones en su contra, lo que permite al grupo criminal eludir capturas y aseguramientos. Asimismo, se les acusa de proporcionar protección a sus operaciones y de otorgarles ventaja en su disputa contra grupos rivales.

“Sabemos que los comandantes regionales del CDG en la zona, les pagan fuertes sumas de dinero en dólares a los coroneles de Ciudad Mier y este a su vez al de Nuevo Laredo, para ayudarlos a limpiar el terreno contra el Cartel del Noreste arriesgando nuestras vidas para ellos cumplir con sus compromisos con el crimen organizado” afirmaron un grupo soldados de caballería inconformes con el actuar de sus superiores.

“Tenemos conocimiento y nos consta que armamento decomisado al Cartel del Noreste que nosotros hemos asegurado, tales como cuernos de chivos, AR15, granadas, Barret y cartuchos es vendido al CDG y nos manda a entregárselo ahí en el poblado de los Guerra, municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas” refieren los militares.

Así mismo, recibimos órdenes del coronel Telles de que no quiere detenidos, nos ordena que los demos de baja a sabiendas de que esas órdenes son en contra de los lineamientos del comandante supremo de las fuerzas armadas en México.

“Hacemos un llamado respetuoso a nuestro Secretario de la Defensa Nacional al General Ricardo Trevilla Trejo y a nuestro Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, para que tomen cartas en asunto y sean investigados estos actos que van en contra de nuestros valores y lealtad a la patria.

“Esta denuncia la hacemos por temor a que por nuestras actividades extramilitares, que nos ordenan hacer nuestros mandos a favor del Cartel del Golfo, a nosotros nos vinculen con este grupo criminal considerado como organización terrorista y que ellos salgan librados por cuidar la imagen de la institución militar y nosotros sentenciados por solo obedecer órdenes de nuestra superioridad”.

En cuanto a la balacera en contra de los elementos de la Patrulla Fronteriza estadounidense registrada el 27 de enero de 2025, tenemos conocimiento que fueron los sicarios del Cartel del Golfo encargados de la Plaza de Miguel Alemán al mando de José Guadalupe Mendoza alias “Paleta de metal 3-5” y su segundo al mando apodado “Galleta”.

“A nosotros los militares del 25 Regimiento de Caballería Motorizada el coronel Julio César Telles nos informó que por órdenes del coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola Comandante de la Guarnición Militar de la Plaza, ese día teníamos que quitar todos los retenes carreteras y puntos de inspección, esto, entendimos, para darles paso libre a los gatilleros del CDG qué accionaron sus armas contra los agentes de la Bordel Patrol”. Señalaron los militares.

Información de inteligencia indica que los jefes del CDG facción de los metros son los hermanos Cesar Morfin Morfin alias “El Primito” y Álvaro Noé Morfin Morfin alias “El R8”, quienes operan desde Jalisco y Nuevo León y a través de su lugar teniente Efraín Sánchez alias “El Sánchez”, quien junto con su segundo al mando el “chino” y o R2 y su hermano y operar financiero el “May Sánchez” controlan la llamada frontera Chica que abarca los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, ciudad Mier, Miguel Alemán, Díaz Ordaz y como su centro de operaciones Camargo, Tamaulipas.

El coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, además, cuenta con varias denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otros delitos cometidos en los años 2020 y 2021 cuando fungía como comandante del 16 Regimiento de Caballería Motorizado, y otras graves violaciones denunciadas en su nuevo cargo tomado a partir del 6 de octubre de 2024, lo que refuerza las acusaciones sobre su posible colusión con el crimen organizado.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones…..”


***No se debe de perder de vista, que esta misma organización criminal publicó un video de la autoria de la “contrainteligencia” del Abogado Juana Pablo Penilla,asesor de Americo Villarreal,en marzo de 2024 ,para defender al Presidente Andres Manuel Lopez Obrador de acusaciones ,pero al mismo tiempo enlodando al ejercito.Aunque en los hechos Golfos y Zetas se disputan la protección de autoridades que para combatir al crimen agarran partido, este seria el caso del general y el mando aludido.

Con informacion: LIDER WEB/ MEDIOS

LO “CITARON para MATARLO o IBA HACER el SUPER ?”: “EJECUTAN en CULIACAN OPERATIVO de TRANSITO en ESTACIONAMIENTO de OTRO SUPERMERCADO”…convertidos en lugar preferido para dar piso a policias.


Jorge Octavio “N”, coordinador de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán,fue asesinado anoche a balazos en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el sector Infonavit Cañadas.

De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba a bordo de una camioneta Ford azul marino, doble cabina, cuando sujetos armados le dispararon.

Al intentar huir, recibió más impactos de bala que finalmente le causaron la muerte.

Paramédicos del grupo Gerum acudieron al lugar para brindarle atención médica, pero el coordinador ya no presentaba signos vitales.

$!Asesinan a operativo de la SSPyTM de Culiacán a balazos en estacionamiento de supermercado en Infonavit Cañadas

Casos recientes de ejecuciones

En Sinaloa y en todo México, los estacionamientos de tiendas de conveniencia y supermercados se han convertido en escenarios recurrentes de violencia contra elementos de seguridad. Estos son los casos recientes más relevantes y el contexto del papel de estos establecimientos en dinámicas criminales:

1. Altar, Sonora (7 de marzo de 2025)
Un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y su esposa fueron asesinados al salir de una tienda Oxxo. Los atacantes dispararon contra su vehículo en la intersección de Plutarco Elías Calles y la carretera Altar-Oquitoa. El doble homicidio ocurrió tras realizar compras básicas, evidenciando la vulnerabilidad en espacios públicos.

2. Culiacán, Sinaloa (18 de Febrero de 2025)
Un policía de investigación fue asesinado a balazos en Mazatlán, de por lo menos 8 impactos de bala en la cabeza y el tórax. El hecho ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la avenida Clouthier, frente al Fraccionamiento San Fernando.

3. Celaya, Guanajuato (28 de febrero de 2025)
Aunque no ocurrió en tienda de conveniencia, el patrón se repite: un policía municipal fue asesinado al salir de su casa tras su turno laboral. Este estado registra 34 bajas policiales en tres años, muchas en contextos similares de movilidad cotidiana.

Como va la imparable ola

Los saldos de la guerra de la venganza 

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 18 de marzo de 2025 es de:

◉ 992 homicidios dolosos (5.2 diarios)

◉ 1,134 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)

◉ 3,695 vehículos robados (19.3 diarios)

◉ 938 personas detenidas (4.9 diarios)

◉ 67 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos y se cometen con tanta impunidad, que pareciera y solo pareciera “no hay nadie de los hombres de la ley atendiendo el changarro”.

Con informacion: NOROESTE/

“SI,SI CANTE para el CJNG y…TAMBIEN en EE.UU”: “SIENTAN a GERARDO ORTIZ en el BANQUILLO de los ACUSADOS por VIOLAR la LEY KINGPIN”…le dan vueltas al malacate y se les enredan las pitas.


El cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz ha admitido ante una Corte de Estados Unidos que ha dado conciertos para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

La información ha sido revelada ante un juez luego de que Ortiz cooperó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como testigo en el caso de Ángel del Villar, dueño de la disquera DEL Records, de la que se desprende el sencillo Ella baila sola, de Eslabón Armado y Peso Pluma. 

Tanto del Villar como Ortiz son acusados de violar la “Ley Kingping”, que tiene como objetivo denegar a importantes narcotraficantes extranjeros, a sus empresas y a sus agentes de acceso al sistema financiero estadounidense y a todo el comercio y las transacciones en las que participen empresas y particulares estadounidenses.

Ángel del Villar fue arrestado en junio de 2022. La agencia federal estadounidense lo acusa de realizar negocios con Jesús Pérez Alvear, promotor musical de corridos tumbados, de mantener vínculos con el CJNG, y de lavado de dinero a través de su empresa Gallística Diamante. 

Pérez Alvear fue asesinado a tiros en un restaurante en el barrio de Polanco en Ciudad de México, una de las colonias más lujosas de la capital, en diciembre de 2024.

De acuerdo con las investigaciones, la disquera mezcló los ingresos de la venta de boletos y otras actividades relacionadas con las presentaciones en Aguascalientes y Estado de México, con los ingresos del Cartel Jalisco por el tráfico de drogas, según informó Milenio cuando el productor fue aprehendido. Del Villar se ha declarado inocente.

Gerardo Ortiz es uno de los testigos en el juicio. Anteriormente se declaró culpable y admitió haber participado en al menos seis presentaciones del cartel. 

La confesión del cantante se mantuvo en secreto hasta el martes 18 de marzo, cuando el fiscal federal Alex Schwab habló en la Corte sobre la participación de Ortiz en la conspiración por violar la Ley Kingping. De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, el artista se prepara para testificar contra Ángel del Villar. Asimismo, el medio informó que la vocera de Ortiz, Sharon Catalán, desconocía que su cliente se hubiera declarado culpable y que estuviera cooperando con el FBI.

Quién es Gerardo Ortiz

El cantante de regional mexicano y corridos tumbados nació en Pasadena, California. Irrumpió en la escena musical a los ocho años con su disco Encuentro de amor, publicado en 1997. Es un trabajo de 12 canciones que mezcla letras de amor, narcotráfico y migración. En 2002, fue seleccionado para participar en el programa de televisión Código fama, el primer reality show infantil conducido por Ernesto Laguardia. En este programa también participó Diego Boneta.

En 2016, el cantante fue arrestado por la policía federal en el Aeropuerto de Guadalajara acusado de apología del delito por el video musical de su canción Fusite mía. La Fiscalía de Jalisco emitió una orden de arresto, un mes después de la publicación del sencillo, por considerar que publicitaba acciones violentas en contra de las mujeres y motivaba el ejercicio de estas acciones.

Según informó la BBC, en 2016, el video se filmó en una vivienda de Zapopan, Jalisco que se usaba como casino clandestino y estaba vinculada con el CJNG. Quedó clausurada luego de un tiroteo. Ortiz pagó una fianza de unos 50.000 pesos (casi 2.500 dólares) para evitar ir a prisión.

Con informacion: JOAQUIN PATIÑO/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/

“RIESGOSA y FALLIDA”: “AVANZA REFORMA del PADRON CELULAR de HARFUCH y CRIMEN ORGANIZADO con CHAROLA y SIN CHAROLA TENDRA ACCESO OOOOOOTRA VEZ a TUS DATOS”…en el pasado de su jefe “Genarco” García Luna de poco o nada sirvió a…ciudadanos.


La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadosaprobó “sin chistar y sin modificar nada”, pues estan lejos de ser un poder independiente, el dictamen de reforma que plantea la creación de un registro de usuarios de líneas telefónicas móviles que permitira a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que comanda una “probada curricula mañosa que estuvo al servicio del narco”, solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, para la investigación de delitos.

El dictamen avalado con 25 votos a favor de Morena, aliados y Movimiento Ciudadano (MC), tres en contra del PRI y cuatro abstenciones del PAN y del morenista Manuel Espino, expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, ambas reglamentarias de la reforma al artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública.

El proyecto fue aprobado en medio de críticas de la Oposición y de legisladores de Morena, quienes advirtieron riesgos ante la prisa con la que fue procesado el dictamen que hoy será discutido en el pleno.

Damián Retes, del PAN, dijo que les preocupa sobremanera que los cambios legales puedan violar el derecho a la privacidad y el uso indebido de datos por parte de la autoridad, ya que la iniciativa insiste en la creación de un registro de telefonía móvil similar al que la Corte declaró inconstitucional, y que incluso Arturo Zaldívar y las Ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanas a Morena, votaron en contra, por considerarlo violatorio de los derechos humanos.

El legislador agregó que hay riesgos en la falta de control judicial y el uso de la información por parte del Estado y por entes privados, ya que podría ser una amenaza a la presunción de inocencia.

“Hoy, si el Estado, la Fiscalía está llevando a cabo una investigación y considera que hay la probable comisión de un delito, pide la intervención de un juez para intervenir un teléfono celular, ahora dicen: eliminemos eso, quiten ese formato único, quiten esa ventanilla única y simplemente, porque yo, autoridad, quiero, intervenir un teléfono, que por cierto, parece espionaje, lo puedo hacer con el argumento de prevenir delitos”.

Retes agregó que en materia de interconexión de bases de datos tampoco hay una regulación clara, ya que se faculta para que los entes privados tengan acceso a la información de seguridad.

“¿Qué significa eso? ¿Qué una policía privada puede tener acceso a eso? ¿Qué algún banco con fines de inteligencia puede recabar información que esté en diferentes bases de datos?”, cuestionó.

El priista Emilio Lara dijo que su bancada no acompaña el dictamen que fue entregado unas horas antes de la reunión en comisiones y porque parte de una premisa falsa, al señalar que el Ejecutivo federal presentó ante el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad, aunque no existe constancia alguna de ella.

Lara agregó que el dictamen retoma la militarización de personal a cargo de la seguridad pública y aunque la coordinación se menciona muchas veces, en la práctica ésta se traduce en la ampliación de las facultades de la SSPC.

Juan Zavala, de MC, subrayó la necesidad de construir y apostar sin regateos por instituciones fuertes, capaces y profesionales que no sólo reaccionen con fuerza de combate frente al crimen organizado, sino que lo sometan por medio de inteligencia, tecnología e investigación criminal.

El emecista dijo que parte de lo que le preocupa a su bancada es que el dictamen tiene candados presupuestales que buscan blindar el dinero que hoy se envía a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que implica que se le niegue al aparato civil esos recursos.

El morenista Manuel Espino, quien votó en abstención, reconoció las buenas intenciones de la reforma, pero advirtió que ésta se encuentra incompleta, mientras que el trabajo de la Comisión de Seguridad fue precipitado y deficiente.

“Parece que tenemos prisa ya en pasarlo mañana, y mañana, pues ya nos veo, subiendo reservas para decir algo para entrarle a la guerra sucia, a los dimes y diretes y, al final, retirar la reserva, pero ya me subí a tribuna, ya van 20 veces que me subo a la tribuna y en eso medimos el éxito legislativo”.

Espino advirtió que no todo lo que llega del Ejecutivo federal viene completo y recordó que al Poder Legislativo le corresponde resolver reformas y crear nuevas leyes.

“No tiene que pasar como venga del Poder Ejecutivo, tenemos que asumir el papel del Poder Legislativo y aquí también proponer mejorar las propuestas que vengan de allá”.

El ex panista insistió en que no está en contra del propósito de la reforma, pero sostuvo que ésta no se está haciendo bien.

“Me preocupa que algo tan importante le demos un carácter superficial. Voy a favor, pero hago la observación de que esto está incompleto y, en sí mismo implica un riesgo, el riesgo de que por mala definición legislativa se ate la esperanza y la exigencia del pueblo que merece seguridad”.

Politicas fallidas,ineficaces y riegosas

La reciente aprobación del registro de usuarios de líneas móviles en México revive un debate histórico sobre medidas de seguridad que han demostrado ser ineficaces y riesgosas. 

Este nuevo intento repite errores de políticas fallidas del pasado, como el padrón implementado entre 2009-2012 durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue cancelado por su nulo impacto en la reducción del crimen y sus altos costos. Aquí los argumentos clave que explican por qué estas iniciativas no funcionan:

Ineficacia comprobada contra el crimen organizado

Datos históricos revelan fracasos:

  • El registro anterior (2009-2012) aumentó los secuestros en 8% y las extorsiones en 40%, según el informe del GSMA que motivó su cancelación.
  • Organizaciones como R3D señalan que los criminales usan técnicas como SIMs clonadas, robadas o adquiridas en el mercado informal (donde se venden sin identificación), lo que hace irrelevante el registro.

Ejemplo reciente de corrupción:

  • Durante la administración de Genaro García Luna, se documentó la venta de tecnología de espionaje a autoridades mexicanas para interceptar comunicaciones sin controles legales, demostrando cómo estos sistemas pueden ser desviados para fines ilícitos.

Riesgos para la privacidad y seguridad ciudadana

Vulnerabilidad de datos sensibles:

  • México tiene un historial de filtraciones masivas, como la exposición de datos de 830,000 servidores públicos en 2021.
  • El 75% de los países con registros biométricos son regímenes autoritarios (China, Venezuela), según R3D.

Colusión autoridades-crimen:

  • Luis Fernando García de R3D advierte: “En México, la línea entre crimen y autoridades muchas veces es inexistente”, lo que facilita el acceso ilícito a los datos.

Problemas constitucionales y ausencia de garantías

Precedente judicial:

  • En 2022, la Suprema Corte declaró inconstitucional el PANAUT (registro biométrico de 2021) por violar derechos humanos y no requerir órdenes judiciales para acceder a los datos.

Violación a principios fundamentales:

  • Presunción de inocencia: La reforma actual permitiría imputar delitos al titular registrado, incluso si su línea fue robada o clonada.
  • Ausencia de control judicial: La SSPC podría solicitar datos biométricos sin supervisión de un juez, según críticas de legisladores.

Costos elevados sin beneficio social

  • El registro derogado en 2012 costó $700 millones de pesos[1], mientras que el nuevo tendría un costo estimado de $21,000 millones.
  • Estos recursos contrastan con el aumento del 7.5% en víctimas de corrupción reportado en 2019, evidenciando prioridades equivocadas.

Conclusión

La insistencia en registros biométricos refleja una estrategia de seguridad obsoleta que ignora lecciones clave:

  1. Los criminales evaden fácilmente estos controles usando métodos no rastreables.
  2. Centralizar datos sensibles crea blancos para filtraciones y abusos de poder.
  3. Se privilegian medidas de vigilancia masiva sobre soluciones estructurales (mejor inteligencia policial, reforma judicial).

Como señaló el senador Emilio Álvarez Icaza: “Estos registros son características de regímenes autoritarios”. La repetición de políticas fallidas sugiere intereses ajenos a la seguridad ciudadana, priorizando el control sobre los derechos fundamentales.

Con informacion: ELNORTE/