En los últimos cinco años, 14 ex gobernadores —la gran mayoría priístas— han sido acusados de corrupción, cinco fueron detenidos y están en prisión por delitos como desvío de recursos públicos y nexos con la delincuencia organizada. A los capturados se suma el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien fue detenido el pasado viernes por el delito de peculado y lavado de dinero.
Los ex mandatarios emanados del PRI que durante ese periodo fueron detenidos y están tras las rejas son Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Ángulo, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco, y el ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García. Asimismo, por el PAN, el ex mandatario de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
Otros priístas que están en la lista, puesto que son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) o por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), son los ex jefes del Ejecutivo de Chihuahua, César Duarte Jáquez; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Roberto Sandoval, de Nayarit; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Rolando Zapata Bello, de Yucatán; Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán; Mario Anguiano Moreno, de Colima, y Jorge Herrera Caldera, de Durango.
Permiso para robar
De acuerdo con especialistas consultados por EL UNIVERSAL, la relación de una cifra alta en detenciones o averiguaciones contra ex mandatarios del PRI se debe a que el regreso de éste partido a la Presidencia de la República, en 2012, fue interpretado por muchos gobernadores como una licencia para robar. En tanto, los órganos autónomos y la alternancia política han ejercido una mayor presión para investigar a las gestiones corruptas.
Alejandro Hope, analista en temas de seguridad, explicó: “El regreso del PRI al poder dio una licencia para robar o al menos fue interpretada así por muchos ex gobernadores, lo que generó un clima de corrupción”. Detonó una reacción social a modo de anticuerpos contra la corrupción. “Ante esa presión se ven obligados a actuar. Otro elemento, es la alternancia política en los estados”, dijo.
Para Salvador Mora Velázquez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, las averiguaciones contra ex funcionarios se ven en la dinámica de un sistema político de mayores pesos y contrapesos. Declaró que la oposición tiene mayores espacios para asumir una capacidad para actuar en contra de la corrupción.
“Hay un impulso de la ley de transparencia, en la que ex gobernadores están expuestos a la rendición de las cuentas públicas. Además, los estados tienen mayor pluralidad y ofertan una revisión de las cuentas de los ex gobernadores. También tienen un aliado en la Auditoría Superior de la Federación, que cada vez más es un actor independiente y autónomo”, expuso.
Un número importante de acusaciones o, incluso, detenciones contra ex mandatarios estatales se registra en las entidades en las que en los últimos dos años ha habido alternancia de gobierno.
Tal es el caso de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz (2010-2016), quien al culminar su mandato fue señalado por el actual gobierno veracruzano, al mando del panista Miguel Ángel Yunes Linares. La PGR detuvo al priísta el 15 de abril en un hotel de Guatemala y se encuentra en la cárcel acusado de desvío de recursos por 35 mil millones de pesos.
Otro de los casos es el de Roberto Borge Ángulo, ex mandatario de Quintana Roo (2010-2016), puesto que una vez que el PRI perdió la gubernatura el año pasado y la asumió el perredista Carlos Joaquín González, comenzó una indagatoria en su contra por probable daño patrimonial de mil 900 millones de pesos. Tras detenerlo, el pasado 18 de septiembre, el gobierno de Panamá concedió la extradición a México, pero aún se encuentra en la cárcel panameña El Renacer.
El panista Javier Corral Jurado, actual gobernador de Chihuahua, también abrió las puertas para una investigación en contra de su antecesor César Duarte Jáquez, quien tiene una orden de aprehensión por el desvío de 14 millones de pesos a las campañas del PRI. Actualmente está prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol.
Asimismo, el ex gobernador de Tabasco (2007-2012) Andrés Granier Melo se encuentra preso desde 2013 en la cárcel de Tepepan, en la Ciudad de México, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 35 millones 338 mil pesos. Su sucesor, el perredista y actual mandatario, Arturo Núñez, demandó en 2013 a Granier por desvío de recursos.
Tras la transición en Nuevo León, Rodrigo Medina, ex mandatario priísta, fue señalado por daño patrimonial y peculado por 3 mil 567 millones de pesos, por lo que fue detenido el 26 de enero pasado, pero liberado unas horas después por un juez federal.
Señalados
Existe una lista de gobernadores en funciones y ex gobernadores que son indagados por autoridades federales ante diversas irregularidades en sus administraciones.
Quien recién concluyó funciones y ha sido señalado es Roberto Sandoval, priísta de Nayarit. Tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito ante la PGR, así como el mal uso de recursos por más de mil millones de pesos. Entre sus ex colaboradores estaba el fiscal Édgar Veytia, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Además, el ex mandatario de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, es investigado desde mayo de 2016 por la delegación de la PGR en Zacatecas que abrió una carpeta en su contra por acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado.
La denuncia la interpuso Bibiana Lizardo, entonces diputada local, junto a otros legisladores, quienes ofrecieron pruebas por la supuesta compra de terrenos por parte de prestanombres del gobierno de Alonso Reyes en zonas protegidas que serían convertidas en fraccionamientos o residencias.
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado a Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán, por mala administración de recursos por 30 millones 17 mil pesos.
Fausto Vallejo Figueroa, ex gobernador de Michoacán, fue investigado por presunto desvío de recursos por casi 2 mil 300 millones de pesos. De la misma forma, Mario Anguiano Moreno, ex mandatario de Colima, es señalado por tener empresas fantasmas e irregularidades por 2 mil 119 millones de pesos durante su administración.
Jorge Herrera Caldera, ex jefe del Ejecutivo de Durango, es señalado por presunto daño patrimonial de 4 mil 560 millones de pesos. Se amparó una vez que concluyó su mandato, junto a otros funcionarios de su gobierno.
En enero de 2016, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue detenido en España señalado por lavado de dinero, cohecho y otros delitos. El ex priísta fue liberado siete días después.
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