UN «PROFUGO con FUTURO…JURIDICO»: «SI CDV se ENTREGA las PROBABILIDADES de ABSOLUCIÓN TECNICA,NO de INOCENCIA MORAL son ALTISIMAS»…duraría menos en la carcel que Govea,el Fiscal de Justicia de Americo.

La probabilidad de absolución de un exgobernador con buen despacho en la Roma Norte en la CDMX es, hoy por hoy, mucho más alta que la probabilidad de que la FGR integre bien una carpeta de investigación y la justicia lo sentencie en definitiva.

I. PGR, FGR o “Fiscalía S.A. de C.V.”: cambia el membrete, no la chapucería

Basta con voltear a ver como va el caso Yarrington,donde la vieja PGR armó un “gran caso” con testigos colaboradores de dudosa solidez, acusaciones espectaculares y un expediente que hoy huele a vendetta política y a fabricación burda, al grado de que el propio exgobernador busca ahora el juicio político contra Marisela Morales,quien auxiliada por Irving Barrios Mojica,ex-fiscal de Tamaulipas «amo y señor del montaje», enfrentan acusaciones por violaciones graves y sistemáticas de sus derechos.

El mensaje es letal para la credibilidad institucional: si el expediente emblema contra un narcopolítico se cae por chapucería procesal, ¿qué le espera a los demás casos menos vistosos pero igual de mal armados por la estultez jurídica y dolo de fiscales donde el presunto culpable al final siempre resulta inocente y no porque lo sea, porque no pudieron probarlo,asi paso en Texas en 1986 en el primer caso de captura del ex-gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca,donde tan solo basta escuchar el video del fiscal que tácitamente infiere fue mas fácil dejarlo en libertad, que probarle el delito.

La joya de la corona es que la PGR de ayer y la FGR de hoy comparten el mismo vicio estructural: mucha espectacularidad mediática, mucha filtración selectiva, y muy poca pulcritud probatoria.

II. Estadística de la justicia ramplona: el arte de no llegar a nada

• En 2022, la FGR abrió alrededor de 2.2 millones de carpetas; solo el 4.3% llegó siquiera a vinculación a proceso, es decir, en más del 95% de los casos la “investigación” ni siquiera alcanzó la línea de arranque formal ante un juez, cita el diario español,El País.
• Más de la mitad de esas carpetas se quedaron en “investigación” eterna (52.3%) y en aproximadamente el 43% la propia FGR decidió no seguir, archivar, abstenerse, declararse incompetente o simplemente acumularlas, con un amplísimo margen de discrecionalidad y opacidad, publicó el mismo diario.

Es un sistema que domina el arte de abrir carpetas que no resuelven nada, pero que sirven para la conferencia de prensa y para el boletín triunfalista.

III. Yarrington como ensayo general del fracaso

• El “gran caso” contra Tomás Yarrington terminó con una sentencia comparativamente “barata” en Estados Unidos por lavado de dinero y no por narcotrafico,del que ahora lo acusa la FGR.
• En México, la narrativa oficial que lo pintaba como epicentro de lavado masivo y narcopolítica se sostiene sobre investigaciones plagadas de testigos cuestionables y acusaciones que hoy el propio Yarrington denuncia como construidas con testigos falsos y montaje procesal.

Moraleja: cuando el caso estrella contra un exgobernador termina exhibiendo más las mañas de la Procuraduría que las del acusado, el sistema manda un mensaje claro a toda la clase política: no temas a la ley, teme a que tu expediente no salga igual de chapucero.

IV. Cabeza de Vaca: prófugo… pero con futuro jurídico

Francisco Javier García Cabeza de Vaca carga con órdenes de aprehensión, fue declarado prófugo y aparece respondiendo desde su refugio en Texas, en un tono de víctima perseguida y, de paso, acusando el huachicoleo político y económico de Tamaulipas mientras Americo Villarreal,celebra el fallo.

La escena es casi de manual: el exgobernador en el exilio cómodo, el Estado exhibiendo músculo en comunicados, y una FGR que ya demostró, con cifras en mano, que apenas logra empujar a tribunales una migaja de sus investigaciones.

Si esta FGR, con el mismo ADN burocrático que la vieja PGR, es la encargada de procesar a Cabeza de Vaca, la ecuación se vuelve perversa:

1. Expediente armado al vapor,
2. Prueba testimonial o bancaria sin cadena de custodia impecable,
3. Peritajes hechos a las prisas,
4. Y un aparato que solo consigue vincular al 4% de los casos que abre.

Con ese porcentaje de eficacia, el riesgo real para un político de alto perfil como Cabeza de Vaca, no es la condena , sino, cuando mucho, un sainete procesal que termina en absolución, sobreseimiento o una sentencia simbólica después de breve tiempo de litigio.

No se debe perder de vista que el actual Fiscal de Justicia de Tamaulipas,permanecio solo 7 meses de reclusión en el penal de Alta Seguridad de Almoloya,hoy del Altiplano tras ser detenido, esposado y trasladado en avión acusado e servir al Cartel del Golfo. 

V. Argumento de abogado cínico: por qué es más probable la absolución

Si nos ponemos en modo de abogados duchos, del exgobernador prófugo, haría este alegato sin despeinarse:

1. “Señoría, las estadísticas están de mi lado”
   • De cada 100 investigaciones que abre la FGR, solo 4 logran cruzar la puerta de la vinculación a proceso; el resto se queda en el limbo o se archiva por decisión de la propia institución.
2. “La PGR/FGR tiene un historial documentado de expedientes chatarra”
   • El caso Yarrington es precedente útil: se armó un caso emblemático contra un exgobernador, se abusó de testigos cuestionables y hoy el propio acusado tiene argumentos para pedir juicio político contra la exprocuradora por violación de derechos.
   • Ese patrón de fabricación descuidada contamina, por analogía, la confianza en cualquier caso de narcopolítica que salga de la misma escuela de procuración de justicia.
3. “Si mi cliente se entrega, se fortalece su narrativa de persecución y se debilita la del Estado”
   • Un prófugo que regresa voluntariamente a entregarse puede presentarse como el que confía en los tribunales, no en la Fiscalía; la FGR llega con su reputación numérica de fracaso y con la carga histórica de carpetas mal integradas.
   • El juicio se vuelve escenario para exhibir errores procesales: filtraciones, deficiencias en peritajes, omisiones en cadena de custodia, contradicciones de testigos, todo en un contexto en que ya se documentó que la institución archiva y desiste masivamente sin transparencia.
4. “El estándar real de la justicia mexicana es la impunidad, no la condena”
   • El propio estudio “Hallazgos” documenta un cuello de botella crónico en la FGR: exceso de expedientes, mínimo flujo hacia tribunales y un modelo de operación que normaliza el archivo y la renuncia a investigar.
   • Human Rights Watch describe un sistema penal que rara vez identifica y procesa a responsables y peor se pone el el escenario cuando se trata de homicidio, por falta de personal, de peritos y por burocracia paralizante; si ni siquiera resuelven homicidios, menos van a sostener sin fisuras un caso de alta complejidad política y financiera.

Con ese cuadro, la apuesta fría es sencilla: si Cabeza de Vaca se entrega, sus probabilidades de absolución técnica —no de inocencia moral— son altas, porque litiga contra una Fiscalía que pierde casi todo lo que toca o lo afloja hasta deformarlo.

Asi acaba de ocurrir en Tamaulipas,donde una sola fecha canceló una vinculación a proceso,causalmente del un «Cabecista».

VI. El crimen perfecto es un expediente mal hecho

En México, el crimen perfecto no lo comete el delincuente, lo fabrica la Fiscalía cuando arma un caso con fotocopias, testigos volubles y peritajes de catálogo.

Mientras el sistema premia la espectacularidad mediática por encima de la eficiencia procesal, los Yarrington, los Cabeza de Vaca y proximanete los «Americos» de este mundo, saben que su mejor estrategia de defensa no es demostrar su honorabilidad, sino sentarse a esperar a que la Fiscalía vuelva a hacer lo que mejor sabe: equivocarse.

Con información: MEDIOS/REDES

«VERDUGOS TRAIAN UNIFORME MILITAR»: LA «FGR PARIENTA de PGR ATRAE 20 AÑOS despues la VIOLACION,TORTURA y ASESINATO de MUJER INDIGENA»…el poder le teme a la verdad y le teme al uniforme, sabe que al mirarlo fijo, el Estado se ve a sí mismo.

Casi veinte años tuvieron que pasar para que la justicia mexicana recordara que tiene pendientes con una mujer indígena violada, torturada y asesinada a manos de soldados. Dos décadas de silencio burocrático, de carpetas empolvadas bajo el archivo castrense, de comunicados que hablaban de “muerte natural” como si el cuerpo de una anciana pudiera inventarse su propia agonía.

Hoy, la Fiscalía General de la República anuncia, con gesto solemne, que reabre el caso. No por convicción, sino porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos los jaló de las orejas. Si fuera por iniciativa nacional, el expediente seguiría sepultado en el mismo cementerio de justicia donde reposan los nombres de Tlatlaya, Ayotzinapa y miles de víctimas sin apellido ni rango.

La FEVIMTRA —esa fiscalía con nombre largo y dientes cortos— dice que hará una “investigación exhaustiva con apego a los estándares internacionales”. Lindo eufemismo para disfrazar lo que en realidad ocurre: el Estado mexicano finge reparación, pero no reconoce que el culpable lleva charreteras y goza de fuero invisible. Aquí, cuando el abuso lo comete un soldado, el crimen se convierte en “malentendido operativo”.

Ernestina Ascencio Rosario, mujer náhuatl, 73 años, violada en su comunidad de Tetlatzinga en 2007. El Ejército lo negó, el entonces presidente Calderón se apresuró a exonerar “a sus muchachos” sin prueba ni autopsia, y el expediente estatal de Veracruz maquilló la tortura como “gastroenteritis”. Esa fue la justicia mexicana: un diagnóstico clínico para esconder el delito más vil.

Dos décadas después, las instituciones anuncian que por fin cumplirán con los estándares de derechos humanos. Celebran la obediencia internacional como si fuera heroísmo soberano. Pero nadie habla de los militares que siguen en las calles, ni de los civiles que siguen cayendo bajo su sombra.

Mientras tanto, el Estado maquilla su vergüenza con comunicados en lenguaje técnico. A Ernestina la siguen llamando “agraviada”, no víctima. Porque admitir la tortura sería aceptar que el uniforme no purifica el crimen.

Y sí, hoy vuelven a investigar. Pero las heridas del país no se cierran con discursos de reparación. Se cierran cuando el poder deja de blindar a sus verdugos.

Con información: ELNORTE/

«CHULADA de ESTRATEGIA HARFUCHIANA»: «FEBRERO de 2026 REBASA al MISMO MES de 2025 en eso de MATAR GENTE en SINALOA»…eso en castellano llano se llama fracaso.

Sinaloa ya rebasó la matazón de febrero de 2025 y el gobierno sigue hablando como si la estadística fuera un rosario de buenas noticias atoradas en “corte al día 20”. Mientras la Fiscalía reporta tres nuevos homicidios en un solo martes, más un hallazgo de restos humanos y cuatro vehículos robados, el discurso oficial sigue en modo powerpoint, acomodando números por quincenas para que parezca “control”.

Febrero: el “logro” de matar más que el año pasado

• Noroeste documenta que, con los últimos tres homicidios y el hallazgo de restos, febrero de 2026 ya superó los asesinatos registrados en febrero de 2025 en Sinaloa.
• El conteo periodístico marca 131 homicidios en febrero y proyecta cerrar el mes con unos 153 asesinatos, es decir, más muertos y más rápido que el año pasado.

El gobierno, en cambio, sigue recargando el relato en el truco de siempre: no hablar del mes completo, sino del “corte al día X”, del “promedio diario acumulado” y del “ajuste metodológico”. La realidad es que la racha de asesinatos no bajó, cambió de pendiente: de 3.9 homicidios diarios en febrero de 2025 se pasó a 5.5 diarios en febrero de 2026, y eso en cualquier idioma se llama fracaso, no “contención”.

La guerra interna y el cuento del control

• Desde que se desató la disputa entre los Guzmán y los Zambada en septiembre de 2024, Sinaloa acumula 2,877 asesinatos, 3,334 personas privadas de la libertad y casi 10 mil vehículos robados.
• El promedio actual ronda 5.4 homicidios diarios y proyecta casi 2 mil asesinatos para 2026 si la tendencia sigue igual.

Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que “la estrategia funciona” porque el promedio bajó respecto al pico histórico, como si la vara de éxito fuera matar “un poco menos” que en la peor masacre previa. El truco es perverso: desplazan la ventana de comparación, brincan meses completos y eligen el periodo que acomoda al mensaje, no al ciudadano que está enterrando familiares.

Niños asesinados, gobierno en piloto automático

• En 17 meses de guerra interna, Noroeste ha documentado al menos 106 niñas, niños y adolescentes asesinados en Sinaloa.
• El “centenar trágico” se alcanzó el 11 de febrero de 2026, pero la violencia siguió sumando menores ejecutados en las semanas posteriores.

Mientras las cifras de infancias asesinadas crecen, el gobierno sigue anunciando “coordinación interinstitucional” y “mesas de seguridad” como si fueran misa dominical para absolver el expediente de la violencia. Si la estrategia fuera tan exitosa como narran, Sinaloa no habría escalado a estar entre los estados con mayor violencia letal del país entre 2024 y 2025, ni febrero de 2026 estaría rompiendo su propio récord sangriento.

La cifra que niegan

• 131 homicidios en febrero, proyección de 153 asesinatos al cierre del mes, 2,877 homicidios en 17 meses de guerra, 3,334 personas privadas de la libertad y 106 menores asesinados.
• Eso no es “estabilización”, es normalización de la barbarie envuelta en boletines con gráficos de colores y cortes de periodo a modo.

El gobierno puede seguir acomodando la temporalidad de las cifras para vender “tendencias a la baja”, pero la matemática es menos dócil que el discurso: febrero de 2026 ya superó la matazón de febrero de 2025, y no por poco. Si la estrategia es tan buena como dicen, ¿por qué el calendario se llena más rápido de muertos que de resultados? Ahí está la respuesta que no caben en ninguna mañanera: no fallan los números, falla el poder que vive de maquillarlos.

Con información: NOROESTE/

«YA lo estaban VENADEANDO»: «CRIMINALES RAFAGUEAN y EJECUTAN EX-SUBPROCURADOR de DELITOS de ALTO IMPACTO»…iba con su hija,salio ilesa.

En La Paz,Baja California, amaneció con la postal perfecta del narco–Estado: un exsubprocurador acribillado a ráfagas a la puerta de su casa… y su hija menor de copiloto, convertida en escudo involuntario de la barbarie.

El mensaje a plena luz

A las 7:00 de la mañana, hora de lonchera escolar, no de ejecución, Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto, fue emboscado al salir del Residencial Hispania, en la esquina de Cantabria y La Cima, en La Paz, Baja California Sur. Viajaba en una Jeep gris, con su hija menor; él quedó abatido por disparos de grueso calibre, ella salió ilesa, como si el crimen organizado hubiera decidido respetar un milímetro de humanidad solo para subrayar que lo demás lo tiene bajo contrato.

No fue un “encuentro”, fue una cita agendada: la Mesa Estatal de Seguridad reconoce que los sicarios ya lo estaban esperando, como quien aguarda el Uber frente al fraccionamiento. Vecinos reportaron múltiples ráfagas, porque aquí no se mata en silencio; se mata con eco, para que toda la colonia escuche quién manda y a qué horas empieza su jornada laboral el plomo.

El sistema que “lamenta” mientras se cae a pedazos

La PGJE salió con el clásico responso institucional: lamentan los hechos, prometen rigor, transparencia y que “no habrá impunidad”. El comunicado pinta a Soriano como funcionario ejemplar, comprometido con la procuración de justicia y el combate a la delincuencia; el problema es que el crimen acaba de dar su propio boletín, escrito en casquillos, sobre cuánto vale la vida de un exmando en Baja California Sur.

Hablan de protocolos activados y de líneas de investigación, como si no fuera evidente la línea principal: alguien se atrevió a tocar al crimen o estorbó la cadena de negocios, y el mensaje es que ni el historial de “alto impacto” te salva cuando la plaza se administra desde otra oficina. El aparato institucional corre detrás de una emboscada montada con total control de tiempo, lugar y víctima; en términos de poder real, el Estado llega tarde, levanta el cadáver y firma el acta.

La niña en la escena del crimen

Que la hija haya salido sana y salva no es un gesto de humanidad, es una demostración de precisión y atrevimiento:sabían que iba con una menor y de todos modos ejecutaron al objetivo frente a ella. La escena describe perfecto la jerarquía de valores del narco: primero el mensaje, luego el territorio, al final las infancias que se traumatizan de por vida, porque vieron cómo el Estado que presumía “fortalecimiento institucional” termina tirado sobre el volante.

A las afueras de un residencial, a la hora de llevar a la niña, en una ciudad que presume paz en su nombre, un exsubprocurador cae a tiros: no es solo un asesinato, es una nota al margen de la Constitución que dice “la seguridad se otorga por fuera del gobierno y sin garantía de devolución”. Aquí el atrevimiento del crimen no es novedad; la novedad es que todavía haya comunicados oficiales fingiendo que tienen el control, cuando el control ya madruga, se estaciona afuera del fraccionamiento y espera pacientemente a su próximo “alto impacto”.

Con información: SEMANARIO/ZETA TIJUANA/

LAS «DUDAS RAZONABLES»: A «MAS de 72 HORAS de CAPTURA y MUERTE del MENCHO HAY MAS PREGUNTAS que RESPUESTAS»…pretenden que la gente brinde por la caída del monstruo sin siquiera enseñarle la sombra del cadáver,

Nadie que haya visto cómo “cayó” El Mencho está obligado a tragarse la versión oficial sin hacer arcadas. Y dudar, en este país, no solo es sano: es instinto de supervivencia política.

1. El cadáver imaginario

Tres días después del operativo en Tapalpa seguimos en lo mismo: México entero vio los narcobloqueos, los coches ardiendo, las clases suspendidas en al menos diez estados, pero el supuesto cadáver del capo más buscado solo existe en comunicados, no en imágenes.

Al CJNG lo exhibieron durante años como un monstruo omnipresente, capaz de tirar helicópteros con lanzacohetes y de incendiar medio país en cuestión de horas; pero cuando al fin “abaten” a su líder, la escena del crimen se maneja como si fuera expediente de notario: discreto, frío, sin una sola foto filtrada en un ecosistema donde hasta el chofer del MP presume evidencias en WhatsApp.

El gobierno dice: “murió en el traslado aéreo a la Ciudad de México”; la pregunta obligada es: ¿en qué momento exacto murió un hombre que llevaba una década siendo prioridad de seguridad nacional y objetivo binacional con Estados Unidos?.

En cualquier otro caso, las filtraciones habrían salido con lujo de detalles, pero aquí, mágicamente, todo el aparato de chismorreo institucional se disciplina al mismo tiempo que el Ejército, la Fiscalía, el CNI y los gringos.

2. ADN sin contexto y pruebas sin contrapesos

El libreto oficial se sostiene en la palabra mágica: “ADN”. Primer mandamiento del catecismo post-mortem: si dices ADN, la opinión pública se calla, aunque no le enseñes ni el dictamen, ni la cadena de custodia, ni la comparación de perfiles.

¿Qué banco de datos usaron para la confronta?, ¿cuándo y cómo se recabó la muestra de referencia de Nemesio Oseguera Cervantes, si llevaba años moviéndose como fantasma entre clínicas, ranchos y cuarteles de facto?, ¿intervino alguna agencia estadounidense en la verificación, o solo se “coordinó información” a modo de bendición diplomática?.

La narrativa incluye cooperación con Estados Unidos, pero no hay una sola voz oficial de aquel lado dando la cara para refrendar la identidad del muerto, cuando ese hombre estaba en sus listas prioritarias desde hace años.

En un país con historial de “abatidos” que luego reaparecen vivos, pedir que los ciudadanos acepten un acta de defunción verbal sin informes periciales públicos es exigir fe religiosa, no confianza democrática.

3. Heridas, traslado y el guion del héroe sin mácula

Dicen que hubo un enfrentamiento, que murieron varios hombres en el sitio y otros tres, incluido El Mencho, fallecieron en el traslado aéreo a la CDMX; pero no sabemos qué heridas específicas presenta el cuerpo ni cuál fue el trayecto médico exacto de ese paciente de altísimo valor táctico.

No hay parte médico, no hay descripción forense, no hay tiempos de estabilización reportados, no hay bitácora clínica pública, solo la frase cómoda: “resultó herido de gravedad y murió en el traslado”, un texto genérico que funcionaría igual para un capo, un soldado o un espectro.

La narrativa militar se reserva el detalle clave: ¿hubo intento de evacuarlo con vida para interrogarlo o siempre fue un operativo pensado para terminar con él en caliente?.

Si lo querían vivo para inteligencia estratégica, el fracaso médico debería ser escándalo; si siempre lo quisieron muerto, entonces estamos frente a una ejecución política envuelta en lenguaje de “enfrentamiento” y “respuesta al fuego enemigo”.

4. El funeral de fuego como cortina

Mientras el cuerpo no se muestra, lo que sí se exhibe a todo color son las cenizas del país: bloqueos, vehículos calcinados, violencia en al menos 20 estados, suspensión de actividades, miedo escolarizado a escala nacional.

El mensaje práctico es claro: el gobierno muestra músculo con el abatimiento y el CJNG responde incendiando el mapa, de modo que la gente termine pidiendo orden a cualquier costo, aunque el costo sea no preguntar demasiado por los detalles del operativo.

La operación, según Sedena, fue “de inteligencia militar” con Fuerzas Especiales, CNI, Fiscalía, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y cooperación con Estados Unidos; una coreografía perfecta que contrasta con la incapacidad crónica de contener, en el día a día, las masacres en territorios donde mandaba el CJNG desde hace años.

La paradoja es brutal: para tumbar al capo sí hay helicópteros, fuerzas elite, coordinación binacional y despliegue inmediato; para rescatar comunidades sitiadas por el mismo grupo, el Estado suele llegar tarde, desarmado o fingiendo demencia institucional.​

5. Silencios oficiales y narrativa blindada

Setenta y dos horas después, persiste algo peor que una mentira: un silencio administrado, una historia contada a cuentagotas, calibrada para que no se abran demasiados flancos de litigio político y jurídico.x+2
La línea discursiva es tan uniforme que parece dictada desde un mismo cuarto: se reconoce la coordinación, se presume el éxito táctico, se exhibe la reacción violenta del narco, pero se evita mostrar la prueba reina: el rostro del muerto, el expediente técnico, los documentos que puedan ser verificados por terceros.

En paralelo, la pregunta que nadie en el gobierno tiene prisa por contestar es: ¿qué sigue con el CJNG?, ¿está fracturado, reacomodándose, pactando, heredando mando?, porque si la estructura sobrevive casi intacta, lo que abatieron no fue un cártel, sino un símbolo útil para la narrativa del “Estado fuerte”.

El vacío de información se llena solo con dos cosas: propaganda oficial y especulación criminal, y en ese choque de relatos la ciudadanía queda reducida al papel de público cautivo, obligado a aplaudir el final del villano sin haber visto el cadáver.

6. Las preguntas que un país serio pondría sobre la mesa

No se trata de creer o no creer, sino de exigir que las dudas se respondan con documentos, no con mañaneras:

• ¿Dónde están los dictámenes de ADN y qué laboratorios intervinieron, nacionales y extranjeros?
• ¿Cuál es el parte forense completo sobre las heridas que causaron la muerte y la cronología médica del traslado?
• ¿Quién tiene bajo custodia el cadáver, cuáles son los requisitos para que la familia —si se atreve— reclame el cuerpo y qué plazos han fijado para disponer de los restos?
• ¿Qué agencia internacional se hará responsable de certificar que el hombre abatido es el mismo que aparece en las órdenes de captura y listas de objetivos prioritarios?

Un país que se respeta no pide fe; firma, sella y publica. México, en cambio, parece especializarse en funerales sin cuerpo, en operativos sin expediente abierto al escrutinio, en victorias que se consumen en el boletín de prensa y se deshacen en la memoria colectiva.

Dudar de la historia oficial sobre la muerte de El Mencho no es conspiracionismo, es defensa básica frente a un Estado que durante décadas ha firmado comunicados que luego se desmienten solos, y que hoy pretende que la gente brinde por la caída del monstruo sin siquiera enseñarle la sombra del cadáver.

Con información: EMEEQUIS/

"TRAEN PRIORIDADES": LA «SUPREMA CORTE FALLA en FAVOR de la REINA del PACIFICO y OBLIGA a TELEMUNDO a PAGARLE CASI MEDIO MILLON de PESOS»…la volvieron narcoserie sin pagarle un solo peso.

La Suprema Corte acaba de recordarle a Telemundo una verdad básica de la vida: si vas a lucrar con la narcoestrella, mínimo pídele permiso a la narcoestrella.

La Corte, influencer tardía de derechos de imagen

Telemundo quiso hacerla de creativo: agarró la foto de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, la puso a trabajar de modelo involuntaria para promocionar La Reina del Sur, y luego juró que todo era “informativo” y “periodístico”. La SCJN le dijo que no, que eso no era nota, era anuncio disfrazado, y confirmó la multa de 448.000 pesos por usar la imagen sin consentimiento para fines comerciales.

La Corte, muy puntual y muy formal, reiteró lo obvio: si vas a explotar la cara de alguien para hacer negocio, necesitas su “sí” clarito, por escrito y sin maromas. Solo hay excepción cuando la persona está en un lugar público y el uso es informativo o periodístico, pero Telemundo intentó colarse por esa rendija con una foto que ni era pública ni de cobertura noticiosa, y ahí se les cayó el teatrito.

Medio millón de pesos de multa… y el verdadero botín atrás

La mordida económica inmediata es casi medio millón de pesos, una propina para una cadena que exprimió la marca “Reina del Sur” hasta dejarla seca. Pero el verdadero truco está en lo que viene: este fallo le abre la puerta a Sandra Ávila para perseguir algo mucho más jugoso que una multita administrativa.

En paralelo, La Reina del Pacífico que ademas le ganó a la FGR en otro fallo, trae un pleito civil en la Ciudad de México por daño moral y material, porque su imagen se usó para levantar rating y vender una telenovela global sin pagarle un solo peso. Sus abogados calculan que lo que le correspondería ronda los 150 millones de dólares en regalías, tomando en cuenta que solo la segunda temporada dejó alrededor de 800 millones de dólares a Netflix y Telemundo.

De personaje de narconovela a demandante premium

El caso tiene una escena clave: una foto de Sandra con sombrero de palma y blusa de tirantes, usada en la promoción de la serie. Esa imagen, dicen sus abogados, no salió de una cobertura periodística abierta ni de un banco público; fue un uso específico, dirigido, para vender un producto televisivo, y justo ahí está el pecado legal que hoy le cobra factura a la cadena.

Es casi poético: la mujer que fue convertida en mito pop, sobrina del legendario Miguel Ángel Félix Gallardo y elevada a personaje literario por Arturo Pérez-Reverte sin haberla conocido nunca, ahora usa ese mito como arma legal para cobrar su parte del pastel. Mientras la serie explotaba su leyenda mientras ella estaba presa por narco y tráfico de cocaína, ahora es ella la que sienta a la industria en el banquillo para exigir cuentas.

Televisión recicladora de narcos y la lección incómoda

La resolución de la SCJN deja una moraleja incómoda para las televisoras y plataformas: no pueden seguir exprimiendo vidas reales como cantera inagotable de narconovelas y luego lavarse las manos con el cuento de “libertad de expresión” cuando las usan para hacer merchandising. La Corte subrayó que aquí no se estaba premiando al crimen, sino poniendo límites claritos entre la libertad de expresión y el derecho a la propia imagen, especialmente cuando lo que manda es la caja registradora.

Al final, Telemundo se topó con la versión jurídica de su propio guion: subestimó al personaje, creyó que solo era insumo para drama de prime time, y terminó con La Reina del Pacífico convertida en protagonista de un thriller legal que apenas está empezando. Y esta vez, el cliffhanger no es si Teresa Mendoza sobrevive… sino cuánto va a tener que pagar la televisora por haber confundido “inspiración” con “explotación a lo descarado”.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PAULINA FLORES RAMIREZ