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jueves, 15 de enero de 2026

«ASI BAJABA la ESTADISTICA ?»: «CONDUCTA REITERADA de POLICIAS ABANDONANDO HERIDOS MORIBUNDOS de CDMX en EDOMEX EXHIBE VIEJA ESTRATEGIA de SHEINBAUM para REDUCIR CIFRAS»…lo que sea para verse bien,asi sea haciendo mal.


La noche del 14 de octubre de 2023, las cámaras del Centro de Mando Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, detectaron que dos patrullas de la CDMX, con número económico MX-121-D2 y MX-443-01 habían abandonado en la vía pública, frente al Hospital General de la Perla, a un hombre herido por arma punzocortante.

Un familiar informó que la víctima había sido agredida con un cuchillo dentro de su propio domicilio, ubicado en el Barrio San Miguel, en Iztapalapa. El hombre recibió cuchilladas en el costado izquierdo del cuerpo. Arribaron dos patrullas al lugar. El familiar pidió que se llamara de manera urgente una ambulancia. “Solo me dicen que no hay y que nos van a escoltar hasta el Hospital de la Perla”, declaró el familiar ante la Fiscalía General de Justicia del Edomex. Relató que los agentes le dijeron que ese hospital del Estado de México “era el más cercano y que ahí lo iban a atender mejor”.

Las patrullas se fueron del hospital antes de que el personal médico saliera a brindar atención al lesionado.

Elementos de la policía de Nezahualcóyotl, que se habían trasladado al hospital para investigar los hechos, presenciaron minutos más tarde el arribo de otra patrulla de la Ciudad de México: la MX-122-D2. La conducía el agente Enrique Lucero Balbuena. Llevaba a bordo a dos mujeres heridas por arma de fuego. Cuando las víctimas bajaron de la unidad, la patrulla intentó retirarse, “dejándolas tiradas sobre la vía pública”, según dice el reporte rendido al Ministerio Público.

Minutos más tarde arribaron al hospital dos patrullas más, la MX-444-D-1 y la MX-272-D2, tripulada la primera por los policías José Fernando Salinas y Brenda Barrón, y la segunda por Ricardo Mirafuentes Sánchez, jefe del Sector Oasis, ubicado en Iztapalapa, al que acompañaban dos de sus escoltas.

Llevaban a un hombre y dos mujeres con lesiones de arma de fuego.

La mujer explicó que seis delincuentes habían querido “rentearlos” en un puesto de micheladas de Santa Martha Acatitla, alcaldía de Iztapalapa, situada al oriente de la CDMX. Como se negaron a pagar la extorsión, fueron agredidos con armas cortas. El hombre tenía un tiro en la cabeza y otro en la pierna. Una de las mujeres, un disparo en el lado izquierdo del cráneo; la otra, un balazo en la mano y en una pierna.

Esta última explicó que los heridos eran derechohabientes del ISSSTE, “el cual estaba más cercano al lugar de los hechos”, pero que los policías, “de manera arbitraria”, decidieron trasladarlos hasta aquel hospital del Edomex, “cuando teníamos más cerca el hospital ‘José María Morelos y Pavón’ o el ISSSTE de Zaragoza”.

También estos últimos agentes pretendieron retirarse, “dejando a los heridos tirados en la vía pública”.

En lugar de solicitar apoyo de unidades médicas, los elementos capitalinos subieron a los heridos a las patrullas y no los trasladaron, como indica la queja de la mujer, al cercano Hospital Regional del ISSSTE “Gral. Ignacio Zaragoza”, ubicado a solo unos minutos del lugar donde ocurrieron los disparos, sino que los condujeron hasta La Perla, decenas de calles más allá de los límites de la CDMX.

Mandos policiales de Nezahualcóyotl ordenaron que los elementos capitalinos fueran detenidos por impedir que los lesionados recibieran atención médica inmediata y trasladarlos a un hospital que se hallaba fuera de su jurisdicción.

Esa noche, seis agentes fueron puestos a disposición del ministerio público en el Centro de Justicia Neza La Perla. Entre estos, se hallaba el jefe del sector Oasis, Ricardo Mirafuentes Sánchez. De acuerdo con versiones del personal del Centro de Justicia, no era la primera vez que elementos policiacos de la CDMX trasladaban a heridos graves a hospitales del Edomex.

Había reportes de que incluso, en vez de llevar a lesionados de gravedad a hospitales capitalinos, paramédicos de varias ambulancias habían solicitado atención en municipios colindantes.

Esa noche, el comisario Juan Hernández Vázquez, coordinador general de la Policía de la CDMX, y el director de investigación policial de asuntos internos, José Antonio Bautista, se presentaron ante autoridades de Nezahualcóyotl para exigirles que se desistieran de llevar a cabo la puesta a disposición de los agentes.

El jefe del sector Oasis, según el personal consultado, había indicado que sus agentes solo cumplían órdenes superiores. La orden era, según el personal del Centro de Justicia: “bajar la incidencia delictiva de la CDMX como fuera”.

Todos los elementos fueron liberados más tarde, “mediante intervención de sus superiores”.

Esto dio origen a una serie de acusaciones por parte de autoridades del Edomex, según las cuales, para maquillar las estadísticas de homicidios durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, policías capitalinos habrían recibido la instrucción de trasladar a heridos y moribundos a hospitales del Edomex. La Secretaría de Seguridad capitalina negó en ese tiempo las acusaciones. Autoridades del Edomex sostuvieron que había diversos casos en los que cuerpos aparecidos en municipios mexiquenses correspondían a personas asesinadas en alcaldías capitalinas, que las disputas por el conteo de cuerpos abandonados en la vía pública eran el pan de todos los días entre las fiscalías capitalinas y del Edomex.

La noche que reseño, al menos seis heridos, algunos de ellos moribundos, fueron trasladados “de manera arbitraria” a un hospital a donde no debían ser llevados. Esa misma noche, todos ellos fueron internados en el sitio al que debieron llegar desde el principio: el hospital regional del ISSSTE de Iztapalapa.

En la carpeta NZ3/062/292551/23/10 está la crónica completa de esa noche.

Con informacion: HECTOR de MAULEON/ELUNIVERSAL +/

«VAYAN por las LACRAS»: «IDENTIFICAN CARTEL que OPERA en MUNICIPIO MAS RICO de MEXICO BAJO COBIJO de CHAPITOS»…y tambien financian la guerra de Sinaloa.


En 2009, Arturo Beltrán Leyva, entonces el segundo narcotraficante más importante de la jerarquía criminal en México, se estableció en San Pedro Garza García. El alcalde electo, el panista Mauricio Fernández Garza, le ofreció refugio a cambio de una ‘pax narca’, de un falso blindaje que, a la fecha, se sigue presumiendo entre la élite política y empresarial de Nuevo León.

Sin embargo, casi dos décadas después, la organización -ahora bajo la protección de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa- sigue manejando los hilos de los negocios clandestinos del enclave con mayor ingreso per cápita de América Latina. San Pedro Garza García no es ajeno a la ola nacional de extorsión que aqueja al resto de México.

Los casos están documentados en dos instancias: Código Magenta tuvo acceso a un reporte de inteligencia que detalla la operación de este grupo criminal y a una denuncia de extorsión presentada el año pasado ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. De acuerdo a los hechos presentados, la trama está conectada al asesinato de Julio César Luna Rodríguez, el propietario de los Tacos del Julio, que murió acribillado el 8 de abril de 2025.

El Cártel de ‘La Oficina’, como era conocida la antigua estructura de los Beltrán Leyva en San Pedro Garza García, se asoció con uno de los operadores criminales más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán, líder de la facción de ‘Los Chapitos’. 

Se trata de Víctor Manuel Barraza Pablos, alias ‘El 40’, jefe de plaza de ese cártel, en Mazatlán, un personaje que fue designado por el gobierno de Estados Unidos y que está involucrado en el manejo de laboratorios de fentanilo, drones explosivos y redes de extorsión. 

Bajo su protección, el Cártel de ‘La Oficina’ cobra piso a empresarios de alto perfil, utiliza drones para amenazar a sus víctimas, realiza robos a residencias privadas, incursionó en la industria del huachicol fiscal y está coludido con un amplio sector de la policía municipal de San Pedro. Las complicidades llegan hasta lo más alto: una porción importante de las utilidades criminales son enviadas a Sinaloa para financiar la guerra paramilitar de ‘Los Chapitos’ contra ‘Los Mayos’.

El fenómeno de extorsión del Cártel de San Pedro alcanzó un punto crítico la semana pasada: más de 40 empresarios y delegados de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos denunciaron las extorsiones de los tránsitos de la policía municipal de San Pedro. “Son abusos sistemáticos”, dijo Diego Bolio, delegado de Conatram en Jalisco. La extorsión ha llegado a tal grado que los empresarios han llamado a una manifestación con bloqueos si no se atienden sus demandas.

El alcalde panista, Mauricio Farah, decidió formar una comisión para atender el problema. Paradójicamente, designó como su director a José Luis Kuri, el secretario de Seguridad Pública municipal que, según diversas denuncias, está involucrado con redes de extorsión en San Pedro. El reporte de inteligencia en poder de Código Magenta lo conecta con la recaudación de cobro de piso de parte del Cártel de ‘La Oficina’.

De acuerdo a una fuente con conocimiento del asunto, desde la Presidencia de la República se giró una instrucción para desmantelar a esta organización criminal. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, designó a Omar Amador Escobar como su representante en Nuevo León. Uno de sus objetivos prioritarios era detener y procesar a los miembros de ‘La Oficina’. No obstante, empresarios afectados por la estructura de extorsión acusan que las investigaciones están detenidas.

¿Quiénes son los comandantes y operadores del cártel que heredó las operaciones de los Beltrán Leyva en San Pedro Garza García y que ahora operan bajo protección de ‘Los Chapitos’? 

El reporte de inteligencia detalla que se trata de la misma organización que fue encabezada por José Rodolfo Villarreal Hernández, alias ‘El Gato’, quien fuera colaborador de Arturo Beltrán Leyva y uno de los hombres más buscados por el FBI. Villarreal Hernández fue entregado al gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025 como parte de la presión que ejerció la administración de Donald Trump para que el gobierno de Claudia Sheinbaum reforzara la presión contra los cárteles. 

‘La Oficina’ de San Pedro es una organización que no pasa desapercibida en Washington. Cuando Villarreal Hernández fue detenido, el vacío de poder del Cártel de San Pedro generó una violenta disputa por el control criminal. Con la intervención directa de Víctor Manuel Barraza Pablos, alias ‘El 40’, ‘Los Chapitos’ se hicieron del control de ‘La Oficina’ y terminaron instalando una organización satélite en el municipio más rico del país.

Esta es la estructura criminal que se detalla en el documento de inteligencia:

1. Jorge Hernández Chávez, alias ‘El Coque’
Después de la expulsión de Villarreal Hernández, Jorge Hernández Chávez, alias ‘El Coque’ y nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tomó el mando de la estructura criminal. El 26 de abril de 2025, en las primeras semanas de Omar Amador Escobar como el funcionario federal de más alto rango en Nuevo León, Hernández Chávez fue detenido por portación de drogas y armas. Días después, fue liberado por un juez federal, pese a que ‘El Coque’ es señalado por autoridades federales como el principal generador de violencia en San Pedro. 

2. Gerardo Salazar, alias ‘La Muñeca
Gerardo Salazar, alias ‘La Muñeca’, es el segundo al mando en la jerarquía de ‘La Oficina’. Autoridades lo identifican como parte de una red de envío de droga a Estados Unidos, importada desde Tapachula, Chiapas y trasegada al norte por la frontera con Texas.

Además, Salazar fue señalado como el operador que controla la venta de droga en antros del Centrito Valle en San Pedro. El 8 de agosto de 2014 fue detenido por posesión de droga en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

3. Alejandro Alberto Cisneros Gutiérrez, alias ‘El Fino’ o ‘Comandante Toro’
La denuncia 27210/2025, con número de caso 028580/2025 presentada ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, señala a Alejandro Alberto Cisneros Gutiérrez, alias ‘El Fino’ o ‘El Comandante Toro’ como parte de una red de extorsión en San Pedro.

Nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Cisneros Gutiérrez fue detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal el 12 de mayo de 2025, en Plaza Fiesta San Agustín. La carpeta de investigación 548/2025-IV fue integrada con los delitos de extorsión, asociación delictuosa, privación de la libertada en fado de amenaza, portación de arma de fuego y posesión de cocaína.

Días más tarde, el juez Alan Güareña Leyva ordenó la liberación de Cisneros Gutiérrez. El reporte de inteligencia al que tuvo acceso Código Magenta señala que las tres personas que fueron detenidas el 12 de mayo de 2025, en Plaza Fiesta San Agustín, habrían entregado 15 millones de pesos a cambio de su liberación.

Cisneros Gutiérrez también es referido en el documento como el presunto autor intelectual del asesinato de Julio César Luna. ‘El Fino’ habría ordenado la colocación de rastreadores GPS en los vehículos del propietario de Tacos del Julio.

4. Héctor Ramos Bastidas, alias ‘Toluco’
Héctor Ramos Bastidas, alias ‘Toluco’, es el operador directo de Alejandro Alberto Cisneros Gutiérrez. Al igual que su jefe, fue detenido en flagrancia el 12 de mayo de 2025, en Plaza Fiesta San Agustín, por agentes federales. Al igual que su jefe, fue liberado por el juez Alan Güareña Leyva.

Según el reporte de inteligencia al que tuvo acceso Código Magenta, Ramos Bastidas fue quien colocó el GPS en el vehículo de Julio César Luna, siguió a la víctima y dirigió al grupo armado que ejecutó al empresario en San Nicolas de los Garza el 8 de abril de 2025. La información es consistente con la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Ramos Bastidas es, también, la persona encargada de realizar el cobro de piso a empresarios de San Pedro Garza García, así como la manipulación de drones para amenazar a las víctimas de extorsión.

5. José Ángel Cruz Félix, alias ‘El Bubu’
El Cártel de ‘La Oficina’ ha tejido una red de protección dentro de la policía de San Pedro y de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. El documento de inteligencia identifica a José Ángel Cruz Félix, alias ‘El Bubu’, como la línea directa entre la organización criminal y el aparato de seguridad local.

Cruz Félix, quien fue policía de San Pedro, cuenta con un equipo de extorsión conocido como ‘El Sindicato’. El principal objetivo de cobro de piso de este grupo son las llamadas “proveedurías”, que son las viviendas construidas en San Pedro.

El 26 de junio de 2025, Cruz Félix fue detenido por extorsión. En el operativo también fueron arrestados cinco miembros de su célula: Ruberth Eli Montiel Nava, Jesús Roberto López Muñiz, Alejandro Daniel Barragán Leal, José Alfredo Contreras Torres y Andrés González Sandoval.

Al igual que el resto de los miembros de ‘La Oficina’, Cruz Félix fue liberado por un juez federal. El reporte de inteligencia adjudica la negociación de su excarcelación a un acuerdo con José Luis Kuri, actual secretario de Seguridad Pública de San Pedro.

6. Fernando Martínez Huizar
El problema de extorsión de San Pedro Garza García tiene raíz en la policía. Fernando Martínez Huizar, ex director de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública, fue denunciado por cobro de piso en colaboración con el Cártel de ‘La Oficina’. Días antes de ser asesinado, el funcionario fue exhibido por Julio César Luna intentado cobrar piso en el restaurante Tacos del Julio de Centrito Valle.

De acuerdo al reporte de inteligencia, Martínez Huizar apoya a Jorge Hernández Chávez, alias ‘El Coque’ y a Gerardo Salazar, alias ‘La Muñeca’, con la movilización de patrullas para extorsionar a empresarios en puntos de reunión. La denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identifica a las patrullas 1181, 0729, 0749, 1156 y 1157 como parte de esta operación ilegal.

Y aún más grave, el documento advierte que la extorsión es permitida con la anuencia de Jose Luis Kuri. ‘El Coque’ y ‘La Muñeca’ pagan una tarifa de 30 por ciento de lo recaudado a los operadores del secretario de Seguridad Pública de San Pedro.

Este lunes, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, ordenó a Kuri el cese definitivo de Fernando Martínez Huizar. Sin embargo, personas cercanas al caso, aseguran a Código Magenta que el ex director de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública, sigue fungiendo como enlace entre la policía local y la estructura de extorsión de Jorge Hernández y Gerardo Salazar.

El Cártel de ‘La Oficina’ ha hecho del Centrito Valle, el enclave de la vida nocturna en San Pedro, su centro de operaciones. Reportes indican que el grupo utiliza los siguientes establecimientos como punto de reunión y, en algunos casos, de distribución de estupefacientes: El Antro Amazonia, el Antro Empire; el Antro Studio Social Club; la cantina ‘Don Roberto’ y el Antro Six.

Lo que inició en 2009 con la llegada de Arturo Beltrán Leyva al municipio emblema de la avanzada empresarial de Nuevo León, explica hoy cómo un grupo de operadores criminales han sometido a la entidad más rica del país. San Pedro no es ajeno a la ola nacional de extorsión; San Pedro no está blindado.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

«SIGAN BUSCANDO y VAN a ENCONTRAR ?»: «CARTEL del GOLFO del CONTADOR y el CAPE EJECUTAN POLICIA MINISTERIAL y USAN CUERPO de PIZARRON para MANDAR MENSAJE de TERROR en VICTORIA»…otra carpeta directa al archivo muerto de muertos.


El asesinato de Luis Fernando Rodríguez Ramírez no es solo una ejecución, es una puesta en escena: el crimen organizado usando el cuerpo de un agente del Estado como espectacular panorámico para avisar quién manda en Ciudad Victoria y que alude claramente a Alfredo Cardenas,alias El Contador ,quien lidera la plaza a través de un «peso pesado», Luis Gabriel Lopez Saldaña,alias EL CAPE.

La frase “Ciudad Victoria tiene dueño” es un narcomensaje en forma de sentencia territorial y, al mismo tiempo, un cachetadón público a toda la estructura de seguridad estatal que poco o nada hace contra sus socios politico-criminales.

Hechos actualizados del caso

  • Luis Fernando Rodríguez Ramírez, agente de la Policía Ministerial Investigadora de Tamaulipas,a decir de el periódico El Norte, fue reportado como desaparecido desde el 10 de enero de 2026, fichado por la propia Fiscalía como persona no localizada.
  • A las 04:46 hrs de la madrugada de este 15 de enero fue encontrado decapitado bajo un puente a la altura del kilómetro 10 de la carretera Victoria–Soto La Marina (Prolongación Juan Capitán “El Chihue” y se presume fue cercenado de sus partes nobles.
  • El cuerpo estaba sin cabeza, con la cabeza colocada entre las piernas y un mensaje en cartulina: “Sigan buscando y van a encontrar, Ciudad Victoria tiene dueño”.
  • El agente tenía unos seis años de servicio en la Fiscalía, y sus ex compañeros lo identificaron extraoficialmente mientras la autoridad decía seguir “en análisis forense criminológico”.

Grado de atrevimiento del crimen

El crimen no solo mata a un policía, lo asciende a utilería macabra para producir terror y exhibir la vulnerabilidad del Estado en su propia carretera “bajo control”. 

Colocar el cuerpo decapitado de un ministerial en un punto visible de la vía Victoria–Soto La Marina, con la cabeza acomodada entre las piernas, es un mensaje visual diseñado para correr por chats, noticieros y grupos de colegas antes que cualquier peritaje oficial.

No se trata de un ataque “contra un ciudadano más”, sino contra un operador directo de la investigación criminal, alguien que en teoría sabe cómo se arma un expediente y cómo se persigue un caso. Al decapitar a un agente de la Policía Ministerial y usar su cadáver como pizarrón, el grupo que lo ejecuta está diciendo: si podemos hacer esto con uno de los suyos, imagínate con los demás.

Indicios del narcomensaje

El texto “Sigan buscando y van a encontrar, Ciudad Victoria tiene dueño” tiene varias capas de lectura.

  • “Sigan buscando”: suena a franco reto y desafio del crimen organizado y no solo al nuevo Fiscal Jesus Eduardo Govea,de pésima curricula ligada a Golfos,tambien a los rivales del CDG, los Zetas. 
  • “Van a encontrar”: alude a consecuencias, no a resultados judiciales; el hallazgo no será justicia, sino más muertos, más cuerpos colocados como anuncios espectaculares.
  • “Ciudad Victoria tiene dueño”: es una declaración de control territorial absoluto, donde el dueño no es el Estado ni la ley, ni militares que tambien condescienden con este grupo armado que es aliado politico del gobernador y por ende se asume el patrón de la plaza.

La elección de la víctima refuerza la lectura de narcomensaje: no levantan a un transeúnte al azar, sino a un agente ministerial, previamente fichado como desaparecido, con días de ventaja para planear la exhibición del cuerpo. La escena con la cabeza entre las piernas y las partes nobles cercenadas es un clásico código de humillación y dominio en la gramática criminal mexicana: el Estado decapitado simbólicamente, obligado a mirarse a sí mismo entre las rodillas.​

Irreverente radiografía del mensaje

En Ciudad Victoria el crimen organizado ya no manda mensajes, manda boletines más efectivos que los de la propia Fiscalía, escritos con sangre y ortografía suficiente para que no haya “malentendidos de contexto”. Mientras la institución habla de “análisis forense criminológico”, el grupo que dejó el cuerpo ya hizo su propio peritaje político: la ciudad tiene dueño, y no es el logo de la FGJE.

El narco convierte la carpeta de investigación en cartulina fluorescente: el “sigan buscando” suena a burla directa a esos operativos donde se despliegan patrullas, drones y discursos, pero nunca tocan al verdadero patrón de la zona. El mensaje es brutalmente claro: ustedes investigan desaparecidos; nosotros desaparecemos investigadores.

Que un ministerial termine decapitado bajo un puente no es solo señal de inseguridad, es el recordatorio de que la línea entre autoridad y objetivo ya se borró hace rato en Tamaulipas. En este escenario, la policía no es el muro de contención, es el siguiente renglón de la lista: hoy es Luis Fernando, mañana puede ser el compañero que firmó la ficha de desaparecido, pasado mañana el que se atreva a “seguir buscando y seguirle buscando”.

Con informacion: ELNORTE/

LA «TRANSA con ACTA NOTARIAL»: «FARMACEUTICA que FUE INHABILITADA por SHEINBAUM con MORAL de CONFERENCIA de PRENSA sigue RECIBIENDO CONTRATOS»… es la creatividad para torcer la ley a favor de los mismos cuates de siempre.


El cuento oficial: Biomics Lab fue inhabilitada 15 meses por vender con sobreprecio y hasta falsificar documentos en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026, decisión anunciada con bombo, platillo y cara severa por la Presidenta engañifa, Claudia Sheinbaum y su lugarteniente Raquel Buenrostro.

La realidad incómoda: mientras el discurso hablaba de castigo ejemplar, su empresa “hermana”, Servicios Empresariales Blanroj, empezaba a cosechar casi 350 millones de pesos en más de 90 contratos públicos, justo en los mismos rubros de insumos médicos y hasta uniformes.

  • Biomics Lab vetada “de manera directa o por interposita persona”, es decir, nada de usar prestanombres o empresas pantalla… justo lo que el gobierno permitió que pasara a plena luz del día.
  • Blanroj, dedicada originalmente a servicios audiovisuales, terminó convertida en súbita experta en medicinas y con un objeto social modificado a fabricación de medicamentos cuando ya traía millones en contratos.

La trampa con acta notarial

El truco ni siquiera es sofisticado, es burdo: Biomics y Blanroj comparten socios, representantes legales, notario y hasta aparecen juntos en una tercera empresa donde coinciden los mismos personajes.

Felipe García Rocha, Marlón Jair Flores Pérez, Mario Piña Hernández y Moisés Pérez Guzmán forman el pequeño club que une a la inhabilitada con la beneficiada, como si el sistema de contrataciones fuera un buffet abierto para reciclar caras y razones sociales.

  • La circular oficial ordenaba a todas las dependencias abstenerse de contratar a Biomics “directa o indirectamente”, pero las dependencias hicieron como que no entendieron el latín y siguieron pagando vía Blanroj.
  • Preguntados por las conexiones, los implicados guardaron el clásico silencio de los negocios que se sienten intocables; silencio que el gobierno permite, porque nadie se apresuró a aclarar nada.

Sheinbaum: la moral de conferencia de prensa

En público, Sheinbaum presentó la inhabilitación como prueba de su combate a la corrupción, citando sobreprecios, falsificación de documentos y un posible sobrecosto general de 13.000 millones de pesos en la compra consolidada.

En los hechos, su administración abrió la puerta para que, cancelada la licitación, se justificaran adjudicaciones directas donde apareció, casualmente, la empresa hermana de la sancionada.

  • El mensaje político: “castigamos a los corruptos”; el mensaje real al empresariado amigo: “si te inhabilitan con un nombre, te ayudamos a cobrar con otro”.
  • La supuesta “Cuarta Transformación” regresa al viejo modelo de compras y lo empeora: combina burocracia tardía, improvisación y la misma red de intereses que dice combatir.

Farmacia rota, negocios intactos

Desde 2019 el país arrastra un desabasto permanente de medicinas por el experimento de sacar al IMSS del control de compras y entregarlo a una Secretaría de Hacienda inexperta, mientras se vetaba a las principales distribuidoras acusándolas de oligopolio.

El resultado: intervención fallida de la ONU, una Megafarmacia del Bienestar inoperante y ahora una compra consolidada tardía, mal diseñada, cancelada y rematada con adjudicaciones a empresas ligadas a una firma previamente sancionada.

  • Lo que no se logra consolidar son los medicamentos en clínicas y hospitales; lo que sí se consolida son 350 millones de pesos en contratos para una empresa que empezó haciendo audiovisuales y terminó fabricando medicinas de papel.
  • El desabasto lo paga el paciente; la improvisación la cobran los amigos del gobierno a tarifa de contrato público.

Gobierno que se investiga a sí mismo… y no se contesta

Se pidió explicación a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno sobre las irregularidades y posibles consecuencias; la respuesta fue el vacío más elocuente: no contestaron a tiempo.

Ese silencio oficial funciona como firma al pie del contrato político: un gobierno que se vende como implacable con la corrupción, mientras tolera la simulación más primitiva en su propia política de compras.

En resumen: el gobierno de Claudia Sheinbaum no solo negocia con los mismos señalados, sino que les pone la alfombra roja para que regresen por la puerta lateral de la “empresa hermana”, mientras el discurso de honestidad se queda, como las farmacias públicas, tristemente desabastecido.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA/

«CIUDADANO EVIDENCIA BURROCRACIA DIGITAL de N.L y NARRA ODISEA TORTUOSA para DENUNCIAR ROBO»…confunden “transformación digital” con “abandono electrónico”.


Parece que en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León alguien confundió “transformación digital” con “abandono electrónico”. Su flamante sistema de denuncias virtuales —esa promesa futurista que iba a “acercar la justicia al ciudadano”— colapsó como un sitio del Buen Fin a las seis de la tarde. Desde el 3 de enero, la plataforma está muerta, pero tranquilos: el Fiscal Javier Flores dice que “no se perdió ninguna información”. Faltaba más, solo se perdieron las horas, la paciencia y la fe en la justicia.

Mientras tanto, las víctimas hacen fila no ante un funcionario, sino ante una computadora que actúa como oráculo burocrático: “espere a que se le asigne un agente”. Pero el milagro nunca ocurre. Hay quienes llevan tres días frente a la pantalla, sin que nadie, ni siquiera un chatbot, les devuelva la dignidad. A algunos los mandan de Code en Code, como si estuvieran participando en una gimkana patrocinada por Kafka.

El resultado: ciudadanos que salen de los centros de denuncia más agotados que después del asalto. “Nos traen de un lado para otro, ya ni en todos los centros se puede denunciar”, cuenta un afectado, que solo quería registrar un robo. En cambio, acabó comprobando que la justicia, aquí, es más virtual que real.

Y ahora, como solución mágica, anuncian que las denuncias podrán tomarse “por teléfono”. Genial. Un paso adelante hacia el siglo XX. Quizá mañana la innovación llegue por fax.

En este país donde los delitos se investigan menos que los chismes, convertir a las víctimas en operadores del sistema no es modernizar la justicia, es tercerizarla. Y mientras el software se toma un descanso, el crimen sigue trabajando en tiempo real.

Con informacion: ELNORTE/

«TOPON de FEDERACION y ESTADO»: LA «FGR y FISCALIA de CHIHUAHUA ARMAN SAINETE por CASO CORRAL y DESATAN BATALLA con CARA de LEGALIDAD»…les diríamos que gane el mejor, pero no hay.


La llamada “batalla por la legalidad” entre la FGR a cargo de Ernestina Godoy y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua a cargo de Abelardo Valenzuela, huele menos a Estado de Derecho y más a pleito de vecindario entre fiscales que perdieron el manual de procedimientos y lo sustituyeron con una hoja de cálculo de venganzas. 

La gobernadora Maru Campos —la justiciera con mandato divino y con el ex-gobernador Duarte en el oído— decidió borrar del mapa al exgobernador Corral, ese que ahora posa de monje republicano y asesor de moral pública en la corte de Sheinbaum. En el ring de la impunidad, la toga es puro disfraz; todos pelean con los nudillos jurídicos pelones.

La Fiscalía estatal, convertida en apéndice político del Palacio de Gobierno, fabrica expedientes con la precisión de una panadería clandestina: harina de sospecha, levadura de rencor y un poco de fuego mediático para que huela a justicia recién horneada. Pero la FGR, adicta a la superioridad jerárquica, le recordó quién manda: “los recursos eran federales, querida”, y con eso abrió una guerra de competencias que ni los más veteranos procesalistas sabrían resolver sin un exorcismo legal.

En el centro del caos, el expediente contra Corral parece menos una investigación y más una piñata rellena de delitos hipotéticos, en la que cada quien mete el palo para apuntarse una victoria simbólica. La Auditoría que primero no encontró irregularidades y luego sí, merece su propio reconocimiento a la flexibilidad moral: en Chihuahua la presunción de inocencia se activa o desactiva según el color del gobernador en turno.

Mientras tanto, al empresario López Elías lo traen de rehén judicial: embargo por aquí, orden de aprehensión por allá, y una oferta de “testigo protegido a modo” que en cualquier manual ético —incluso el más permisivo— podría calificarse de chantaje con membrete institucional. Pero la joya del absurdo la pone el fiscal anticorrupción local, Abelardo Valenzuela, quien tras perder en tribunales dice que no entregará el expediente porque “nadie puede obligarlo”. La insubordinación como política pública.

Todos invocan el “imperio de la ley”, pero nadie parece haberla leído. La gobernadora grita “corrupción” con la misma convicción con la que Corral jura ser mártir de la democracia. 

La FGR, desde su torre de marfil, se proclama árbitro moral después de años de litigios políticos a destajo. Y el ciudadano común, desde la grada, sólo ve a los gladiadores del poder lanzándose códigos penales a la cara mientras el sistema de justicia se desploma como escenografía vieja.

Esto no es un conflicto de competencias: es una pelea entre feudos judiciales donde la ley es botín y el orden, una palabra de utilería. En Chihuahua —y por extensión, en México— nadie gobierna, sólo administran el caos con actas y sellos.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS/ZEDRIK RAZIEL/

«HAY ESTIRA y HABRA AFLOJE»: «FUERZAS ESPECIALES del PENTAGONO y la CIA BUSCAN PARTICIPAR en OPERATIVOS Vs NARCOS pero PERSONALMENTE en PERSONA»: «NEW YORK TIMES»…quieren ver y accionar su propia inteligencia.


La Administración Trump está presionando al Gobierno de México para que permita que comandos de Fuerzas Especiales del Pentágono o de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) participen en operaciones contra laboratorios de fentanilo en territorio mexicano, dijo The New York Times.

Citando a funcionarios gubernamentales de EU, la propuesta ha estado sobre la mesa desde el inicio del Gobierno del Presidente Donald Trump en 2025 pero fue revivida tras la incursión de EU en Venezuela que llevó al arresto de Nicolás Maduro y su esposa para enfrentar cargos por narcotráfico en Nueva York.

«Las autoridades estadounidenses desean que las fuerzas estadounidenses, ya sean tropas de operaciones especiales o agentes de la CIA, acompañen a los soldados mexicanos en las redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo», asegura la nota del Times citando a funcionarios estadounidenses anónimos.

Según fuentes citadas por el rotativo neoyorquino, asesores estadounidenses trabajan ya dentro de centros de las Fuerzas Armadas de México compartiendo información para ayudar en operaciones mexicanas contra el narcotráfico y el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso incrementar su rol.

«Autoridades mexicanas presentaron contrapropuestas este mes, que incluyen un mayor intercambio de información y una mayor participación de EU en los centros de mando. Asesores de EU ya se encuentran en puestos de mando militares mexicanos, compartiendo información de inteligencia para ayudar a las fuerzas mexicanas en sus operaciones antidrogas», dice la nota del Times.

Tras la captura de Maduro en Venezuela, el Presidente Trump ha insistido en diversas entrevistas y conferencias de prensa que «algo debe hacerse» en contra de los cárteles del narcotráfico y propuso nuevamente en una charla con la Presidenta Sheinbaum esta semana enviar fuerzas de EU a México.

Con informacion: ELNORTENYT/