El Congreso local de Nuevo León —ese club donde la indignación suele tener dueño y calendario— ha decidido iniciar juicio político contra el aun gobernador por el Partido Movimiento Ciudadano Samuel García ex-aliado de Morena. Hasta ahí, el libreto institucional: fiscalización, legalidad, rendición de cuentas. Pero lo interesante no es el acto, sino los actores. Porque quienes hoy se rasgan las vestiduras por el supuesto enriquecimiento del gobernador son, en muchos casos, especialistas en convertir el servicio público en negocio familiar.
El juicio político es impulsado por PAN, PRI y Morena por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. El tema lo llevará a comparecer el próximo 23 de junio en medio de la mayor vitrina internacional que ha tenido la entidad en décadas, el Mundial de fútbol de la FIFA. Monterrey es la tercera sede en México y allí se disputará el domingo el primer juego mientras su mandatario local es orillado a la picota.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León —de mayoría opositora— con seis votos de panistas, priistas y morenistas, aprobó este viernes, dar trámite al procedimiento en contra del mandatario emanado de Movimiento Ciudadano. Los diputados locales determinaron que existen elementos suficientes para dar luz verde a una investigación aupada por Morena, que acusa a García de participar en una presunta triangulación de cerca de 3.000 millones de pesos hacia despachos vinculados con familiares del gobernador.
PRI,PAN y MORENA,históricamente vendidos como agua y aceite, vuelven a demostrar que la química política no es ideológica sino utilitaria. No se mezclan… salvo cuando hay que repartir costos, blindarse mutuamente o, como ahora, ajustar cuentas. La pureza doctrinal dura lo que dura la conveniencia.
El juicio político contra Samuel García se presenta como una cruzada contra la corrupción. Pero en el fondo huele más a disputa de poder que a higiene institucional. Porque si algo caracteriza a estas dos maquinarias —más cercanas a estructuras de control que a partidos modernos— es su capacidad para señalar con una mano mientras negocian con la otra.
No es que Samuel García sea intocable ni mucho menos. Las acusaciones sobre su patrimonio y el uso de recursos públicos merecen escrutinio serio. El problema es quién está haciendo ese escrutinio. Cuando los inquisidores tienen expedientes propios que harían palidecer cualquier auditoría, la escena pierde credibilidad y gana cinismo.
Aquí no hay combate frontal a la corrupción; hay competencia por administrarla.
La narrativa oficial intenta venderlo como un acto de responsabilidad democrática. Pero el timing, las alianzas y los antecedentes cuentan otra historia: una donde las diferencias ideológicas son puro teatro y la verdadera línea divisoria es quién controla el presupuesto, las fiscalías y las redes de influencia.
Al final, el mensaje es claro: en la política mexicana, incluso los enemigos más feroces pueden sentarse en la misma mesa si el objetivo es común. No importa que públicamente se insulten; en privado, hacen cuentas.
Y mientras tanto, la ciudadanía vuelve a ser espectadora de un espectáculo repetido: políticos acusando a políticos de hacer exactamente lo que todos saben que hacen.
La pregunta no es si Samuel García enfrentará consecuencias, sino si alguien en ese Congreso está en posición moral de exigirlas.
Con información : DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
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