«IMPUNIDAD en DESAPARICIONES CASI 100%: con EFICIENCIA de 5%, FGR VA a INVESTIGAR LEVANTON de PERIODISTA en VERACRUZ… baja judicialización y escasas sentencias.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción en la investigación relacionada con la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, informó la Fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

La “atracción” del caso por parte de la Fiscalía General de la República suena, en el papel, como un punto de inflexión. En la práctica mexicana, suele parecer más bien el preludio de una lenta evaporación burocrática. Porque si algo ha demostrado la FGR —con una consistencia casi admirable— es su capacidad para administrar expedientes hasta volverlos invisibles.

El traslado de la carpeta de investigación sobre la desaparición de la periodista Roxana Guzmán a la FEADLE no garantiza rigor, mucho menos resultados. La fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión arrastra un historial incómodo: baja judicialización, escasas sentencias y una tendencia preocupante a reclasificar o diluir casos que, en teoría, deberían ser prioritarios. 

En un país donde ejercer el periodismo puede costar la vida, esa especialización ha sido más nominal que efectiva.

Se dirá, como siempre, que ya hay entrevistas, peritajes y líneas de investigación abiertas. El problema no es la narrativa de diligencia, sino su traducción en resultados. México acumula una cifra alarmante de agresiones y desapariciones de periodistas, y la constante es la impunidad. Cambian los discursos, se renuevan las promesas, pero los expedientes siguen acumulando polvo digital en servidores oficiales.

El argumento de que la Fiscalía estatal continuará investigando en paralelo tampoco aporta demasiada tranquilidad. En el mejor de los casos, se duplican esfuerzos sin coordinación real; en el peor, se dispersan responsabilidades hasta que nadie responde por nada. La “cooperación institucional” suele ser, en estos contextos, una elegante forma de diluir la rendición de cuentas.

La mención del “contexto social y familiar” de la víctima tampoco es menor. Esa línea discursiva ha sido utilizada históricamente para desplazar el foco de la agresión hacia la vida privada de las víctimas, abriendo la puerta a hipótesis que, más que esclarecer, tienden a justificar la inacción o a enturbiar el caso. Cuando esa narrativa aparece temprano en una investigación, conviene encender las alertas.

Por su parte, el Ejecutivo federal mantiene el libreto habitual: “siguen buscándola”. Una frase que, repetida suficientes veces, pretende sustituir resultados verificables. El problema es que la búsqueda, sin eficacia investigativa, termina siendo más un gesto político que una estrategia real de localización y justicia.

El elemento más contundente del caso —el registro en video de la irrupción y privación de la libertad— debería ser un punto de partida sólido para una investigación seria. Sin embargo, en el contexto mexicano, ni siquiera la evidencia directa ha sido garantía de esclarecimiento. Hay demasiados precedentes donde pruebas claras terminan atrapadas en la inercia institucional.

De acuerdo con la ENVIPE 2025,citado por MEXICO EVALUA —que permite observar la percepción ciudadana sobre el delito y el sistema de justicia—, las fiscalía General de la Republica ,junto con las Fiscalías estatales se encuentra entre las instituciones con mayor percepción de corrupción dentro del sistema de seguridad y justicia. Es decir, hay un problema estructural de confianza ciudadana.En particular, la FGR presenta un indice del 57%,de acuerdo las personas encuestadas.

La propia FGR presume “eficacia” cercana al 100%, pero los datos independientes muestran que apenas logra resultados efectivos en menos del 5% de los casos que conoce.

Lo que dice la FGR de sí misma

• En su Informe Anual 2022, la FGR afirmó haber alcanzado una “eficiencia del 97 por ciento en el combate a la impunidad” y obtuvo 8,732 sentencias condenatorias, que según su narrativa representan una eficacia del 97.49%.
• También asegura que redujo en 97.18% el “rezago” de averiguaciones y carpetas, y que disminuyó en 98.29% las actas circunstanciadas y números de atención no elevados a carpeta.

Lo que muestran los estudios independientes

• México Evalúa reportó que “sólo el 4.9% de los delitos conocidos en el ámbito federal recibieron respuesta efectiva”, ya sea sentencia o salida alterna/anticipada; el 71.7% de las investigaciones federales están rezagadas.
• El mismo análisis concluye que, con la transición de PGR a FGR, la institución “decreció significativamente su capacidad de investigación” y mantiene un patrón de impunidad estructural.

Impunidad y contexto general

A nivel nacional, organizaciones y observatorios documentan una crisis de desapariciones donde las autoridades “rara vez investigan de manera oportuna y efectiva”, bajo niveles de impunidad de casi 100% y mas ya casi 135 mil desaparecidos, un rubro donde Mexico es campeón mundial y Tamaulipas con Morena y Americo Villarreal, subcampeón nacional.

Veracruz y la probabilidad de justicia

• Estudios de impunidad señalan que Veracruz registra niveles de impunidad cercanos al 90%, con apenas alrededor de 12% de casos concluidos en fiscalías y poco más de 7% con sentencia en tribunales.
• En este contexto, un caso de desaparición de periodista se inserta en un sistema donde la regla es el rezago y la excepcionalidad son las sentencias efectivas, tanto a nivel federal (FGR) como estatal.

Con estas cifras, la “atracción” del caso por la FGR difícilmente cambia el panorama: la probabilidad estadística de que haya una respuesta efectiva (sentencia o salida sólida) está más cerca del 5% que del 97%, al menos si atendemos a los datos de México Evalúa y no al autoelogio institucional que suele glorificar el fracaso, igual que en el ejercito.

Así, la probabilidad de que la FGR resuelva el caso y no lo archive —formal o informalmente— no es nula, pero sí inquietantemente baja. No por falta de herramientas legales, sino por un patrón reiterado de ineficacia, burocratización y, en ocasiones, falta de voluntad.

En México, la justicia no suele fracasar por ausencia de expedientes, sino por la habilidad del sistema para convertirlos en trámite. Y cuando se trata de periodistas, ese trámite suele tener un desenlace conocido: el olvido.

Con información: ELNORTE/ NEXOS/