La llamada “Ley Serrano” en San Luis Potosí no suena a norma moderna ni a avance legal; suena más bien a esos inventos del poder que se maquillan de innovación para esconder un viejo vicio: callar al que incomoda. Vendida como una reforma para regular el uso de inteligencia artificial, en realidad dejó la impresión de que en el Congreso potosino alguien confundió la protección de derechos con el diseño de un mecanismo elegante para perseguir voces críticas, periodistas incómodos y cualquiera que se atreva a exhibir las grietas del régimen local.
La iniciativa impulsada por Héctor Serrano Cortés, con penas que pueden llegar hasta seis años de prisión por el uso indebido de imagen, voz o contenidos generados o manipulados con IA, tiene todo el aroma de una ley escrita con la calculadora política en una mano y el manual de censura en la otra.
Y es que el problema no es únicamente el contenido de la reforma, sino el contexto político en que nace. En un estado donde la prensa ya ha denunciado amenazas, hostigamiento y presiones, pretender que una norma así es inocente equivale a pedirle a la gente que crea que un hacha es una herramienta de jardinería porque el gobierno así lo declaró.
La “Ley Serrano” parece diseñada menos para poner orden en el caos digital y más para abrirle una puerta jurídica a la represalia selectiva, con el pretexto perfecto de combatir la desinformación mientras se criminaliza el ejercicio periodístico y la crítica pública. En otras palabras: no huele a regulación, huele a garrote con membrete institucional.
Por eso el nombre le cae como anillo al dedo, aunque no por las razones que sus promotores quisieran. La “Ley Serrano” parece hecha por un poder que ya no distingue entre gobernar y blindarse, entre legislar y blindar sus nervios, entre defender derechos y castigar agravios.
En vez de ser una respuesta seria a los retos de la inteligencia artificial, terminó pareciendo una pieza más de ese teatro político donde la ley se usa como escudo para los amigos y como tolete para los adversarios. Si la intención era modernizar el marco jurídico, el resultado fue más bien una reforma con vocación de mordaza, con lenguaje de futuro y espíritu de pasado autoritario.
En resumen: no es una ley que regule la inteligencia artificial; es una ley que revela la inteligencia política de quienes la impulsan, y esa inteligencia, por lo visto, anda bastante escasa.
La nota de Proceso termina de exhibir lo que esta cosa es: la “Ley Serrano” no es regulación de IA, es un arma cargada apuntando directo a la prensa crítica.
La ley que nació “contra la IA” y acabó contra periodistas
La reforma al Código Penal de San Luis Potosí, bautizada como “Ley Serrano”, se vendió como una norma para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial: suplantar identidades, manipular voces, imágenes o videos y generar “alarma social”. En papel suena moderna; en la práctica, terminó siendo el pretexto perfecto para llevar a la cárcel a periodistas que tocaron intereses del poder local.
Proceso documenta cómo la ley ya se usó contra dos reporteras, Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, acusadas de “uso indebido de IA” y encarceladas tras la difusión de contenido vinculado a un video donde presuntos integrantes del Cártel del Golfo señalaban al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil de tener vínculos con el CJNG.
No es teoría conspirativa: es el código penal convertido en palo, y el discurso de “proteger la identidad” convertido en coartada institucional.
Del discurso de “protección” al garrote legal
Mientras el gobierno de SLP y el diputado Héctor Serrano se llenan la boca hablando de “dignidad”, “familia” y “defensa contra la desinformación”, organizaciones, periodistas y especialistas ven otra cosa: una ley garrote hecha a la medida para el enojo del gobernador. Artículo 19, el mecanismo federal de protección y redes de periodistas han advertido que la norma es regresiva, contraria a estándares internacionales y diseñada para intimidar a la prensa y a activistas.
El resultado está a la vista: las dos periodistas no salieron porque el Estado reconociera el exceso, sino porque se acogieron a una suspensión condicional del proceso, con condiciones como pago de “reparación del daño”, residencia fija y firmas periódicas, bajo la amenaza de reactivar el procedimiento si algo “no se cumple”. Traducido: te suelto, pero te dejo el mensaje bien claro de quién manda.
Una ley “Serrano”… con vocación serrana
Llamarle “Ley Serrano” es casi un acto de sinceridad involuntaria: es una ley que corta, pero siempre hacia abajo. No toca a los grupos criminales que exhiben públicamente sus mensajes, pero sí a las reporteras que documentan lo que el poder preferiría barrer bajo la alfombra. Se presenta como un muro contra los deepfakes, pero en los hechos se usa como filtro contra el periodismo incómodo.
En un estado donde ya hay denuncias de espionaje, amenazas y campañas de odio contra periodistas, aprobar esta reforma fue como ponerle uniforme de juez a un matón político: se viste de legalidad, pero se mueve con lógica de represalia. No es una ley para regular la inteligencia artificial; es una ley para formalizar la intimidación analógica de siempre, ahora con tipificación penal y narrativa tecnológica.
Con informacion:PROCESO/
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