Los documentos de la Fiscalía General de la República lo confirman: el huachicol fiscal fue una operación de Estado al más alto nivel de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto López Hernández y la plana mayor de la Secretaría de Marina aparecen de manera recurrente en el testimonio de los dos únicos testigos protegidos que están colaborando con una investigación que promete sacudir al sistema político mexicano.
Código Magenta tuvo acceso a la declaración inédita de un funcionario de la Marina que fue un eje fundamental en el esquema de contrabando de combustible en la aduana de Guaymas, Sonora, durante el tiempo de Horacio Duarte como administrador General de Aduanas.
El documento conecta al hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador con una operación masiva de contrabando de combustible a través del buque Torm Agnes y de la empresa Intanza, dos instancias que están bajo investigación en la Corte del Distrito Sur de Texas y de la Fiscalía General de la República de México. Esto es lo que dice textualmente el testigo colaborador sobre las irregularidades en el momento del desembarque: “Le mandé un mensaje a Solano (señalado como principal operador de huachicol fiscal en la Marina) diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control, me dijo que ya le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso, y me dijo esto es sólo para tus ojos”.
Este fragmento de la declaración coincide con la revelación que hizo la semana pasada la agencia Reuters: Ikon Midstream, una firma energética basada en Texas que envía combustible a México, fue cateada en abril de 2026 en relación a un expediente del Departamento de Justicia que analiza potenciales vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, el gobierno mexicano también ha colocado a esta compañía bajo escrutinio, de acuerdo a tres funcionarios del aparato de seguridad nacional y a cuatro documentos citados por Reuters.
En última instancia, Ikon Midstream tiene terminaciones en el entorno político y empresarial de Andrés Manuel López Beltrán, relata una fuente de inteligencia estadounidense a Código Magenta. Los puntos se conectan con la operación del buque Torm Agnes y la empresa Intanza, responsable de la importación de combustible en los puertos aduanales. Se trata de la misma compañía que operó el desembarco del buque Challenge Procyon en Tampico, en el que la Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisó 10 millones de litros de combustible. “El dinero lo llevó una persona de la empresa Intanza, sé que tenían una casa, pero no sé dónde estaba, ese dinero me lo entregaron en la oficina de la Subdirección Aduanera, yo se lo subí a García Arellano y me dijo que lo repartiera”, se lee en el testimonio del funcionario de Marina al que ha tenido acceso Código Magenta. “Al Titular le tocaban 350, al de operación aduanera 200, al coordinador Ramón Quintana Amaya 150 y de ahí todos 100… en total dieron 2 millones y sobraron 500 mil, “MK” (es decir, Miguel Ángel Solano) dijo que lo que sobró se lo diera a la ASIPONA”, agrega la declaración.
Las declaraciones no describen una anomalía en una aduana. Describen una mecánica de Estado: cambios de adscripción ordenados desde arriba, barcos esperados durante meses, empresas que aparecían sólo para mover combustible, operadores que se comunicaban por Threema, dinero repartido dentro de oficinas aduaneras y decisiones que, de acuerdo con el testigo, no podían ejecutarse sin respaldo de Marina, Aduanas y áreas centrales.
El documento central es un acta de entrevista levantada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Tiene fecha del 27 de febrero de 2026. El entrevistado comparece como testigo de identidad resguardada. El entrevistador es un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la FEMDO. La entrevista forma parte de una carpeta relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. Es decir: no se trata de una denuncia anónima, una filtración sin origen ni un rumor político. Es una declaración rendida ante autoridad ministerial, bajo la carpeta de investigación federal FED/ FEMDO/ FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024.
En otro fragmento, el testigo describe la operación inicial: “En el mismo 2022, aproximadamente en mayo o junio, me habló Rolando Sosa Bravo, el que se había ido a Tuxpan, me dijo que quería hablar conmigo, me dijo que le habían asignado una misión, que estaban haciendo un equipo en la Aduana de Guaymas, que ya lo tenía organizado; me dijo que iba a ser una omisión de impuestos, que iba a llegar un barco, va a declarar unas cosas que no es, me dijo que era diésel”.
El fragmento que revela la corrupción operativa es brutal por su normalidad burocrática: “Capitanía de puerto, ASIPONA, aduana, agencia naviera, agencia aduanal, la transportista, todos están alineados”. Es difícil pensar en una figura política con el nivel suficiente para coordinar a todas estas instancias. El testigo relata: “El 30 de marzo llegó un correo de ANAM me pedían mi renuncia como Subdirector de operación aduanera, entregué mi renuncia, le dije a Solano que ya había llegado mi cambio; me dijo que son movimientos normales, que fue algo político, que hasta que la política estuviera alineada se iba a empezar a mover otra vez, lo mismo le dije a Enrique Cordero el operador logístico de la empresa Intanza, me dijo que estaba raro porque ya les habían mandado a hablar a ANAM del buque de Tampico, que también era de ellos y que iban bien, que habían metido amparo y lo del Ensenada también era de ellos y que ahí no tenían problema, porque ese hallazgo no tenía relación con el barco, porque el hallazgo fue en un predio; y que aparte no se puede parar porque no es poco el dinero que se avienta para arriba, con ANAM, la Fiscalía, Guardia Nacional, eso no va a parar”. Esta es una confirmación adicional de que el huachicol fiscal se operó al más alto nivel político. El testigo de la FEMDO, desde adentro de la aduana, describe la otra mitad de la operación: quiénes sabían, cómo se coordinaban, qué autoridades intervenían, cómo se manipulaba el despacho y cómo se repartía el dinero.
Después de mencionar a Andrés Manuel López Beltrán, el funcionario de la Marina describe a un representante de la empresa Intanza como el enlace para evitar que el buque Torm Agnes fuera decomisado: “Le comenté a Cordero, que ya había valido, me dijo que era algo político, que él había ido a México a SEMAR en fin de año y que había hablado con alguien y que ya era un tema arreglado; y efectivamente, como en 1 hora o 1:30 ya habían sacado todas las pipas y las maniobras, la fiscalía sí llegó, pero el barco ya estaba en maniobra de zarpe”.
Esta es la segunda vez que el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en un expediente federal de huachicol fiscal. En un acta de entrevista del 11 de junio de 2025, con el testigo protegido de nombre código “Santo”, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, se describe lo siguiente: “Solano volvió a tranquilizar a ‘Santo’. Le dijo que ‘se trataba de choques políticos entre el secretario de seguridad Harfuch y el hijo del presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo (…) no va a pasar nada’”.
En ese misma acta, también es mencionado el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El 11 de junio de 2025, el Capitán Torres Joaquín le dijo a un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que los sobornos de la red eran pagados en una oficina de Plaza Laguna en Tampico, Tamaulipas. Su testimonio señala que ahí se encontraba, comúnmente, con una persona de apellido “Capirucho Pinto”, que realmente es “Capiterucho Pinto”, representante legal del recinto fiscal 289, la instancia mediante la cual se coordinaba el desembarco ilegal de buque tanques con millones de litros de combustible clandestino.
Esta es la declaración textual del testigo protegido ‘Santo’: “No recuerdo, sólo me indicaron que tuviera cuidado con ellos porque estaba trabajando con personas de la delincuencia organizada, eso me lo dijo el Almirante del puerto de Tampico, Tamaulipas y que el dueño o concesionario tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López Hernández, me refirió también el Almirante que no podía hablar por traste de las relaciones y personas que eran”.
Un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad confirmó que el representante legal en cuestión es Antonio Dávila Capiterucho y que el concesionario es el empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa. Se trata de un personaje cercano a Adán Augusto López. Saúl Vera Ochoa creó la empresa Tampico Terminal Marítima SA de CV, en junio de 2020. Ese mes le entregaron la concesión del recinto fiscal 289. Acuitab, una de las empresas asociadas a la concesionaria, fue constituida en la notaría de Adán Augusto López Hernández en Tabasco. Una confirmación adicional de que la conspiración alcanza el más alto nivel de la 4T.
El testigo que fue entrevistado en febrero de 2026 declara que, desde 2022, un capitán le habló de una operación en Guaymas y le dijo que “ya estaba soportado y/o autorizado”, lo que el propio testigo interpreta como que “ya estaba acordado en áreas centrales”. Cuando preguntó por quién, afirma que le respondieron que era “con Humberto López Arellano”, un alto mando de Aduanas.
Más adelante, el testigo amplía el alcance de esa protección. “Para que alguien haga algo, se necesita que esté respaldado, por parte de Marina y Aduana”, declara. Y remata con una frase que perfora la narrativa oficial de que la militarización de las aduanas servía para limpiar la corrupción civil: “Los hermanos Farías Laguna jugaron un papel importante de respaldo, al pasar combustibles o cualquier cosa por aduana, sé que ANAM estaba corrompido, pero Marina también había corrupción”.
Sin embargo, la declaración también describe una cadena de nombres, llamadas, mensajes y mandos que, en la Secretaría de Marina, van mucho más allá de los hermanos Farías Laguna. Aparecen referencias a Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado en el testimonio como “MK” o “Mike”; al capitán García Arellano; al vicealmirante García Urbina; a mandos navales; a la ASIPONA; a la Capitanía de Puerto; y a las áreas centrales de la ANAM. El testigo afirma que, cuando el laboratorio central o la autoridad aduanera detectaban irregularidades, el asunto debía ser tratado con Solano Ruiz y Humberto López Arellano “para que a niveles centrales se trate”.
El caso de los hermanos Farías Laguna confirma el costo político de esa trama. Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra preso y enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fernando Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires después de permanecer prófugo; desde Argentina, dijo a Código Magenta que huyó por temor a su vida y por amenazas contra su familia. Las autoridades argentinas decidieron no entregarlo por deportación o expulsión inmediata, por lo que comenzó el proceso para que México formalice su solicitud de extradición. Ambos sostienen, a través de sus defensas y declaraciones, que son chivos expiatorios de una red más amplia.
Esa defensa no cancela las acusaciones. Pero sí obliga a ampliar el perímetro de la investigación. Si los Farías fueron, como sostiene la Fiscalía, piezas de una red de contrabando de combustible, la pregunta institucional es ¿quién los nombró, quién los protegió, quién ignoró las alertas, quién permitió que continuaran las maniobras y quién se benefició políticamente de un flujo de dinero que no podía producirse sin aduanas, puertos, recintos, transportistas, agencias navieras, empresas fachada y funcionarios federales?
Por eso, el expediente ya no puede cerrarse con capturas selectivas. La Fiscalía debe citar a declarar a Andrés Manuel López Beltrán para explicar la mención a “Andy” en el contexto del Torm Agnes. Debe citar a Adán Augusto López Hernández por las referencias del testigo “Santo” al recinto 289, al concesionario con vínculos políticos y al operador que permitía atraques. Y debe citar a la plana mayor de almirantes que tuvo mando, información, responsabilidad administrativa o conocimiento operativo sobre las aduanas controladas por la Marina. El huachicol fiscal no fue únicamente un fraude contra el fisco. Fue una forma de captura del Estado desde sus puntos de entrada: puertos, aduanas y recintos fiscalizados. El expediente de la FEMDO muestra que el combustible ilegal atravesaba una estructura política completa. Y si la estructura funcionó durante años bajo gobiernos de la Cuarta Transformación, la investigación no puede limitarse a castigar operadores. Tiene que subir en la cadena de mando.
Con informacion: CODIGO MAGENTA/
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