Lo que los ciudadanos van a escuchar a continuación, es la radiografía de un estado podrido de raíz: un empresario Victorense que denuncia un “moche” de 110 millones, y del otro lado un aparato completo —gobernador, hijo, fiscal y cúpula judicial— usando la justicia como garrote político y lavadora de extorsiones.
El “negocio” de las despensas
Israel Alejandro Valdés Sánchez, dueño de Grupo Dalka, ganó una invitación directa para distribuir 1.7 millones de despensas por todo Tamaulipas, por alrededor de 541 millones de pesos.
El contrato era para surtir paquetes alimentarios en los 43 municipios, vía programas sociales estatales, con recursos ya etiquetados que finalmente nunca se ejercieron como estaba previsto.
Según su testimonio, el esquema era simple y brutal: primero te “invitan” y te dan el contrato, luego llega el cobrador oficial del sistema a recordarte que en Tamaulipas la ley no es la Constitución, es la tarifa del moche.[
“Ameriquito” y el cobrador del moche
Valdés señala a Felipe Salinas Mansur como operador financiero de Américo Villarreal Santiago, “Ameriquito”, hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya.
De acuerdo con el empresario, Salinas Mansur se presentó como el que “mueve todo el dinero” del junior, y le exigió 110 millones: 80 para la estructura local y 30 para operar elecciones en Coahuila, donde el hijo del gobernador es delegado de Bienestar.
Valdés afirma que la orden era clara: sin moche no hay contrato, y sin contrato no hay negocio, pero sí hay persecución; tras negarse, la administración rescindió unilateralmente el contrato y empezó una campaña de asfixia económica y judicial contra él y su empresa.
El costo de decir “no”: arraigo y fabricación de delitos
Después de negarse a pagar el moche, Valdés relata que el gobierno le canceló el contrato “de un día para otro”, provocando un quebranto financiero que golpeó a su empresa y a las familias que dependían de ella.
En lugar de investigar la extorsión, el aparato estatal lo colocó bajo arraigo, le abrió procesos por falsedad en declaraciones y fraude procesal, y busca hasta 17 años de cárcel y una reparación de 162 millones de pesos.
El origen formal del caso es casi una burla: según el propio Valdés, la “denuncia” anticorrupción contra él nació de una historia en Facebook, y aun así fue usada para armarle un expediente penal y tenerlo bajo una medida cautelar que huele más a castigo político que a cuidado procesal.
Jesús Eduardo Govea: el fiscal con pasado en Altiplano
El encargado de la “procuración de justicia” es Jesús Eduardo Govea Orozco, nombrado fiscal general por el gobierno de Américo Villarreal con un discurso de combate a la corrupción.
Govea arrastra un historial donde él mismo admite que fue detenido en 2002 por presuntos vínculos con una red de protección al crimen organizado, caso ligado mediáticamente al Cártel del Golfo, y estuvo sujeto a un proceso penal del que más tarde obtuvo la libertad mas que por falta de pruebas, por la falta de pulcritud y vergüenza del sistema de justicia federal.
Mientras él se vende como exonerado definitivo, el dato duro es que quien hoy persigue a un empresario denunciante fue, hace dos décadas, un servidor público detenido y procesado por presunta protección a delincuentes, y que ahora encabeza una fiscalía que arma acusaciones contra quien se niega a pagar mochadas al hijo del gobernador.
Tania Contreras: la justicia capturada y fichada
Del otro lado del tablero, en la cúspide del Poder Judicial de Tamaulipas, está Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.
En la versión oficial, se presenta como abogada con más de 25 años de servicio público y tres maestrías en derecho, la primera mujer al frente del Poder Judicial, comprometida —faltaba más— con la legalidad y la justicia.
Pero reportes y multiples señalamientos la colocan ligada al Cartel del Golfo y enlace entre el gobierno de Tamaulipas y una red de huachicol operada desde Aduanas por su cuñado, es decir, más cerca de los intereses del crimen que de la ciudadanía que acude a los tribunales.
Si el fiscal viene de un expediente por presunta protección a narcos y la presidenta del Poder Judicial está señalada por vínculos con huachicoleros y crimen organizado, al ciudadano sólo le queda una certeza: en Tamaulipas la “impartición de justicia” es una mesa de negociación política, no un poder independiente.
El patrón de Disméxico: castigar al que denuncia
En la entrevista con Luis Cárdenas, se subraya que los delitos imputados a Valdés —falsedad en declaraciones y fraude procesal— no son, por naturaleza, delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, lo que haría innecesario mantenerlo bajo una medida de arraigo tan prolongada.
Se enmarca el caso en una tendencia nacional donde se encarcela periodistas y denunciantes en estados como San Luis Potosí , Campeche o Veracruz, usando el derecho penal como herramienta de intimidación política.
Es el manual de Disméxico: cuando el poder es acusado, no investiga, responde con cárcel, arraigo, boletines y conferencias para destruir al denunciante y mandar el mensaje de que la próxima vez, o pagas el moche, o te atienes al infierno judicial.
Tamaulipas como laboratorio de narcopolítica
El caso Valdés exhibe un ecosistema completo:
- Un gobierno de Morena encabezado por Américo Villarreal Anaya, ya multiseñalado por gran cantidad de escándalos, todos ligados al crimen organizado y el trafico de huachicol.
- Un hijo, Américo Villarreal Santiago, que aun y sin ser gobierno ,participa de las mochadas multimillonarias amarradas a contratos de despensas y elecciones en Coahuila.
- Un operador financiero, Felipe Salinas Mansur, que se presenta como el que “mueve todo el dinero” y reparte tarifas de moche en todo el aparato estatal en favor de «Ameriquin».
- Un fiscal general con pasado penal, recluido 7 meses en un penal federal por proteger al Cartel del Golfo.
- Una presidenta del Poder Judicial señalada como puente con redes criminales de huachicol y el Cartel del Golfo
Cuando el denunciante dice que “todos los poderes del Estado lo van a aplastar como zancudo y teme que lo maten», no es metáfor es casi la regla: describe un sistema donde Ejecutivo, Fiscalía y Poder Judicial parecen alineados no para esclarecer una extorsión de 110 millones, sino para aplastar a quien se atrevió a hacerlo público.
Con información: GRUPO FORMULA/LUIS CARDENAS/
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