En el noble recinto de San Lázaro, donde se supone que se legisla para la República pero a veces parece que se maquila papel al por mayor, hay una pequeña joya presupuestal que pasó desapercibida para casi todos —menos, claro, para la Tesorería—: más de 4 mil libros editados sin que nadie pueda explicar, con claridad parlamentaria, quién levantó la mano para autorizarlos.
Sí, leyó bien: cuatro mil ejemplares que salieron de las entrañas de la Cámara como si fueran iniciativas fast track, sin dictamen visible, sin discusión en comisiones y, al parecer, sin padre político reconocido. Una especie de “hijos de la imprenta” que nadie reclama, pero que sí se pagan con puntualidad republicana.
El asunto, documentado por El Universal, exhibe un curioso fenómeno legislativo-editorial: la Cámara baja no solo produce leyes cuestionables, sino también libros de procedencia difusa. Y aquí es donde la tinta empieza a oler más a opacidad que a papel recién cortado.
Porque en el mundo ideal del proceso parlamentario, todo gasto debería pasar por el tamiz de la aprobación, la justificación y —al menos en teoría— la rendición de cuentas. Pero en esta imprenta legislativa parece operar otra lógica: primero se imprime, luego se pregunta (si es que alguien se atreve).
Los contratos, los criterios editoriales, los autores, los tirajes… todo se diluye en un expediente que parece haber sido engargolado con grapas de discrecionalidad. Nadie sabe quién autorizó qué, pero el dinero público sí encontró su camino hacia la rotativa. Y como en toda buena edición oficial, el costo está perfectamente registrado, aunque el contenido administrativo sea un borrador permanente.
Aquí no estamos hablando de fanzines clandestinos ni de boletines parroquiales. Son miles de libros financiados con recursos públicos, en un país donde el acceso a la cultura suele ser la primera víctima de los recortes presupuestales. Pero en San Lázaro, curiosamente, la imprenta nunca se queda sin tinta… solo sin responsables.
La pregunta obligada no es solo quién autorizó la impresión, sino bajo qué criterios se decide qué se publica, para quién y con qué propósito. Porque si algo caracteriza al gasto público opaco es su capacidad para disfrazarse de noble causa editorial mientras se imprime, en realidad, una narrativa de simulación institucional.
En términos legislativos, esto huele a un clásico: un gasto que pasó por debajo del radar, aprobado en la práctica aunque no en el discurso, y ejecutado con la eficiencia que rara vez se ve cuando se trata de resolver problemas reales.
Así que mientras los diputados debaten reformas que a menudo no leen, la Cámara produce libros que nadie pidió, nadie firma y nadie explica. Una editorial perfecta para el país donde todo se archiva… excepto la responsabilidad.
Porque en esta imprenta legislativa, lo único que no se imprime es la rendición de cuentas.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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