En el sur del Estado de México, donde la geografía se mezcla con la impunidad, un mando policial más acaba de ser reciclado por el sistema: Raymundo Martínez Monroy, jefe regional en Luvianos, pasó de ser autoridad a convertirse en expediente.
El lunes lo interceptaron. Así, sin más. Como suele ocurrir en esas zonas donde el control territorial no lo tiene el Estado, sino quien realmente manda. Después vino el silencio oficial: pérdida de comunicación, activación de protocolos, despliegue que siempre llega tarde. Horas después, el desenlace previsible: localizado sin vida en Tejupilco, con huellas de violencia, porque en estos casos la muerte rara vez es limpia o discreta.
La escena fue asegurada, como dicta el manual. Llegaron policías, luego peritos, luego la Fiscalía. Se levantaron indicios, se llenaron formatos, se tomaron fotografías. El cuerpo fue trasladado para la necropsia “de rigor”, esa expresión burocrática que intenta darle orden a lo que en realidad es una ejecución más en una región donde la ley es apenas un concepto aspiracional.
Y entonces comenzó la verdadera transformación: de persona a carpeta de investigación. La Fiscalía mexiquense abrió el expediente correspondiente —porque siempre hay un expediente— para “esclarecer los hechos”, “identificar a los responsables” y “determinar si el homicidio está relacionado con sus funciones”. Traducción: el sistema necesita clasificar el cadáver antes de archivarlo en la estadística correcta.
Porque al final eso es lo que queda. No el mando, no la historia, no el contexto de violencia estructural en el sur del Estado de México. Queda el número. Uno más en la contabilidad oficial. Otro caso que, salvo sorpresa, engrosará la lista de homicidios sin resolver en una entidad donde la línea entre autoridad y vulnerabilidad es cada vez más delgada.
Y así, mientras los discursos hablan de estrategia y coordinación, la realidad sigue escribiéndose con cuerpos.
Y vale la pena hacer el ejercicio incómodo: ¿qué habría pasado si Raymundo Martínez Monroy no hubiera sido ejecutado en Tejupilco, sino del otro lado del Río Bravo,en Estados Unidos ?
La respuesta no requiere demasiada imaginación. No estaríamos hablando de protocolos tardíos ni de carpetas que se acumulan en escritorios. Habría despliegues masivos, agencias coordinadas, conferencias de prensa con tono de urgencia y una cacería institucional que no se detendría hasta encontrar a los responsables “debajo de las piedras”, como les gusta decir. El mensaje sería claro: matar a un mando tiene consecuencias reales.
Pero en el sur del Estado de México, la ecuación es distinta. Aquí la violencia se administra, se normaliza y, sobre todo, se dosifica en informes. No hay persecución implacable, hay trámites. No hay prioridad nacional, hay saturación de casos. La diferencia no es solo geográfica; es estructural. De un lado, el Estado reacciona. Del otro, el Estado documenta.
Y en medio de esa frontera invisible, los muertos cambian de categoría: de crisis a estadística.
Con informacion: ELNORTE/
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