En el centro penitenciario de Culiacán se reportó una riña colectiva entre internos, en la divulgo que siete de los participantes con arma blanca perdieron la vida y aún se desconoce el número de lesionados, por lo que fuerzas federales reforzaron la seguridad externa.
La escena es conocida, casi rutinaria, pero no por eso menos escandalosa: un penal convertido en campo de batalla y 7 muertos y 1 gravemente herido después, la autoridad hace lo que mejor sabe hacer: “reforzar la seguridad”… después de que todo ya explotó.
Porque en México, el control del Estado no se mide por lo que previene, sino por lo que reacciona tarde.
Lo ocurrido en el penal de Culiacán no es un incidente aislado. Es la evidencia más cruda de una verdad incómoda:
«El gobierno no controla ni siquiera a los criminales que ya tiene encerrados. Y si no puede con los que están tras las rejas, la pregunta es obvia: ¿qué posibilidad real tiene de contener a los que operan afuera ?»
La narrativa oficial insiste en vender orden, inteligencia operativa y “coordinación institucional”. Pero la realidad, otra vez, irrumpe dentro de un penal estatal. Internos armados, enfrentamientos prolongados y muertos suficientes para llenar un parte de guerra. Todo esto en un espacio que, en teoría, debería ser el último eslabón del control estatal.
No lo es.
Y este episodio no surge en el vacío. Es una extensión directa del fracaso de la estrategia de seguridad que se ha intentado imponer en Sinaloa bajo la lógica de militarización selectiva y golpes mediáticos. La llamada estrategia Harfuch —basada en despliegues, detenciones de alto perfil y narrativa de “recuperación territorial”— se enfrenta a su propio límite estructural: no hay control institucional real.
Porque el problema no es cuántos elementos despliegas, sino quién manda realmente en el terreno.
Y en Sinaloa, la respuesta sigue siendo incómoda para el discurso oficial.
Los penales, históricamente en todo el pais, han sido termómetros del poder criminal. Cuando hay orden interno, es porque alguien —no necesariamente el Estado— lo impone. Cuando hay caos como el de Culiacán, lo que vemos no es solo una riña: es una disputa de poder que el gobierno ni anticipa ni contiene.
Más grave aún: evidencia que las estructuras criminales mantienen capacidad de organización, acceso a recursos y control operativo incluso dentro de espacios supuestamente blindados.
Es decir, la prisión no rompe las cadenas de mando. Las traslada.
Y mientras tanto, la respuesta institucional se limita a reforzar la seguridad… como si el problema fuera la falta de elementos y no la penetración sistemática del crimen en las estructuras de custodia.
El guion se repite: muertos, despliegue, silencio incómodo y, eventualmente, olvido mediático.
Pero cada episodio deja algo más claro: la estrategia no está funcionando.
Ni afuera.
Ni adentro.
Porque cuando el Estado pierde el control de sus cárceles, ya no estamos hablando de una crisis de seguridad pública. Estamos frente a una evidencia de captura institucional.
Y eso, por definición, no se resuelve con más soldados en la puerta.
Se resuelve con algo que, hasta ahora, ha estado ausente: control real del poder.
Con información: ELUNIVERSAL/
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