Primero lo negaron, para verse bien,después lo minimizaron para verse honestos y finalmente, cuando la evidencia ya les respiraba en la nuca, lo admitieron a medias para terminar de verse mentirosos. El Gobierno moreno-narco de Guerrero volvió a ejecutar su rutina favorita: mentir para “no alarmar”, aunque eso implique dejar a comunidades enteras a merced del crimen organizado.
Porque sí, siempre empieza igual. Según el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros, en un principio “no había ninguna novedad”. Traducción oficial: o no sabían nada —lo cual ya es grave— o sabían y decidieron ocultarlo —lo cual es peor. Dos días después, con videos circulando y testimonios acumulándose, la versión se desmoronó: sí hubo incursión armada, sí hubo asesinatos, pero ahora que lo confirme la Fiscalía. El viejo truco burocrático de patear la verdad hacia otra ventanilla.
Mientras tanto, en la realidad que el gobierno intenta maquillar, hombres armados —presuntamente del CJNG— paseaban sin prisa por el zócalo de Tepetixtla, como si fueran autoridad legítima. No hubo enfrentamientos, no hubo contención, no hubo Estado. Solo hubo silencio oficial… hasta que dejó de ser sostenible.
Los habitantes de Tepetixtla, Las Compuertas y Yerbasanta no necesitaban comunicados para entender lo que estaba pasando: estaban siendo sitiados. Reportaron asesinatos —dos adultos y un bebé—, pero en la narrativa gubernamental esas muertes quedan encapsuladas en un “hubo personas privadas de la vida”, una frase tan fría como útil para diluir responsabilidades.
Y cuando ya no quedó otra opción que reconocer lo evidente, apareció la clásica justificación: “el primer informe era otro”. Como si la incompetencia informativa fuera excusa suficiente para negar una crisis de seguridad en tiempo real. Como si el problema fuera el reporte, y no la ausencia del Estado en territorios donde los grupos criminales entran, matan y se van sin resistencia.
Después, el protocolo de siempre: despliegue de Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal… pero tarde. Siempre tarde. Llegan cuando el daño ya está hecho, cuando los videos ya circulan, cuando la mentira ya no aguanta más.
Y mientras el Gobierno “reconoce” lo que ya todo mundo sabía, la Fiscalía guarda silencio. Ningún informe, ningún dato claro, ninguna rendición de cuentas. Porque en Guerrero, como en buena parte del país, la verdad no se investiga: se administra políticamente.
Al final, el problema no es solo la violencia. Es la mentira sistemática. Es la simulación como política pública. Es ese impulso casi reflejo de negar lo evidente para no “quedar mal”, aunque en el proceso queden peor: exhibidos, rebasados y, sobre todo, profundamente desconectados de la realidad que dicen gobernar.
Con informacion: ELNORTE/
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