El gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos de Morena, Américo Villarreal, de Tamaulipas y Alfonso Durazo de Sonora ,por huachicol el primero y vínculos con el crimen organizado el segundo, de acuerdo con Los Angeles Times.
Estados Unidos le está metiendo bisturí a Morena como consecuencia de sus malos oficios: con gobernadores en funciones, y lo está haciendo con algo mucho más efectivo que un desplegado indignado en La Jornada o un mitin en el zocalo: el sistema penal federal y la revocación de visas.
De qué va el golpazo
El reportaje de Los Angeles Times, retomado por El Universal, dice que Washington tiene bajo investigación a Alfonso Durazo (Sonora) por presuntos vínculos con el crimen organizado y a Américo Villarreal (Tamaulipas) por temas de huachicol, es decir, contrabando de combustible. No es un chisme de pasillo: se habla de investigaciones penales en curso en Estados Unidos.
Según esas fuentes, a ambos gobernadores ya les cancelaron la visa y los metieron a una figura migratoria que suena a tecnicismo burocrático pero en realidad es una pistola sobre la mesa: “libertad condicional por beneficio público significativo”. Traducido a castellano político: podrías entrar a EU, pero no como turista fifí, sino como testigo útil ante un gran jurado, mientras tu expediente penal respira por sí solo.
La “libertad condicional” que no es libertad
La joya aquí es esa figura: el “significant public benefit parole”. Es un permiso discrecional para que un no ciudadano pueda pisar suelo estadounidense cuando el gobierno considera que su presencia sirve a un interés público importante, por ejemplo, testificar ante un gran jurado para apuntalar acusaciones en curso.
O sea, no es un gesto humanitario, es un mecanismo de presión.
Te quito la visa porque sospecho de ti, pero te dejo entrar si me eres útil contra alguien más o para limpiar un caso que también te roza. En vez de mandar una nota diplomática, el mensaje real a Durazo y Villarreal llega vía DHS y Departamento de Estado: estás bajo investigación, y si quieres moverte aquí, es en nuestros términos.
Golpe directo al corazón de Morena
La propia nota apunta que el movimiento contra gobernadores en funciones amenaza con debilitar a Morena y tensar más la relación bilateral. No están tocando a operadores de medio pelo, sino a mandatarios estatales aliados del gobierno federal, en un contexto donde ya traen otra lista de políticos mexicanos con visas revocadas por vínculos con cárteles o corrupción.
Es el tipo de mensaje que en Washington no se manda por tuit, se manda con expedientes, sellos y silencios incómodos en las reuniones bilaterales. Cada vez que la narrativa oficial en México intente vender que todo es un “tema mediático”, la contraparte gringa sólo tiene que voltear a ver el estatus migratorio de ciertos nombres y sonreír diplomáticamente.
El doble discurso que viene
En México, el libreto ya lo conocemos: negar, minimizar, culpar a “campañas de desprestigio” y asegurar que “la visa está vigente” mientras del otro lado de la frontera alguien firma otro oficio de revocación. Del lado estadounidense, la línea es igual de consistente: no comentan casos individuales, pero filtran lo suficiente para que los mensajes lleguen a la opinión pública, a los mercados y, sobre todo, a la clase política mexicana.
Lo delicado no es sólo que dos gobernadores estén bajo investigación; es que Washington está usando su poder consular como herramienta de política de seguridad regional, y la lista de políticos con problemas de visa va creciendo más rápido que los comunicados indignados desde Palacio.
Asi lo dice LA TIMES:
Estados Unidos está investigando a dos destacados gobernadores mexicanos, dijeron múltiples fuentes, mientras la administración Trump amplía su campaña contra funcionarios mexicanos de alto nivel sospechosos de vínculos con el crimen organizado.
La medida contra los funcionarios del gobierno en ejercicio amenaza con socavar el partido gobernante de México, que llegó al poder con una promesa de combatir la corrupción, y tensar aún más la ya tensa relación entre los dos países.
Durante años, Estados Unidos se abstuvo de investigar a los políticos en ejercicio en su lucha contra el tráfico de drogas, prefiriendo apuntar a los líderes del cártel. Pero como muchos de los narcotraficantes más notorios de México han sido asesinados, arrestados o se han entregado, Washington ha cambiado su atención al enjuiciamiento de los líderes electos y los agentes encargados de la ley sospechosos de
Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, el gobernador de Tamaulipas, han sido despojados de sus visas estadounidenses en medio de investigaciones penales, según personas familiarizadas con los casos.
Ambos son miembros del partido gobernante Morena de México y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha criticado una reciente oleada de investigaciones estadounidenses sobre los líderes mexicanos en ejercicio como interferencia electoral y una violación de la soberanía de su país.
En abril, el Departamento de Justicia reveló cargos penales radicales contra miembros prominentes del partido de Sheinbaum, incluido el gobernador. Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Fue acusado junto con otros nueve funcionarios actuales y anteriores de ayudar al cártel de Sinaloa a contrabandear fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y ayuda para ganar elecciones.
«¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado?» Sheinbaum preguntó en una reciente manifestación política. «¿O tal vez estamos presenciando cómo sectores de la derecha estadounidense están utilizando a nuestro país para posicionarse para sus elecciones de 2026? ¿O tienen la intención de influir en las elecciones de 2027 en nuestro país?»
Durazo, de 71 años, el gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de mayor perfil hasta la fecha que se cree que está bajo investigación. Anteriormente se desempeñó como ministro de seguridad de México, ayudando a implementar la controvertida estrategia de «abrazos, no balas» del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que enfatizaba abordar las causas fundamentales del crimen en lugar de las confrontaciones militares. Sonora es una importante ruta de tránsito de tráfico de drogas a los EE. UU.
Personas familiarizadas con su caso, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos, dijeron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado, y que Estados Unidos lo está investigando por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Dijeron que Durazo viaja a los Estados Unidos regularmente para recibir tratamiento especializado por una condición médica bajo un programa de libertad condicional generalmente reservado para personas que están cooperando con las fuerzas del orden. La oficina de Durazo no respondió a una solicitud de comentarios.
El programa, conocido como libertad condicional de beneficios públicos significativos, permite a los no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de los cargos reales o pendientes contra ellos u otros.
«Realmente está destinado a ser utilizado como una herramienta para obtener inteligencia y obtener pruebas», dijo Vanda Brown de la Brookings Institution sobre el programa. El periodista mexicano Luis Chaparro informó anteriormente que Durazo había perdido su visa debido a una investigación estadounidense y fue beneficiario de la libertad condicional. Una visa de turista típica para los Estados Unidos dura hasta 10 años con posibilidad de renovación.
La investigación sobre Villarreal, de 68 años, está relacionada con el contrabando de combustible pirateado, un lucrativo comercio ilegal conocido en México como huachicol, según personas familiarizadas con el caso. Las fuentes dijeron que Villarreal también tiene una libertad condicional de beneficio público significativo. Cuando cruza a los Estados Unidos, a menudo es escoltado por funcionarios estadounidenses, dijo una persona familiarizada con su caso.
En una declaración, Villarreal negó cualquier irregularidad, calificando las afirmaciones falsas, sesgadas y carentes de pruebas. Dijo que, como funcionario público, siempre ha sido transparente, responsable y ha seguido la ley.
Tamaulipas, que limita con Texas, es un centro de contrabando de combustible desde y desde los Estados Unidos. Varios gobernadores anteriores han sido investigados en México por conexiones con grupos criminales.
Es probable que las nuevas revelaciones exacerban la presión sobre Morena, cuyo fundador, López Obrador, llegó al poder con una promesa de combatir la corrupción, que dijo que alimentó la violencia. Prometió que nadie involucrado en la corrupción se ahorraría, ni siquiera de los «hermanos de armas».
Sheinbaum, el protegido político de López Obrador, ha prometido continuar esa lucha, y su administración ha arrestado a docenas de funcionarios locales acusados de irregularidades, incluidos algunos afiliados a Morena.
Algunos miembros de su partido han presionado a Sheinbaum para que corte los lazos con Rocha Moya y otros líderes sospechosos de vínculos con el crimen organizado, para que Morena no se vea contaminada por las acusaciones. Pero Sheinbaum, en cambio, ha cerrado las filas, insistiendo en que su gobierno no cumplirá con la solicitud de los Estados Unidos de extraditar a Rocha Moya.
En un mitin durante el fin de semana, Sheinbaum desestimó la investigación estadounidense sobre los funcionarios de Sinaloa como una campaña de difamación por motivos políticos contra su gobierno inquierdista.
Ronald Johnson, el embajador de los Estados Unidos en México, criticó sus comentarios. «La lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos», escribió Johnson en X. «Cada momento que se pasa convirtiendo este desafío de seguridad compartida en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas a las que servimos».
La creciente retórica llega en un momento crítico para los dos países, que el próximo mes se embarcarán en una revisión de su acuerdo de libre comercio con Canadá.
A lo largo de los años, los fiscales estadounidenses han presentado ocasionalmente casos de corrupción contra exfuncionarios mexicanos, incluido Genaro García Luna, un ex ministro de seguridad que fue condenado a prisión en 2024 por recibir sobornos del cártel de Sinaloa.
Pero apuntar a los líderes electos actuales es un enfoque nuevo, y más conflictivo. Los miembros de la administración Trump insisten en que es necesario porque el tráfico de drogas depende en gran medida de los funcionarios que lo protegen.
En una reunión en mayo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo a Sheinbaum que la administración Trump espera que México envíe a Rocha Moya a los Estados Unidos, según fuentes.
Sheinbaum dijo que su administración decidirá el destino del gobernador basándose en su propia evaluación de su conducta, y advirtió a Mullin que más acusaciones estadounidenses contra líderes electos se considerarían interferencia política en los asuntos de México.
Sheinbaum puede optar por procesar a Rocha Moya, lo que indicaría a su base que se toma en serio la corrupción, pero no está dispuesta a ceder a la presión de Estados Unidos.
Sin embargo, los funcionarios estadounidenses tienen poca fe en que Rocha Moya u otros políticos sean condenados en los tribunales mexicanos.
Se dirigen al ex ministro de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos en Los Ángeles en 2020, y fue liberado a México después de que López Obrador prometiera llevar a cabo una investigación. Menos de dos meses después, el gobierno mexicano exoneró a Cienfuegos. Más tarde, López Obrador le otorgó un alto honor militar.
Trump ha hecho de la lucha contra los cárteles de drogas latinoamericanos una prioridad de política exterior, adoptando un enfoque maximalista que ha incluido la declaración de organizaciones terroristas de pandillas, la volación de presuntos barcos de drogas en el mar y la autorización de ataques militares de Estados Unidos en Ecuador y Guatemala.
Trump ha amenazado repetidamente con ataques contra objetivos del cártel en México, lo que Sheinbaum dice que México consideraría un acto de guerra. Ha denunciado las revelaciones de la reciente participación de funcionarios de la CIA en una redada en un laboratorio de drogas en el norte del estado de Chihuahua, diciendo que fue una violación de la soberanía.
La cancelación de visados es una estrategia más tranquila, pero potencialmente poderosa.
El año pasado, Reuters informó que Estados Unidos había, sin fanfarria, revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios en México, aunque pocos han confirmado públicamente que perdieron visas. Un político que reconoció haber perdido la suya es el gobernador de Baja California. Marina del Pilar Ávila, quien ha negado los vínculos con el crimen organizado.
Los EE. UU. El Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo ha tomado la iniciativa en la cancelación de visas, dijeron fuentes al Times. El centro, parte de la Dirección de Inteligencia Nacional, ahora se centra más en los cárteles que han sido designados como grupos terroristas y los políticos que supuestamente se confonibran con ellos que en las posibles amenazas de Oriente Medio, dijeron las fuentes.
Fuentes familiarizadas con la nueva estrategia dijeron que no todas las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos están a bordo con más cancelaciones de visas, lo que dicen que a veces puede interferir con las investigaciones penales.
Dentro de la administración de Sheinbaum, la acusación de Rocha Moya ha causado un juego de salón ansioso de adivinar qué funcionarios mexicanos pueden ser acusados a continuación, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
El objetivo de los funcionarios se produce cuando Sheinbaum mira hacia las elecciones intermedias en 2027, donde toda la cámara baja del congreso mexicano, donde su partido actualmente tiene la mayoría, está en juego, junto con 17 gobernaciones estatales. Ella debe elegir candidatos para respaldar cuidadosamente, dijeron los analistas políticos, porque promocionar a los candidatos de gobernadores que podrían terminar en el blanco de las fuerzas del orden de los Estados Unidos podría poner las elecciones en desorden y amenazar a la mayoría del partido.
En privado, Sheinbaum ha instado a los miembros de Morena a renunciar si están involucrados en la corrupción. Públicamente, ha tomado una postura desafiante frente a las acusaciones de Estados Unidos de que México está «controlado» por cárteles. El martes, respondió al embajador Johnson, pidiéndole que se abstuviera de comentar sobre los problemas internos de México.
«Los asuntos de México pertenecen a los mexicanos», dijo.
***Este artículo fue copublicado con Puente News Collaborative, una sala de redacción bilingüe sin fines de lucro que cubre historias de México y la frontera entre Estados Unidos y México. Cecilia Sánchez Vidal, de la oficina de la Ciudad de México del Times, contribuyó a este informe.
Con informacion: L.A TIMES/ EL UNIVERSAL/
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