En México, la ley no es ciega: distingue perfectamente entre quién cae y quién se acomoda. Y cuando se trata de los cercanos al poder, el sistema judicial suele comportarse como un acordeón bien afinado: se estira lo suficiente para que quepa otro más en la lista de los intocables.
El turno ahora es para Ramiro Chávez Gochicoa, ex rector de la Universidad Politécnica del Centro en Tabasco y, no por casualidad, ex colaborador de Adán Augusto López durante su paso por la gubernatura. El mismo personaje que después fue premiado con la Secretaría de Cultura estatal. Porque en México, la cultura también incluye la tradición de reciclar funcionarios bajo sospecha.
Chávez fue imputado por su presunta participación en uno de los tantos tentáculos de la Estafa Maestra: un contrato por más de 31 millones de pesos firmado en 2016 con Sedatu para desarrollar indicadores de deterioro habitacional. En papel, todo muy técnico; en la práctica, otro episodio donde universidades públicas funcionaron como intermediarias para desviar recursos con entregables cuestionables, incompletos o, de plano, plagiados.
La Fiscalía lo dijo sin rodeos: productos deficientes, documentos copiados al Infonavit, una app inexistente o de baja calidad y cobros realizados como si todo hubiera sido entregado impecablemente. El clásico esquema donde el dinero sí fluye, pero los resultados se evaporan.
Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal decidió que no hay elementos suficientes para procesarlo. ¿La razón?
El Ministerio Público de la Federación no explicó con precisión qué pruebas acreditan el delito ni cómo vinculan directamente al imputado. Traducido del lenguaje judicial: la acusación llegó mal armada… y eso bastó.
El propio tribunal incluso sugirió una reinterpretación cómoda del desastre: si los productos eran deficientes, entonces no estamos ante un delito, sino ante un simple incumplimiento contractual. Es decir, no sería corrupción, sino una especie de “trabajo mal hecho”. Un detalle administrativo, casi doméstico, para un contrato de 31 millones de pesos.
Así, entre tecnicismos y vacíos argumentativos —reales o convenientemente tolerados—, Chávez Gochicoa evita la vinculación a proceso. Primero lo liberó un juez de control; ahora lo confirma un tribunal. Dos filtros superados en un sistema donde, para otros, basta mucho menos para quedar atrapados.
Eso sí, la puerta no está completamente cerrada: la ASF y la Sedatu aún pueden impugnar vía amparo. Pero en el historial reciente de estos casos, esa posibilidad suele ser más una formalidad que una amenaza real.
El patrón se repite: expedientes débiles cuando se trata de figuras conectadas, interpretaciones judiciales que minimizan conductas graves y una línea cada vez más difusa entre la incompetencia y la impunidad. Porque si cobrar millones por trabajos deficientes no alcanza el estándar penal, entonces el mensaje es claro: en ciertos círculos, el fracaso también se factura… y se absuelve.
Otro acordeón que se estira. Otro nombre que pasa la prueba. Y otra señal de que, en la justicia mexicana, no todos caben… pero algunos siempre encuentran espacio.
Con informacion: ELNORTE/
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