El alcalde panista de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, había hecho lo que en el México de hoy parece un acto ingenuo: confiar en el Estado. Avisó que lo querían extorsionar, dijo que temía por su vida, se sentó en la mesa “de seguridad” —esa escenografía donde funcionarios y militares se toman la foto, toman café y tragan galletas con costo al erario mientras el país arde— y pidió protección directamente al gobernador de Morena Salomón Jara. Le prometieron escoltas. Nunca llegaron.
Lo que sí llegó fue la bala.
Semanas antes ya lo habían probado: ataque, secuestro virtual, amenazas claras. No era paranoia; era diagnóstico. El alcalde sabía que estaba marcado. Pidió auxilio institucional urgente. La respuesta fue el clásico “lo vemos”, que en traducción burocrática significa “arréglate como puedas”.
Y se arregló… hasta donde pudo.
Hoy, Bravo Martínez, de 53 años y en su tercer periodo, fue ejecutado afuera de su casa. No en una emboscada sofisticada ni en un operativo digno de serie: lo mataron con la simple certeza de que nadie iba a impedirlo. Porque en amplias zonas del país, el monopolio de la violencia ya no lo tiene el Estado, sino quien cobra piso.
El PAN, desde su trinchera, señala lo obvio: el alcalde pidió ayuda y lo dejaron solo. Morena, mientras tanto, tendrá que hacer malabares discursivos para explicar cómo un funcionario electo, que advirtió riesgo inminente, terminó muerto después de recibir promesas de protección que se evaporaron.
La acusación es directa: no se dejó extorsionar. Y en ciertos territorios de México, eso equivale a sentencia de muerte.
Lo verdaderamente incómodo no es el crimen —ese ya es rutina— sino la cadena de omisiones. ¿Quién decidió que no era prioritario? ¿Quién firmó nada? ¿Quién prometió escoltas que nunca aparecieron? ¿Quién asumirá que aquí no falló “el sistema”, sino personas concretas?
Porque cuando un alcalde pide ayuda, la obtiene en papel. Cuando lo matan, se abre una carpeta. Y entre una cosa y la otra, hay un vacío donde caben la negligencia, la complicidad o, peor aún, la normalización.
Otro alcalde menos. Otro expediente más. Otro recordatorio de que en ciertas regiones del país, gobernar sin alinearse no es valentía: es jugar a la ruleta rusa con un tambor lleno.
Con informacion: ELNORTE/

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