LA MARINA "QUIERE DRONES" para COMBATIR DESDE el AIRE el "CONTRABANDO MARITIMO" de COMBUSTIBLES...ese que llega en "buques-tanques" con ayuda de las aduanas y no paga impuestos.

El contrabando de gasolinas y diesel no sólo se realiza por tierra, sino que ha invadido la esfera de mar territorial nacional, en donde ya se detecta; por ello, la Secretaría de Marina (Semar) prepara la compra de un sistema aéreo no tripulado.

Este equipo es capaz de efectuar vuelos de más de ocho horas con alcance mayor a 60 kilómetros, a una altitud superior a 5 mil pies, y puede transmitir video en tiempo real.

Luego de que el gobierno federal alertara sobre el ingreso ilegal de combustibles a México, procedentes principalmente de Estados Unidos, la dependencia encargada de resguardar las zonas costeras del país busca contar con “la tecnología más avanzada, capaz de hacer más eficiente la labor de vigilancia, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las operaciones navales”.

“Se busca contar con la tecnología más avanzada, capaz de hacer más eficiente la labor de vigilancia, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las operaciones navales”; Proyecto de la Semar. 

Mediante una inversión de 42.2 millones de pesos, la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Semar prepara la estrategia para cerrar el espacio a las actividades ilegales en mar adentro, siendo una de ellas el huachicol de contrabando.

De acuerdo con el proyecto de inversión Réplica del Sistema de Patrullaje Autónomo de Reconocimiento Táctico Aéreo de la Armada de México, con fecha del 15 de enero de 2021, la Semar contempla “reproducir en serie un sistema aéreo no tripulado de mediano alcance y capaz de conducir operaciones navales, integrado por tres aeronaves no tripuladas, una estación de control terrena móvil compuesta por un vehículo autopropulsado para el transporte y operación del sistema, antena de comunicación con la aeronave en vuelo y antena de comunicación satelital”.

Con ello, según el documento al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la dependencia podría contar con sistemas aéreos no tripulados de mediano alcance con los que harán más eficientes las operaciones navales de inteligencia, búsqueda y reconocimiento.

Asimismo, tendrá capacidad de dotar a las regiones navales con los medios aéreos para la optimización de las operaciones de reconocimiento, vigilancia y obtención de inteligencia a través de diferentes sensores, como cámaras diurna y nocturna montadas en aviones que realicen vuelos autónomos en las zonas marinas mexicanas, y donde se requiera para disuadir a los huachicoleros y a los grupos delincuenciales que operan en mar adentro.

Auge delictivo

Hasta ahora, el gobierno federal ha detectado el contrabando de EU por distintas aduanas terrestres, como Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde se aseguraron un millón 507 mil litros de gasolina, diesel y gas propano entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, de acuerdo con información en la Iniciativa de Ley de Hidrocarburos.

El aseguramiento de la mercancía y de los autotanques cargados con hidrocarburos se realizó por la detección en la omisión del pago de cuotas compensatorias al órgano fiscalizador, y por no acreditar con la documentación aduanera correspondiente su introducción a territorio nacional, agrega el texto.

Sin embargo, “no se descarta que los importadores que actualmente ingresan producto por tierra migren a envíos por barco”, confiaron fuentes del sector consultadas por EL UNIVERSAL.

Tan es así, agregaron, que el año pasado el gobierno decidió militarizar las aduanas y los puertos para combatir todo tipo de contrabando, tras comentarios de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en su comparecencia en el Senado de que “México estaba siendo inundado por importaciones ilegales de combustible”.

500 mdp al día es el monto de evasión por contrabando de gasolinas, según cálculos del diputado morenista Ricardo Exsome.

La funcionaria habría advertido que era necesario poner orden en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tras haberse dado cuenta de la falta de control y de los grandes volúmenes de importaciones ilegales.

La firma consultora IHS Markit realizó un estudio sobre el contrabando de combustibles a través de permisos de importación, en el que refiere que Raquel Buenrostro, jefa del SAT, denunció que se habían interpuesto 48 acciones legales en contra de autoridades aduanales entre enero y septiembre de 2020.

En conferencia de prensa, señaló a un funcionario de aduanas que permitió que una empresa presentara documentos falsos de un embarque de combustibles en seis ocasiones, en un intento de descargar petrolíferos ilegalmente en el puerto de Tuxpan.

Tras fallar en su intento, el cargamento cruzó el Canal de Panamá y descargó en el puerto de Lázaro Cárdenas. El importador sólo pagó aranceles sobre 20% de su carga total de diesel, agregó.

Equipos insuficientes

Esta situación refleja que el contrabando de gasolinas y diesel no sólo se da por tierra, sino que está presente e invade los mares territoriales nacionales, indicaron las fuentes consultadas.

La capacidad actual que tiene la Semar para desarrollar operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés) depende de cinco sistemas aéreos no tripulados (SANT) para atender la demanda de vuelos ISR a escala nacional.

Sin embargo, ante el crecimiento de los operativos navales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, se han incrementado las operaciones de estos sistemas, los cuales “son insuficientes para cubrir las horas de vuelo que la Semar tiene que desarrollar y que ya presentan años de antigüedad y desgaste de material”.

fuente.-

UNA CLICA de "EL SALVADOR" de la "MARA SALVATRUCHA MS13" se APODERO de un "CORREDOR de COCAINA"...a sangre y fuego.

En la frontera este de El Salvador, una furtiva transferencia de poder podría tener consecuencias de magnitudes sísmicas en el hampa.

Juan Pablo Salamanca acababa de salir de una pelea de gallos en Santa Rosa de Lima, en el este de El Salvador, cuando fue atacado. Había estado en el que tal vez era su lugar favorito en el mundo: en el ruedo, con gallos, amigos, cervezas y bravuconería, rodeado por el caos que tanto le gustaba en un mundo que él pensaba que había domesticado. Allí se apostaba, se bebía y se exhibían fajos de billetes. Cuando salió sonaron los disparos, que dieron inicio a una de las transferencias de poder más importantes que se han dado en el hampa de El Salvador en muchos años.

Salamanca era heredero de Los Perrones, la estructura de narcotráfico que conectó las rutas de contrabando de El Salvador con el Cartel de Sinaloa en México durante la mayor parte de la década de 2000, hasta que la mayoría de sus líderes fueron asesinados y arrestados, o bien huyeron. Su asesinato aquel 26 de julio de 2015, como otros miles en El Salvador a lo largo de los años, quedó sin resolver. “Hombres armados desconocidos abrieron fuego”, se lee en el primer informe policial, utilizando el lenguaje común para este tipo de homicidios, que a menudo terminan vinculados extraoficialmente a disputas entre narcotraficantes.

Pero con el paso del tiempo quedó claro que, al parecer, quienes lo mataron tenían un objetivo relacionado con el narcotráfico: apoderarse de una ruta que va del lado nicaragüense del Golfo de Fonseca hasta las playas y humedales de La Unión, el departamento más oriental de El Salvador. De hecho, el asesino más probable de Salamanca no era un desconocido en absoluto: fue su primo y exsocio Sergio Umaña Salamanca, alias “Pitbul”, quien durante mucho tiempo había amenazado con matarlo.

Pitbul trabajó con Juan Pablo Salamanca y Los Perrones desde mediados de la década de 2000, cuando ambos estaban bajo el mando de Daniel Quezada. Aquella era la época de apogeo de Los Perrones, y Quezada controlaba el tráfico de cocaína en las playas de La Unión, como dice un funcionario de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador establecido en el departamento, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar sobre el caso.

Pitbul, sin embargo, jugaba en dos bandos. Además de su conexión con Los Perrones, también era miembro de la Mara Salvatrucha 13 (MS13), la famosa pandilla callejera transnacional. Su célula, conocida como Hempstead Locos Salvatruchos (HLS), es una facción emergente de la pandilla en El Salvador, cuya influencia en el tráfico local de drogas creció precisamente a causa del asesinato de Juan Pablo Salamanca.

“Pablo Salamanca, quien tenía conexiones con los carteles, fue asesinado por su primo, Sergio Umaña Salamanca, líder de la HLS, una de las doce células de la MS13 activas en La Unión. [Su] asesinato significó sólo una cosa: que el control sobre el narcotráfico estaba en manos de la HLS”, le dijo a InSight Crime el mismo alto funcionario de la policía de La Unión, a pesar de que nunca se inició una investigación oficial sobre el caso.

Su teoría tenía lógica. En el momento de su asesinato, Salamanca era muy conocido en los pueblos y ciudades de la costa oriental, desde Playas Negras, de donde es su familia, hasta Santa Rosa de Lima, donde fue asesinado. Santa Rosa de Lima, de hecho, era sede de Los Perrones en La Unión y, según el funcionario de la PNC, allí hay actualmente bodegas que son utilizadas por pequeños grupos de narcotraficantes para almacenar cocaína.

Pero la reputación de Salamanca provenía no solo de su participación en el narcotráfico, sino también de la época en que fue propietario de un equipo de fútbol local. En 2013, cuando ya era conocido como restaurantero y empresario, Salamanca compró al Ciclón del Golfo, un equipo de la segunda división de El Salvador. El nuevo jefe tenía problemas con todo mundo. Solía proferir amenazas de muerte en las redes sociales o en programas de radio después de que su equipo perdía un partido, lo que incluía a sus propios jugadores.

Por ejemplo, en una publicación en Facebook tras una derrota en junio de 2013, Salamanca amenazó con abandonar el equipo: “Juan Pablo Salamanca no va más con los Ciclones, no quiero a ningún jugador en mi casa porque lo puedo matar”.

El mensaje estaba acompañado por una foto de Salamanca, con una pistola en la mano.

Juan Pablo Salamanca. Foto tomada de Facebook

De Los Perrones a la MS13

Cuando Juan Pablo Salamanca se vinculó a Los Perrones, acababa de llegar de Estados Unidos, donde estaba implicado en un asesinato. El 27 de abril de 2006, Salamanca, quien entonces tenía 22 años, y otras dos personas, mataron a un pandillero de una facción rival, conocida como los South Side Locos, tras una pelea en un partido de fútbol en Columbia Heights West, según documentos judiciales de un tribunal de apelaciones de Virginia. Salamanca huyó.

Daniel Quezada y Los Perrones lo recibieron bien. Los pandilleros deportados, o los que huían de la justicia en Estados Unidos, habían estado robusteciendo las operaciones de Quezada desde comienzos de la década. De hecho, investigadores de la policía antinarcóticos de El Salvador desplegados en La Unión en 2006 dicen que entre los principales colaboradores de Quezada había otro pandillero que, al igual que Salamanca, había huido de Virginia a causa del asesinato en Columbia Heights West.

En ese momento, Quezada comandaba la mayor parte de las playas de La Unión. Por orden de Quezada, pequeñas lanchas a motor viajaban a través del Golfo de Fonseca, traían cocaína de Nicaragua y descargaban los cargamentos en un hotel que él había construido como fachada para sus negocios de drogas. Para ello, ejercía un considerable control sobre por lo menos tres comisarías de policía en las playas de El Tamarindo, Playas Negras y El Jagüey, según las investigaciones llevadas a cabo entre 2002 y 2006 por la policía salvadoreña y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Quezada les hacía pagos a los agentes de policía en las playas, quienes facilitaban y protegían los cargamentos de cocaína que entraban, así como su posterior transporte a Santa Rosa de Lima. Algunos agentes de la PNC a cargo de las investigaciones también estuvieron vinculados a dichos cargamentos de cocaína o los ayudaron a custodiar, según afirma un agente del Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) que investigó a los grupos de narcotraficantes de La Unión entre 2007 y 2008.

Las conexiones iban más allá de los agentes locales. Tanto directores de la PNC como jefes de la División Antinarcóticos de la Policía (DAN) fueron investigados por sus presuntos vínculos con José Natividad Luna Pereira, alias “Chepe Luna”, otro importante cabecilla de Los Perrones. Y cuando la policía no colaboraba, había consecuencias. En 2008, Los Perrones presuntamente asesinaron a Nahún Ayala, un investigador de la PNC que le seguía el rastro al grupo criminal, y lo enterraron en un cementerio clandestino reservado para las víctimas de Quezada.

El grupo también tenía vínculos con partidos políticos. Hay pruebas de que al menos dos miembros de Los Perrones le entregaron dinero a Herbert Saca, primo y jefe de campaña de Antonio Saca, presidente de El Salvador entre 2004 y 2009 adscrito a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Herbert Saca ha mantenido un alto perfil en la política de las administraciones posteriores, incluyendo la del actual presidente Nayib Bukele.

Pero a finales de la década de los 2000, Los Perrones sufrieron fuertes reveses. En abril de ese año, la policía de El Salvador detuvo a casi toda la facción de Quezada, incluido este último, así como a Juan Pablo Salamanca y otras 17 personas. Quezada fue condenado más tarde a tres años de prisión. Otros más fueron puestos en libertad por falta de pruebas, entre ellos Juan Pablo Salamanca. Pero el núcleo del cartel ya había sido desmantelado.

Los remanentes de Los Perrones comenzaron a recoger los pedazos. Entre ellos estaban Salamanca, quien reconstruyó el corredor de tráfico que Quezada había dejado. Poco después, Salamanca ya estaba otra vez trasladando cocaína del lado nicaragüense del Golfo de Fonseca a las playas de La Unión. Todavía contaba con en el apoyo de la policía, pero su red logística provenía principalmente de Hempstead Locos Salvatruchos, cuyo líder era su primo, Sergio Umaña, alias Pitbul.

La MS13 nunca ha sido particularmente buena para el tráfico internacional de drogas. Sus rivalidades internas, su inexperiencia, su desidia, su inclinación por la violencia y su alta visibilidad los convirtieron en socios poco fiables para las organizaciones de tráfico de drogas (OTD) más experimentadas. Pero la HLS parecían ser la excepción a la regla. Un expediente del Ministerio Público de Nicaragua indica que, justo antes del asesinato de Salamanca, Pitbul había extendido su operación a cuatro playas del departamento de Chinandega, al otro lado del Golfo de Fonseca, en Nicaragua.

Pitbul era también quien manejaba las interacciones con los intermediarios que por mucho tiempo habían conectado a los narcotraficantes de La Unión con el Cartel de Sinaloa, que en ese momento administraba la mayor parte de la cocaína que pasaba por El Salvador. Después de la muerte de Juan Pablo Salamanca, Pitbul “se convirtió en el líder”, según un documento del Ministerio Público de Nicaragua al que tuvo acceso InSight Crime. Y estaba interesado no solo en traficar drogas, sino además en robarlas.

La red de Pitbul

Las playas de Las Tunas y Playas Negras se encuentran en el punto más oriental del corredor de tráfico de cocaína en la costa de La Unión. El corredor comienza a unos 10 kilómetros al este, en la playa El Tamarindo y el estuario de la península de Punta de Amapala, el principal punto de entrada de las aguas que fluyen hacia el Golfo de Fonseca desde el extremo este de El Salvador.

Esta área ha estado plagada de contrabando durante décadas. Durante la guerra civil, a las fuerzas insurgentes en El Salvador se les enviaban armas de fuego desde Nicaragua por esta ruta. A finales de la década de los noventa y a lo largo de la década de 2000, Los Perrones dominaron las playas. La caída de los líderes del grupo condujo a sucesivas reorganizaciones, junto con infructuosas riñas entre miembros de rangos inferiores. Eso fue así hasta 2015.

Pitbul se instaló en el extremo norte de Chinandega, donde Nicaragua continental se adentra en el Golfo de Fonseca. Con el apoyo de su pandilla salvadoreña en un principio, y más adelante con sus cómplices nicaragüenses, el líder de la HLS comenzó a expandir su operación. En 2016, menos de un año después de la muerte de Salamanca, Pitbul y la HLS habían establecido una relación con José Mario Méndez González, un salvadoreño radicado en Playas Negras, La Unión, según investigaciones de fiscales nicaragüenses a las que InSight Crime tuvo acceso.

Fue Méndez González quien tuvo contactos con “narcotraficantes de Colombia, Panamá y Costa Rica para el envío de drogas de Costa Rica a El Salvador”, según una acusación posterior del Ministerio Público nicaragüense. Un expolicía salvadoreño, que investigó al Cartel de Los Perrones entre 2002 y 2006, dijo a InSight Crime que Méndez González fue uno de los intermediarios que proporcionaron vínculos con el Cartel de Sinaloa a principios de la década de los 2000. Sin embargo, en El Salvador no hay investigaciones en curso sobre las actividades de Méndez González.

La red de Pitbul también estableció infraestructura poco tiempo después. Entre finales de 2016 y principios de 2017, Pitbul y la HLS tuvieron una bodega en Nagarote, León, a medio camino entre las playas del Golfo de Fonseca y Managua, Nicaragua. Allí, según las autoridades nicaragüenses, Pitbul almacenaba el dinero que le enviaban desde El Salvador después de entregar cocaína en ciudades como Santa Rosa de Lima y San Miguel.

Otra propiedad en las afueras de la capital nicaragüense era utilizada como refugio del grupo y como sitio para planear ataques. Al igual que la casa en León, también se utilizaba para almacenar dinero y armas adquiridas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, o bien contrabandeadas desde El Salvador, según testigos cooperantes en el caso.

El grupo tenía además dos camionetas Toyota y una camioneta Nissan, que eran utilizadas para transportar droga con destino a El Salvador, así como dinero en efectivo que era enviado de vuelta a través del Golfo de Fonseca después de entregar cargamentos de cocaína. Poseían además tres motocicletas que utilizaban para vigilar las rutas terrestres de tráfico de drogas.

En poco menos de dos años, Pitbul y la HLS establecieron una operación de tráfico de drogas similar a la de Los Perrones la década anterior, excepto por un detalle importante: no estaban moviendo grandes cantidades de drogas. Con una audaz operación, Pitbul esperaba cambiar esa situación.

Un robo, un asesinato y un arresto

En la noche del 23 de junio de 2017, Pitbul y varios de sus socios abordaron una embarcación en Mechapa, ciudad costera en el departamento de Chinandega, Nicaragua. Mechapa es usada como plataforma de lanzamiento hacia El Salvador, mediante rutas marítimas en el Golfo de Fonseca. Cuando ya estaban lejos de la costa, Pitbul y su tripulación se dedicaron a observar y esperar.

Según documentos judiciales nicaragüenses, Pitbul sabía que un pequeño barco pesquero, el Joseling I, saldría esa noche de Chinandega, transportando media tonelada de cocaína hacia Guatemala, por las rutas marítimas que bordean la costa de El Salvador. El plan era interceptar al Joseling I, tripulado por miembros de un grupo narcotraficante rival conocido en Chinandega como “La Colonia”, y robar sus drogas.

A la madrugada siguiente, el barco Joseling I y el de Pitbul se cruzaron, según los mismos documentos. Pitbul y su tripulación abrieron fuego. Uno de los miembros de La Colonia que iban en el Joseling I recibió un balazo en el hombro izquierdo. Dado que su camarada se estaba desangrando, los otros dos miembros de la tripulación decidieron regresar a la costa. Pitbul y sus compañeros los persiguieron.

Una vez en la playa, los integrantes de La Colonia abandonaron el Joseling I junto con la droga y se dirigieron a Chinandega en una camioneta que habían escondido cerca. Lograron escapar, pero su compañero murió en el camino, y dejaron su cuerpo en la carretera. Pitbul y su tripulación abordaron el Joseling I y robaron 300 paquetes que contenían 500 kilos de cocaína.

Aquel fue un gran logro, pero lo que no sabía el líder de la HLS era que entre su tripulación de esa mañana había dos policías nicaragüenses encubiertos. La investigación había iniciado en abril de 2017, pocos meses antes de que Pitbul y su tripulación invadieron el Joseling y las autoridades nicaragüenses introdujeron a los infiltrados en la organización de Pitbul.

El asesinato del tripulante del Joseling I aceleró la investigación. Se logró mapear las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de la HLS. Estas incluían propiedades en varias playas del norte de Chinandega, zona desde donde los cargamentos de cocaína hacían su último trayecto hacia las costas de La Unión en una flota compuesta por al menos media docena de lanchas a motor. Según descubrieron los investigadores nicaragüenses, el grupo también tenía presencia activa en las playas de Padre Ramos, Potosí, Venecia y Punta Ñata.

Pitbul también había comenzado a lavar sus ganancias comprando tierras en tres departamentos de Nicaragua y en la capital, Managua. Según el relato de uno de los infiltrados, Pitbul había comenzado a administrar la red en la localidad costera de El Jagüey, en La Unión, —la misma localidad donde Los Perrones habían pagado por protección policial—. Los infiltrados también lo vincularon al asesinato de su primo. Específicamente, los fiscales dijeron que él había viajado de El Jagüey a Nicaragua después de “matar a un individuo” en El Salvador. Ese individuo, según la policía nicaragüense, era su antiguo socio, su primo Juan Pablo Salamanca.

La policía de Nicaragua detuvo a Pitbul el 7 de julio de 2017. Horas después de su arresto, las autoridades nicaragüenses allanaron la propiedad en Nagarote y la casa en Managua. En total, encontraron US$328.000 en efectivo. Cuando la policía nicaragüense allanó la casa refugio de Pitbul en la localidad de Nagarote, 50 kilómetros al norte de Managua, hallaron US$176.980 repartidos en doce fajos envueltos con cinta aislante. Los científicos forenses hallaron rastros de cocaína y marihuana en dos paquetes de billetes. Y el 25 de agosto de 2017, fiscales nicaragüenses acusaron a Pitbul y a otras personas de asesinato y delitos relacionados con el narcotráfico.

Escena donde las autoridades nicaragüenses encontraron el cuerpo de Noel Antonio Gaitán Boanez, nicaragüense asesinado por Pitbul y la HLS durante una emboscada en el mar. Foto cortesía de La Prensa de Nicaragua.

El 24 de enero de 2018, en un tribunal de Managua, Pitbul fue declarado culpable de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y posesión y porte ilegal de armas de fuego. Fue condenado a 50 años de prisión. Pitbul estaba acabado. La HLS, sin embargo, se mantuvieron firmemente arraigados en la zona fronteriza.

¿Es la HLS una organización de tráfico de drogas?

Ha habido otras clicas de la MS13 que han hecho sus pinitos en el negocio internacional de drogas. Moris Alexander Bercián Machón, alias “Barney”, de Normandie Locos Salvatruchos, operó en el oeste de El Salvador, desde donde supuestamente trasladaba cocaína a Guatemala, con destino a Estados Unidos. En 2009, fue arrestado con siete kilos de cocaína. Las autoridades también lo vincularon con otro cargamento de 113 kilogramos, interceptado en 2012. José Misael Cisneros, alias “Medio Millón”, integrante de los Fulton Locos Salvatruchos, era intermediario entre estos y el Cartel de Texis —otra red de transporte que incursionó en el tráfico internacional de drogas y que tuvo vínculos con carteles mexicanos—.

La operación de la HLS en La Unión parece tan seria como la de los Fulton y los Normandie Locos, pero con un alcance internacional aún mayor, sobre todo por su fuerte presencia en la costa de La Unión.

“En general, las pandillas no están involucradas en el narcotráfico, pero en La Unión hay una célula fuertemente involucrada en el narcotráfico. Esto se debe a que la cocaína sigue llegando a las playas de La Unión”, se lee en un reciente informe de inteligencia policial, refiriéndose a la HLS.

Esta célula también se ha extendido por playas y pueblos de la costa sur de La Unión e incluso ha instalado cuarteles móviles en las laderas de los bosques salpicados de manglares. Desde allí, controlan la entrada y salida de lanchas que transportan cocaína.

“Los barcos permanecen en los manglares. Estos son espaciosos y los botes se pueden trasladar muy lejos hasta La Unión”, se lee en el informe. “Hay varias islas y bosques donde pueden ocultarse, y los pandilleros viajan constantemente a Nicaragua”.

Uno de los funcionarios que proporcionó información para el informe se refirió a la HLS y la MS13 en La Unión como estructuras de narcotráfico que utilizan tácticas similares a la insurgencia para evadir a las autoridades. No solo aprovechan la geografía del departamento para permanecer ocultos, sino que además controlan entradas marítimas y playas que les permiten gestionar los cargamentos de cocaína entrantes.

A principios de 2019, por ejemplo, agentes de inteligencia antinarcóticos en La Unión descubrieron que miembros de la MS13 habían asesinado a guardias de seguridad empleados por haciendas de playas de la región, con el objetivo de tomarse estas propiedades y establecer control territorial. Solo en enero de 2019, ocho guardias fueron asesinados en la zona, como dijeron funcionarios policiales a InSight Crime. Y el pueblo de El Tamarindo, con sus amplias playas que se abren al Golfo de Fonseca, y sin presencia policial o militar permanente, se ha convertido en un “bastión de drogas” y extorsión, según el jefe de la policía.

“Están descargando drogas por todo El Tamarindo. Desde allí se dirigen a San Miguel y San Salvador […] a veces a La Tiendona (el principal mercado mayorista de San Salvador)”, afirma el jefe de la policía, quien reconoce que las fuerzas de seguridad son incapaces de vigilar este tramo de costa.

“Somos bastante vulnerables”, dijo.

La huella de la MS13 se ha extendido por todo El Tamarindo, desde sus pueblos interiores hasta las playas turísticas que tienen el mismo nombre de la ciudad, e incluso a otras playas desiertas ubicadas sobre el golfo. La presencia de la pandilla también se extiende hasta una pista de aterrizaje en El Jagüey, un sitio de aterrizaje de vuelos cargados de cocaína que llegan de manera esporádica, según la PNC.

En San Miguel, la ciudad más importante del este de El Salvador, un fiscal que investigaba a Los Perrones le dijo a InSight Crime que la HLS y otras células más pequeñas establecieron otro esquema desde 2017, que implicaba la compra y el alquiler de propiedades y restaurantes de playa. Esto les ha permitido ocultar los ingresos del narcotráfico.

A principios de 2018, en la costa sur de La Unión, la Fiscalía General de El Salvador embargó varios restaurantes de individuos que, según la investigación, trabajaban para la MS13 como fachada. El fiscal de San Miguel dice además que la HLS han comprado al menos dos hoteles pequeños, uno de ellos en la carretera que conecta El Tamarindo con Intipucá, y el otro en una zona montañosa cercana, donde la MS13 también mantiene presencia.

“Las pandillas están lavando mucho dinero en La Unión. Hay muchas propiedades, establecimientos y tierras”, dijo el funcionario de inteligencia durante una entrevista en la capital del departamento de La Unión.

Pero desde la época de Pitbul, la principal fortaleza de la operación de la HLS ha sido su acceso a las lanchas, que a menudo arrebatan a pescadores y navegantes comerciales amenazándolos con armas. Según las autoridades nicaragüenses, Pitbul también les dejó una flota de barcos. A finales de 2019, muchos de estos barcos seguían moviendo cocaína por la costa de La Unión, según el informe de inteligencia policial. En otras palabras, la HLS tienen todas las características de una organización internacional de tráfico de drogas.

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EL PAN NACIONAL y su "IGNORANCIA" COMPRARON con DINERO de CONTRIBUYENTES 400 "TARJETAS SANITIZANTES a PRECIO SATANIZANTE"...una vulgar estafa a los maestros de la estafa.

El Partido Acción Nacional malgastó dinero de los contribuyentes y, pese a las críticas al gobierno federal por el manejo de la pandemia, cayó en un fraude de “productos milagro” contra la Covid-19.

Documentos en poder de EMEEQUIS dan cuenta que el 4 de diciembre pasado, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN decidió gastar 313 mil pesos de sus prerrogativas –que provienen del erario público– para comprar 400 tarjetas sanitizantes de dióxido de cloro, según el contrato interno con folio TN/ JA/ 20/319.

Para aquella fecha, en plena segunda ola de pandemia, ya existía suficiente información oficial acerca de dichas tarjetas, que alertaba que son una estafa y un peligro para la salud pública por la falsa sensación de protección que dan al usuario.

Los fabricantes de estas tarjetas aseguran que basta con colgarlas alrededor del cuello para que liberen una concentración de dióxido de cloro en el aire que, supuestamente, crea una barrera invisible por todo el cuerpo alrededor del portador y que no puede atravesar el coronavirus.

Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre muchos otros organismos, han dicho que su protección es falsa y que no hay evidencia que se sostenga con estudios científicos de que se trata de un cuidado efectivo.

Científicos de todo el mundo han asegurado que se trata de un producto fraudulento y que no tiene validez en las medidas sanitarias contra el nuevo coronavirus, además de que incluso personas ya vacunadas podrían recaer siguiendo su método.

Eso no impidió que, pese a las evidencias científicas, Acción Nacional decidiera comprar –con cargo al presupuesto público– dichas tarjetas a una empresa llamada “Torres AGM Analistas de Mercados Globales”, cuyo giro comercial no corresponde a la venta de productos médicos o sanitarios.     

TARJETAS CON PASADO ILÍCITO

De acuerdo con fuentes cercanas a militantes de Acción Nacional, las tarjetas fueron compradas para los altos funcionarios del partido, y funcionarios públicos, pese a que se sabía que no daban una real protección durante la pandemia.

“Estas tarjetas sólo se les dieron a los líderes del PAN, la gente que más estaba dentro del partido en las campañas. Compraron pocas porque para ellos la protección de la gente es una cuestión de élite”, aseguró uno de los funcionarios consultados.

Uno de esos líderes del PAN que se mostraron en público con la tarjeta fraudulenta alrededor del cuello fue Marko Cortés, presidente nacional de Acción Nacional, quien fue uno de los beneficiarios de ese producto milagro.

En distintas fotografías se le puede apreciar saliendo de vehículos con las tarjetas alrededor del cuello que no representan protección alguna. Y enseguida saludar a personas que no usan correctamente el cubrebocas, lo cual genera peligro entre sus seguidores. 

“Se trata de una estafa y me cuesta trabajo creer que hayan caído un engaño tan burdo, especialmente en la segunda ola de la pandemia, cuando millones sabían lo que sí y lo que no funciona para la protección de las personas”, asegura Hugo Fernández, médico internista del hospital privado ABC.

De acuerdo con una alerta enviada a principios de año por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), muchas de estas tarjetas podrían haber llegado al país de manera ilícita y desde la frontera sur, sin obtener los controles mínimos de seguridad del país.

El gabinete de seguridad del gobierno federal presume que la materia prima para hacer funcionar a estos productos “milagro” que supuestamente detectan Covid-19 llegan desde  China, en la misma ruta que desde Asia llega desde mercancía apócrifa hasta productos que vulneran la seguridad nacional. 

Carátula y firmas del contrato. 

HASTA PRESIDENTES HAN SIDO ESTAFADOS

Las tarjetas que supuestamente emiten dióxido de cloro no sólo emiten una falsa sensación de protección, sino que contravienen los esfuerzos nacionales por frenar la pandemia en el país, aseguran los expertos. 

No sólo pretenden darle al usuario la seguridad de una protección incompleta, sino que ponen en riesgo a la gente más vulnerable, de acuerdo con los análisis que ha hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Muchos de los usuarios, al creerse falsamente protegidos, dejan de utilizar mecanismos que realmente cuidan a las personas, como cubrebocas, sana distancia y lavado frecuente de manos, lo que pone en riesgo a las comunidades.

En Estados Unidos, por ejemplo, al inicio de la pandemia era común que las tarjetas de dióxido de cloro se vendieran en grandes cadenas de supermercados, pero después de las alertas de las autoridades sanitarias estos productos dejaron de venderse. 

Sin embargo, aún es posible encontrarlos en portales de Internet y en estafas en redes sociales, donde se ofertan como productos “que las farmacéuticas no quieren vender porque su verdadero negocio son las vacunas”.

Incluso, en algunos sitios web dedicados a la compra y venta de artículos entre usuarios se promocionan peligrosamente como alternativas a la vacuna contra la Covid para personas que no desean la inyección por temor a reacciones adversas. 

Marko Cortés con la tarjeta sanitizante. Foto: Fernando Carranza / Cuartoscuro.com.

“El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito. 

“Ambas sustancias químicas son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago, se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales”, difundió la Cofepris en un comunicado fechado el 23 de julio de 2020.

Pese a las alertas, las tarjetas sanitizantes de dióxido de cloro han sido un éxito entre la élite política internacional: desde la expresidenta boliviana Jeanine Áñez y el presidente de Sudán Salva Kiir hasta las huestes del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, varios han elegido colgarse estos productos milagro para sentirse protegidos contra el coronavirus.

Ahora, a esa lista de defraudados se suma el Partido Acción Nacional y su contrato de 400 tarjetas sanitizantes. 

Fuente.-@oscarbalmen/

 

LOS "ENTRETELONES del SECUESTRO de una AMERICANA" en MEXICO y el "REVENTON" a NARCOGUARIDAS SINALOENSES...autoridades de la mano,son mejores que separadas.

En las últimas dos semanas, autoridades de México y Estados Unidos han informado a cuentagotas de los resultados de un operativo antidrogas conjunto, que empezó centrado en el tráfico de opiáceos y acabó en la liberación de una persona estadounidense, retenida desde hacía un año en Sinaloa. 

Según las autoridades de EE UU, presuntos criminales mexicanos secuestraron a esta persona en enero de 2020. En un comunicado divulgado este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó su “alivio” por la liberación del rehén y destacó que los agentes sacaron de las calles heroína y fentanilo por valor de más de un millón de dólares.

Ni las autoridades mexicanas ni las del país vecino han informado de la temporalidad de la operación. En un comunicado liberado el 7 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) había informado de que agentes de la institución rescataron a la persona secuestrada en una casa en Culiacán. El día de la liberación, los agentes catearon tres casas en la capital sinaloense. En una detuvieron a “Óscar G.”, quien supuestamente vigilaba al rehén, del que no se han dado más detalles. En otra aprehendieron a “Luis C.” con un arma de fuego. En la tercera arrestaron a “Ericka Q.”. A la mujer le encontraron además un cuarto de kilo de heroína.

En su comunicado, la FGR apenas añadió que un juez había mandado a prisión a los tres en tanto inicia el proceso contra ellos. No se supo del caso durante semanas, hasta que ayer, el Departamento de Justicia de EE UU reveló la identidad de uno de ellos, Luis C., a quien señalan como cabecilla de la red criminal. El hombre es en realidad Luis Castro Valenzuela, vinculado al cartel de Sinaloa. Las autoridades de Estados Unidos le acusan de haber organizado el secuestro y de haber establecido una red de tráfico de heroína y fentanilo entre Sinaloa, Delaware y Pensilvania.

En el escrito de acusación, la fiscalía de EE UU acusa a Castro Valenzuela de “conspirar para distribuir sustancias controladas” en el país de 2017 a 2020. Las sustancias en cuestión son fentanilo y heroína. Los investigadores vinculan al mexicano con Jamar Jackson, alias Jay, presunto cabecilla de la red en Estados Unidos. Los fiscales señalan que Castro Valenzuela habría organizado el secuestro y habría obligado a Jackson a vender sus drogas para pagar el rescate. A día de hoy se desconocen las circunstancias del secuestro, si fue en México o Estados Unidos, o si trasladaron al rehén de un país a otro.

En el comunicado del Departamento de Justicia, el fiscal del distrito de Delaware, David C. Weiss, destacó la “colaboración entre funcionarios locales, estatales, federales estadounidenses y mexicanos sin precedentes”. Weiss añadió que casos así demuestran “lo que se puede lograr cuando diversas agencias trabajan desinteresadamente hacia un solo objetivo”. El fiscal expresó además su “profundo agradecimiento a los fiscales, agentes del orden y personal militar mexicanos por su crucial asistencia”.

Sin que suponga una normalización en la relación que mantienen las agencias de seguridad de ambos países, el operativo y las palabras de Weiss parecen templar los ánimos después del affaire Cienfuegos. A finales del año pasado, la justicia de EE UU detuvo al general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles por narcotráfico. La fiscalía acusaba al general, secretario de la Defensa durante el Gobierno de Enrique peña Nieto (2012-2018), de colaborar con una red criminal con presencia en el pacífico mexicano.

En una ofensiva diplomática sin precedentes, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador exigió a EE UU conocer las pruebas contra el general y su traslado a México para que fuera investigado en su país. El Gobierno de Donald Trump accedió, sacó al general de prisión y lo mandó a México. Semanas después, la FGR informó de que después de estudiar las pruebas, el caso no se sostenía. La evidencia enviada a México consistía en cientos de mensajes supuestamente intercambiados entre Cienfuegos y la red criminal. Y otros tantos mensajes de los presuntos criminales hablando del general.

Aunque hubo críticas en todos los sentidos -contra la FGR, contra el esfuerzo diplomático del Gobierno, contra el poder creciente de los militares en México- todas palidecieron frente a la andanada de buena parte de la opinión pública contra los estándares probatorios de las autoridades estadounidenses. López Obrador criticó duramente a la justicia del país vecino y anunció que revisarían la presencia de agentes extranjeros en el país.

Meses después de aquello, con otro presidente en la Casa Blanca y unas relaciones bilaterales todavía por configurar, el caso Valenzuela parece indicar que las agencias de seguridad de ambos países siguen colaborando. Al menos por inercia.

Fuente.-Diario Español/Pablo Ferri/

EL CENTRO NACIONAL de INTELIGENCIA "EX-CISEN" PRESUME la COMPRA de 300 TERMINALES SATELITALES para RASTREO y GEOLOCALIZACION...todo es dinero donde todo es violencia.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adquirió tecnología satelital para recolectar información desde el Mexsat y lograr una operación de manera “ubicua, oportuna y segura”, incluso para transmitir video en alta definición en movimiento y contar con capacidad para montar oficinas móviles en casos de emergencia o desastres naturales.

EN 2015 YA LLEVABAN 2 MIL MILLONES TIRADOS A LA BASURA

"2 BILLONES lleva GASTADOS MEXICO en 13 AÑOS contra la INSEGURIDAD,200% se INCREMENTO el PRESUPUESTO en este periodo....no hay relación de COSTO-BENEFICIO.

Mexsat provee comunicaciones a las instancias de Seguridad Nacional y el CNI adquirió este año 300 terminales y estaciones remotas para operar, a fin de que les den mayor potencia con equipos de siguiente generación en el rastreo de activos y geolocalización.

Según la justificación del pago en el proyecto de inversión registrado en Cartera ante Hacienda y que recibió este año un presupuesto de 145 millones 628 mil 82 pesos, “las redes satelitales constituyen un elemento de vital importancia dentro de las comunicaciones”, pues garantizan cobertura y movilidad a lo largo del territorio nacional y mar patrimonial, comunicación en caso de desastres, acceso en lugares donde no llegan las señales de teléfonos celulares y alta disponibilidad del enlace de comunicación.

Así, agrega el CNI, se evita el arrendamiento de terminales satelitales que implica que personas ajenas a la institución operen y tengan acceso a la infraestructura del CNI o bien tener que revelar especificaciones técnicas de la generación de inteligencia, “lo que brindaría a grupos contrarios a la Seguridad Nacional la posibilidad de anticipar, neutralizar o contrarrestar las acciones concretas” desarrolladas por áreas sustantivas de la institución.

Desde noviembre de 2009 el Congreso aprobó la utilización de Mexsat exclusivamente para las áreas de Seguridad Nacional, conformado por dos satélites y orientado a la generación de inteligencia estratégica, por eso este año el CNI adquirió sus propios accesos satelitales.

De acuerdo con la justificación del proyecto, que está reservado por tratarse de un asunto de seguridad nacional y que tiene testados los aspectos sustantivos, al existir prueba de daño por su difusión, la red satelital resulta de gran confiabilidad al pertenecer al gobierno federal sin requerir la contratación de servicios de satélites extranjeros que comprometan la confidencialidad y disponibilidad de la información.

El programa de inversión al cual se le asignó el presupuesto para este año busca adquirir el equipo satelital para garantizar la cobertura de comunicaciones “para la oportuna entrega de información de inteligencia para la toma de decisiones, que permitan garantizar la gobernabilidad y seguridad nacional”.

De esta manera, pretende atenderse la problemática de “la insuficiente capacidad de tecnologías de información y comunicaciones en las instituciones de seguridad” y permitirá abatir la obsolescencia en la infraestructura tecnológica.

En las consideraciones generales de la ficha técnica presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la cual depende el CNI, “con la realización del presente programa se logrará que el usuario final cuente con las herramientas de comunicación para la ejecución de sus funciones asignadas en campo, ello bajo un esquema que proteja la información institucional y con ello cumplir con el ciclo de inteligencia, a fin de estar en condiciones para generar más y mejor inteligencia estratégica para la oportuna toma de decisiones del CNI”.

Explica que la red satelital del CNI cuenta con características muy particulares, necesarias para su operación en el envío y recepción de información, y que requiere que tanto la operación, como la administración de dicha red esté a cargo de su personal. 

Fuente.-(imagen/web)

"ASI les PAGAN ?: EL EJERCITO NIEGA "RECONOCIMIENTO a 15 de TROPA y 6 MANDOS que se DISTINGUIERON en OPERACIONES CONTRA el CRIMEN"...dicen,que no reúnen requisitos.

Son 15 de tropa; soldados de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que destacaron por su desempeño en operaciones contra el narcotráfico en el último año junto con sus compañeros y superiores inmediatos –cuatro Cabos, un Sargento y un Subteniente–.

Los 21 de la lista supieron que por su trabajo o bien por el hecho de haber estado en el lugar y el momento oportunos, serían considerados por el mando de su unidad, el 40 Batallón de Infantería, para recibir una condecoración, una mención honorífica o una distinción por desempeño.

La lista con sus nombres fue solicitada y recabada por el mando del 40 Batallón de Infantería con sede en el Campo Militar Número 12-A, “Damián Carmona, en San Luis Potosí.

Todo marchaba bien, como siempre ha ocurrido en estos casos, esperando la respuesta del mando de la 12 Zona Militar, el general Guzmar Ángel González Castillo, para que se procediera administrativamente al papeleo para proponer a los 21 del 40 batallón como elementos a condecorar, pero…

El 22 de marzo de manera sorpresiva el mando de la zona le informó al Coronel Rolando Solano Rivera, Comandante del 40 Batallón de Infantería, que los 21 elementos considerados para recibir condecoraciones, y con ello un aumento en sus haberes y prestaciones, no eran candidatos, porque se había detectado que no reunían los requisitos para la condecoración Distinción de Desempeño.

El desconcierto y la molestia de los militares se hicieron evidentes de inmediato, ya que esta unidad ha participado en numerosos aseguramientos de droga y sustancias y no solo eso; han estado bajo el asedio del Cártel del Golfo y del Cártel Alemán, organizaciones golpeadas por los aseguramientos del 40 Batallón de Infantería que hasta 2019 encabezaba el Coronel Francisco Aldaba Macías, asignado a esa unidad en 2016.

En su lugar fue enviado el Coronel Rolando Solano Rivera, sobre quien los cárteles de la región han incrementado la presión, llegando a amenazas en narcomantas y en videos, esto en respuesta a los aseguramientos de todo tipo de drogas.

En noviembre de 2020, una de esos videos fue difundido en redes sociales, advirtiéndole al coronel que dejara de enviar civiles a ubicar las casas de seguridad de los cárteles.

“Y tú, coronel Rolando Solano Rivera, del 40 Batallón de Infantería, si sigues mandando gente de inteligencia a la región Altiplano, te vamos a desaparecer a todos los elementos que estás mandando de civiles que a ubicar nuestras casas de seguridad, ya los tenemos bien ubicados a los pendejos”, señalaba el video.

El 40 Batallón de Infantería aseguró en diciembre de 2019 94 kilos de mariguana; en enero de 2020 fueron 81 kilos de la misma droga. En 2015 la misma unidad había asegurado 3 toneladas y media de mariguana, 50 mil cartuchos útiles y un arsenal de 19 armas largas, 43 armas cortas.

En enero de este año, un convoy de militares del 40 Batallón de Infantería fue atacado por sicarios en Zacatecas cuando patrullaban cerca de la comunidad de Chupaderos. En el enfrentamiento murieron cinco agresores y un soldado fue herido.

Fuente.-Jorge A. Medellin/

"CIENTOS de BIDONES de 1,000 LITROS": FEDERALES DESMANTELAN "CENTRO HUACHICOLERO" de NIVEL INDUSTRIAL en EDOMEX...lo hacian,porque podían.

Las fuerzas federales han desmantelado un enorme centro de robo de combustible en Ecatepec (Estado de México) que ocupa miles de metros cuadrados dentro de la misma ciudad, una de las más populosas del país. 

Cientos de bidones de 1.000 litros cada uno se apilaban en dos predios junto a la maquinaria de perforación de ductos, mangueras y tomas clandestinas. Era una verdadera empresa de huachicoleo, como se denomina a esta actividad delictiva, que operaba “en dimensiones industriales”, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las autoridades suponen que llevaban años con este negocio, lo que habla de la impunidad en la que se mueven estos delincuentes. La ofensiva del Gobierno contra esta práctica ha permitido reducir en estos años de mandato el robo de combustible en un 95%.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue quien dio la voz de alarma el pasado lunes, cuando descubrió niveles de “alta explosividad” que afectaban a la infraestructura hidráulica, tras una fuga en las captaciones del Túnel Emisor Oriente entre Tuxpan y Azcapotzalco. Los niveles no suponen un riesgo para la población, según la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, que reportó tres llamadas de emergencia de ciudadanos recibidas tras un fuerte olor a gasolina. Durante un tiempo quedó suspendido el riego, que ya se ha reanudado para 16.000 hectáreas de cultivo en el Estado de Hidalgo. En el dispositivo de control y desmantelamiento de la planta ilegal han trabajado la Conagua, Pemex, las secretarias de Seguridad, Defensa y Marina, Protección Pública y fuerzas estatales y municipales.

El robo de hidrocarburos ha disminuido en México de 4.600 barriles diarios de promedio a 3.000 lo que ha evitado pérdidas de 137.000 millones de pesos desde diciembre de 2018, ha indicado el Gobierno. Esta actividad está muy ligada a los carteles, algunos de los cuales han levantado su emporio gracias al robo de combustible, como el caso del de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, cuyo líder, José Antonio Yepes, el Marro, fue detenido a primeros de agosto del año pasado. Pero la práctica ilícita se extiende por amplias zonas del país. Los delincuentes pinchan los ductos y chupan el hidrocarburo, que luego venden a otros precios a las gasolineras, una actividad que ha sido perseguida por Hacienda, estrangulando por la vía fiscal este negocio clandestino. En esta ocasión también se ha abierto una investigación judicial, pero aún no hay detenidos, a pesar de que la actividad llevaba años y se desarrollaba en medio de uno de los barrios de la ciudad. Las autoridades han pedido la colaboración de la ciudadanía para seguir desactivando negocios como este.

Decenas de efectivos militares, patrullas de la Guardia Nacional y drones han constituido el operativo que ha ofrecido protección en las tareas de búsqueda y reparación de la fuga así como colaboración para el control y tránsito en la zona. “Continuamos en ese lugar, proporcionando seguridad a los trabajos que sigue realizando Pemex y acordonando el área para que no se exponga a la población y que no ingresen a la zona de riesgo”, ha dicho el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

El huachicoleo en México ha originado en ocasiones tragedias de dimensiones considerables al estallar en fuego algunos de los ductos pinchados para la extracción hasta donde se acercaba la población para llevarse el combustible en cubetas. En enero de 2019, una explosión en una toma clandestina en el Estado de Hidalgo acabó con la vida de 85 personas y dejó decenas de heridos. El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, prometió entonces duplicar los esfuerzos para combatir esa práctica. “Vamos a erradicar esto, que no solo daña materialmente, sino que pone en peligro las vidas humanas”, ha dicho el mandatario.

La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, considera que el mercado negro del combustible disminuirá aún más con el desmantelamiento de estas instalaciones ilegales, aunque por el momento no ha habido detenciones ni se ha relacionado la actividad con nombres concretos del crimen organizado. Se está a la espera de más órdenes judiciales para proseguir la investigación.

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"CAMION CAYO al BARRANCO": MUEREN 2 MILITARES y 25 MAS RESULTAN HERIDOS en ACCIDENTE en la CARRETERA PUEBLA-ORIZABA...regresaban de Tabasco.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, lamentó este viernes el fallecimiento de dos elementos del Ejército mexicano en un accidente que sufrió el vehículo en el que se trasladaban sobre la carretera Puebla-Orizaba, en el que resultaron heridos 25 elementos más.

Sandoval González señaló que los militares regresaban de realizar actividades derivadas de la aplicación del plan DNIII-E en el estado de Tabasco.

"Mis más sinceras condolencias, pronta recuperación y paz a sus familias", señaló el general en un mensaje en una red social.

Los elementos fallecidos eran un sargento oficinista y un cabo de artillería, que pertenecieron a la Jefatura de Intendencia de la IX Región Militar y al 4/o Regimiento de Artillería. 

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