México no tiene fronteras: tiene heridas abiertas que nunca cauterizan. Por ahí entran las armas, las municiones, las balas del tamaño de una muñeca que los cárteles disparan contra helicópteros y patrullas, mientras perdemos el tiempo acusando a Washington de fabricarlas y dejarlas salir, cuando el problema, aunque compartido, ha sido dejarlas entrar a Mexico en una frontera resguardada por mas de 10 mil guardias nacionales.
Porque sí, las balas calibre .50, fabricadas en la santa planta de Lake City ,una fábrica subcontratada por el Ejército estadounidense son hoy el souvenir preferido del crimen organizado mexicano. Cada cartucho viaja desde Misuri hasta Tamaulipas, cruzando la línea más vigilada y al mismo tiempo más agujerada del continente, en la práctica es un tamiz: detiene migrantes, pero deja pasar todo lo que brilla y explota.
Mientras los cárteles compran a precio de boutique lo que el Ejército estadounidense produce al mayoreo: proyectiles diseñados para perforar blindajes, ahora usados para partir en dos camionetas de rivales, policías, soldados e incluso derribar helicópteros como ya lo hizo El MENCHO en Mayo de 2015.
Y lo más obsceno es que ambos gobiernos lo saben. México incluso ha comprado munición de la misma planta.
Que dice el New York Times
La mañana del 30 de noviembre de 2019, un convoy de camionetas irrumpió en Villa Unión, Coahuila. Iban cargadas de hombres armados con ametralladoras pesadas y rifles calibre .50, dispuestos a convertir el pueblo en zona de guerra. Su misión era simple y brutal: incendiar la presidencia municipal y dejar un mensaje. Con semejante potencia de fuego, arrinconaron a policías estatales y municipales, que aguantaban el temporal a la espera del Ejército. Los vecinos, aterrados, se escondían donde podían mientras el aire olía a pólvora y a humo.
“Los casquillos tapizaban el suelo como hojas secas”, recordó el periodista Luis Manzano, que tuvo los arrestos de entrar al pueblo mientras volaban las balas. Pero lo que más lo marcó no fue la vista, sino el sonido: “El suelo temblaba con cada ráfaga”, dijo. “Nunca había sentido algo así”.
Cuando finalmente el Ejército repelió el ataque, cuatro policías, dos civiles y 19 sicarios quedaron muertos. En el lugar los peritos juntaron al menos 45 casquillos de calibre .50 grabados con las letras “L.C.”.
Esas iniciales pertenecen a la Lake City Army Ammunition Plant, una mastodóntica fábrica propiedad del gobierno de Estados Unidos, a las afueras de Kansas City, Misuri. Es el mayor productor de balas de fusil del ejército norteamericano. Y, de paso, un generoso proveedor del mercado civil: ahí también se fabrican las municiones calibre .50, proyectiles del tamaño de un puro, pensados para destruir vehículos o aviones ligeros, pero que hoy cualquiera puede comprar con su tarjeta de crédito en buena parte de EE. UU.
Millones de páginas de documentos judiciales, decomisos y registros oficiales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y The New York Times dejan al descubierto cómo los pactos entre el Ejército estadounidense y los contratistas privados que administran la planta han permitido que esa munición termine en los estantes de minoristas, y de ahí —pista libre— en manos de los cárteles mexicanos.
El gobierno de México también ha comprado munición fabricada en Lake City, aunque los documentos no especifican el calibre.
En Estados Unidos, el mercado para estas joyas metálicas es pequeño: los rifles .50, de uso civil casi ornamental, cuestan miles de dólares; las versiones automáticas, decenas de miles. A tres o cuatro dólares por cartucho, ni el gringo más fanático del “segundo derecho” amasa cajas completas.
En México, en cambio, los cárteles tienen más dinero que pudor y pagarán lo que sea por un juguete que puede convertir un helicóptero en chatarra ardiente.
Desde 2012, la ATF ha decomisado más de 40 mil cartuchos calibre .50 en los estados fronterizos. Un tercio de ellos venían de Lake City, más que de cualquier otra fábrica. También hay municiones brasileñas y coreanas, sí, pero los datos son claros: la planta del ejército estadounidense se ha convertido en la gran armería indirecta de las guerras entre los cárteles y el Estado mexicano.
Entre la parafernalia incautada hay una variante especialmente deliciosa para los sicarios: balas incendiarias perforantes, diseñadas para atravesar blindaje. Se usaron en 2024 contra policías mexicanos y, con total normalidad, siguen a la venta por internet.
Así que mientras el gobierno de Donald Trump clasificaba a seis cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, esas mismas bandas compraban munición made in U.S. Army.
El negocio era tan absurdo que hasta los vendedores se espantaron. Vasily Campbell, dueño de una tienda de municiones, dijo que dejó de venderlas “cuando nos dimos cuenta de adónde estaban yendo y cómo llegaban allá”. Algunos clientes pedían que las entregaran a domicilios particulares. “Eso no es una compra normal”, admitió. “Varias órdenes las cancelé en seco”.
Cuando se le pidió una explicación, el Ejército se encogió de hombros. En un correo, un portavoz respondió que permitir las ventas comerciales “ahorra al contribuyente unos 50 millones de dólares al año”. Un ahorro que, visto desde este lado del Río Bravo, suena a sarcasmo presupuestal.
En cada choque donde aparecen rifles calibre .50, la escena se repite: helicópteros derribados, convoyes incendiados, policías impotentes ante armas diseñadas para destruir tanques. “El impacto de un .50 en un tiroteo es escandaloso”, dijo Chris Demlein, exagente de la ATF. “Realmente inclina la balanza”. Y vaya que lo hace: permite disparar a más de un kilómetro de distancia y convierte la cobertura en una broma.
Los expedientes obtenidos por el ICIJ y el Times abarcan varios ataques, entre ellos el de Villa Unión. En todos, los casquillos hallados tenían el sello inconfundible de Lake City.
En otro episodio de 2024, pistoleros usaron munición incendiaria perforante del mismo origen para destruir un convoy policial. Una bala atravesó un vehículo blindado, mató a un agente e hirió a tres más. “El blindaje que tenemos no protege contra este tipo de proyectiles”, admitió entonces el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
Brenda Aparicio lo sabe mejor que nadie. Su esposo, el policía Edder Paul Negrete, murió en 2019 en una emboscada del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los agentes, obligados a comprar sus propias balas, no tenían posibilidad alguna contra rifles calibre .50. Negrete, padre de tres hijos, murió de un disparo al pecho. Doce policías más fallecieron ese día, uno de ellos calcinado. Los peritos encontraron, una vez más, casquillos con las letras “L.C.” estampadas.
“Muy poco se ha hecho para detener este flujo de armas”, dice Brenda. “Y al final, los que pagamos el precio somos nosotros”.
Al final, hablar de “frontera” suena casi inocente. No hay muro ni aduana que detenga una cadena de suministro tan rentable. Lo que tenemos es un túnel de plomo donde la soberanía se derrite y el negocio sigue rugiendo a 3 dólares por bala
Con informacion: REFORMA/ THE NEW YORK TIMES/
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