En las últimas dos semanas, autoridades de México y Estados Unidos han informado a cuentagotas de los resultados de un operativo antidrogas conjunto, que empezó centrado en el tráfico de opiáceos y acabó en la liberación de una persona estadounidense, retenida desde hacía un año en Sinaloa.
Según las autoridades de EE UU, presuntos criminales mexicanos secuestraron a esta persona en enero de 2020. En un comunicado divulgado este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó su “alivio” por la liberación del rehén y destacó que los agentes sacaron de las calles heroína y fentanilo por valor de más de un millón de dólares.
Ni las autoridades mexicanas ni las del país vecino han informado de la temporalidad de la operación. En un comunicado liberado el 7 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) había informado de que agentes de la institución rescataron a la persona secuestrada en una casa en Culiacán. El día de la liberación, los agentes catearon tres casas en la capital sinaloense. En una detuvieron a “Óscar G.”, quien supuestamente vigilaba al rehén, del que no se han dado más detalles. En otra aprehendieron a “Luis C.” con un arma de fuego. En la tercera arrestaron a “Ericka Q.”. A la mujer le encontraron además un cuarto de kilo de heroína.
En su comunicado, la FGR apenas añadió que un juez había mandado a prisión a los tres en tanto inicia el proceso contra ellos. No se supo del caso durante semanas, hasta que ayer, el Departamento de Justicia de EE UU reveló la identidad de uno de ellos, Luis C., a quien señalan como cabecilla de la red criminal. El hombre es en realidad Luis Castro Valenzuela, vinculado al cartel de Sinaloa. Las autoridades de Estados Unidos le acusan de haber organizado el secuestro y de haber establecido una red de tráfico de heroína y fentanilo entre Sinaloa, Delaware y Pensilvania.
En el escrito de acusación, la fiscalía de EE UU acusa a Castro Valenzuela de “conspirar para distribuir sustancias controladas” en el país de 2017 a 2020. Las sustancias en cuestión son fentanilo y heroína. Los investigadores vinculan al mexicano con Jamar Jackson, alias Jay, presunto cabecilla de la red en Estados Unidos. Los fiscales señalan que Castro Valenzuela habría organizado el secuestro y habría obligado a Jackson a vender sus drogas para pagar el rescate. A día de hoy se desconocen las circunstancias del secuestro, si fue en México o Estados Unidos, o si trasladaron al rehén de un país a otro.
En el comunicado del Departamento de Justicia, el fiscal del distrito de Delaware, David C. Weiss, destacó la “colaboración entre funcionarios locales, estatales, federales estadounidenses y mexicanos sin precedentes”. Weiss añadió que casos así demuestran “lo que se puede lograr cuando diversas agencias trabajan desinteresadamente hacia un solo objetivo”. El fiscal expresó además su “profundo agradecimiento a los fiscales, agentes del orden y personal militar mexicanos por su crucial asistencia”.
Sin que suponga una normalización en la relación que mantienen las agencias de seguridad de ambos países, el operativo y las palabras de Weiss parecen templar los ánimos después del affaire Cienfuegos. A finales del año pasado, la justicia de EE UU detuvo al general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles por narcotráfico. La fiscalía acusaba al general, secretario de la Defensa durante el Gobierno de Enrique peña Nieto (2012-2018), de colaborar con una red criminal con presencia en el pacífico mexicano.
En una ofensiva diplomática sin precedentes, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador exigió a EE UU conocer las pruebas contra el general y su traslado a México para que fuera investigado en su país. El Gobierno de Donald Trump accedió, sacó al general de prisión y lo mandó a México. Semanas después, la FGR informó de que después de estudiar las pruebas, el caso no se sostenía. La evidencia enviada a México consistía en cientos de mensajes supuestamente intercambiados entre Cienfuegos y la red criminal. Y otros tantos mensajes de los presuntos criminales hablando del general.
Aunque hubo críticas en todos los sentidos -contra la FGR, contra el esfuerzo diplomático del Gobierno, contra el poder creciente de los militares en México- todas palidecieron frente a la andanada de buena parte de la opinión pública contra los estándares probatorios de las autoridades estadounidenses. López Obrador criticó duramente a la justicia del país vecino y anunció que revisarían la presencia de agentes extranjeros en el país.
Meses después de aquello, con otro presidente en la Casa Blanca y unas relaciones bilaterales todavía por configurar, el caso Valenzuela parece indicar que las agencias de seguridad de ambos países siguen colaborando. Al menos por inercia.
Fuente.-Diario Español/Pablo Ferri/
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