En la política mexicana, hasta las “calentaditas” se reparten con cargo al erario. Santiago Taboada acusó a Morena de convertir el Altiplano en el “Lecumberri de la 4T”: no precisamente un centro de reinserción, sino —según el panista— un establecimiento para recordarles a los opositores que disentir puede salir con hospedaje incluido y puerta sin manija por dentro.
La acusación llegó después de que un juez impusiera prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, investigado por la participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio.
El reclamo de Taboada tiene un ingrediente muy mexicano: la justicia puede investigar, siempre y cuando no se convierta en sucursal de la oficina de ajustes de cuentas.
El exalcalde de Benito Juárez sostuvo que las responsabilidades deben definirse con pruebas y resoluciones judiciales, no confundirse con una estrategia para castigar adversarios. Dicho sin toga: una cosa es integrar un expediente y otra, fabricar un escarmiento con membrete institucional.
Según su versión, al caso le cambiaron el guion a media función. Lo que comenzó con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio terminó envuelto en señalamientos de traición a la patria. El laboratorio pasó al fondo del escenario y el pleito político se quedó con el micrófono. “Ahora no se habla del narcolaboratorio”, reprochó Taboada, quien cuestionó que la discusión se concentrara en el enfrentamiento entre el Gobierno y funcionarios estatales.
Para defender al gobierno de Maru Campos, el panista admitió que puede haber errores administrativos o irregularidades de procedimiento, pero sostuvo que combatir instalaciones destinadas a producir drogas no constituye, por sí mismo, una mala acción. Y, ya encarrerado, repartió golpes a Rubén Rocha Moya y a los gobernadores de Morena: aseguró que la gente aplaude más ese operativo que lo hecho por “el 70, el 80 o el 100 por ciento” de los mandatarios morenistas. Precisión estadística, ninguna; entusiasmo opositor, todo el disponible.
La nota también recoge el caso del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, quien estuvo en el Altiplano por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Según el reporte, ingresó en julio de 2026 y en septiembre obtuvo autorización judicial para continuar su proceso en prisión domiciliaria por consideraciones relacionadas con su edad y salud. Un proceso penal, conviene subrayarlo, no equivale a una sentencia de culpabilidad; tampoco la denuncia de persecución demuestra, por sí sola, que esta exista.
Así queda planteado el pleito: Taboada denuncia una cárcel utilizada como herramienta de presión política y exige que manden las pruebas. Porque, si la justicia necesita averiguar primero de qué partido eres para decidir cómo tratarte, lo que requiere rehabilitación no es solamente el sistema penitenciario.
«¿Dónde está tu humanidad? ¿Dónde está tu corazón?». Según el relato de Maru Campos, esas fueron algunas de las preguntas que le lanzó a Claudia Sheinbaum durante una reunión privada en Ciudad Juárez. No fue una conversación de cortesías institucionales: la gobernadora panista de Chihuahua asegura que hubo reproches mutuos, voces elevadas y entre ocho y diez minutos de confrontación dentro de un encuentro que duró casi una hora.
En entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus, Campos negó haber pactado con la presidenta para entregar a su exfiscal, César Jáuregui; rechazó que hubiera negociado la sucesión de Chihuahua y acusó al gobierno federal de convertir una investigación sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo antinarcotráfico en un instrumento de presión política.
Su defensa tuvo un eje: no hubo arreglo, hubo choque. Pero también dejó una admisión incómoda: las fiscalías estatal y federal sí coordinaron sus investigaciones y, según explicó, debían actuar el mismo día. Lo que asegura haber desconocido fue que la Federación acusaría a Jáuregui de traición a la patria.
La entrevista ofrece la versión de Campos y los cuestionamientos de Loret; no constituye, por sí sola, una comprobación independiente de las acusaciones formuladas contra terceros.
La reunión: ocho minutos de gritos y ninguna luna de miel
Campos situó el encuentro el 19 de septiembre, en una oficina contigua al aeropuerto de Ciudad Juárez. La describió como un espacio lúgubre, sucio y prácticamente abandonado. Nada de salón diplomático: un escritorio pequeño, papeles, lápices y dos mujeres con cuentas pendientes.
Según la gobernadora, Sheinbaum le reclamó tres cosas:
La presencia de agentes estadounidenses en el operativo contra un narcolaboratorio.
Haberla llamado «la presidenta de la muerte».
La supuesta presencia de personal estadounidense en la Torre Centinela.
Campos sostuvo que no recordaba haber utilizado esa expresión contra la presidenta, aunque reconoció que sí ha hablado del «gobierno de la muerte». Aseguró que ofreció una disculpa condicionada a que efectivamente hubiera pronunciado la frase y pidió revisar los registros periodísticos.
Del otro lado, dijo haber reclamado que Sheinbaum la señalara reiteradamente desde la conferencia matutina por una supuesta traición a la patria. Según su cuenta, fueron 19 ocasiones.
La gobernadora también afirmó que exigió apoyo federal ante la violencia en la Sierra Tarahumara, denunció llamados de alerta desatendidos y cuestionó la falta de respaldo de las fuerzas federales.
La estampa que dibujó dista mucho de una reconciliación: primero se levantaron la voz; después intentaron recomponer el diálogo. El vaso, explicó, ya estaba roto. Y pegarlo no desaparecía las grietas.
La acusación más grave: Ariadna Montiel y el crimen organizado
Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando Campos acusó a Ariadna Montiel de estar vinculada con el crimen organizado.
Loret le pidió precisarlo. La gobernadora reiteró el señalamiento y aseguró que también se lo había planteado directamente a Sheinbaum durante la reunión.
Según Campos, la presidenta respondió a la defensiva y le reviró que quien estaba involucrada era ella.
El relato describe, por tanto, un intercambio de acusaciones de presuntos vínculos criminales entre ambas. La transcripción no permite corroborar ninguna de las dos versiones.
El centro político de la entrevista fue la detención del exfiscal César Jáuregui.
Loret puso sobre la mesa la sospecha más incómoda: que Campos hubiera colocado a su antiguo colaborador al alcance de la Fiscalía General de la República para salvarse ella.
La gobernadora lo negó. Sostuvo que la investigación estatal debía concluir y que existían asuntos del fuero común y del federal. Sin embargo, reconoció que había coordinación con la FGR y que ambas instancias debían presentar resultados y actuar en la misma jornada.
Su deslinde fue específico: conocía la coordinación, pero no la acusación federal por traición a la patria.
Ahí está el nudo de su defensa: Campos no niega el engranaje entre las fiscalías; niega haber conocido el alcance de la imputación federal.
Calificó esa acusación de desproporcionada y atribuyó el procedimiento a una lógica política y electoral. Incluso utilizó los términos «totalitario» y «fascista» para describir al gobierno federal.
De acuerdo con lo expuesto en la entrevista, Jáuregui fue vinculado a proceso en el ámbito estatal por ejercicio ilegal del servicio público, mientras se descartó la imputación por coalición de servidores públicos. Loret precisó que esa resolución no equivalía a una declaración definitiva de culpabilidad y que su permanencia en el Altiplano obedecía a la causa federal.
La distinción importa: una vinculación a proceso no es una sentencia, aunque durante la conversación se mezclaran por momentos los términos.
Sí le pidió bajarse: la candidatura que atravesó el conflicto
Campos rechazó haber utilizado la investigación para sacar a Jáuregui de la carrera por la alcaldía de Chihuahua. Pero confirmó que sí le pidió desistir de su aspiración.
Aseguró haber hablado con él más de ocho veces, con testigos, para advertirle que era vulnerable ante las investigaciones relacionadas con el operativo.
Su argumento: si la detención ocurría durante la campaña, el PAN podía quedarse sin margen legal para sustituir al candidato.
Según su relato, Jáuregui respondía que enfrentaría los procedimientos judiciales.
La gobernadora resumió el desencuentro con una frase que sonó menos a consuelo que a factura vencida:
«César, te lo dije».
Negó haber armado un entramado judicial para eliminar a un precandidato incómodo. Sostuvo que el PAN cuenta con procedimientos internos para resolver sus candidaturas y que no necesitaba recurrir a una operación de esa naturaleza.
Los estadounidenses: sabía de operativos, niega haber sabido de los agentes
Campos afirmó que las investigaciones estatales identificaron operativos con participación estadounidense desde 2025, no únicamente el episodio de abril que detonó el escándalo.
Su distinción fue tajante: sabía que había operativos, pero no que participaban agentes estadounidenses.
También rechazó que una entrevista anterior demostrara que estaba enterada de la intervención de la CIA.
Hay un matiz importante: aunque Loret habló de agentes de esa agencia, Campos puntualizó que ella podía referirse a agentes estadounidenses, pero no certificar su pertenencia a una institución específica.
La gobernadora se presentó como una mandataria a la que no le informaron asuntos relevantes, aunque reconoció que el costo político termina en su escritorio: «Siempre la gobernadora es la responsable».
El episodio Suany: visa retirada, salida y regreso
Otro pasaje relevante fue su relato sobre Guillermo Arturo Suany.
Campos aseguró que, a mediados de diciembre de 2025, el consulado estadounidense en Ciudad Juárez le comunicó que le habían retirado la visa. Dijo que no le explicaron el motivo y que, ante esa información, solicitó su renuncia.
Añadió que la visa le fue restituida aproximadamente dos meses después y que posteriormente volvió a sus funciones.
Según la gobernadora, Suany dejó preparado el operativo de abril y a su segundo al mando al frente, mientras él viajó a Estados Unidos para un curso.
Cuando Loret preguntó si Jáuregui había protegido a Suany, Campos respondió afirmativamente.
El relato abre interrogantes sobre las decisiones internas de la fiscalía, pero no aporta una explicación documentada de la cancelación y restitución de la visa.
El «beso del diablo»: cuando dejar de atacarla también sería una agresión
Campos ofreció una interpretación singular del cambio de trato de Sheinbaum.
Según ella, la presidenta habría dejado de señalarla para alimentar la percepción de un pacto y cargarle el costo político del encarcelamiento de Jáuregui.
Loret lo resumió como «el beso del diablo»: después del choque, una aparente absolución pública que, lejos de ayudarla, la deja bajo sospecha entre los suyos.
Esa es la lectura política de Campos, no una estrategia acreditada en la entrevista.
La gobernadora también sostuvo que no se ha dado seguimiento a los acuerdos de seguridad tratados con Omar García Harfuch después de la reunión.
La sucesión: negó el pacto y se lanzó contra Cruz Pérez Cuéllar
Campos negó haber negociado candidaturas con Sheinbaum y rechazó cualquier arreglo con Cruz Pérez Cuéllar, a quien llamó reiteradamente «narcocandidato».
De nuevo, la gravedad del adjetivo no sustituye la evidencia: en esta entrevista no presentó pruebas para sostener esa acusación.
También aseguró que las encuestas mostraban un empate entre PAN y Morena como partidos y una ventaja de seis puntos cuando se incorporaba a Marco Bonilla como candidato panista. No identificó encuestadora, fechas de levantamiento, muestra ni metodología; son cifras citadas por ella, no resultados verificables con la información ofrecida.
Al preguntarle si aceptaría una embajada o un consulado en caso de una victoria de Morena, lo negó.
La entrevista deja una defensa combativa, pero no una absolución documental: Campos rechaza el pacto, reconoce la coordinación entre fiscalías, admite que pidió a Jáuregui abandonar su aspiración y sostiene que desconocía la participación de agentes estadounidenses. Mucho deslinde, acusaciones de alto voltaje y varias preguntas que los expedientes —no los gritos— tendrían que resolver.
El humanismo mexicano «cuatritransformador» ya encontró otra causa urgente: que sus senadores no sufran la desgracia de esperar el avión junto al pueblo. Porque una cosa es representar a la gente y otra, por lo visto, compartirle la sala de espera.
El Senado solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores acceso al Salón de Protocolo del AICM, destinado a diplomáticos, para facilitar los traslados de legisladoras y legisladores que acuden a las sesiones. La petición consta en un oficio fechado el 5 de octubre, según El Financiero. Hasta ahora, lo reportado es la solicitud, no su autorización.
Qué bonita transformación: del «no puede haber gobierno rico con pueblo pobre» al «no puede haber senador esperando entre el pueblo». La austeridad, en esta interpretación aeroportuaria, consiste en pedirle a otra dependencia que facilite el espacio exclusivo.
La justificación oficial merece su propia mañanera: el acceso serviría para «facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias» y mejorar la organización de sus desplazamientos. Dicho sin incienso burocrático: presentar una sala de trato preferente como herramienta de trabajo legislativo.
¿Privilegios? ¡Jamás! Son facilidades para el bienestar del escaño. ¿Separarse de los ciudadanos? ¡Calumnia conservadora! Es organizar los desplazamientos de quienes se deben al pueblo, aunque prefieran esperarlo en otro salón.
Conviene precisar quién hizo qué: la solicitud salió de la estructura del Senado y el oficio lleva el nombre de Daniel Sibaja, secretario técnico de la Mesa Directiva. La senadora priista Claudia Anaya lo difundió, se deslindó de la petición y atribuyó a los legisladores de Morena el afán de conseguir esos privilegios.
Pero el contraste político está servido: tanto discurso contra los privilegios para terminar buscando acceso a un espacio reservado. La revolución de las conciencias, con una preocupación muy terrenal: que la espera no obligue a convivir demasiado con los representados.
Con el pueblo todo; en la sala de espera, tampoco tanto.
El crimen organizado no debería contarse únicamente con el álbum de los detenidos; debe revisarse el de los invitados: quién ponía la quinta, quién compartía la mesa y quién aparece junto al personaje al que después todos aseguran no conocer. Porque en Reynosa, sede del Cártel del Golfo, el poder criminal no se explica solamente por sus pistoleros; también exige investigar los entornos económicos y políticos que antes, durante y después les han dado cobijo.
Esa es la pregunta que deja la mas reciente publicacion de una imagen de «CR Corridos con Historia» sobre Gregorio Sauceda Gamboa, “El Caramuela”, antiguo jefe del Cártel del Golfo en Reynosa: ¿hasta dónde llegan las relaciones y dónde empiezan las responsabilidades ?
Pero la imágen aportada nos remite a otras dos estampas para plantearse: el capo de traje y corbata; junto al empresario Sergio Martinez posando juntos y el con la camisa abierta al cuello; y una escena de custodia, con un uniformado federal detrás y armamento en primer plano.
El empresario también sale en el álbum
En noviembre de 2015, en Valor Tamaulipeco publicamos una fotografía que identificó la imagen en el contexto social de un encuentro entre Sauceda y el empresario Sergio Martínez Velasco.
Según la denuncia anónima de aquella fecha, la imagen habría sido tomada en la «Quinta Blazer» durante los quince años de “Goyito”, hijo del capo que terminó emparentado con una figura de la politica,ahora Diputada de Morena.
Esa misma denuncia ya se atribuía a Martínez protección y alojamiento de integrantes del Cártel del Golfo.
Ahí está el asunto que merecía investigación, no maquillaje: detrás de aquella convivencia había algo más que una fiesta. Una fotografía no demuestra lavado de dinero, enriquecimiento ilícito ni complicidad criminal, pero, ante la ausencia de autoridades, el periodismo no puede hacerse el distraído.
Las imágenes cobran relevancia porque el capo ya está en libertad, en medio de ejecuciones en las que se presume su participación, y el empresario benefactor de políticos aún no está detenido, pese a su cercanía con otro lugarteniente del Cártel del Golfo, identificado como Mario Guitián Rosas, alias la Chispa.
Las redes de protección que se extienden a las autoridades de todos los niveles, incluso militares, exigen algo más incómodo que acopiar inteligencia y escuchar apodos y corridos. Apremia intervenir con acciones contundentes; su ausencia no se explica sino por la complicidad.
La familia llega a la política
El pasado 22 de septiembre de 2026 se hizo publica la detención de Gregorio Sauceda del Toro, “Goyito”, hijo de “El Caramuela” y yerno de la diputada morenista Eva Araceli Reyes González .
También sostiene que fue detenido por militares el 18 de septiembre y posteriormente apareció como “liberado” en el Registro Nacional de Detenciones.
El parentesco no transmite culpabilidad por ósmosis, ni ser suegra, consuegro o invitado convierten automáticamente a nadie en cómplice, aunque en ese sentido apunte. Pero tampoco convierte las relaciones de una figura pública en territorio prohibido para los cuestionamientos.
Tres estampas; una investigación pendiente
El detenido, el invitado y el familiar de una legisladora: tres escenas que las publicaciones vinculan con el entorno de los Sauceda. No bastan para decretar una conspiración, pero sí para formular preguntas concretas sobre las relaciones entre poder criminal, dinero y política.
La palabra impunidad no debería funcionar como sustituto del expediente. Debería ser la hipótesis que obliga a buscarlo.
Porque el verdadero periodismo no termina cuando encuentra al capo de traje: empieza cuando averigua donde fue la fiesta,quién la pagó, de dónde salió el dinero y si alguien convirtió sus relaciones en un seguro contra la justicia.
El traje no absuelve; la fotografía tampoco condena. Lo que falta es que los documentos hablen más fuerte que los brindis y las autoridades abandonen su papel tradicional de cómplices, mientras los mismos sujetos siguen matando sin pudor.
