El estratega de la seguridad federal que tiene a Sinaloa SINALIVIO, Omar García Harfuch, tiene una respuesta para la violencia penitenciaria: construir otro penal. Moderno, seguro y con infraestructura, promete el anuncio en redes. El problema es que, mientras el Gobierno presume los atributos de una cárcel que todavía no existe, no ha conseguido garantizar la seguridad dentro de las que ya funcionan. La oferta de futuro llega justo cuando el presente exige explicaciones.
El saldo publicado por REFORMA es brutal: al menos 22 personas muertas en cinco episodios de violencia entre mayo y octubre en los penales de Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán.
Entre las víctimas, un niño de dos años que estaba de visita familiar. No estaba purgando una condena ni participando en una disputa criminal. Había entrado a un lugar bajo custodia del Estado.
Frente a ese muerterío, anunciar una obra permite cambiar de conversación: de los muertos a los terrenos; de las responsabilidades a la infraestructura; del control que no se ha conseguido al control que ahora se promete construir.
Pero la seguridad no se inaugura con un corte de listón.
La prueba del fracaso está dentro
El argumento más demoledor contra el anuncio como respuesta inmediata no requiere adivinar el futuro. Está en la secuencia de El Castillo: el 8 de octubre murieron nueve internos y el niño de dos años; hubo, además, 16 reclusos lesionados. Las autoridades intervinieron. A menos de 24 horas, otros dos internos fueron asesinados en el mismo penal.
Ese segundo episodio revienta la comodidad del discurso oficial. No basta con desplegar uniformados y anunciar que las instalaciones están “reforzadas”: hay que demostrar que ese despliegue impide otra matanza. Harfuch informa de la presencia de la Guardia Nacional y de personal federal penitenciario en Mazatlán, pero presencia y control no son sinónimos.
Si después de la primera matanza hubo otra, la pregunta no es cuántos elementos llegaron para la fotografía institucional. La pregunta es qué pudieron controlar, qué siguió fuera de su alcance y por qué.
El problema no cabe en una maqueta
Una cárcel nueva puede formar parte de una respuesta. Lo que no puede hacer es sustituirla. El propio anuncio plantea que la infraestructura contribuirá a fortalecer el control penitenciario y reducir la violencia; no explica, sin embargo, cómo se corregirán las fallas que permitieron los enfrentamientos dentro de los centros actuales.
Ahí está el hueco que la retórica de “moderno y seguro” pretende rellenar con adjetivos. ¿Cómo se explica la presencia de armas de fuego? ¿Qué falló en los controles? ¿Quién tenía la responsabilidad de proteger a los visitantes? ¿Por qué la intervención posterior al primer episodio no evitó el segundo? ¿Qué responsabilidades se investigan y con qué resultados? en medio de un diagnóstico penitenciario que exhibe las respuestas y apunta al gobierno que no gobierna ni los encerrados.
Son preguntas sobre mando, vigilancia, investigación y rendición de cuentas. No sobre metros cuadrados.
Sin respuestas, el nuevo penal corre el riesgo de convertirse en la misma crisis con domicilio distinto: paredes nuevas para problemas que nadie ha explicado cómo va a resolver.
Gobernar no es anunciar la siguiente obra
Harfuch agradece la disposición de la gobernadora para aportar los terrenos y atribuye el proyecto a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. El anuncio identifica quién ordena, quién financia y quién pone el suelo. Lo que no ofrece es una explicación del desastre que vuelve urgente esa promesa.
Y ése es el punto: después de 22 muertes, la obligación inmediata no es vender una futura instalación como emblema de eficacia. Es mantener la gobernanza dentro del penal y esclarecer lo ocurrido estableciendo responsabilidades.
Un niño muerto durante una visita familiar no puede quedar reducido al antecedente incómodo de un anuncio de obra.
Sinaloa no necesita que le dibujen una cárcel donde, ahora sí, todo estará bajo control. Necesita que el Gobierno explique por qué no pudo impedir estas matanzas y demuestre qué ha cambiado para evitar la siguiente.
Porque combatir la violencia no es encontrarle otro edificio. Y administrar la tragedia con promesas de construcción no equivale a recuperar el control.
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