La Cámara de Diputados encontró otra vez la manera más cómoda de enfrentar al crimen organizado: subir a la tribuna, aumentar las penas y posar junto al problema como si ya lo hubiera resuelto. Con 419 votos a favor y ninguno en contra, aprobó tipificar el reclutamiento forzado de personas. La unanimidad luce impecable en el comunicado; falta ver si consigue salir de él.
Porque una cosa es tener un país de leyes y otra, bastante más exigente, tener un país donde las leyes se cumplan. Para lo primero alcanzan los votos, las sesiones y una buena oficina de comunicación social. Para lo segundo hacen falta investigaciones, protección a las víctimas, fiscales que respondan, policías que investiguen y autoridades dispuestas a abandonar la complicidad para perseguir a los responsables, no solamente a anunciar que ahora sí podrán perseguirlos.
La reforma incorpora a la legislación general contra la trata de personas un capítulo sobre reclutamiento forzado. Prevé entre 10 y 20 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días de multa para quien invite, induzca, incorpore o reclute personas para la delincuencia organizada, mediante engaño o sin él. Cuando intervengan intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, las penas serán de entre 15 y 25 años y de 10 mil a 80 mil días de multa.
También establece que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se entenderá y castigará como forzado. Contempla, además, incrementos de hasta una mitad en determinados supuestos relacionados con antecedentes en seguridad privada, corporaciones de seguridad pública o la Fuerza Armada Permanente, así como con el aprovechamiento de información confidencial o capacitación.
Son disposiciones relevantes. Precisamente por eso merecen algo mejor que convertirse en utilería parlamentaria.
La cárcel de papel
La simulación comienza cuando se presenta la aprobación de una norma como si fuera el cumplimiento de una obligación. No lo es. Describir mejor un delito puede aportar herramientas para perseguirlo; no produce, por generación espontánea, investigaciones sólidas, responsables detenidos ni víctimas protegidas.
El reclutador no queda neutralizado porque un diputado pronuncie «hasta 25 años de prisión». Esa pena necesita una investigación que identifique al responsable, pruebas que sostengan la acusación y una sentencia que pueda ejecutarse. Sin esa cadena, el endurecimiento penal sirve para endurecer el discurso y poco más.
Ahí está la terquedad legislativa: ofrecer más texto cuando también se necesita exigir resultados. Confundir la facultad de escribir obligaciones con la capacidad de hacerlas cumplir. Vender el instrumento como si fuera el trabajo terminado.
Todos contra el delito; las responsabilidades, por separado
Durante el debate, Noemí Luna señaló la pobreza, el abandono escolar, la desintegración familiar y la falta de oportunidades como condiciones que facilitan el reclutamiento. También cuestionó los obstáculos para que el fiscal de Jalisco comparezca por lo ocurrido en el Rancho Izaguirre.
El señalamiento toca el nervio del asunto: ¿qué valor tiene presumir nuevas herramientas de rendición de cuentas mientras se obstaculiza el escrutinio de quienes deben responder? La exigencia, desde luego, debe aplicarse a todos los partidos, no únicamente al adversario de turno. De otro modo, la indignación también acaba convertida en propaganda.
Pablo Vázquez Ahued sostuvo que la modificación permitirá que las fiscalías asuman sus responsabilidades sin ambigüedades. Bien: que esa promesa se traduzca en expedientes, no en otra explicación sobre por qué nadie era competente.
Socorro Jasso reconoció que combatir el reclutamiento exige mucho más que penas de prisión: instituciones capaces de investigar, sancionar y atender integralmente a las víctimas. Esa advertencia debería ser el criterio para evaluar la reforma, no la nota al pie que se olvida después del aplauso.
Elena Segura destacó el alcance nacional de la disposición. Pero la cobertura jurídica tampoco debe confundirse con presencia efectiva del Estado: que una conducta pueda perseguirse en todo el país no significa que efectivamente vaya a perseguirse.
Menos celebración, más cuentas
No sobra una norma útil. Sobra la pretensión de cobrarla como victoria antes de demostrar que funciona.
Si los legisladores quieren distinguirse de los farsantes, tienen una tarea menos fotogénica que levantar la mano: vigilar la implementación, revisar capacidades y presupuestos, exigir cuentas a las fiscalías y dar seguimiento a la protección de las víctimas. Preguntar cuántas denuncias se investigan, cuántos responsables llegan ante un juez y qué ocurre con las personas rescatadas.
La pose consiste en mandar una señal mediática y dar por cumplida la responsabilidad pública. La seriedad empieza después de la votación.
Porque el crimen organizado no se combate acumulando amenazas de cárcel en el papel. Se combate haciendo que la ley alcance a quienes hoy actúan como si no existiera.
Con información: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: