En Tamaulipas, los empresarios quieren que los aspirantes a cargos públicos pasen por el polígrafo, el antidoping y una revisión certificada de su patrimonio antes de aparecer en la boleta de 2027. La propuesta la planteó Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la Fecanaco estatal: revisar posibles vínculos delictivos, adicciones e irregularidades financieras antes de entregarles una candidatura. Dicho sin envoltura: antes de confiarles el dinero público, averiguar siquiera a quién se lo estamos confiando.
La intención merece discutirse. Lo lastimoso es que tengamos que celebrar como una ocurrencia extraordinaria lo que debería ser una exigencia elemental: que los partidos revisen a quién postulan y que las autoridades investiguen los indicios de delito. Porque una candidatura no debería funcionar como lavandería de antecedentes ni una victoria electoral como certificado de buena conducta.
Pero ahí aparece la pregunta que incomoda más que cualquier aparato: ¿de qué sirve examinar al aspirante si las instituciones encargadas de investigar se pasan la responsabilidad como si quemara ?
En Valor Tamaulipeco pusimos sobre la mesa el contraste: el Ejército investigó en 2021 los presuntos vínculos de Américo Villarreal con el narcotráfico,se valoro con calculo politico y Américo Villarreal esta gobernando.
EL INE NO ES FISCALÍA; LA FISCALÍA TAMPOCO DEBERÍA SER ADORNO
En mayo, el INE advirtió que no tiene atribuciones ministeriales ni judiciales para determinar los posibles vínculos criminales de un aspirante. Guadalupe Taddei sostuvo que investigar, perseguir y sancionar corresponde a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad; el instituto electoral planteó limitar su participación a servir de intermediario entre partidos y dependencias competentes.
La distinción importa. Pedirle al árbitro electoral que haga de fiscal, investigador financiero y juez al mismo tiempo no arregla el problema: lo cambia de ventanilla.
Lo escandaloso no es que existan competencias distintas. Lo escandaloso sería utilizarlas como escondite: que cada oficina explique impecablemente lo que no le toca, mientras nadie responda por lo que sí le corresponde.
Y tampoco sería riguroso congelar la historia en aquel «no nos compete» de mayo. En septiembre, el INE aprobó lineamientos para verificar candidaturas mediante consultas a instituciones de seguridad, justicia e inteligencia financiera. El 6 de octubre, la Suprema Corte validó la comisión encargada de ese mecanismo. Hay, por tanto, un desarrollo posterior que debe reconocerse.
Ahora viene el detalle que le baja el volumen a la fanfarria:según los lineamientos reportados en septiembre, la solicitud de verificación parte de la voluntad de los partidos, y negarse a someter a sus candidatos no tiene consecuencias jurídicas ni constituye por sí mismo un indicio de riesgo. Un filtro al que se puede renunciar sin consecuencias se parece demasiado a una puerta de seguridad con salida lateral para invitados.
MUCHO EXAMEN PARA EL ASPIRANTE; POCA EXPLICACIÓN DE LOS RESPONSABLES
La Fecanaco propone que colegios de contadores o despachos internacionales certifiquen las declaraciones patrimoniales y plantea ampliar el esquema conocido como «3 de 3» a uno de «6 de 6». También busca llevar estas medidas a la Concanaco y promover encuentros y debates con los candidatos. Son propuestas, no requisitos ya aprobados.
Pero la discusión no debería agotarse en conectar al político a una máquina, pedirle una muestra y revisar una carpeta. La transparencia exige algo menos vistoso y bastante más incómodo: explicar el origen del dinero, revisar quién financia las campañas y exigir cuentas a quienes seleccionan a los candidatos.
El antidoping no contesta quién pagó una campaña. Una declaración patrimonial no sustituye una investigación penal. Y ningún partido debería poder presumir «candidato certificado» para después lavarse las manos si aparecen irregularidades.
La realidad lastimosa está ahí: seguimos discutiendo cómo impedir que lleguen al poder personas con posibles vínculos delictivos, cuando también deberíamos exigir explicaciones sobre los señalamientos que ya existen y sobre la actuación de las instituciones responsables.
Que revisen a los aspirantes, sí. Pero que también rindan cuentas quienes los postulan y quienes deben investigarlos.
Porque de poco sirve poner al candidato frente al polígrafo si al sistema entero le permiten seguir mintiendo sin examen.
Con información: Hoytamaulipas/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: